viernes, 31 de mayo de 2019

La represión en FABI, Mercedez Benz y una convocatoria del gobierno de Empresas y DDHH


Los testimonios en los juicios a la represión en el corazón del sistema capitalista son ejemplos de que el bloque de poder decidió a sangre y fuego, con su brazo armado, el ejército, anular los derechos laborales y políticos conseguidos por los trabajadores. FABI es un ejemplo que nadie cita, salvo esta agencia. En tanto la causa Mercedes Benz se inició, con detalles de los grupos de tareas. El gobierna organiza el Primer Foro Regional de Planes Nacionales de Acción y Políticas Públicas en Empresas y Derechos Humanos.

 Por Lucho Soria para ANRed

Segundo tramo Monte Peloni

En el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata se iniciaron los alegatos en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad investigados en el segundo tramo de la causa denominada “Monte Peloni”, que se centra en el circuito represivo ilegal que operó en la subzona militar 12 y abarcó los distritos de Olavarría, Tandil, Las Flores y Azul. En ese contexto la represión en la Fábrica Argentina de Bolsas Industriales de Hinojo (FABI) en Olavarría.

Los 28 acusados por privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos, homicidios y desapariciones comenzaron a escuchar el alegato de los fiscales Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, y Juan Manuel Portela, fiscal federal de Necochea. Su exposición de las acusaciones y luego los pedidos de pena se extenderán en las próximas semanas. Entre las causas dadas en el juicio fue la represion en la fabrica FABI, invisibilizada, salvo en el portal Que digital de Mar del Plata, portal con el cual ANRed tiene reciprocidad para compartir la info.

La palabra de un trabajador de FABI

El año pasado Gabino Diorio brindó declaración testimonial a través de una video-conferencia desde la Facultad de Ingeniería (UNICEN) de Olavarría. Relató que ingresó a trabajar a FABI en 1974 y que siempre habían existido atropellos contra los trabajadores, principalmente porque no tenían un sindicato que los representara. Contó que existieron varios despidos y que esto motivó medidas de protesta que permitieron la reincorporación de sus trabajadores. De esta manera, pudieron organizarse sindicalmente, Diorio relató que el 12 de mayo de 1976, se llevaron detenidos a varios trabajadores, incluido a él. “A las 16 hs se llevaron cuatro o cinco trabajadores y a las 20 hs me llevaron a mí. Me pusieron esposas, me encapucharon y me llevaron a la Comisaría de Olavarría” detalló. Allí dijo que sufrió humillaciones, agresiones verbales y no tanto físicas. Posteriormente lo trasladaron encapuchado a la Comisaría de Sierra Chicha, al día siguiente lo regresaron a Olavarría para finalmente trasladarlo a la Unidad Nº 7 de Azul donde estuvo hasta el 7 de septiembre. “Diorio, yo lo tengo que excarcelar, pero usted quedó a disposición del área 124” le dijeron.

“Estuve donde usted me mandó”

Diorio mencionó a Branko Zuljevic, quien era el director de la fábrica, como uno de los responsables de las detenciones. En muchos de los testimonios que se escucharon en torno al caso FABI, Zuljevic es señalado como aquel que le indicaba a las fuerzas de seguridad a qué trabajadores debían llevarse. El testigo contó que al obtener su libertad, regresó a la fábrica buscando una indemnización. Ante la pregunta de Zuljevic sobre dónde había estado, Diorio le respondió “Estuve donde usted me mandó, jefe”. Lógicamente Diorio no fue el único obrero que declaro, sino también los familiares de las víctimas, como sucede en todos los juicios.

Lo de Mercedes Benz

Los ex trabajadores de Mercedes Benz Julio D’Alessandro y Eduardo Estivill Navarro, y Silvia Núñez y Mirta Arenas, hija y hermana de los obreros secuestrados Alberto Nuñez y Alberto Arenas, respectivamente, revelaron la complicidad de la empresa, del Smata y de los servicios de inteligencia, un grupo de tareas, al igual que en otras fábricas de la zona norte del conurbano bonaerense.

Silvia Nuñez es la hija mayor del Alberto Nuñez y que tenía 10 años cuando su padre fue secuestrado dos veces: la primera el 7 de agosto de 1977, cuando fue llevado de su casa, y la segunda, seis días después, cuando se lo llevaron de la casa de sus abuelos. “El 13 era mi cumpleaños, a la madrugada fueron de vuelta a buscarlo recordó Silvia.  También contó al tribunal que su casa había reuniones de los compañeros de su padre casi todos los días.

Y que de acuerdo a lo relatado por Héctor Ratto, lo vio en Campo de Mayo, como los 14 trabajadores detenidos y posteriormente asesinados. Cabe acotar que el testimonio de Ratto, detenido en la fabrica, se postergó por su estado de salud.

Julio Dalessandro y Eduardo Estivill Navarro, precisaron con rigor las luchas y en algunos momentos sus voces a la hora de nombrar los compañeros desaparecidos, latían de emociones con un nudo en la garganta que cubría la sala de audiencia y al final Julio «El Tano» Dalessandro cerró su testimonio al pronunciar por los 30 mil detenidos desaparecidos. Previamente dijo su identificación por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Cabe agregar que se fundó en CABA un 25 de Mayo 1965, con presencia de delegados del interior y que de sus asistentes, dos de ellos vindican esa acción.

Ambos relataron la lucha por las condiciones laborales, la persecución a quienes la impulsaban, pese a las presiones de los directivos de la empresa, los cuales no están sentados en el banquillo de los acusados. El único imputado en esta causa, el coronel Benito Angel Omaechevarría, murió un par de semanas atrás.La persecución y secuestro de los trabajadores de la Mercedes Benz es uno de los casos. Los detenidos del Colegio Militar, los militantes de la Columna Norte de Montoneros y del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) bajo el área 400 del Ejército de Zárate y Campana y los casos de las 14 mujeres embarazadas, forman parte de un juicio que va a demandar más de un año de recoger los testimonios.

Un foro con un título para la antología.

Primer Foro Regional de Planes Nacionales de Acción y Políticas Públicas en Empresas y Derechos Humanos

«Estamos organizando el primer encuentro regional con enfoque en políticas públicas sobre Empresas y Derechos Humanos, que tendrá lugar el 3 y 4 de junio en el CCK de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires»

Según la información oficial «Para la realización de este importante evento, contamos con el apoyo institucional de organizaciones internacionales y nacionales interesadas en promover la conducta de negocios responsable en materia de derechos humanos.

En este marco, Roel Nieuwenkamp (Embajador de Países Bajos en Argentina) y Froukje Boele (Mánager de Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe de OCDE) presentarán – por primera vez – la guía de debida diligencia para empresas en español de la OCDE. Por su parte, Birgit Gerstensberg (Representante del ACNUDH-América del Sur) presentará las acciones que realizarán para apoyar la implementación del plan argentino y las normas para inclusión de la diversidad.

Por su parte, UNICEF Argentina presentará la línea nacional de base en derechos de la infancia y empresas. Este foro contribuirá a dar a conocer en el país las experiencias y desafíos en materia de implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PRNU) en la región latinoamericana.

Nuestro objetivo es contribuir al logro de transformaciones institucionales y cambios culturales respetuosos de los Derechos Humanos en las empresas públicas y privadas de Argentina y la región, a través de la sensibilización y formación específica de los diferentes actores clave del Estado, las asociaciones sindicales, la comunidad empresarial y la sociedad civil.

Para poder impulsar en nuestro país un modelo de desarrollo con enfoque de derechos, se torna necesario crear un clima adecuado para las inversiones, que a su vez integre en su modelo de negocios el respeto a los derechos de todos los habitantes.

Esta nueva agenda ampliada en Derechos Humanos nos encuentra realizando esfuerzos mancomunados entre el sector público y el privado para lograr una inserción inteligente al mundo. Estado, sector privado, Sociedad Civil y la Academia surgen como pilares esenciales para la implementación de Planes Nacionales de Acción en Empresas y Derechos Humanos». Un foro regional sobre Empresas y Derechos Humanos en el contexto de avasallamiento de los derechos laborales, de trabajadores muertos en sus puestos de trabajo, como en Vaca Muerte, por citar un solo ejemplo, y sociales que no deja de sorprender…en fin.

viernes, 6 de abril de 2018

Avanza el juicio a la Ford por la participación en la dictadura

Carlos Propato declaró el 5 de marzo en los Tribunales de San Martín en el juicio a la multinacional Ford por crímenes durante la última dictadura. Son tres los imputados: Santiago Omar Riveros -acumula condenas en otras causas y era Jefe de la zona cuatro de la provincia de Buenos Aires-, Pedro Muller -era gerente de manufactura, el segundo de la empresa- y Héctor Sibilla -era jefe de Seguridad, ex militar. Mayor del Ejército-. Propato dialogó sobre los detalles de su declaración con Fernando Tebele en el programa radial sobre los juicios a los genocidas, Oral y Público. (Por La Retaguardia*)

"La ansiedad antes de declarar es inmanejable. Uno se siente en la cresta de la ola, en la efervescencia total llevada por 42 años de trabajo. De golpear miles de puertas, ir a visitar miles de personas. Que no nos atiendan, que no nos den un lugar para llevar nuestro grito de justicia que nos costó tanto. Éramos 24 y ya quedamos trece. Mal número para mí, pero así es la vida", expresó Propato a La Retaguardia unos días antes de su declaración, en la que recordó su época en cautiverio como un infierno.

"En la Ford sucedió el secuestro de 24 compañeros en distintos tiempos y lugares. A algunos los fueron a buscar en la casa, a otros los agarraban en la calle, a otros los tomaron a la salida de la Ford. En nuestro caso, fuimos secuestrados el 13 de abril de 1976 en nuestros puestos de trabajo. Nos encapucharon, nos esposaron, nos llevaron al quincho y estuvimos casi diez horas bajo tortura adentro de la empresa. En un quincho que nosotros habíamos hecho tiempo atrás para beneficio de los trabajadores, de uso recreativo. Jugábamos al fútbol. Lo habíamos conseguido por medio de trabajo sindical. Luego, la Ford se lo entregó al Ejército y se hizo una especie de cuartel con 400 activos dentro de ese lugar", recordó sobre la directa colaboración de la multinacional con los intereses económicos, políticos y genocidas del golpe.

“Si el patrón te dice ladrá, te pones en cuatro patas y haces que sos un perro”, declaró Propato que le dijeron en la primera sesión de tortura. "Nos torturaba el personal del Ejército y Gendarmería. Pero en esos tiempos, que ellos denominaban la guerra sucia, no usaban uniforme, pero para mí eran todos del Ejército porque estaban a cargo. En la empresa éramos diez mil obreros. 7 mil 'comunes' y 3 mil 'profesionales'. Pero fuimos presos sólo 24. Es decir que alguien les informó, luego vimos planillas con el logo de Ford. Sobrevivientes somos sólo 13", insistió.

"Luego de esas horas de tortura, estuvimos cincuenta días desaparecidos en la comisaría de Tigre. De ahí, teóricamente nos blanquearon y nos llevaron a la cárcel de Devoto, donde estuve hasta el 5 de septiembre de 1976. Luego fui a la cárcel de Azul y luego a Sierra Chica hasta mi libertad, que fue en 1977. Las cárceles eran centros de tortura también. Los 'comunes' de Sierra Chica vivían como duques a comparación de nosotros. Yo perdí el 50% de un ojo, me fracturaron una vértebra de la cintura, estuve sin conocimiento como siete días, eso está todo documentado. Eso es producto de las torturas, las palizas que me pegaron. En dos horas me pegaron nueve palizas", detalló.

En su declaración judicial, contó una escena: "Estaba muy loco. Me ponen en la cabeza una bolsa de plástico de modo tal que no podía respirar y me iba ahogando hasta que Troiani (otro de los delegados detenidos, torturados, encarcelados y parte del grupo que sustentó con sus testimonios la causa contra la Ford) tiró un manotón, rompió la bolsa y pude volver a respirar”.

En diálogo con La Retaguardia, Propato agregó: "Después te sacaban a la noche, te bañaban con agua helada, hacían simulacro de fusilamiento. No sé cuándo exactamente nos blanquearon. Los palos y la tortura seguían y había mucha gente que desaparecía. Los sacaban a la noche de la cárcel y al otro día decían que se habían fugado. En la historia del Servicio Penitenciario nunca nadie se fugó de Sierra Chica, así que no sé cómo aparecían muertos del otro lado", contó sobre los supuestos fugados. "En esa época se decía que en la cárcel te blanqueaban, pero seguía siendo lo mismo. Después de un tiempo empezamos a recibir visitas de quince minutos. Verdugueaban a la familia. Mi hija aprendió a caminar en la cárcel, mi hijo quedó tartamudo como cinco años. A las mujeres, el verdugueo que les hacían a las que iban a visitarnos...", agregó.

Qué significa declarar

"La puerta que se abre para poder contar al mundo, a Latinoamérica, a los amigos, a los vecinos, lo que verdaderamente es esta multinacional Ford en Argentina. Los antecedentes vienen de 1945 en Alemania, toda la vida fueron esclavistas. Trabajé desde el 5 de septiembre de 1970 y me secuestraron el 13 de abril de 1976. Cuando entré, la efervescencia que había dentro de la empresa era terrible, había sido hacía poco el Cordobazo. Fue cuando los obreros se dieron cuenta de que tenían derechos", recordó Propato. "La Ford empezó a trabajar dentro del mundo del gremialismo, la política, era muy importante dentro del sector industrial de Pacheco. Nosotros hablábamos con todas las empresas, hicimos una marcha de diez kilómetros el 16 de abril de 1975 en la Panamericana. Eran empresas importantes y movimientos importantes. A Ford eso no le convenía. Hicimos el mejor convenio, pusimos el 1% de la producción para el sindicato. Nunca vimos un peso", aseguró. "Con el golpe, todo lo que conseguimos durante años de lucha lo perdimos de un plumazo. Nos quitaron el 49% de los beneficios ganados que nunca se recuperaron", contó Propato.

Volver

"Volvimos al lugar en 2012 cuando estaban haciendo la investigación. Nos llevaron a reconocer las partes en las que nosotros estuvimos. El lugar estaba medio desaparecido, dibujado para que no parezca lo mismo, pero nosotros reconocíamos todo. Imaginate que estuve muchísimos años adentro de Ford", concluyó.

* Los segmentos de la declaración judicial fueron extraídos de https://cronicasdelnuevosiglo.com/2018/03/05/testimonio-de-carlos-propatto-en-el-juicio-contra-la-ford-y-me-dijeron-si-el-patron-te-dice-ladra-te-pones-en-cuatro-patas-y-haces-que-sos-un-perro/

jueves, 1 de marzo de 2018

Carlos Propato, ex delegado de Ford, anticipa su testimonio contra la automotriz

“Lo que sufrimos no tiene nombre”

Secuestrado y torturado durante la dictadura, el trabajador de la multinacional tuvo que esperar 41 años para que la Justicia escuchara su historia. El día de la audiencia, los jueces pasaron a un cuarto intermedio para el mes próximo.

Por Ailín Bullentini

En el centro, Carlos Propato, testigo en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Ford. 
Imagen: Gentileza Izquierda Diario

Carlos Propato tiene casi 70 años y un nivel de ansiedad que no le entra en el cuerpo. Es uno de los ex delegados de la Ford Motors Argentina que sobrevivió los últimos 40 años solo para cumplir con una meta: contar ante un tribunal en el marco de un juicio oral y público “las cosas que nos hizo pasar una multinacional como la Ford, que no es un tallercito de cuarta”. Propato es uno de los 24 obreros de la planta que la automotriz sigue regenteando en General Pacheco, al norte del Conurbano bonaerense, que fue secuestrado y torturado durante la última dictadura y uno de los 12 que llegó a esta etapa de la lucha por que la Justicia analice las responsabilidades militares, pero sobre todo civiles –el resto ha fallecido–. Su testimonio en el marco del debate oral que sigue el Tribunal Oral Federal número 1 estaba previsto para el martes pasado pero fue pospuesto para principios del mes que viene por cuestiones de tiempo. “Estoy desesperado para que se haga justicia, porque no tenían derecho a hacernos lo que nos hicieron”, apuntó en diálogo con este diario. “Lo que sufrimos no tiene nombre, y todo por reclamar lo que nos correspondía, defender nuestros derechos”, completó. 

Propato estaba listo el martes pasado para contar la historia que lo tiene como protagonista. Una historia que recuerda con detalles: que para la época del golpe de Estado del 24 de 1976 era delegado del área de Pintura de la sección Montaje de la Ford Motors Argentina, “un puesto similar al de subcapataz”. Que la mañana del 13 de abril de 1976 fue secuestrado junto a otros cinco compañeros. Que a las 11:15 lo sacaron de su puesto de trabajo unos ocho hombres del Ejército, lo subieron a una camioneta y los llevaron a los seis al quincho, un espacio cerrado improvisado dentro del campo de deportes de la planta automotriz. “Más o menos 11:30 ya estaba instalado en el quincho, esposado, y bajo tortura. No te voy a decir que miré la hora porque estuvimos encapuchados todo el tiempo, pero ahí estuvimos hasta la noche, tipo 10, 11 de la noche, cuando nos trasladaron a la Comisaría de Tigre”. En la comisaría estuvo “40, 45 días”, de ahí fue llevado a Devoto, “celular quinto, celda 136, máxima seguridad, donde empezó otro calvario más grande que el anterior”. Estuvo ahí hasta el 5 de septiembre del 76, cuando fue trasladado a la cárcel de Azul y luego a la de Sierra Chica, “contínuamente bajo tortura”. Ahí perdió el 50 por ciento de un ojo y le quebraron una vértebra. En el 77 lo liberaron. 

Pero no pudo declarar ni pudo oír el testimonio de Pedro Troiani, uno de sus compañeros de trabajo en la Ford durante las décadas del 60 y 70 –al ser también testigo no lo tuvo permitido–. El relato de Troiani fue extenso y elevado en detalles también, por lo que el presidente del TOF 1, Diego Barroetaveña, decidió decretar un cuarto intermedio en el juicio –dos de los cuatro jueces, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano, son de Rosario, Santa Fe– hasta el martes 6 de marzo en una demostración más del ritmo cansino que le imprime a la causa. La investigación judicial por las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores de la Ford pasó por dos jurisdicciones judiciales y demoró más de una década en considerar responsables de ellas a directivos de la empresa, miepntras que el debate oral tardó otros cuatro años y ahora avanza de a dos audiencias por mes. Llegaron con vida al banquillo de los acusados el ex jefe de Institutos Militares Santiago Riveros y los ex directivos de la empresa Pedro Müller y Héctor Sibilla. 

Así, el martes pasado el ex delegado de Pintura de la Ford tuvo que volver a su casa a acumular nervios, a sumar más días a los más de 41 años de espera y a pasar los días “en plena efervescencia”. Le aseguró a PáginaI12 que “fueron 41 años de trabajo y de lucha, de golpear miles de puertas” para llegar a éste, “el momento tan importante”. “Esto es lo máximo para mí porque no es solamente contarle a los argentinos qué nos hicieron por pelear por nuestros derechos”, respondió. “Este juicio va a traspasar las fronteras nacionales y latinoamericanas, será importante para todos los obreros del mundo ya que es la primera vez que trabajadores podrán contar las cosas que les hizo pasar una multinacional, una empresa como Ford que no es un tallercito de cuarta”, continuó y allí, en esa atención que posó sobre el poder de la empresa que no solo permitió el ingreso del Ejército a su empresa, sino que “marcó” a sus empleados y permitió que los torturaran allí mismo desconociendo luego su responsabilidad durante décadas, radica el argumento con el que Propato explicó la demora: “Por eso supongo que se tardó tantos años. Pero no deberíamos demorar más porque este es nuestro último tren”.

lunes, 19 de febrero de 2018

Comienzan las declaraciones en el histórico juicio por crímenes de lesa humanidad en Ford

Cuatro décadas para relatar el horror

Después de años de demora, el martes se inician los testimonios de los ex delegados Carlos Propato y Pedro Troiani. “Ford es un caso prototípico por los aportes que hizo su dirigencia al terrorismo de Estado”, asegura la abogada querellante Gómez Alcorta.
Por Ailín Bullentini

El quincho de Ford Motors Argentina fue señalizado como lugar de secuestro y tortura en marzo de 2012.

En la historia que cuenta los secuestros y las torturas sufridas por obreros de la fábrica Ford durante la última dictadura cívico militar, el tiempo no jugó a favor de ellos: en la espera para que el Estado revise esos hechos, que duró 40 años, la mitad de ellos murieron sin obtener Justicia y la mitad de los dirigentes de una de las multinacionales automotrices con más peso, entonces y hoy, en el país, sin condena. Sin embargo, los días venideros ilusionan a los sobrevivientes, que comenzarán a descontarle a la desesperanza cuando dos de ellos declaren por primera vez ante jueces, ante sus familiares, ante sus abogados y ante sus verdugos. 

Carlos Propato y Pedro Troiani serán los primeros trabajadores de la Ford en dar testimonio en el juicio que comenzó a mediados de diciembre pasado, tras años de instrucción, otros tantos de espera por el juicio oral y dificultades en la constitución del tribunal. “El juicio para ellos empieza el martes, cuando puedan contar públicamente todo lo que sufrieron. Las primeras jornadas del juicio –en las que se leyó la elevación al debate oral de la jueza federal Alicia Vence y las negativas de los acusados a decir nada– fueron la previa. Ahora les llega el momento que esperaron por décadas”, explica a este diario la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, quien junto a Tomás Ojea Quintana y Marcos Aldazábal dirigen la querella de los obreros de la fábrica de automotores ubicada en General Pacheco en el juicio.  

En 1976, Carlos y Pedro eran obreros y delegados de la Ford Motor Argentina, que en su planta de General Pacheco empleaba entonces a más de 7 mil personas, entre la fábrica y la administración. De esos miles, solo un puñado de decenas se convirtieron en víctimas del terrorismo de Estado que, allí en esa automotriz, llegó hasta el campo de recreación. El martes, desde las 9:30, Carlos y Pedro contarán ante el tribunal Oral Federal Número 1 de San Martín como el 13 de abril fueron secuestrados de sus puestos de trabajo y torturados en “El quincho”, como llamaron al centro clandestino que la fuerzas de represión ilegal en connivencia directa con la dirigencia civil de la empresa montó en el campo deportivo en el que los obreros jugaban a la pelota de tanto en tanto en la planta de General Pacheco. Ambos fueron trasladados luego a la Comisaría de Tigre y “blanqueados” en diferentes prisiones. Fueron liberados un año después. 

En la seguidilla de testimonios le seguirán los otros del grupo de 24 víctimas protagonistas de los hechos que se ventilarán en el debate. Que la denuncia por lo sufrido los mantuviera unidos en una sola querella es otra razón para que este juicio se destaque entre los que fueron sucediendo desde que las leyes de obediencia debida y punto final fueron declaradas inconstitucionales. “Es el primer juicio a civiles empresarios cómplices del terrorismo de Estado que integra a todas sus víctimas en un solo debate”, puntualizó la abogada. En el proceso en el que se juzgó a dirigentes de La Veloz del Norte fue tenido en cuenta un solo caso. 

Otra de las razones es, desde ya, la presencia entre los acusados de empresarios que no solo se beneficiaron con la dictadura sino que actuaron de manera directa en la persecución y la represión ilegal. Son dos dirigentes de la empresa los que están acusados de los crímenes que vivieron en carne propia: el ex gerente de manufacturas Pedro Müller y quien fue jefe de seguridad de la planta, el teniente coronel retirado Héctor Francisco Sibilla comparten cargas de delito con el genocida varias veces condenado por delitos de lesa humanidad Santiago Riveros, que durante los años de terrorismo de Estado fue jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo. Deberían también haberse sentado en el banquillo quien fue el presidente de la Ford Nicolás Courad, que murió en 1989 y quien fue gerente de relaciones laborales de la compañía Guillermo Galárraga, que alcanzó a ser procesado, pero murió el año pasado con 93 años.

“El tiempo en estos casos implica impunidad. Los acusados llegan al juicio con 90 años o más y ni siquiera en prisión domiciliaria. Otros dos murieron impunes. El tiempo siempre juega a favor de los genocidas”, definió Gómez Alcorta. 

La investigación judicial sobre los hechos sufridos por los obreros de la Ford tiene su inicio en 2002, con una denuncia presentada por el fiscal Félix Crous. En un primer momento, el expediente fue dirigido por el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal federal Federico Delgado, pero en 2006 fue traspasado a la Justicia Federal de San Martín, en donde lo mantuvieron paralizado. Siete años después, fue reactivado por la jueza federal Alicia Vence, quien finalmente elevó la causa a juicio en 2014, previo procesamiento de los tres ex directivos Müller, Galárraga y Sibilla. 

Sin embargo, las demoras en la investigación no fueron las únicas. Los obreros debieron soportar los años subsiguientes el peloteo entre magistrados que no querían hacerse cargo del debate. “La imposibilidad de integrar un tribunal fue una señal de alarma que indicó el peso que este juicio tiene para la corporación judicial. Durante mucho tiempo no tuvo fecha de inicio y luego fue pospuesto”, consideró la abogada querellante. En 2016 obtuvo una primera fecha de inicio, en marzo pasado. Pero fue pospuesto. En noviembre se jubiló la presidenta del TOF de San Martín, Marta Milloc, lo cual devolvió a la cuerda floja la inauguración del debate, que finalmente comenzó el pasado 19 de diciembre. Tres de los cuatro jueces que participan son de otras jurisdicciones. 

Gómez Alcorta hizo hincapié en “el peso” de este juicio, que se vislumbra no solo en la molestia que genera en la corporación judicial, sino también en la civilidad que esconde su complicidad con la última dictadura. “Ford es un caso prototípico por los aportes que hizo su dirigencia al terrorismo de Estado que fueron desde la instalación de un centro clandestino dentro del predio de la planta hasta la presencia militar allí, la entrega de información sobre obreros, el aporte de vehículos y combustible a la represión”, indicó. 

Por último, asumió el “desafío” que, consideró, implica el desarrollo de este debate “en un momento político en donde hay una decisión de desacelerar el proceso de memoria, verdad y justicia y de morigerar sus efectos con, por ejemplo, las prisiones domiciliarias a los responsables de delitos de lesa humanidad”. “Pensar que en este momento tan difícil pueden estar sentados en el banquillo de los acusados dos miembros de las firmas más grandes de la industria automotriz que aún continúa funcionando en la actualidad es un verdadero desafío”, concluyó.

lunes, 20 de noviembre de 2017

Represores irán a juicio por caso Sheraton


Entre los imputados se encuentran exmiembros del Ejército y de la Policía bonaerense
Cuatro militares y dos expolicías  irán a juicio el próximo lunes por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino Sheraton, que funcionó en la localidad de Buenos Aires de La Matanza durante la dictadura militar (1976-1983). 

Los exfuncionarios argentinos declararán ante el juez por los delitos, realizados durante diciembre de 1976 y abril de 1978, ubicado en la subcomisaría de Villa Insuperable que dependía de la Comisaría tres de Villa Madero, fue usado para alojar ilegalmente y torturar a detenidos.

Los condenados son el exgeneral Héctor Gamen (condenado a prisión perpetua por crímenes en Vesubio) fue apartado por problemas de salud y los principales imputados son Rodolfo Enrique Godoy, exsegundo jefe del Grupo de Artillería Mecanizada de Ciudadela, y el coronel (R) Manuel Antonio Luis Cunha Ferré, oficial de Inteligencia que tenía a su cargo Sheraton.

Gamen, de 92 años, fue segundo jefe de la Brigada de Infantería de la que dependía el Grupo de artillería, en tanto Juan Manuel Costa, que murió en 2014, fue subjefe de esa unidad militar hasta finales de 1977.

A tres de los implicados se les acusa del homicidio de Carlos Alberto Hobert y Graciela María Maliandi el 17 de diciembre de 1976 en una operación ilegal "íntimamente ligado al Sheraton", señaló el fiscal Federico Delgado.

El Sheraton dependía en aquel momento de la comisaría de Villa Madero que, a su vez, lo hacía de la Unidad Regional Morón. Sin embargo, las instalaciones quedaron bajo el mando del  Grupo de Artillería Mecanizada 1 del Ejército, situado en la localidad de Ciudadela.

El Tribunal Oral Federal N° 1 de la Capital Federal determinará las responsabilidades penales que corresponden a las 18 privaciones ilegales de la libertad agravada, la aplicación de tormentos y 2 homicidios.

sábado, 24 de junio de 2017

asación rechazó conceder el 2x1 al ex jefe de Campo de Mayo Santiago Omar Riveros

Se trata del primer fallo del máximo tribunal penal del país luego de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que resolvió que la derogada ley del 2x1 es aplicable a los condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

La Cámara Federal de Casación penal rechazó hoy la aplicación del beneficio del 2x1 al ex jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo Santiago Omar Riveros, quien fue condenado a cadena perpetua por la desaparición de un joven militante comunista.  
En un fallo de más de 40 páginas, los miembros de la Sala II de Casación remarcaron el “irrenunciable compromiso asumido por el estado argentino de sancionar adecuadamente las graves violaciones a los derechos humanos”.

Riveros fue condenado en agosto de de 2009 por el secuestro, la tortura y el posterior asesinato del joven Floral "Negrito" Avellaneda y por el secuestro y la tortura de su madre, Iris Pereyra.

La defensa de Riveros había interpuesto un recurso de casación contra la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín pero en el fallo de hoy los jueces Alejandro W. Slokar y Mariano H. Borinsky lo rechazaron. 

Por su parte, la juez Ángela Ledesma, sin pronunciarse sobre el fondo, votó por la remisión de las actuaciones al Tribunal Oral Federal de San Martín, en virtud de las “nuevas circunstancias”.

En su voto, Slokar sostuvo que el 2x1 era inaplicable para este caso "especialmente teniendo en vista las irrenunciables obligaciones internacionales asumidas por el estado argentino de efectivizar la investigación, juzgamiento y sanción adecuada de graves violaciones a los Derechos Humanos”.

El juez Borinsky sostuvo que quienes sancionaron la ley del 2x1 no pudieron prever una excepción para los caso de Lesa humanidad toda vez que se sancionó durante el período que estaban vigentes las derogadas leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Riveros fue detenido en el año 2007 (la ley del “2x1” perdió vigencia en el año 2001) y condenado en el año 2009 a la pena de prisión perpetua por los hechos de los que resultaron víctimas Iris y su hijo Floreal,que tenía catorce años.

El padre de Floral, a quien el operativo conjunto de las fuerzas policiales y militares pretendía detener el día que secuestraron al adolescente y su madre, era delegado de la fábrica textil Tensa.

Avellaneda y su madre fueron secuestrados en el domicilio familiar, desapoderados de bienes personales, y trasladados a la Comisaría de Villa Martelli y posteriormente a Campo de Mayo, donde fueron torturados y Floral, asesinado.

El cadáver del joven fue hallado un mes después de su desaparición en las costas de la República del Uruguay, con signos de haber sufrido torturas físicas  

lunes, 12 de junio de 2017

Rafecas procesó a ocho represores por delitos de lesa humanidad

Procesados por seis asesinatos
El juez federal Daniel Rafecas consideró probada la responsabilidad de ocho ex policías federales en crímenes cometidos entre 1976 y 1977. Entre los imputados figura Alfredo Vidal, que a fines de los 80 participó del secuestro de Mauricio Macri.

Por Ailín Bullentini
Las víctimas fueron asesinadas mientras estaban indefensas, señaló Rafecas.

Ocho ex policías federales integrantes de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) y de otras dependencias de la fuerza durante el terrorismo de Estado fueron procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. El juez federal Daniel Rafecas consideró probada la responsabilidad de los ex efectivos –entre los cuales figura Alfredo Vidal, quien a fines de los 80 secuestró junto a la Banda de los Comisarios a Mauricio Macri– en el asesinato de seis personas durante tres operativos entre 1976 y 1977. Según las actas policiales de la época, la fuerza había registrado las muertes como producto de “enfrentamientos” fraguados. Rafecas consideró probado que las víctimas, algunas de ellas militantes de Montoneros y ERP, fueron perseguidas, atrapadas en “operativos ilegales”, tiroteadas mientras estaban “en posiciones de indefensión” y luego fusiladas.  

Rafecas ordenó los procesamientos con prisión preventiva de los ex federales en el marco de la investigación que desarrolla sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Primer Cuerpo del Ejército. Sin embargo, Rafael Romero, Daniel Amarillo, Miguel Olarte, Manuel Ichicovich, Juan Ríos, Osvaldo González, Alberto Mattone y el secuestrador Vidal, todos vinculados al funcionamiento del centro clandestino de detención “Coordinación Federal”, que tuvo entre sus sedes a la SSF, estaban detenidos desde marzo pasado. El 24 de marzo, cuando se conmemoró el 41º aniversario del último golpe de Estado, declararon en indagatoria, paso con el que el juez federal confirmó sus responsabilidades.

Romero era inspector cuando “comandó la comisión” policial de la SSF que el 18 de mayo de 1976 reventó el departamento donde vivían Jorge Caso y su esposa María Marta Imaz Garzón. La patota la completaron ocho efectivos, entre los que figuraron Amarillo y Olarte, que eran subinspectores; el entonces sargento primero Ichicovich y los cabos Ríos y González. Según el acta policial incluida en la causa, cuando los policías pidieron ingresar al departamento de Yatay al 700, donde también se encontraba Bernardo Levenson, sus habitantes intentaron escapar y comenzaron a disparar. Documentos de inteligencia policial calificaban a Imaz Garzón de “montonera” y a los tres de “subversivos”.

En enero de 1977, en un operativo de similares características sucedido en un departamento de Villa del Parque fueron asesinados Carlos Jeifetz y su compañera Nora Salvarezza. El procedimiento fue comandado por Mattone, quien entonces era comisario inspector y jefe de la Zona I de la SSF. Vidal integró la patota. Los registros policiales atribuyeron las muertes de Jeifetz y Salvarezza a un “enfrentamiento con subversivos”. Ambos integraban el ERP.

Dos meses después, en Almagro, otra patota asesinó a Mario Lerner, quien militaba en Montoneros. A Mario y a su novia, los represores los esperaron el 17 de marzo de 1977 dentro del edificio donde vivían, en Don Bosco al 4100. A la noche llegó el “Ruso”, a quien le dispararon dos veces y cayó del primer piso al patio interno. De allí se lo llevaron a la rastra hasta un Ford Falcon, al que también subieron a su novia. En ese coche estaba Olarte. Según los registros de la SSF, la captura de la pareja había sido pedida por “fuerzas conjuntas” que respondían al Primer Cuerpo del Ejército. 

Lejos de lo que plantean las actas policiales de la época, Rafecas consideró que las seis víctimas fueron asesinadas en “operativos ilegales”, carentes de órdenes de allanamientos con información recolectada en actividades de inteligencia y que sus muertes deben ser investigadas como “homicidios agravados”. “Los tres casos fueron procedimientos ilegales por no contarse con la autorización de la autoridad judicial correspondiente que justificara el ingreso a los domicilios de las víctimas”, postuló el juez en la resolución en la que procesó a todos los ex policías por considerarlos coautores de seis homicidios agravados.

“En todos los casos se pretendió justificar la realización de los procedimientos en la presunta condición de ‘subversivos’ de las personas cuya detención se procuraba, la cual habría sido determinada en función de información de inteligencia de la cual nunca se dio cuenta, como tampoco se hizo alusión alguna a qué presuntos delitos habrían cometido las víctimas como para justificar los procedimientos a realizar en sus domicilios”, continuó el juez.

Por último, y en base a las autopsias –que integran la causa como elementos de prueba–, el magistrado concluyó que “en los tres procedimientos los disparos que provocaron la muerte de las víctimas fueron efectuados mientras estas se encontraban indefensas”. Algunas de las víctimas recibieron más de diez disparos. Todas fueron fusiladas o “rematadas”.