miércoles, 29 de junio de 2016

Los secuestros en la planta de la Ford serán juzgados en marzo de 2017

Llega el juicio, pero un acusado murió

Guillermo Galarraga, ex gerente de Relaciones Laborales de la planta, era uno de los tres civiles que iba a ser juzgado por los secuestros de los obreros de la fábrica.

 Por Alejandra Dandan

Pedro Troiani conserva las imágenes aún frescas. Año 1976. La planta argentina de la automotriz norteamericana Ford Motors estaba ubicada en la localidad de Pacheco. Los Falcón eran uno de los modelos de mayor producción porque eran duros y duraban mucho tiempo. Troiani observaba a los militares pasar con los Falcon por los surtidores de la planta, donde cargaban combustible y salían sin patentes. Lo mismo sucedía con los militares de ronda por la Panamericana, cuando sus camiones entraban a la Ford para cargar combustible. Él era delegado de la sección montaje. Fue el último de los 24 obreros secuestrados por oleadas entre marzo y abril de 1976. Luego de haber visto que todos los días se llevaban a uno de sus compañeros, se atrevió, como dice, a ir a ver al Jefe del área militar “sin pensar lo pasaba”.

Hace una semana, el grupo de ex delegados de la Ford que impulsa sin paz desde hace casi cuarenta años la investigación por los secuestros, tuvo dos noticias. Por un lado, supieron que el Tribunal Oral Federal de San Martín, luego de muchísimas demoras, le puso fecha al comienzo del juicio oral para el próximo 14 de marzo. Por otro lado, se enteraron de la muerte de Guillermo Galarraga, entonces gerente de Relaciones Laborales de la planta, uno de los tres civiles que iba a ser juzgado en el juicio y la persona que sabía quiénes eran los integrantes de las comisiones internas y con quiénes se reunían los trabajadores. Galarraga tenía 92 años. Al saber la noticia, la esposa de Troiani se sentó a escribir un correo: “El círculo se está cerrando”, comenzó.

“Cuando nos enteramos de la noticia nos amargamos muchísimo porque creemos que esto es lo que la justicia pretende –dice Troiani–: pasa el tiempo y nos vamos muriendo y en definitiva este tipo que fallece fue procesado, pero muere sin un juicio final. Es un problema para todos, hasta para ese mismo hombre porque falleció, su familia sabe que estaba acusado de un crimen de lesa humanidad y en un juicio hubiese tenido la posibilidad de defenderse. Esperemos que quede al menos uno con vida para el juicio que empezará en marzo.”

La espera se prolonga desde hace años. Durante la vigencia de las leyes de impunidad, la CTA denunció en España la existencia de un centro clandestino en el predio de Pacheco de la Ford. El quincho que funcionó como el primer lugar de traslado y detención de los prisioneros también fue denunciado por Troiani durante los juicios de la Verdad, un testimonio con el que el fiscal Felix Crous pidió en 2002 la apertura de la causa. Pasaron más de diez años hasta que la justicia procesó a tres directivos vivos de la Planta. Además de Galarraga, fueron procesados Pedro Müller, gerente de manufactura, a quien los sobrevivientes describen como mandamás de Pacheco y verdadero jefe político y y Héctor Francisco Sibilla, Jefe de seguridad y uno de los hombres más recordados por su carácter de militar retirado del Ejército, luego contratado por la Embajada de Estados Unidos en seguridad hasta que se jubiló en 2004.

En enero de 2015, el Tribunal Oral Federal de San Martín tomó declaración de modo adelantado a dos testigos y ahora lleva 14 meses desde la apertura de las pruebas, paso previo al debate. En el último mes de mayo, el abogado de los delegados de Ford, Tomás Ojea Quintana, presentó un “pronto despacho” para reclamar una fecha de comienzo del juicio, en una jurisdicción con problemas endémicos por la acumulación de causas en el tramo de juicio oral. “Es un caso emblemático para dilucidar de qué forma se comportaron ciertos sectores productivos de nuestro país durante el terrorismo de Estado”, dijo el abogado. La resolución, sin embargo, no define la fecha. Dice que el juicio se hará si Cámara de Casación y el Consejo de la Magistratura se comprometen a integran las vacantes pendientes en el tribunal.

El debate atravesará varios tipos de análisis, que pese al cambio de época vuelve a interpelar no sólo al pasado, sino también al presente. Uno de esos ejes es la relación de la Ford con la dictadura. Y una demanda de los trabajadores para que la automotriz con sede central en Estados Unidos pida perdón por los crímenes. Otro temas es el análisis de los vínculos entre empresa, sindicato y trabajadores. Los delegados pertenecían a la lista verde, de la conducción oficial del Smata, pero estaban enfrentados a la conducción. “Para la época teníamos posibilidad de sacarle a la Ford compromisos y se los sacábamos, por eso nos marcaron: el día del golpe desapareció el cuerpo de delegados”, dice Troiani. Hasta entonces, la comisión interna había comenzado a negociar los convenios directamente con la dirección de la empresa sin el sindicato “porque tardaba demasiado en resolver los problemas”. El 24 de marzo de 1976 Galarraga los llamó a una reunión y les dijo que la vida sindical se había terminado

domingo, 13 de marzo de 2016

La investigación por los crímenes del Primer Cuerpo

Arrestaron a un ex espía del Ejército
En el marco de la causa en la cual se investigan los crímenes llevados a cabo por el personal del Primer Cuerpo del Ejército, el juez federal Daniel Rafecas dispuso la detención del coronel Fernando Jorge Rao, quien durante la dictadura estuvo a cargo de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor del Primer Cuerpo del Ejército, órgano de asesoramiento directo del entonces General de División Carlos Guillermo Suárez Mason, y realizó el allanamiento de su domicilio, donde se halló documentación que quedó en poder del juzgado para su estudio.

El juez dispuso el llamado a declaración indagatoria de Rao, a quien imputó por su participación en el plan sistemático de represión implementado durante la dictadura.

La imputación de Rao se extendió a la privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a 220 víctimas que estuvieron cautivas en el centro de detención “El Vesubio”, doce de las cuales fueron sexualmente abusadas, y el homicidio de 60 personas, 48 de las cuales fueron asesinadas mediante los simulados “traslados” desde el centro de detención, todo ello durante el período en que se desempeñó como “J II” o Jefe de Inteligencia por debajo del Comandante del Primer Cuerpo del Ejército Carlos Guillermo Suárez Mason, entre abril de 1976 y noviembre de 1977, fecha en que fue designado como Subsecretario de la Secretaría de Inteligencia del Estado, donde permaneció hasta fin del año 1979.

La imputación quedó conformada por las víctimas que estuvieron en el centro de detención “El Vesubio” como también por distintos operativos de detención que tuvieron lugar en la Subzona 11. En la misma “línea inteligencia” que se investiga en la Megacausa “Primer Cuerpo”, Rafecas dispuso en el año 2012 la detención y el allanamiento del domicilio de Carlos Alberto Martínez, quien durante la dictadura estuvo a cargo de la Jefatura II de Inteligencia, y fue uno de los principales integrantes del Estado Mayor General del Ejército, órgano de asesoramiento directo al dictador Jorge Rafael Videla.

jueves, 28 de enero de 2016

Denuncian que se niegan la memoria sobre el Terrorismo de Estado en el ex Batallón 601

Desde la agrupación Barrios x Memoria y Justicia Balvanera afirman que pese a los reclamos, esta semana abrió sus puertas una sucursal más del Banco Santander Rio en la ex sede de Inteligencia del Ejército Argentino, ubicado en la esquina de Callao y Viamonte de la Ciudad de Buenos Aires, sumándose a la universidad que ya funcionaba allí.

“Se preservó su fachada, pero  el edificio fue parcialmente demolido en su interior, siendo ocupado en los pisos superiores por la Universidad del Salvador y en planta baja y sótanos por el Banco Santander Rio. Nos presentamos ante la Secretaría de DDHH  y el Banco Central de la R.A. reclamando por este despojo a la Memoria histórica.  Nos informaron que se habían iniciado conversaciones con la Universidad del Salvador y el Banco Santander Rio.

Ahora con la asunción de las nuevas autoridades en los dos organismos del Estado y sin ninguna comunicación sobre los expedientes iniciados,  se autorizó la apertura de la sucursal bancaria. Se ha intervenido sin contemplaciones de ningún tipo sobre el patrimonio histórico de ese edificio de diez pisos donde funcionó el ‘cerebro operativo’ del terrorismo de Estado con miles de agentes militares y civiles destinados a espiar, perseguir, torturar y desaparecer ciudadanos bajo sospecha. También albergó la dirección local del Plan Cóndor durante la última  Dictadura cívico – militar. Seis décadas atrás tuvo un rol protagónico en las desapariciones que sufrió el cuerpo de Evita.

Enorme es el daño que se ha hecho al pueblo desde ese siniestro lugar y debe haber reparación social y urbana que lo devuelva a la historia y a la vida cotidiana.
Esta  acción,  como otras que han sido tomadas por el gobierno en estos días,  referidas a la Memoria y los D.D.H.H., están alejadas de los valores y derechos conquistados en estos últimos treinta y dos años de democracia. 

Insistiremos una y otra vez hasta se abra un Espacio de Memoria para que las nuevas generaciones puedan visitar el ex Batallón 601 y comprender lo que Nunca Más puede volver a ocurrir en nuestro país”, afirmaron desde Barrios x Memoria y Justicia Balvanera a través de un comunicado.

lunes, 30 de noviembre de 2015

Campo de Mayo: detuvieron a represores y se negaron a declarar

Pacífico Luis Britos
Por la Policía de Seguridad Aeroportuaria

Cuatro de ellos habían sido apresados entre el domingo y lunes, y el restante cumplía prisión domiciliaria y fue conducido por la fuerza para declarar en el juzgado. A los cinco se los interrogó por su accionar como responsables de la plana mayor de Zárate-Campana. “Eran los encargados de poner los medios a disposición de las fuerzas de tareas”, dijo el fiscal.

Fotos: Gustavo Molfino.
Por: Juan Manuel Mannarino

Alfredo Oscar Arena
ANTECEDENTES

"El horror en el banquillo": el libro de los juicios de Campo de Mayo
Campo de Mayo, territorio y guarnición militar en una performance...
Campo de Mayo: un nuevo juicio por lesa humanidad en San Martín
Cinco represores fueron indagados en el Juzgado Federal de San Martín por la megacausa de Campo de Mayo. Cuatro de ellos habían sido detenidos entre el domingo y lunes, y el restante cumplía prisión domiciliaria y fue llevado al Tribunal. Todos, sin embargo, se ampararon en el silencio. “Son de la plana mayor de la zona de Zárate Campana, y se los indagó por casi 30 casos. Pero se negaron a declarar”, dijo el fiscal Hugo Bogetti 

Federico Mitchel
Los represores detenidos por la Policía de Seguridad Aeroportuaria son: Alfredo Oscar Arena, Ramón Vito Cabrera, Federico Ramírez Mitchel y Pacífico Luis Britos. Mientras que Pascual Muñoz ya estaba con prisión domiciliaria y fue conducido por la fuerza para declarar en el juzgado. Se los interrogó por su accionar como responsables de la plana mayor de Zárate-Campana, que fue parte del  área 400 correspondiente a la zona 4 de Campo de Mayo.

Pascual Muñoz fue intendente interventor de Florencio Varela y jefe del Departamento Personal del Estado Mayor entre 1980 y 1982. Está imputado por 47 casos de lesa humanidad. En Campo de Mayo, se lo acusa por participar de por los crímenes ocurridos en la frustrada operación de la Contraofensiva
Vito Cabrera
Montonera en los años 1979 y 1980.

Pacífico Luis Britos.
Mientras los otros represores se mantuvieron en el anonimato, no fue el caso de Pacífico Luis Britos, que sigue dando conferencia sobre doctrina militar en ámbitos privados. En agosto de 2014 disertó sobre la figura de Julio Argentino Roca. Allí dijo: “Es uno de los personajes más importantes que formaron parte del glorioso Ejército Argentino, puesto que esa formación militar, surgida de una fuerte vocación, lo acompañó durante toda su vida y sirvió de base para desarrollar su personalidad, que le llevaron a ser uno de los políticos más destacados que consolidaron como Estado-Nación a esta querida Argentina nuestra”.
Se calcula que por Campo de Mayo, una de las más grandes dependencias militares del país, pasaron cerca de 7 mil personas, y sólo sobrevivieron 100.  “Fue un área con alto nivel represivo, que atacó fuertemente la militancia política y laboral. Era una zona fabril e industrial fuertemente sindicalizada. Y todavía tenemos pendiente cómo fue la relación 
operativa con las empresas”, definió el otro fiscal de la causa, Miguel García Ordaz.

Federico Ramírez Mitchel.
Según la fiscalía, los detenidos -que son parte del Ejército y de la Marina- cumplieron roles de responsabilidad en las áreas de Personal, Logística e Inteligencia, pero no fueron parte de los grupos de tareas. “Una primera investigación los sitúa en alrededor de 30 casos, que pueden multiplicarse por varias víctimas. Ellos eran los encargados de poner los medios a disposición de las fuerzas de tareas, los que tenían personal a cargo y diagramaban los operativos”, explicó Bogetti. Desde el juzgado explicaron que las detenciones ocurrieron en los domicilios y que, una vez que se negaron a declarar, se les otorgó a todos el beneficio de la prisión domiciliaria.
El Área 400 está siendo investigada en profundidad por la fiscalía y las detenciones son parte de una estrategia para avanzar en la prueba reunida contra  los imputados. “Seguramente pediremos nuevas indagatorias, pero lo que importa es que los acusados saben que se los está procesando por una cantidad de casos por sus roles en Campo de Mayo”, dijo Bogetti, que esperan nuevas detenciones en las próximas semanas.

Ramón Vito Cabrera.
Más de 230 víctimas
Además, la fiscalía aguarda novedades por la fábrica Dálmine-Siderca de Campana. La firma -rebautizada como Tenaris-Techint- fue allanada por la Justicia y ahora se esperan los peritajes de la documentación secuestrada.  “Pensamos que en la zona de Zárate y Campana hay más de 230 víctimas, de los cuales muchos de ellos eran trabajadores de esa empresa”, dijo el abogado Pablo Llonto.
Según cálculos de la fiscalía, hay cerca de 40 casos de obreros de la empresa que fueron privados de libertad y luego desaparecidos. “Creemos que pueden existir más, pero primero queremos demostrar qué tipo de responsabilidad tenía los directivos y el personal jerárquico en delitos de lesa humanidad”, adelantó García Ordaz. Entre los represores que habrían participado de los operativos están sospechados los de la plana mayor de Zárate-Campana.

Para el abogado Pablo Llonto, pronto se sabrá el verdadero rol que ocuparon en el circuito represivo de Campana. “Fue una zona de conflictividad sindical, con muchas comisiones internas. Es muy probable que estos represores ocuparon un espacio de decisiones estratégicas para disciplinar a los obreros y favorecer a las empresas”, concluyó Bogetti.
JMM/RA

viernes, 19 de diciembre de 2014

La causa por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la planta de Ford

Un comienzo simbólico para el juicio

Después de los reclamos de las querellas, dos ex obreros de la compañía norteamericana declararán el viernes, antes del inicio formal del proceso oral que aún no tiene fecha.

 Por Alejandra Dandan

El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín tomará este viernes declaraciones testimoniales “adelantadas” en la causa por los trabajadores de Ford Motors Argentina secuestrados durante la última dictadura. La causa por los crímenes en la filial argentina de la automotriz norteamericana tiene como acusados a dos militares y a tres civiles, directivos de la compañía. El expediente ya fue elevado a juicio oral, pero los jueces aún no pusieron fecha al debate. Alarmadas por las muchas postergaciones del comienzo, las querellas pidieron al tribunal que al menos tome declaración a dos trabajadores que se encuentran con problemas de salud. Uno de ellos fue delegado de la fábrica. Así, aunque teóricamente éste no es comienzo del juicio, la del viernes será su primera audiencia.

Tomás Ojea Quintana es el abogado querellante por los trabajadores de la empresa. “Ahora tenemos las audiencias anticipadas y esperamos que el tribunal defina una fecha de juicio para Ford, que esperamos sea a principios del año que viene.”

La audiencia del viernes será a las 9 en la sede del TOF, en el edificio de la calle Villate, en Olivos, en una apretada sala de audiencias preparada para un puñado de personas. Los convocados a declarar son Jorge Constanzo, ex delegado por el sector Comedor de la planta de Pacheco, secuestrado el 24 de marzo de 1976 desde el interior de la fábrica. Y Carlos Gareis, otro ex trabajador que era cercano a la comisión interna.

Esta es la primera vez que los cómplices civiles de los crímenes de la dictadura van a comenzar a ser juzgados en audiencia oral. En este caso, los acusados son tres: Pedro Müller, ex gerente de Manufactura, a quien los sobrevivientes describen como mandamás de Pacheco y verdadero jefe político; Guillermo Galárraga, gerente de Relaciones Laborales de la empresa en 1976, la persona que sabía quiénes integraron las comisiones internas y con quién se reunían los trabajadores por reclamos gremiales, y Héctor Francisco Sibilla, ex jefe de Seguridad, uno de los hombres más recordados por los trabajadores por su carácter de militar retirado del Ejército, hombre que escaló posiciones luego de los secuestros y estuvo contratado por la Embajada de Estados Unidos en seguridad hasta que se jubiló en 2004.

Las dos testimoniales implican un comienzo simbólico del debate. Se llegó hasta este punto luego de una serie de gestiones y reclamos muy duros de las querellas, organismos de derechos humanos y fiscales. En el mes de septiembre, las querellas presentaron una carta a Casación, alarmadas por la postergación del juicio. El presidente del TOF 1, Héctor Sagretti, llevaba adelante el juicio por los obreros desaparecidos en la zona norte del conurbano y había dicho que probablemente no iba a poder participar de más juicios grandes en los próximos meses porque había sido designado en la causa conocida como Efedrina.

Las querellas de Ford le escribieron al presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Mariano Hernán Borinsky: “Hemos sido informados que la Superintendencia de la Cámara ha dispuesto que el Dr. Sagretti participe como juez subrogante en uno de los juicios derivados de la causa de la efedrina y, debido a que el Tribunal Oral que Sagre-tti preside sólo cuenta con dos miembros, aquella designación provocaría una demora tal en la tramitación de las causas del tribunal, que el juicio oral y público de la causa Ford podría posponerse hasta entrado el año 2016. Esta circunstancia es realmente grave, porque podría consolidar aún más la vulneración a nuestro derecho a una justicia pronta y efectiva. Los crímenes cometidos ocurrieron hace casi cuatro décadas, y las alternativas para accionar judicialmente, en el contexto histórico de nuestro país, fueron limitadas, por lo que recién pudimos hacerlo ya entrado este nuevo siglo, en el año 2003. Desde ese preciso momento en que se inició la causa penal han pasado más de diez años y todavía no existe siquiera sentencia de primera instancia. En el camino, hemos ofrecido todos nuestros esfuerzos para una causa que creemos es central en el proceso de memoria, verdad y justicia, sobre todo porque los sometidos a juicio oral son civiles que ejercieron como directivos de una empresa grande radicada en nuestro país. Y en ese camino hubo compañeros que perdieron la vida, como Juan Carlos Ballestero, Carlos Enrique Chitarroni, Hugo Adolfo Núñez y otros, y no podrán participar del juicio”.

A raíz del pedido y de otros similares, Casación emitió la semana pasada una resolución, la 1300/14, dirigida al TOF. Sacaron a Sagretti de la causa de la efedrina, pero a la vez sugirieron que el juez podría haber continuado con sus funciones porque ese tribunal de la efedrina no estaría constituido hasta fines de noviembre. Con amabilidad, recordaron también el importante número de causas de lesa humanidad pendientes en el TOF 1; los procesados sin condena; la existencia de una “megacausa” como Campo de Mayo y la acordada de la Corte Suprema. “Al respecto, cabe tener en cuenta lo dispuesto por las acordadas números 42/08 y 37/09 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido de la celeridad que debe imprimirse a la tramitación y conclusión de las causas en las que se juzgan delitos contra la humanidad.”

En la resolución, los jueces de Casación confirmaron otro dato: la continuidad del tercer juez que viene integrando el TOF en el último tiempo: Diego Barroetaveña, orgánico de la conducción de la Asociación de Magistrados, integrante del Tribunal Oral Criminal 21, el que condenó al dirigente sindical José Pedraza por el asesinato de Mariano Ferreyra.

miércoles, 19 de noviembre de 2014

Saint Amant II: Con importantes testimonios se desarrolló la sexta jornada de audiencias

Este miércoles en el Salón Dorado del Municipio se ventilaron detalles de la causa Montalvo y otros además de la de los hermanos Hoffer de Baradero. También declararon víctimas que fueron secuestradas durante la última dictadura militar.

Desde el mediodía pasó por el estrado Orlando “Naico” Brambilla una de las víctimas que declaró en el marco de la causa Montalvo y otros.

“En julio del año ‘77 fui privado de mi libertad junto con cuatro personas más de acá de la ciudad de San Pedro”, comenzó relatando Brambilla para luego describir cómo fue el momento en el que se lo llevaron de su domicilio: “Era de noche, estábamos en mi casa con mi familia. En ese momento vivíamos todos junto a mis padres porque estábamos construyendo nuestras viviendas. Eran las 23.00, golpearon la puerta, preguntaron quién era y dijeron ‘la policía’. Abrieron la puerta. Ingresaron violentamente 4 ó 5 personas con armas largas y preguntando por Orlando Brambilla”.

“No había otra opción que acompañarlos porque no pedían de buena manera la compañía”, remarcó Naico quien señaló que todos los hombres que entraron a su casa “estaban vestido de civil” menos uno “que andaba de saco”. “Ese era el que primero entró”, aseguró.

“No tuve más alternativa que acompañarlos”, lamentó y continúo el relato diciendo que se lo llevaron en un “Torino blanco”. En la descripción Brambilla aseguró que había dos autos más, “un Falcón” y otro que no llegó a precisar ni color, ni modelo.

“Antes de entrar me pusieron un pulóver o un trapo en la cabeza que me impidió seguir viendo. Me ataron las manos con alambre. Me sentaron atrás, entre dos personas, y a partir de ahí empezaron a comunicarse a través de Handy. Se identificaban con países o nombres de animales”, indicó Orlando Brambilla durante su relato que comenzó pasadas las 16.00 y finalizó minutos antes de las 17.00 cuanto se pautó un cuarto intermedio.

“Me trasladaron 15 ó 20 cuadras a un lugar con calles de tierra. Me bajaron, no de buena manera, y cuando me bajaron había una persona que gritaba y decía que no era él a quien buscaban, sino a su hermano. Creo que lo dejaron en libertad ahí insultándolo y a mí me meten en una camioneta que estaba cubierta, después pude determinar que era una ambulancia del Ejercito”, relató.

“Dentro del vehículo ya había otras personas. Inmediatamente habló y me di cuenta de que estaba en compañía de Motalvo, a quien conocía por compartir reuniones políticas o por compartir la vida en el club Náutico. También escuchaba toser a otra persona que no logre identificar, y después trajeron a una tercera persona. Cerraron la puerta arrancó. Después de andar un momento pasamos unas vías y tengo la certeza que pasamos la ruta 191”, continúo contando.

Según lo dicho por Brambilla la ambulancia en la que eran trasladados dobló luego a la derecha y circuló por ruta 9 hasta un camino de tierra. “Pasamos vías, se detuvo la camioneta y volvimos a arrancar. Cada tanto frenaba como pasando badenes. Entramos a una calle que tenía adoquines, ahí no tenía dudas que estábamos en San Nicolás”.

“Se abrió un portón, nos introdujeron y nos bajaron de mala manera a los golpes y patadas”, dijo de cuando llegaron a la comisaría de la ciudad nicoleña y prosiguió: “Me tuvieron un rato con la espalda y la cabeza contra la pared. En un momento alguien me robó un reloj que me habían regalado mis padres cuando termine el colegio nacional, metieron la mano en el bolsillo y me sacaron la poca plata que tenía. Al rato vino otro, yo hice un movimiento y recibí unos golpes”.

“Después de un rato me agarraron de los cabellos y de un brazo. Me metieron en una sala donde había mucho olor a alcohol. Uno empezó a decir que si yo hablaba iba a estar un minuto y que si no tenían todo el tiempo del mundo”, reveló y dio a conocer que quienes lo maltrataron le decían que diga a que “ogra pertenecía”, quienes eran sus “responsables políticos, cuál era su “nombre de guerra”, etc.

“Intenté responder y me dieron varios golpes. En un momento me caí, se me salió la venda. Ahí me dijeron que no mirará y que me desnudara”, dijo y completó con la peor parte de su relato, el momento en que contó cómo lo torturaron: “Me acostaron en una cama y me pasaron picana eléctrica durante un largo tiempo”.

“Me volvieron atar las manos y me llevaron a una pieza. Ahí volví a escuchar la tos y me respondió que era Velasco”.

“El tercer día fue uno de los momentos más difíciles porque lo sacan a Díaz, Montalvo, Gamarra y Velasco. Quedo solo en el calabozo. Realmente fue uno de los momentos tremendos. Volvieron y me dijeron que les habían sacado foto, tomado huellas y les habían hecho firmar papeles. Fue más la incertidumbre que me llenó, porque por qué a ellos le habían hecho eso y a mí no”, expresó Brambilla que durante su relato también contó cómo los liberaron.

“Una nochecita nos dicen que nos liberen porque nos vamos. Nos sacan del calabozo. Nos sacan por un zaguán, nos cargan en una camioneta, la misma en la que nos llevaron a San Nicolás. Una F 100 verde. Nos cargan en la ambulancia y anduvimos un rato largo. No salimos por un camino de tierra salimos por una ruta. Agarramos otra, en un momento bajamos y agarramos otra ruta. Por ahí agarró un camino de tierra, paró y nos dijeron que nos iban a largar, que nos iban a dejar de a uno, que contásemos hasta 50”, contó Naico.

“Después de unos minutos logramos reencontrarnos. Hubo un momento de mucha emoción, de mucha alegría. Estábamos en un camino vecinal cercano a una estación de rebaje y a 2 kilómetros de la 191. Le pedimos al sereno que por favor avisara, llamamos por teléfono y no nos atendieron. Salimos caminando, a los pocos minutos vino este señor en un jeep y nos dijo que nos traía a San Pedro”, agregó.

“A Gina Díaz, que lo llevaron el día anterior y fue a quien más salvajemente torturaron”.

Relacionado con esta causa también declaró Montalvo Gonzalo. Un joven que se encontraba en el techo de una vivienda cuando sin mediar palabras y sin dar explicaciones lo subieron a una camioneta y se lo llevaron.

Él contó: “Anduvimos dando vuelta por San Pedro todo el día hasta que al atardecer, cuando terminaron de ver los domicilios que les interesaba se volvió para San Nicolás. Nos llevaron a la penitenciaria. La recuerdo bien, tiene una fachada amarilla”.

“Me preguntaron qué vínculo tenía con Ricardo Montalvo, la respuesta fue que era sobrino. No tenía militancia política”, relató.

Consultado por su libertad, respondió: “Un día me vienen a buscar, era temprano, y me llevan a una mesa donde dicen acá tienen que firmar su libertad y yo no creía. La leí como 5 o 6 veces hasta que leí que decía que había sido detenido por un día. Bueno, quería preguntar por qué pero la situación no ameritaba. Firmé, me dieron las pertenencias y me largaron. Empecé a hacer dedo para volver a San Pedro”.

Hoy también prestaron declaración víctimas que habían sido secuestradas en Pergamino y que después de ser liberadas debieron exiliarse en Honduras, México y Bélgica.

martes, 18 de noviembre de 2014

Inicio de un nuevo juicio a represores en la zona norte por un secuestro de 1974

Dos prefectos y un médico policial

Se juzga el secuestro de una militante del PRT de 16 años que estaba embarazada. Uno de los acusados es un médico de la policía que se negó a dejar constancia de las marcas de tortura que hasta hoy la mujer tiene en su cuerpo.

 Por Alejandra Dandan

A Marta Querejeta la secuestraron el 5 de diciembre de 1974. Tenía 16 años, estaba embarazada y militaba en el PRT. Para entonces, la organización ya era perseguida. Marta vivía entre distintas casas, dentro y fuera del país, pero ese diciembre pasaba dos días en la casa de su abuela de Campana. Hoy comenzará el juicio por su secuestro y tormentos. Marta sobrevivió. El TOF Nº1 de San Martín juzgará a dos prefectos, entre ellos uno de los jefes de la zona. Y también a un médico muy conocido de Campana, Carlos Quetglas, ciudadano ilustre y médico de la policía cuya función fue clave como garantía de la última etapa del plan represivo: Quetglas dijo que ella no tenía nada y se negó a dejar constancia de las marcas de tortura que hasta el día de hoy conserva en su cuerpo.

El juicio será corto. Marta será testigo de su propio caso. Uno de los ejes del relato estará puesto en las situaciones de tortura que no cesaron ni disminuyeron por su condición de embarazo. En el debate será juzgado el ex jefe de Prefectura Naval de Campana Carlos José Ramón Shaller y el ex oficial Oscar Rubén Montagano, ambos por primera vez en juicio.

“A Marta la torturaron brutalmente durante su cautiverio”, explica el abogado Pablo Llonto, de la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia de zona norte. “Antes de liberarla, Shaller les ordenó a ella y su padre ir a ver a Quetglas para que el médico corroborara su estado físico. De esta manera, Quetglas participó de los hechos como último eslabón del plan diciendo que ella no tenía nada y no constatando que estaba torturada ni señalando los daños en el cuerpo. Su rol permitía que ella reapareciera como una chica más. Para nosotros su función es la del partícipe secundario de la acción que consiste en secuestrar y torturar y ocultar el hecho. Tuvo por eso participación: no denunció; no corroboró las torturas.” En esa misma lógica se está reconstruyendo en este momento el rol del Poder Judicial. Los jueces son evaluados porque “hicieron aun cuando no hicieron”.

Quetglas fue presidente del Club de Leones de su pueblo. Hoy tiene 86 años y el jueves pasado, al ser examinado por los peritos, hizo alarde de todos sus honores. Como médico, firmó la partida de defunción de Gastón Roberto José Gonçalves Pérez, aunque sin saber que era él. Gonçalves había sido secuestrado el 24 de marzo de 1976 en Escobar y enterrado como NN en el cementerio luego de ser hallado calcinado en Zárate el 2 de abril de ese año. El médico declaró como testigo en su causa.

Otro eje del juicio estará puesto en las líneas de continuidad entre 1974 y 1976. “Como sucedió en Trelew y en otros juicios del país –dice Llonto–, también permitirá probar que desde el punto de vista del Estado el plan represivo comenzó mucho antes del ’76, y que la acción de aniquilamiento y destrucción del grupo de militancia político el Estado lo llevó adelante antes del 24 de marzo.”

Pero los temas del debate no son sólo estos. El TOF está integrado por Hector Sagretti, Marta Milloc y Diego Barroetaveña. En los últimos días, los querellantes de San Martín tienen puesta la mirada en lo que irá haciendo el Tribunal durante las distintas audiencias.

El juicio se hará en una sala muy pequeña en el edificio de la calle Villate, de Olivos. El lugar no permite la presencia de más de diez personas. La comunidad de la zona está muy disgustada con este punto porque después de mucho batallar logró hace dos años que el Consejo de la Magistratura pagara el alquiler de una sala enorme en el centro de San Martín, que nadie entiende por qué en este caso no se usa. “El juicio se va a hacer en una sala donde no entra nadie porque tiene capacidad para ocho personas y eso nos obliga a hacer el acompañamiento desde la calle”, dice Adriana Taboada, de la comisión. “La sala de audiencias de Villate es muy pequeña, por lo cual sentimos que atenta contra nuestro derecho a estar presentes en un juicio que además es oral y supuestamente público”.

Taboada es psicóloga y actúa además como perito de parte en el examen de algunos acusados, una función en la que las querellas pusieron el ojo durante los últimos meses por discrepancias con criterios de los peritos oficiales. En este caso, la semana pasada, el tribunal avisó a las partes que las pericias se harían a los tres imputados el mismo día y a la misma hora, pero en lugares distintos. “Para nosotros fue un problema porque hacemos todo esto ad honorem y por militancia –dice la mujer–. ¿Así que cuántos peritos tendríamos que tener en ese momento como para poder seguir todas las pericias a la vez?”

El TOF de San Martín no está totalmente integrado. Eso provoca falta de jueces e impide que haya mayor cantidad de juicios en la zona y se avance con los juicios más importantes, explica en este caso Pablo Llonto. El que ahora comienza es el juicio número doce desde la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, pero en la zona hay otros juicios que están esperando para comenzar. “Uno es el de los obreros metalúrgicos, que estaba listo para ser realizado junto a los ceramistas y astilleros, pero lo levantaron y pasó para el año que viene”, dice Llonto. Otro de los juicios que generan expectativas es el que tendrá como acusados a los directivos de la empresa Ford. A mediados de año se anunció que se haría este año, pero finalmente se postergó. Las demoras molestan en un contexto en el que avanzaron las causas por la responsabilidad civil de los crímenes de lesa humanidad, pero ninguno de los acusados aún se sentó en una sala pública a enfrentar un juicio.