lunes, 19 de febrero de 2018

Comienzan las declaraciones en el histórico juicio por crímenes de lesa humanidad en Ford

Cuatro décadas para relatar el horror

Después de años de demora, el martes se inician los testimonios de los ex delegados Carlos Propato y Pedro Troiani. “Ford es un caso prototípico por los aportes que hizo su dirigencia al terrorismo de Estado”, asegura la abogada querellante Gómez Alcorta.
Por Ailín Bullentini

El quincho de Ford Motors Argentina fue señalizado como lugar de secuestro y tortura en marzo de 2012.

En la historia que cuenta los secuestros y las torturas sufridas por obreros de la fábrica Ford durante la última dictadura cívico militar, el tiempo no jugó a favor de ellos: en la espera para que el Estado revise esos hechos, que duró 40 años, la mitad de ellos murieron sin obtener Justicia y la mitad de los dirigentes de una de las multinacionales automotrices con más peso, entonces y hoy, en el país, sin condena. Sin embargo, los días venideros ilusionan a los sobrevivientes, que comenzarán a descontarle a la desesperanza cuando dos de ellos declaren por primera vez ante jueces, ante sus familiares, ante sus abogados y ante sus verdugos. 

Carlos Propato y Pedro Troiani serán los primeros trabajadores de la Ford en dar testimonio en el juicio que comenzó a mediados de diciembre pasado, tras años de instrucción, otros tantos de espera por el juicio oral y dificultades en la constitución del tribunal. “El juicio para ellos empieza el martes, cuando puedan contar públicamente todo lo que sufrieron. Las primeras jornadas del juicio –en las que se leyó la elevación al debate oral de la jueza federal Alicia Vence y las negativas de los acusados a decir nada– fueron la previa. Ahora les llega el momento que esperaron por décadas”, explica a este diario la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, quien junto a Tomás Ojea Quintana y Marcos Aldazábal dirigen la querella de los obreros de la fábrica de automotores ubicada en General Pacheco en el juicio.  

En 1976, Carlos y Pedro eran obreros y delegados de la Ford Motor Argentina, que en su planta de General Pacheco empleaba entonces a más de 7 mil personas, entre la fábrica y la administración. De esos miles, solo un puñado de decenas se convirtieron en víctimas del terrorismo de Estado que, allí en esa automotriz, llegó hasta el campo de recreación. El martes, desde las 9:30, Carlos y Pedro contarán ante el tribunal Oral Federal Número 1 de San Martín como el 13 de abril fueron secuestrados de sus puestos de trabajo y torturados en “El quincho”, como llamaron al centro clandestino que la fuerzas de represión ilegal en connivencia directa con la dirigencia civil de la empresa montó en el campo deportivo en el que los obreros jugaban a la pelota de tanto en tanto en la planta de General Pacheco. Ambos fueron trasladados luego a la Comisaría de Tigre y “blanqueados” en diferentes prisiones. Fueron liberados un año después. 

En la seguidilla de testimonios le seguirán los otros del grupo de 24 víctimas protagonistas de los hechos que se ventilarán en el debate. Que la denuncia por lo sufrido los mantuviera unidos en una sola querella es otra razón para que este juicio se destaque entre los que fueron sucediendo desde que las leyes de obediencia debida y punto final fueron declaradas inconstitucionales. “Es el primer juicio a civiles empresarios cómplices del terrorismo de Estado que integra a todas sus víctimas en un solo debate”, puntualizó la abogada. En el proceso en el que se juzgó a dirigentes de La Veloz del Norte fue tenido en cuenta un solo caso. 

Otra de las razones es, desde ya, la presencia entre los acusados de empresarios que no solo se beneficiaron con la dictadura sino que actuaron de manera directa en la persecución y la represión ilegal. Son dos dirigentes de la empresa los que están acusados de los crímenes que vivieron en carne propia: el ex gerente de manufacturas Pedro Müller y quien fue jefe de seguridad de la planta, el teniente coronel retirado Héctor Francisco Sibilla comparten cargas de delito con el genocida varias veces condenado por delitos de lesa humanidad Santiago Riveros, que durante los años de terrorismo de Estado fue jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo. Deberían también haberse sentado en el banquillo quien fue el presidente de la Ford Nicolás Courad, que murió en 1989 y quien fue gerente de relaciones laborales de la compañía Guillermo Galárraga, que alcanzó a ser procesado, pero murió el año pasado con 93 años.

“El tiempo en estos casos implica impunidad. Los acusados llegan al juicio con 90 años o más y ni siquiera en prisión domiciliaria. Otros dos murieron impunes. El tiempo siempre juega a favor de los genocidas”, definió Gómez Alcorta. 

La investigación judicial sobre los hechos sufridos por los obreros de la Ford tiene su inicio en 2002, con una denuncia presentada por el fiscal Félix Crous. En un primer momento, el expediente fue dirigido por el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal federal Federico Delgado, pero en 2006 fue traspasado a la Justicia Federal de San Martín, en donde lo mantuvieron paralizado. Siete años después, fue reactivado por la jueza federal Alicia Vence, quien finalmente elevó la causa a juicio en 2014, previo procesamiento de los tres ex directivos Müller, Galárraga y Sibilla. 

Sin embargo, las demoras en la investigación no fueron las únicas. Los obreros debieron soportar los años subsiguientes el peloteo entre magistrados que no querían hacerse cargo del debate. “La imposibilidad de integrar un tribunal fue una señal de alarma que indicó el peso que este juicio tiene para la corporación judicial. Durante mucho tiempo no tuvo fecha de inicio y luego fue pospuesto”, consideró la abogada querellante. En 2016 obtuvo una primera fecha de inicio, en marzo pasado. Pero fue pospuesto. En noviembre se jubiló la presidenta del TOF de San Martín, Marta Milloc, lo cual devolvió a la cuerda floja la inauguración del debate, que finalmente comenzó el pasado 19 de diciembre. Tres de los cuatro jueces que participan son de otras jurisdicciones. 

Gómez Alcorta hizo hincapié en “el peso” de este juicio, que se vislumbra no solo en la molestia que genera en la corporación judicial, sino también en la civilidad que esconde su complicidad con la última dictadura. “Ford es un caso prototípico por los aportes que hizo su dirigencia al terrorismo de Estado que fueron desde la instalación de un centro clandestino dentro del predio de la planta hasta la presencia militar allí, la entrega de información sobre obreros, el aporte de vehículos y combustible a la represión”, indicó. 

Por último, asumió el “desafío” que, consideró, implica el desarrollo de este debate “en un momento político en donde hay una decisión de desacelerar el proceso de memoria, verdad y justicia y de morigerar sus efectos con, por ejemplo, las prisiones domiciliarias a los responsables de delitos de lesa humanidad”. “Pensar que en este momento tan difícil pueden estar sentados en el banquillo de los acusados dos miembros de las firmas más grandes de la industria automotriz que aún continúa funcionando en la actualidad es un verdadero desafío”, concluyó.

lunes, 20 de noviembre de 2017

Represores irán a juicio por caso Sheraton


Entre los imputados se encuentran exmiembros del Ejército y de la Policía bonaerense
Cuatro militares y dos expolicías  irán a juicio el próximo lunes por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino Sheraton, que funcionó en la localidad de Buenos Aires de La Matanza durante la dictadura militar (1976-1983). 

Los exfuncionarios argentinos declararán ante el juez por los delitos, realizados durante diciembre de 1976 y abril de 1978, ubicado en la subcomisaría de Villa Insuperable que dependía de la Comisaría tres de Villa Madero, fue usado para alojar ilegalmente y torturar a detenidos.

Los condenados son el exgeneral Héctor Gamen (condenado a prisión perpetua por crímenes en Vesubio) fue apartado por problemas de salud y los principales imputados son Rodolfo Enrique Godoy, exsegundo jefe del Grupo de Artillería Mecanizada de Ciudadela, y el coronel (R) Manuel Antonio Luis Cunha Ferré, oficial de Inteligencia que tenía a su cargo Sheraton.

Gamen, de 92 años, fue segundo jefe de la Brigada de Infantería de la que dependía el Grupo de artillería, en tanto Juan Manuel Costa, que murió en 2014, fue subjefe de esa unidad militar hasta finales de 1977.

A tres de los implicados se les acusa del homicidio de Carlos Alberto Hobert y Graciela María Maliandi el 17 de diciembre de 1976 en una operación ilegal "íntimamente ligado al Sheraton", señaló el fiscal Federico Delgado.

El Sheraton dependía en aquel momento de la comisaría de Villa Madero que, a su vez, lo hacía de la Unidad Regional Morón. Sin embargo, las instalaciones quedaron bajo el mando del  Grupo de Artillería Mecanizada 1 del Ejército, situado en la localidad de Ciudadela.

El Tribunal Oral Federal N° 1 de la Capital Federal determinará las responsabilidades penales que corresponden a las 18 privaciones ilegales de la libertad agravada, la aplicación de tormentos y 2 homicidios.

sábado, 24 de junio de 2017

asación rechazó conceder el 2x1 al ex jefe de Campo de Mayo Santiago Omar Riveros

Se trata del primer fallo del máximo tribunal penal del país luego de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que resolvió que la derogada ley del 2x1 es aplicable a los condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

La Cámara Federal de Casación penal rechazó hoy la aplicación del beneficio del 2x1 al ex jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo Santiago Omar Riveros, quien fue condenado a cadena perpetua por la desaparición de un joven militante comunista.  
En un fallo de más de 40 páginas, los miembros de la Sala II de Casación remarcaron el “irrenunciable compromiso asumido por el estado argentino de sancionar adecuadamente las graves violaciones a los derechos humanos”.

Riveros fue condenado en agosto de de 2009 por el secuestro, la tortura y el posterior asesinato del joven Floral "Negrito" Avellaneda y por el secuestro y la tortura de su madre, Iris Pereyra.

La defensa de Riveros había interpuesto un recurso de casación contra la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín pero en el fallo de hoy los jueces Alejandro W. Slokar y Mariano H. Borinsky lo rechazaron. 

Por su parte, la juez Ángela Ledesma, sin pronunciarse sobre el fondo, votó por la remisión de las actuaciones al Tribunal Oral Federal de San Martín, en virtud de las “nuevas circunstancias”.

En su voto, Slokar sostuvo que el 2x1 era inaplicable para este caso "especialmente teniendo en vista las irrenunciables obligaciones internacionales asumidas por el estado argentino de efectivizar la investigación, juzgamiento y sanción adecuada de graves violaciones a los Derechos Humanos”.

El juez Borinsky sostuvo que quienes sancionaron la ley del 2x1 no pudieron prever una excepción para los caso de Lesa humanidad toda vez que se sancionó durante el período que estaban vigentes las derogadas leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Riveros fue detenido en el año 2007 (la ley del “2x1” perdió vigencia en el año 2001) y condenado en el año 2009 a la pena de prisión perpetua por los hechos de los que resultaron víctimas Iris y su hijo Floreal,que tenía catorce años.

El padre de Floral, a quien el operativo conjunto de las fuerzas policiales y militares pretendía detener el día que secuestraron al adolescente y su madre, era delegado de la fábrica textil Tensa.

Avellaneda y su madre fueron secuestrados en el domicilio familiar, desapoderados de bienes personales, y trasladados a la Comisaría de Villa Martelli y posteriormente a Campo de Mayo, donde fueron torturados y Floral, asesinado.

El cadáver del joven fue hallado un mes después de su desaparición en las costas de la República del Uruguay, con signos de haber sufrido torturas físicas  

lunes, 12 de junio de 2017

Rafecas procesó a ocho represores por delitos de lesa humanidad

Procesados por seis asesinatos
El juez federal Daniel Rafecas consideró probada la responsabilidad de ocho ex policías federales en crímenes cometidos entre 1976 y 1977. Entre los imputados figura Alfredo Vidal, que a fines de los 80 participó del secuestro de Mauricio Macri.

Por Ailín Bullentini
Las víctimas fueron asesinadas mientras estaban indefensas, señaló Rafecas.

Ocho ex policías federales integrantes de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) y de otras dependencias de la fuerza durante el terrorismo de Estado fueron procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. El juez federal Daniel Rafecas consideró probada la responsabilidad de los ex efectivos –entre los cuales figura Alfredo Vidal, quien a fines de los 80 secuestró junto a la Banda de los Comisarios a Mauricio Macri– en el asesinato de seis personas durante tres operativos entre 1976 y 1977. Según las actas policiales de la época, la fuerza había registrado las muertes como producto de “enfrentamientos” fraguados. Rafecas consideró probado que las víctimas, algunas de ellas militantes de Montoneros y ERP, fueron perseguidas, atrapadas en “operativos ilegales”, tiroteadas mientras estaban “en posiciones de indefensión” y luego fusiladas.  

Rafecas ordenó los procesamientos con prisión preventiva de los ex federales en el marco de la investigación que desarrolla sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Primer Cuerpo del Ejército. Sin embargo, Rafael Romero, Daniel Amarillo, Miguel Olarte, Manuel Ichicovich, Juan Ríos, Osvaldo González, Alberto Mattone y el secuestrador Vidal, todos vinculados al funcionamiento del centro clandestino de detención “Coordinación Federal”, que tuvo entre sus sedes a la SSF, estaban detenidos desde marzo pasado. El 24 de marzo, cuando se conmemoró el 41º aniversario del último golpe de Estado, declararon en indagatoria, paso con el que el juez federal confirmó sus responsabilidades.

Romero era inspector cuando “comandó la comisión” policial de la SSF que el 18 de mayo de 1976 reventó el departamento donde vivían Jorge Caso y su esposa María Marta Imaz Garzón. La patota la completaron ocho efectivos, entre los que figuraron Amarillo y Olarte, que eran subinspectores; el entonces sargento primero Ichicovich y los cabos Ríos y González. Según el acta policial incluida en la causa, cuando los policías pidieron ingresar al departamento de Yatay al 700, donde también se encontraba Bernardo Levenson, sus habitantes intentaron escapar y comenzaron a disparar. Documentos de inteligencia policial calificaban a Imaz Garzón de “montonera” y a los tres de “subversivos”.

En enero de 1977, en un operativo de similares características sucedido en un departamento de Villa del Parque fueron asesinados Carlos Jeifetz y su compañera Nora Salvarezza. El procedimiento fue comandado por Mattone, quien entonces era comisario inspector y jefe de la Zona I de la SSF. Vidal integró la patota. Los registros policiales atribuyeron las muertes de Jeifetz y Salvarezza a un “enfrentamiento con subversivos”. Ambos integraban el ERP.

Dos meses después, en Almagro, otra patota asesinó a Mario Lerner, quien militaba en Montoneros. A Mario y a su novia, los represores los esperaron el 17 de marzo de 1977 dentro del edificio donde vivían, en Don Bosco al 4100. A la noche llegó el “Ruso”, a quien le dispararon dos veces y cayó del primer piso al patio interno. De allí se lo llevaron a la rastra hasta un Ford Falcon, al que también subieron a su novia. En ese coche estaba Olarte. Según los registros de la SSF, la captura de la pareja había sido pedida por “fuerzas conjuntas” que respondían al Primer Cuerpo del Ejército. 

Lejos de lo que plantean las actas policiales de la época, Rafecas consideró que las seis víctimas fueron asesinadas en “operativos ilegales”, carentes de órdenes de allanamientos con información recolectada en actividades de inteligencia y que sus muertes deben ser investigadas como “homicidios agravados”. “Los tres casos fueron procedimientos ilegales por no contarse con la autorización de la autoridad judicial correspondiente que justificara el ingreso a los domicilios de las víctimas”, postuló el juez en la resolución en la que procesó a todos los ex policías por considerarlos coautores de seis homicidios agravados.

“En todos los casos se pretendió justificar la realización de los procedimientos en la presunta condición de ‘subversivos’ de las personas cuya detención se procuraba, la cual habría sido determinada en función de información de inteligencia de la cual nunca se dio cuenta, como tampoco se hizo alusión alguna a qué presuntos delitos habrían cometido las víctimas como para justificar los procedimientos a realizar en sus domicilios”, continuó el juez.

Por último, y en base a las autopsias –que integran la causa como elementos de prueba–, el magistrado concluyó que “en los tres procedimientos los disparos que provocaron la muerte de las víctimas fueron efectuados mientras estas se encontraban indefensas”. Algunas de las víctimas recibieron más de diez disparos. Todas fueron fusiladas o “rematadas”.  

miércoles, 15 de marzo de 2017

Sábado 18/03 acto y marcha en la Guarnición Militar Campo de Mayo

Nuevamente como desde hace once años la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo convoca el sábado 18 desde las 9,30 horas  a una marcha y  acto en la Guarnición Militar Campo de Mayo, con accionar en desde el 24 de marzo 1976 en la Zona 4, que abarcaba los partidos de General Sarmiento, Escobar, General San Martín, San Isidro, San Fernando, Tigre, Vicente López, Tres de Febrero.

La juntada es para no ceder entre las acciones de los que galvanizan el olvido y las acciones de la militancia, media una distancia enorme, no de palabras, sino de significación acerca de cuál es la sustancialidad de la democracia en el contexto de la imprescriptibilidad de los crí menes de lesa humanidad.

El acto será  frente al Hospital Militar donde la empresa Mercedes Benz instaló un aparato de neonatologia para los partos de las compañeras detenidas con el posterior  apoyo del Movimiento Familiar Cristiano, en la entrega y apropiación de los niños de las víctimas del terrorismo de Estado. en un juicio que no se acepta mas dilaciones.

A mas de una década de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en los cursos de acción de los juicios se demostró la activa participación de empresarios, jueces y fiscales, monjas y sacerdotes, en particular los capellanes,  entre otros que conformaron la alianza cívico militar que ejerció el poder desde antes del 24 de marzo del 76 .  La Masacre de Capilla del Rosario en Catamarca el 11 de agosto de 1974  con el fusilamientos de 14 combatientes que se entregaron con vida, el Operativo Independencia desde febrero 1975 y la represión fabril en Villa Constitución el 20 de mazo 1975, por citar didácticos ejemplos.

Esta guarnición militar de exterminio de trabajadores, familiares, militantes y combatientes todavía se espera que todos sus responsables sean sentados en el banquillo de los acusados ( apenas se han concretado doce juicios) y que no sean beneficiados con el punto final biológico, gracias a un andamiaje jurídico impulsado por los defensores oficiales y por quienes desde el Poder Judicial son renuentes a avanzar. Un grupo de tareas que persiste y ahora con oxigeno oficial.

Un muro de impunidad que desde la militancia potencia no ceder en Memoria, Verdad y Justicia, sino aceptar el desafío ideológico desde el bloque de poder de cerrar las heridas del pasado.

miércoles, 29 de junio de 2016

Los secuestros en la planta de la Ford serán juzgados en marzo de 2017

Llega el juicio, pero un acusado murió

Guillermo Galarraga, ex gerente de Relaciones Laborales de la planta, era uno de los tres civiles que iba a ser juzgado por los secuestros de los obreros de la fábrica.

 Por Alejandra Dandan

Pedro Troiani conserva las imágenes aún frescas. Año 1976. La planta argentina de la automotriz norteamericana Ford Motors estaba ubicada en la localidad de Pacheco. Los Falcón eran uno de los modelos de mayor producción porque eran duros y duraban mucho tiempo. Troiani observaba a los militares pasar con los Falcon por los surtidores de la planta, donde cargaban combustible y salían sin patentes. Lo mismo sucedía con los militares de ronda por la Panamericana, cuando sus camiones entraban a la Ford para cargar combustible. Él era delegado de la sección montaje. Fue el último de los 24 obreros secuestrados por oleadas entre marzo y abril de 1976. Luego de haber visto que todos los días se llevaban a uno de sus compañeros, se atrevió, como dice, a ir a ver al Jefe del área militar “sin pensar lo pasaba”.

Hace una semana, el grupo de ex delegados de la Ford que impulsa sin paz desde hace casi cuarenta años la investigación por los secuestros, tuvo dos noticias. Por un lado, supieron que el Tribunal Oral Federal de San Martín, luego de muchísimas demoras, le puso fecha al comienzo del juicio oral para el próximo 14 de marzo. Por otro lado, se enteraron de la muerte de Guillermo Galarraga, entonces gerente de Relaciones Laborales de la planta, uno de los tres civiles que iba a ser juzgado en el juicio y la persona que sabía quiénes eran los integrantes de las comisiones internas y con quiénes se reunían los trabajadores. Galarraga tenía 92 años. Al saber la noticia, la esposa de Troiani se sentó a escribir un correo: “El círculo se está cerrando”, comenzó.

“Cuando nos enteramos de la noticia nos amargamos muchísimo porque creemos que esto es lo que la justicia pretende –dice Troiani–: pasa el tiempo y nos vamos muriendo y en definitiva este tipo que fallece fue procesado, pero muere sin un juicio final. Es un problema para todos, hasta para ese mismo hombre porque falleció, su familia sabe que estaba acusado de un crimen de lesa humanidad y en un juicio hubiese tenido la posibilidad de defenderse. Esperemos que quede al menos uno con vida para el juicio que empezará en marzo.”

La espera se prolonga desde hace años. Durante la vigencia de las leyes de impunidad, la CTA denunció en España la existencia de un centro clandestino en el predio de Pacheco de la Ford. El quincho que funcionó como el primer lugar de traslado y detención de los prisioneros también fue denunciado por Troiani durante los juicios de la Verdad, un testimonio con el que el fiscal Felix Crous pidió en 2002 la apertura de la causa. Pasaron más de diez años hasta que la justicia procesó a tres directivos vivos de la Planta. Además de Galarraga, fueron procesados Pedro Müller, gerente de manufactura, a quien los sobrevivientes describen como mandamás de Pacheco y verdadero jefe político y y Héctor Francisco Sibilla, Jefe de seguridad y uno de los hombres más recordados por su carácter de militar retirado del Ejército, luego contratado por la Embajada de Estados Unidos en seguridad hasta que se jubiló en 2004.

En enero de 2015, el Tribunal Oral Federal de San Martín tomó declaración de modo adelantado a dos testigos y ahora lleva 14 meses desde la apertura de las pruebas, paso previo al debate. En el último mes de mayo, el abogado de los delegados de Ford, Tomás Ojea Quintana, presentó un “pronto despacho” para reclamar una fecha de comienzo del juicio, en una jurisdicción con problemas endémicos por la acumulación de causas en el tramo de juicio oral. “Es un caso emblemático para dilucidar de qué forma se comportaron ciertos sectores productivos de nuestro país durante el terrorismo de Estado”, dijo el abogado. La resolución, sin embargo, no define la fecha. Dice que el juicio se hará si Cámara de Casación y el Consejo de la Magistratura se comprometen a integran las vacantes pendientes en el tribunal.

El debate atravesará varios tipos de análisis, que pese al cambio de época vuelve a interpelar no sólo al pasado, sino también al presente. Uno de esos ejes es la relación de la Ford con la dictadura. Y una demanda de los trabajadores para que la automotriz con sede central en Estados Unidos pida perdón por los crímenes. Otro temas es el análisis de los vínculos entre empresa, sindicato y trabajadores. Los delegados pertenecían a la lista verde, de la conducción oficial del Smata, pero estaban enfrentados a la conducción. “Para la época teníamos posibilidad de sacarle a la Ford compromisos y se los sacábamos, por eso nos marcaron: el día del golpe desapareció el cuerpo de delegados”, dice Troiani. Hasta entonces, la comisión interna había comenzado a negociar los convenios directamente con la dirección de la empresa sin el sindicato “porque tardaba demasiado en resolver los problemas”. El 24 de marzo de 1976 Galarraga los llamó a una reunión y les dijo que la vida sindical se había terminado

domingo, 13 de marzo de 2016

La investigación por los crímenes del Primer Cuerpo

Arrestaron a un ex espía del Ejército
En el marco de la causa en la cual se investigan los crímenes llevados a cabo por el personal del Primer Cuerpo del Ejército, el juez federal Daniel Rafecas dispuso la detención del coronel Fernando Jorge Rao, quien durante la dictadura estuvo a cargo de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor del Primer Cuerpo del Ejército, órgano de asesoramiento directo del entonces General de División Carlos Guillermo Suárez Mason, y realizó el allanamiento de su domicilio, donde se halló documentación que quedó en poder del juzgado para su estudio.

El juez dispuso el llamado a declaración indagatoria de Rao, a quien imputó por su participación en el plan sistemático de represión implementado durante la dictadura.

La imputación de Rao se extendió a la privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a 220 víctimas que estuvieron cautivas en el centro de detención “El Vesubio”, doce de las cuales fueron sexualmente abusadas, y el homicidio de 60 personas, 48 de las cuales fueron asesinadas mediante los simulados “traslados” desde el centro de detención, todo ello durante el período en que se desempeñó como “J II” o Jefe de Inteligencia por debajo del Comandante del Primer Cuerpo del Ejército Carlos Guillermo Suárez Mason, entre abril de 1976 y noviembre de 1977, fecha en que fue designado como Subsecretario de la Secretaría de Inteligencia del Estado, donde permaneció hasta fin del año 1979.

La imputación quedó conformada por las víctimas que estuvieron en el centro de detención “El Vesubio” como también por distintos operativos de detención que tuvieron lugar en la Subzona 11. En la misma “línea inteligencia” que se investiga en la Megacausa “Primer Cuerpo”, Rafecas dispuso en el año 2012 la detención y el allanamiento del domicilio de Carlos Alberto Martínez, quien durante la dictadura estuvo a cargo de la Jefatura II de Inteligencia, y fue uno de los principales integrantes del Estado Mayor General del Ejército, órgano de asesoramiento directo al dictador Jorge Rafael Videla.