sábado, 24 de junio de 2017

asación rechazó conceder el 2x1 al ex jefe de Campo de Mayo Santiago Omar Riveros

Se trata del primer fallo del máximo tribunal penal del país luego de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que resolvió que la derogada ley del 2x1 es aplicable a los condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

La Cámara Federal de Casación penal rechazó hoy la aplicación del beneficio del 2x1 al ex jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo Santiago Omar Riveros, quien fue condenado a cadena perpetua por la desaparición de un joven militante comunista.  
En un fallo de más de 40 páginas, los miembros de la Sala II de Casación remarcaron el “irrenunciable compromiso asumido por el estado argentino de sancionar adecuadamente las graves violaciones a los derechos humanos”.

Riveros fue condenado en agosto de de 2009 por el secuestro, la tortura y el posterior asesinato del joven Floral "Negrito" Avellaneda y por el secuestro y la tortura de su madre, Iris Pereyra.

La defensa de Riveros había interpuesto un recurso de casación contra la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín pero en el fallo de hoy los jueces Alejandro W. Slokar y Mariano H. Borinsky lo rechazaron. 

Por su parte, la juez Ángela Ledesma, sin pronunciarse sobre el fondo, votó por la remisión de las actuaciones al Tribunal Oral Federal de San Martín, en virtud de las “nuevas circunstancias”.

En su voto, Slokar sostuvo que el 2x1 era inaplicable para este caso "especialmente teniendo en vista las irrenunciables obligaciones internacionales asumidas por el estado argentino de efectivizar la investigación, juzgamiento y sanción adecuada de graves violaciones a los Derechos Humanos”.

El juez Borinsky sostuvo que quienes sancionaron la ley del 2x1 no pudieron prever una excepción para los caso de Lesa humanidad toda vez que se sancionó durante el período que estaban vigentes las derogadas leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Riveros fue detenido en el año 2007 (la ley del “2x1” perdió vigencia en el año 2001) y condenado en el año 2009 a la pena de prisión perpetua por los hechos de los que resultaron víctimas Iris y su hijo Floreal,que tenía catorce años.

El padre de Floral, a quien el operativo conjunto de las fuerzas policiales y militares pretendía detener el día que secuestraron al adolescente y su madre, era delegado de la fábrica textil Tensa.

Avellaneda y su madre fueron secuestrados en el domicilio familiar, desapoderados de bienes personales, y trasladados a la Comisaría de Villa Martelli y posteriormente a Campo de Mayo, donde fueron torturados y Floral, asesinado.

El cadáver del joven fue hallado un mes después de su desaparición en las costas de la República del Uruguay, con signos de haber sufrido torturas físicas  

lunes, 12 de junio de 2017

Rafecas procesó a ocho represores por delitos de lesa humanidad

Procesados por seis asesinatos
El juez federal Daniel Rafecas consideró probada la responsabilidad de ocho ex policías federales en crímenes cometidos entre 1976 y 1977. Entre los imputados figura Alfredo Vidal, que a fines de los 80 participó del secuestro de Mauricio Macri.

Por Ailín Bullentini
Las víctimas fueron asesinadas mientras estaban indefensas, señaló Rafecas.

Ocho ex policías federales integrantes de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) y de otras dependencias de la fuerza durante el terrorismo de Estado fueron procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. El juez federal Daniel Rafecas consideró probada la responsabilidad de los ex efectivos –entre los cuales figura Alfredo Vidal, quien a fines de los 80 secuestró junto a la Banda de los Comisarios a Mauricio Macri– en el asesinato de seis personas durante tres operativos entre 1976 y 1977. Según las actas policiales de la época, la fuerza había registrado las muertes como producto de “enfrentamientos” fraguados. Rafecas consideró probado que las víctimas, algunas de ellas militantes de Montoneros y ERP, fueron perseguidas, atrapadas en “operativos ilegales”, tiroteadas mientras estaban “en posiciones de indefensión” y luego fusiladas.  

Rafecas ordenó los procesamientos con prisión preventiva de los ex federales en el marco de la investigación que desarrolla sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Primer Cuerpo del Ejército. Sin embargo, Rafael Romero, Daniel Amarillo, Miguel Olarte, Manuel Ichicovich, Juan Ríos, Osvaldo González, Alberto Mattone y el secuestrador Vidal, todos vinculados al funcionamiento del centro clandestino de detención “Coordinación Federal”, que tuvo entre sus sedes a la SSF, estaban detenidos desde marzo pasado. El 24 de marzo, cuando se conmemoró el 41º aniversario del último golpe de Estado, declararon en indagatoria, paso con el que el juez federal confirmó sus responsabilidades.

Romero era inspector cuando “comandó la comisión” policial de la SSF que el 18 de mayo de 1976 reventó el departamento donde vivían Jorge Caso y su esposa María Marta Imaz Garzón. La patota la completaron ocho efectivos, entre los que figuraron Amarillo y Olarte, que eran subinspectores; el entonces sargento primero Ichicovich y los cabos Ríos y González. Según el acta policial incluida en la causa, cuando los policías pidieron ingresar al departamento de Yatay al 700, donde también se encontraba Bernardo Levenson, sus habitantes intentaron escapar y comenzaron a disparar. Documentos de inteligencia policial calificaban a Imaz Garzón de “montonera” y a los tres de “subversivos”.

En enero de 1977, en un operativo de similares características sucedido en un departamento de Villa del Parque fueron asesinados Carlos Jeifetz y su compañera Nora Salvarezza. El procedimiento fue comandado por Mattone, quien entonces era comisario inspector y jefe de la Zona I de la SSF. Vidal integró la patota. Los registros policiales atribuyeron las muertes de Jeifetz y Salvarezza a un “enfrentamiento con subversivos”. Ambos integraban el ERP.

Dos meses después, en Almagro, otra patota asesinó a Mario Lerner, quien militaba en Montoneros. A Mario y a su novia, los represores los esperaron el 17 de marzo de 1977 dentro del edificio donde vivían, en Don Bosco al 4100. A la noche llegó el “Ruso”, a quien le dispararon dos veces y cayó del primer piso al patio interno. De allí se lo llevaron a la rastra hasta un Ford Falcon, al que también subieron a su novia. En ese coche estaba Olarte. Según los registros de la SSF, la captura de la pareja había sido pedida por “fuerzas conjuntas” que respondían al Primer Cuerpo del Ejército. 

Lejos de lo que plantean las actas policiales de la época, Rafecas consideró que las seis víctimas fueron asesinadas en “operativos ilegales”, carentes de órdenes de allanamientos con información recolectada en actividades de inteligencia y que sus muertes deben ser investigadas como “homicidios agravados”. “Los tres casos fueron procedimientos ilegales por no contarse con la autorización de la autoridad judicial correspondiente que justificara el ingreso a los domicilios de las víctimas”, postuló el juez en la resolución en la que procesó a todos los ex policías por considerarlos coautores de seis homicidios agravados.

“En todos los casos se pretendió justificar la realización de los procedimientos en la presunta condición de ‘subversivos’ de las personas cuya detención se procuraba, la cual habría sido determinada en función de información de inteligencia de la cual nunca se dio cuenta, como tampoco se hizo alusión alguna a qué presuntos delitos habrían cometido las víctimas como para justificar los procedimientos a realizar en sus domicilios”, continuó el juez.

Por último, y en base a las autopsias –que integran la causa como elementos de prueba–, el magistrado concluyó que “en los tres procedimientos los disparos que provocaron la muerte de las víctimas fueron efectuados mientras estas se encontraban indefensas”. Algunas de las víctimas recibieron más de diez disparos. Todas fueron fusiladas o “rematadas”.  

miércoles, 15 de marzo de 2017

Sábado 18/03 acto y marcha en la Guarnición Militar Campo de Mayo

Nuevamente como desde hace once años la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo convoca el sábado 18 desde las 9,30 horas  a una marcha y  acto en la Guarnición Militar Campo de Mayo, con accionar en desde el 24 de marzo 1976 en la Zona 4, que abarcaba los partidos de General Sarmiento, Escobar, General San Martín, San Isidro, San Fernando, Tigre, Vicente López, Tres de Febrero.

La juntada es para no ceder entre las acciones de los que galvanizan el olvido y las acciones de la militancia, media una distancia enorme, no de palabras, sino de significación acerca de cuál es la sustancialidad de la democracia en el contexto de la imprescriptibilidad de los crí menes de lesa humanidad.

El acto será  frente al Hospital Militar donde la empresa Mercedes Benz instaló un aparato de neonatologia para los partos de las compañeras detenidas con el posterior  apoyo del Movimiento Familiar Cristiano, en la entrega y apropiación de los niños de las víctimas del terrorismo de Estado. en un juicio que no se acepta mas dilaciones.

A mas de una década de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en los cursos de acción de los juicios se demostró la activa participación de empresarios, jueces y fiscales, monjas y sacerdotes, en particular los capellanes,  entre otros que conformaron la alianza cívico militar que ejerció el poder desde antes del 24 de marzo del 76 .  La Masacre de Capilla del Rosario en Catamarca el 11 de agosto de 1974  con el fusilamientos de 14 combatientes que se entregaron con vida, el Operativo Independencia desde febrero 1975 y la represión fabril en Villa Constitución el 20 de mazo 1975, por citar didácticos ejemplos.

Esta guarnición militar de exterminio de trabajadores, familiares, militantes y combatientes todavía se espera que todos sus responsables sean sentados en el banquillo de los acusados ( apenas se han concretado doce juicios) y que no sean beneficiados con el punto final biológico, gracias a un andamiaje jurídico impulsado por los defensores oficiales y por quienes desde el Poder Judicial son renuentes a avanzar. Un grupo de tareas que persiste y ahora con oxigeno oficial.

Un muro de impunidad que desde la militancia potencia no ceder en Memoria, Verdad y Justicia, sino aceptar el desafío ideológico desde el bloque de poder de cerrar las heridas del pasado.

miércoles, 29 de junio de 2016

Los secuestros en la planta de la Ford serán juzgados en marzo de 2017

Llega el juicio, pero un acusado murió

Guillermo Galarraga, ex gerente de Relaciones Laborales de la planta, era uno de los tres civiles que iba a ser juzgado por los secuestros de los obreros de la fábrica.

 Por Alejandra Dandan

Pedro Troiani conserva las imágenes aún frescas. Año 1976. La planta argentina de la automotriz norteamericana Ford Motors estaba ubicada en la localidad de Pacheco. Los Falcón eran uno de los modelos de mayor producción porque eran duros y duraban mucho tiempo. Troiani observaba a los militares pasar con los Falcon por los surtidores de la planta, donde cargaban combustible y salían sin patentes. Lo mismo sucedía con los militares de ronda por la Panamericana, cuando sus camiones entraban a la Ford para cargar combustible. Él era delegado de la sección montaje. Fue el último de los 24 obreros secuestrados por oleadas entre marzo y abril de 1976. Luego de haber visto que todos los días se llevaban a uno de sus compañeros, se atrevió, como dice, a ir a ver al Jefe del área militar “sin pensar lo pasaba”.

Hace una semana, el grupo de ex delegados de la Ford que impulsa sin paz desde hace casi cuarenta años la investigación por los secuestros, tuvo dos noticias. Por un lado, supieron que el Tribunal Oral Federal de San Martín, luego de muchísimas demoras, le puso fecha al comienzo del juicio oral para el próximo 14 de marzo. Por otro lado, se enteraron de la muerte de Guillermo Galarraga, entonces gerente de Relaciones Laborales de la planta, uno de los tres civiles que iba a ser juzgado en el juicio y la persona que sabía quiénes eran los integrantes de las comisiones internas y con quiénes se reunían los trabajadores. Galarraga tenía 92 años. Al saber la noticia, la esposa de Troiani se sentó a escribir un correo: “El círculo se está cerrando”, comenzó.

“Cuando nos enteramos de la noticia nos amargamos muchísimo porque creemos que esto es lo que la justicia pretende –dice Troiani–: pasa el tiempo y nos vamos muriendo y en definitiva este tipo que fallece fue procesado, pero muere sin un juicio final. Es un problema para todos, hasta para ese mismo hombre porque falleció, su familia sabe que estaba acusado de un crimen de lesa humanidad y en un juicio hubiese tenido la posibilidad de defenderse. Esperemos que quede al menos uno con vida para el juicio que empezará en marzo.”

La espera se prolonga desde hace años. Durante la vigencia de las leyes de impunidad, la CTA denunció en España la existencia de un centro clandestino en el predio de Pacheco de la Ford. El quincho que funcionó como el primer lugar de traslado y detención de los prisioneros también fue denunciado por Troiani durante los juicios de la Verdad, un testimonio con el que el fiscal Felix Crous pidió en 2002 la apertura de la causa. Pasaron más de diez años hasta que la justicia procesó a tres directivos vivos de la Planta. Además de Galarraga, fueron procesados Pedro Müller, gerente de manufactura, a quien los sobrevivientes describen como mandamás de Pacheco y verdadero jefe político y y Héctor Francisco Sibilla, Jefe de seguridad y uno de los hombres más recordados por su carácter de militar retirado del Ejército, luego contratado por la Embajada de Estados Unidos en seguridad hasta que se jubiló en 2004.

En enero de 2015, el Tribunal Oral Federal de San Martín tomó declaración de modo adelantado a dos testigos y ahora lleva 14 meses desde la apertura de las pruebas, paso previo al debate. En el último mes de mayo, el abogado de los delegados de Ford, Tomás Ojea Quintana, presentó un “pronto despacho” para reclamar una fecha de comienzo del juicio, en una jurisdicción con problemas endémicos por la acumulación de causas en el tramo de juicio oral. “Es un caso emblemático para dilucidar de qué forma se comportaron ciertos sectores productivos de nuestro país durante el terrorismo de Estado”, dijo el abogado. La resolución, sin embargo, no define la fecha. Dice que el juicio se hará si Cámara de Casación y el Consejo de la Magistratura se comprometen a integran las vacantes pendientes en el tribunal.

El debate atravesará varios tipos de análisis, que pese al cambio de época vuelve a interpelar no sólo al pasado, sino también al presente. Uno de esos ejes es la relación de la Ford con la dictadura. Y una demanda de los trabajadores para que la automotriz con sede central en Estados Unidos pida perdón por los crímenes. Otro temas es el análisis de los vínculos entre empresa, sindicato y trabajadores. Los delegados pertenecían a la lista verde, de la conducción oficial del Smata, pero estaban enfrentados a la conducción. “Para la época teníamos posibilidad de sacarle a la Ford compromisos y se los sacábamos, por eso nos marcaron: el día del golpe desapareció el cuerpo de delegados”, dice Troiani. Hasta entonces, la comisión interna había comenzado a negociar los convenios directamente con la dirección de la empresa sin el sindicato “porque tardaba demasiado en resolver los problemas”. El 24 de marzo de 1976 Galarraga los llamó a una reunión y les dijo que la vida sindical se había terminado

domingo, 13 de marzo de 2016

La investigación por los crímenes del Primer Cuerpo

Arrestaron a un ex espía del Ejército
En el marco de la causa en la cual se investigan los crímenes llevados a cabo por el personal del Primer Cuerpo del Ejército, el juez federal Daniel Rafecas dispuso la detención del coronel Fernando Jorge Rao, quien durante la dictadura estuvo a cargo de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor del Primer Cuerpo del Ejército, órgano de asesoramiento directo del entonces General de División Carlos Guillermo Suárez Mason, y realizó el allanamiento de su domicilio, donde se halló documentación que quedó en poder del juzgado para su estudio.

El juez dispuso el llamado a declaración indagatoria de Rao, a quien imputó por su participación en el plan sistemático de represión implementado durante la dictadura.

La imputación de Rao se extendió a la privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a 220 víctimas que estuvieron cautivas en el centro de detención “El Vesubio”, doce de las cuales fueron sexualmente abusadas, y el homicidio de 60 personas, 48 de las cuales fueron asesinadas mediante los simulados “traslados” desde el centro de detención, todo ello durante el período en que se desempeñó como “J II” o Jefe de Inteligencia por debajo del Comandante del Primer Cuerpo del Ejército Carlos Guillermo Suárez Mason, entre abril de 1976 y noviembre de 1977, fecha en que fue designado como Subsecretario de la Secretaría de Inteligencia del Estado, donde permaneció hasta fin del año 1979.

La imputación quedó conformada por las víctimas que estuvieron en el centro de detención “El Vesubio” como también por distintos operativos de detención que tuvieron lugar en la Subzona 11. En la misma “línea inteligencia” que se investiga en la Megacausa “Primer Cuerpo”, Rafecas dispuso en el año 2012 la detención y el allanamiento del domicilio de Carlos Alberto Martínez, quien durante la dictadura estuvo a cargo de la Jefatura II de Inteligencia, y fue uno de los principales integrantes del Estado Mayor General del Ejército, órgano de asesoramiento directo al dictador Jorge Rafael Videla.

jueves, 28 de enero de 2016

Denuncian que se niegan la memoria sobre el Terrorismo de Estado en el ex Batallón 601

Desde la agrupación Barrios x Memoria y Justicia Balvanera afirman que pese a los reclamos, esta semana abrió sus puertas una sucursal más del Banco Santander Rio en la ex sede de Inteligencia del Ejército Argentino, ubicado en la esquina de Callao y Viamonte de la Ciudad de Buenos Aires, sumándose a la universidad que ya funcionaba allí.

“Se preservó su fachada, pero  el edificio fue parcialmente demolido en su interior, siendo ocupado en los pisos superiores por la Universidad del Salvador y en planta baja y sótanos por el Banco Santander Rio. Nos presentamos ante la Secretaría de DDHH  y el Banco Central de la R.A. reclamando por este despojo a la Memoria histórica.  Nos informaron que se habían iniciado conversaciones con la Universidad del Salvador y el Banco Santander Rio.

Ahora con la asunción de las nuevas autoridades en los dos organismos del Estado y sin ninguna comunicación sobre los expedientes iniciados,  se autorizó la apertura de la sucursal bancaria. Se ha intervenido sin contemplaciones de ningún tipo sobre el patrimonio histórico de ese edificio de diez pisos donde funcionó el ‘cerebro operativo’ del terrorismo de Estado con miles de agentes militares y civiles destinados a espiar, perseguir, torturar y desaparecer ciudadanos bajo sospecha. También albergó la dirección local del Plan Cóndor durante la última  Dictadura cívico – militar. Seis décadas atrás tuvo un rol protagónico en las desapariciones que sufrió el cuerpo de Evita.

Enorme es el daño que se ha hecho al pueblo desde ese siniestro lugar y debe haber reparación social y urbana que lo devuelva a la historia y a la vida cotidiana.
Esta  acción,  como otras que han sido tomadas por el gobierno en estos días,  referidas a la Memoria y los D.D.H.H., están alejadas de los valores y derechos conquistados en estos últimos treinta y dos años de democracia. 

Insistiremos una y otra vez hasta se abra un Espacio de Memoria para que las nuevas generaciones puedan visitar el ex Batallón 601 y comprender lo que Nunca Más puede volver a ocurrir en nuestro país”, afirmaron desde Barrios x Memoria y Justicia Balvanera a través de un comunicado.

lunes, 30 de noviembre de 2015

Campo de Mayo: detuvieron a represores y se negaron a declarar

Pacífico Luis Britos
Por la Policía de Seguridad Aeroportuaria

Cuatro de ellos habían sido apresados entre el domingo y lunes, y el restante cumplía prisión domiciliaria y fue conducido por la fuerza para declarar en el juzgado. A los cinco se los interrogó por su accionar como responsables de la plana mayor de Zárate-Campana. “Eran los encargados de poner los medios a disposición de las fuerzas de tareas”, dijo el fiscal.

Fotos: Gustavo Molfino.
Por: Juan Manuel Mannarino

Alfredo Oscar Arena
ANTECEDENTES

"El horror en el banquillo": el libro de los juicios de Campo de Mayo
Campo de Mayo, territorio y guarnición militar en una performance...
Campo de Mayo: un nuevo juicio por lesa humanidad en San Martín
Cinco represores fueron indagados en el Juzgado Federal de San Martín por la megacausa de Campo de Mayo. Cuatro de ellos habían sido detenidos entre el domingo y lunes, y el restante cumplía prisión domiciliaria y fue llevado al Tribunal. Todos, sin embargo, se ampararon en el silencio. “Son de la plana mayor de la zona de Zárate Campana, y se los indagó por casi 30 casos. Pero se negaron a declarar”, dijo el fiscal Hugo Bogetti 

Federico Mitchel
Los represores detenidos por la Policía de Seguridad Aeroportuaria son: Alfredo Oscar Arena, Ramón Vito Cabrera, Federico Ramírez Mitchel y Pacífico Luis Britos. Mientras que Pascual Muñoz ya estaba con prisión domiciliaria y fue conducido por la fuerza para declarar en el juzgado. Se los interrogó por su accionar como responsables de la plana mayor de Zárate-Campana, que fue parte del  área 400 correspondiente a la zona 4 de Campo de Mayo.

Pascual Muñoz fue intendente interventor de Florencio Varela y jefe del Departamento Personal del Estado Mayor entre 1980 y 1982. Está imputado por 47 casos de lesa humanidad. En Campo de Mayo, se lo acusa por participar de por los crímenes ocurridos en la frustrada operación de la Contraofensiva
Vito Cabrera
Montonera en los años 1979 y 1980.

Pacífico Luis Britos.
Mientras los otros represores se mantuvieron en el anonimato, no fue el caso de Pacífico Luis Britos, que sigue dando conferencia sobre doctrina militar en ámbitos privados. En agosto de 2014 disertó sobre la figura de Julio Argentino Roca. Allí dijo: “Es uno de los personajes más importantes que formaron parte del glorioso Ejército Argentino, puesto que esa formación militar, surgida de una fuerte vocación, lo acompañó durante toda su vida y sirvió de base para desarrollar su personalidad, que le llevaron a ser uno de los políticos más destacados que consolidaron como Estado-Nación a esta querida Argentina nuestra”.
Se calcula que por Campo de Mayo, una de las más grandes dependencias militares del país, pasaron cerca de 7 mil personas, y sólo sobrevivieron 100.  “Fue un área con alto nivel represivo, que atacó fuertemente la militancia política y laboral. Era una zona fabril e industrial fuertemente sindicalizada. Y todavía tenemos pendiente cómo fue la relación 
operativa con las empresas”, definió el otro fiscal de la causa, Miguel García Ordaz.

Federico Ramírez Mitchel.
Según la fiscalía, los detenidos -que son parte del Ejército y de la Marina- cumplieron roles de responsabilidad en las áreas de Personal, Logística e Inteligencia, pero no fueron parte de los grupos de tareas. “Una primera investigación los sitúa en alrededor de 30 casos, que pueden multiplicarse por varias víctimas. Ellos eran los encargados de poner los medios a disposición de las fuerzas de tareas, los que tenían personal a cargo y diagramaban los operativos”, explicó Bogetti. Desde el juzgado explicaron que las detenciones ocurrieron en los domicilios y que, una vez que se negaron a declarar, se les otorgó a todos el beneficio de la prisión domiciliaria.
El Área 400 está siendo investigada en profundidad por la fiscalía y las detenciones son parte de una estrategia para avanzar en la prueba reunida contra  los imputados. “Seguramente pediremos nuevas indagatorias, pero lo que importa es que los acusados saben que se los está procesando por una cantidad de casos por sus roles en Campo de Mayo”, dijo Bogetti, que esperan nuevas detenciones en las próximas semanas.

Ramón Vito Cabrera.
Más de 230 víctimas
Además, la fiscalía aguarda novedades por la fábrica Dálmine-Siderca de Campana. La firma -rebautizada como Tenaris-Techint- fue allanada por la Justicia y ahora se esperan los peritajes de la documentación secuestrada.  “Pensamos que en la zona de Zárate y Campana hay más de 230 víctimas, de los cuales muchos de ellos eran trabajadores de esa empresa”, dijo el abogado Pablo Llonto.
Según cálculos de la fiscalía, hay cerca de 40 casos de obreros de la empresa que fueron privados de libertad y luego desaparecidos. “Creemos que pueden existir más, pero primero queremos demostrar qué tipo de responsabilidad tenía los directivos y el personal jerárquico en delitos de lesa humanidad”, adelantó García Ordaz. Entre los represores que habrían participado de los operativos están sospechados los de la plana mayor de Zárate-Campana.

Para el abogado Pablo Llonto, pronto se sabrá el verdadero rol que ocuparon en el circuito represivo de Campana. “Fue una zona de conflictividad sindical, con muchas comisiones internas. Es muy probable que estos represores ocuparon un espacio de decisiones estratégicas para disciplinar a los obreros y favorecer a las empresas”, concluyó Bogetti.
JMM/RA