viernes, 2 de agosto de 2013

Se reanuda la causa sobre los CCD y E del circuito Zárate- Campana

Alegatos con una baja entre los acusados

La fiscalía pidió 25 años de prisión para Santiago Omar Riveros y 14 para los represores Juan Fernando Meneghini y Servando Ortega. Las víctimas lamentaron el fallecimiento del marino Sergio Buitrago, ex jefe de la Base Arsenales de Zárate.

 Por Alejandra Dandan

“Ayer estuve todo el día llorando”, dice Sonia Karina Pérez por el momento en el que escuchó la noticia de la muerte del marino Sergio Buitrago, ex jefe de la Base Arsenales de Zárate donde funcionó un centro clandestino en el que estuvo secuestrado su padre. Roque Vicente Pérez era secretario adjunto del Sindicato del Papel, obrero de una papelera, secuestrado cuando acompañaba a la esposa de otro compañero a hacer la denuncia por su desaparición. Cuando salió del cautiverio, Roque se dio con la noticia de que su mujer había sido asesinada. Sonia tenía cuatro años. Ayer se sentó en la audiencia donde estaba siendo juzgado el marino. “Siento que la Justicia es muy lenta, que nos falta el respeto –dice–, porque estos juicios tendrían que haber sido mucho antes. Viendo a los sobrevivientes y mirando cómo a mi viejo se le dobla la espalda de la vejez, espero que esto se movilice con rapidez.”

Ayer se reanudó en San Martín el juicio oral por 29 víctimas secuestradas durante la dictadura en el circuito Zárate-Campana. El juicio entró en la etapa de alegatos con la lectura de las pruebas de parte de la fiscalía, integrada por Marcelo García Berro y Guillermo Silva. A pesar de la muerte de Buitrago el juicio continúa, dado que son juzgados el señor de la vida y de la muerte de Campo de Mayo, el ex comandante de Institutos Militares Santiago Omar Riveros; Juan Fernando Meneghini, entonces comisario de Escobar, y por primera vez Servando Ortega, jefe de la Prefectura Naval de Zárate, lindante con el Arsenal Naval de Buitrago.

La fiscalía pidió 25 años de prisión para Riveros y 14 para Meneghini y Ortega. En la causa no hay acusaciones por homicidio y están imputados por secuestros y tormentos. En el caso de Ortega por dos hechos. También pidió que sean desafectadas las prisiones domiciliarias, se los traslade a cárcel común y que se remitan las pruebas sobre los delitos de violencia sexual a instrucción para ser investigados.

En el patio externo a la sala se juntaron a la mañana varios sobrevivientes. “Hoy, una vez más, nuestra crítica a la instrucción de los juicios y la elevación nos da la razón”, decía Daniel Antonio Lagaronne, uno de ellos. “Un genocida más ha muerto sin escuchar la sentencia. Por eso más que nunca pedimos que se aceleren las causas.” Ciro Annicchiarico, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, llegó hablando de la responsabilidad que en todo esto tienen los que votaron las leyes de impunidad y el mismo Poder Judicial, que tiene que avanzar con el proceso de democratización para garantizar el compromiso con estas causas.

Durante los alegatos, la fiscalía también buscó la manera de pronunciar el nombre de Buitrago, aun cuando legalmente ya no tenía sentido. “Sin perjuicio de lo informado acerca del fallecimiento de Buitrago, esta fiscalía quiere decir que este lugar (la Base Naval o Arsenal Naval Zárate) funcionó como centro clandestino de detención”, dijo García Berro.
El alegato

Este juicio estuvo marcado por dos puntos: la enorme cantidad de testimonios que lograron demostrar durante las audiencias la existencia de un tendal de centros clandestinos que habían sido descriptos en la instrucción, pero en muchos casos no existían datos consolidados en la Justicia. Por otro lado, las denuncias sobre violencia sexual sobre varones y mujeres. Un dato clave del alegato fue el arranque y el subrayado al carácter “cívico-militar” del 24 de marzo.

“Como todos aquí sabemos, el 24 de marzo de 1976 en la Argentina hubo un golpe de Estado encabezado material e intelectualmente por integrantes de las tres Fuerzas Armadas y muchos civiles que instauraron un gobierno de hecho, una dictadura que disolvió el Congreso, destituyó a las autoridades del Poder Ejecutivo y a varios magistrados del Poder Judicial”, expresó la fiscalía. “La historia argentina del siglo XX registra varios golpes de Estado y gobiernos ‘cívico-militares’, pero este último alcanzó un nivel de violencia social y características que justificaron su calificación de ‘terrorismo de Estado’, porque desde el gobierno, de hecho, se concibió y dirigió un plan sistemático de eliminación de opositores políticos y sociales.”

Poco después, el alegato describió las características de la represión en la zona, cuyos efectos son revisados en juicio por primera vez. La mayoría de las víctimas eran militantes sociales, políticos y sindicales muy conocidos, secuestrados a partir del 24 de marzo de 1976, entre ellos el intendente de Zárate, Francisco Bugatto, y su hijo. Los secuestros articularon al Ejército, Marina y Prefectura con policía provincial y Federal. En el término de pocos días, las víctimas pasaron por numerosos centros clandestinos siguiendo un circuito que terminó de definirse en el debate. E incluyó desplazamientos al Pozo de Banfield, Campo de Mayo y/o el sistema de cárceles comunes. Las audiencias fueron dejando en claro el rol de la comisarías: cumplieron funciones de centro clandestino de detención transitoria de prisioneros, muchas de las víctimas pasaron primero por estos lugares antes de ser derivadas a los centros clandestinos ubicados ya bajo la intervención directa del Ejército. La secuencia mostró además la urgencia de la caza desatada después del golpe, con un Ejército que sale a abrir campos clandestinos en casas particulares, un club y un buque de la Armada.

Así la lista indicó: 1) Comisaría primera de Zárate; 2) Comisaría de Escobar primera; 3) Comisaría de Campana; 4) Tiro Federal de Campana; 5) Buque ARA Murature; 6) Base Naval o Arsenal Naval Zárate; 7) Fábrica Militar de Tolueno Sintético; 8) Prefectura Naval Zárate; 9) Inmuebles de la calle Lavalle 636 y Mitre 560 de Zárate.

Algunos ejemplos. El Tiro Federal era un club. El Ejército ocupó las instalaciones y los socios no pudieron entrar más a partir de ese momento. Uno de los socios del club declaró que el Ejército abandonó el lugar en el mes de octubre de 1976 y al reingresar al lugar los socios advirtieron “que la instalación eléctrica estaba quemada”, que había “una rudimentaria picana eléctrica (elástico de una cama y cables), así como manchas de sangre en el piso y en la pared del cuarto donde estaba este instrumento, señalando que en la galería se encontraron restos de ropa, trapos con sangre y cabellos, entre otras cosas”.

El Buque ARA Murature estaba anclado en la zona de Zárate. Los secuestrados fueron llevados con los ojos vendados y maniatados y “subidos con una especie de guinche”. Fue uno de los lugares descriptos con mayores niveles de violencia.

En la Fábrica Militar de Tolueno Sintético actualmente está la empresa Rhasa, señaló el alegato. Fue un centro clandestino. Los otros dos lugares ahora probados son las dos casas de Zárate. En la casa de la calle Lavalle se hizo un allanamiento del que se obtuvo documentación, armas y elementos usados por el Ejército. Además, “el propio Ejército Argentino admitió la propiedad del inmueble”, recordó la fiscalía.

Un dato importante es que el padre de Sonia, Roque Vicente Pérez, no es “caso” de este juicio. El sigue esperando el avance de su causa en la instrucción como el resto de las víctimas. Después del secuestro, Roque no pudo volver a conseguir trabajo en la zona por esa cultura que dejó la dictadura acerca del rótulo de “subversivo”. Durante el resto de la vida hizo lo que pudo para mantenerse como albañil en una ciudad en la que además los victimarios siguieron caminando en libertad en la calle por muchos años. Los organismos de derechos humanos de Zárate-Campana vienen pidiendo desde el comienzo del juicio que estas audiencias se hagan en sus lugares, no sólo porque de ahí son las víctimas, sino de ahí son también sus sociedades. El Tribunal Oral 5 de San Martín que está llevando adelante este debate no lo aceptó. Los jueces Alfredo J. Ruiz Paz, María Claudia Morgese Martín y Marcelo G. Díaz Cabral tienen la palabra.

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