jueves, 31 de mayo de 2012

Dos exiguas condenas en la Causa Campo de Mayo

Policías a la cárcel

Roberto Bustos recibió 19 años de prisión y Jorge Bianchero, nueve. En el juicio se ventiló el secuestro de un grupo de personas que participaba de un taller literario.

Dos ex comisarios de la policía bonaerense fueron condenados ayer por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín por delitos de lesa humanidad en 1979. Se trata de Roberto Ramón Bustos, entonces a cargo de la división informaciones de la delegación San Martín, y Jorge Julio Bianchero, ex titular de la seccional 3 de Villa Lynch, que recibieron penas de 19 y 9 años de prisión, respectivamente. El tribunal que integran Lucila Larrandart, Héctor Sagretti y Daniel Petrone dispuso que los condenados cumplan la sentencia en una cárcel común. El juicio fue oral y público, pero se desarrolló en una sala con capacidad para ocho personas. Por un accidente cerebro vascular, luego de permanecer varios años prófugo, quedó fuera de juego antes del inicio del juicio el coronel retirado Nedo Otto Cardarelli, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 201 con responsabilidad en centenares de secuestros de personas desaparecidas en Campo de Mayo.

El sábado 12 de mayo de 1979 a la noche un grupo de tareas irrumpió en un departamento de Ecuador 318, en la ciudad de Buenos Aires, y secuestró a seis personas, todos compañeros de un taller literario que, según testigos del juicio, tenían previsto viajar a España para publicar un libro sobre la represión en la Argentina. Las víctimas fueron Noemí Beitone, Jorge Sznaider, Jorge Pérez Brancatto, Hugo Malozowski (los tres estudiantes del profesorado de Historia en el colegio Mariano Acosta) y el matrimonio de escritores que formaban Mirta Silber y Carlos Pérez. Los seis permanecen desaparecidos y existen indicios de que estuvieron en cautiverio en Campo de Mayo. Dos días antes, la policía de Villa Lynch, por orden del Ejército, había detenido a un hermano de Beitone junto con un amigo en un departamento de esa localidad. Ambos fueron interrogados y liberados.

“Nosotros éramos simples informantes, sólo se hacían informes de inteligencia”, intentó minimizar su responsabilidad Bustos, que se encargaba de recopilar la información sobre la “lucha antisubversiva” en la delegación San Martín. “Nosotros nunca hicimos operaciones y también la pasamos mal en esa época, tuvimos que ponernos muy rígidos con nuestros vecinos”, dijo al ejercer el derecho a pronunciar sus últimas palabras. “Mis manos están limpias”, concluyó. Previendo la condena, pidió que se le concediera el arresto domiciliario y se dispuso a esperar el fallo junto a Bianchero en el jardín de la casona de Olivos donde se realizó el juicio.

Uno de los pocos privilegiados que pudo ingresar a la sala fue León Sznaider, padre de Jorge, que tenía 19 años y cursaba el primer año del profesorado en Historia. Familiares y allegados a las víctimas junto con militantes de Hijos y de la Comisión Campo de Mayo aplaudieron de pie al anciano, que con el abogado Pablo Llonto realizó la presentación que permitió reabrir la causa. Sin micrófono, con decenas de personas amontonadas en una escalera, fuera de la sala, esforzándose para escuchar, Larrandart leyó la sentencia: 19 años de cárcel para Bustos como coautor de dos allanamientos ilegales, ocho secuestros, y de los tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos en los casos de quienes permanecen desaparecidos; nueve años de prisión para Bianchero por un allanamiento ilegal y los dos primeros secuestros.

Los jueces destacaron que se trató de delitos de lesa humanidad, por ende imprescriptibles, y encomendaron a la justicia de primera instancia investigar al resto de los policías y militares que participaron o tuvieron responsabilidad en los mismos hechos. A pedido del fiscal federal Marcelo García Berro y en base a la declaración del dictador Jorge Videla sobre el destino de los desaparecidos, los jueces ordenaron que se investigue la responsabilidad de Bustos en los homicidios de las víctimas.

Antes del comienzo del juicio, que duró tres semanas, los acusados habían pedido la suspensión a cambio de una probation, léase tareas comunitarias. Bianchero ofreció además pagar dos mil pesos a la familia de cada víctima como “resarcimiento” por su responsabilidad. El tribunal rechazó los ofrecimientos y también el pedido de arresto domiciliario con el que insistieron hasta ayer. Los ex comisarios afrontaron el proceso en libertad y tras la sentencia quedaron por primera vez detenidos, a sus 78 años y a un tercio de siglo de los hechos. La propia Larrandart actuará como jueza de ejecución. Los presentes aplaudieron la sentencia, nombraron y gritaron “presente” para recordar a cada una de las víctimas. Los condenados quedaron en la sala a la espera de los penitenciarios que los trasladarían a la cárcel. Nedo Otto Cardarelli morirá impune.

martes, 1 de mayo de 2012

Jorge R Videla dijo ante el tribunal que las desapariciones evitaban la reacción de la sociedad

"No producían el impacto que tendrían los fusilamientos”

El dictador debió declarar en una causa que busca saber dónde están los restos del ex jefe del ERP Roberto Santucho. Dijo que no había una lista de los desaparecidos, pero que cada jefe de área llevaba la suya.

 Por Alejandra Dandan

El dictador Jorge Rafael Videla declaró el viernes pasado como testigo ante la Justicia y reconoció que el método de las desapariciones les resultó una figura “cómoda”, que “no provocaba el impacto de un fusilamiento público porque la sociedad no lo iba a tolerar”. Mientras le allanaban su casa con motivo de otra causa, Videla fue convocado por la jueza Martina Forns en el marco de un expediente en el que se busca saber dónde están los restos del ex jefe político del ERP, Mario Roberto Santucho. En ese juzgado, Videla declaró tres horas seguidas. Habló de las listas, dijo que cada uno de los jefes de áreas y de zonas tenían las suyas y explicó que nunca se publicaron porque no hubo acuerdo entre las Fuerzas. En uno de los párrafos más sabresalientes, se explayó sobre los “vuelos de la muerte”, una “cosa” que le atribuyó “específicamente a la marina”, pero en la que aceptó tener entendido que allí viajaban los que iban a ser “ejecutadas o sufrir una condena”, en una obvia referencia a los asesinatos. Videla fue convocado a pedido de la querella representada por Pablo Llonto. A 14 años de su primera declaración, en la que dijo no saber nada sobre Santucho, ahora aceptó haber decidido a hablar “tal como lo viene haciendo en sus (recientes) declaraciones”: reconoció haber ordenado el secreto con el que se decidió esconder el cuerpo de Santucho para evitar homenajes. Y el dato informativo más importante es que señaló al ex general Santiago Riveros como quien sabría dónde está su cuerpo.

“Era difícil pensar que tantas personas podían ser juzgadas y la Justicia estaba asustada por la persecución que habían sufrido los jueces de la Cámara Federal en ese momento”, indicó sobre los desaparecidos, según la copia de su testimonio brindado el viernes pasado en la sede del Juzgado Civil en lo Contencioso Administrativo Federal Número 2 de San Martín. La idea de los desaparecidos, dijo, “salió así, espontáneamente. La figura del desaparecido era la que se tenía que usar, era una figura ‘cómoda’, entre comillas, porque no impactaba en la sociedad”. En ese sentido, poco más tarde agregó: “Se puede discutir el procedimiento aplicado en ese momento a personas desaparecidas, que no era el impacto de un fusilamiento público porque la sociedad no lo iba a tolerar”. También dijo que todo esto ahora lo dice “debido a que las circunstancias cambiaron y que hace 14 años él no hubiera manifestado esto”.

Videla fue convocado al juzgado de San Martín en el marco de una causa civil, no penal, abierta en los años ’90 para investigar el destino de los cuerpos de Santucho y de Benito Urteaga. Llonto representa a Blanca Santucho, la hermana de Roby Santucho, que hoy tiene 82 años y está buscando saber dónde pusieron el cuerpo. Videla fue convocado como “testigo” y no imputado porque el expediente funciona en ese sentido como un juicio por la verdad: no busca responsables penales sino saber qué pasó con el cuerpo (ver aparte). Luego de la difusión del libro de Ceferino Reato con veinte horas de entrevista al ex dictador, en el que habla específicamente sobre el caso Santucho, la querella le pidió al juzgado que convocaran a Reato. Reato declaró cuatro días antes de Videla y eso abrió las chances de esta declaración. Quienes estuvieron presentes se quedaron completamente sorprendidos por lo que entendieron como una predisposición de Videla a declarar: habló sin parar durante tres horas y aunque, tal como viene sucediendo, en ningún momento hizo una autocrítica a lo que sigue definiendo como una guerra contra la subversión, expresó su voluntad de “querer colaborar” y señaló creer que “hay que abrir un poco más la información para blanquear la situación” y “así lo he demostrado con las declaraciones”.

Pese cierto tono reflexivo en algunos pasajes, cuando habló de cuestiones como los listados de los desaparecidos, reclamados desde hace años por los organismos de derechos humanos, asumía la descripción con una postura de tipo administrativo con la lógica que pueden imprimirles a los relatos los burócratas.

Las listas

El juzgado de todos modos preguntó por las listas de los desaparecidos: “Usted dijo en la entrevista (con Reato) que en un momento tuvo en su poder unas carpetas que le entregaron y además unas cartas sobre el tema de desaparecidos”. Dijo que el tema era la gran inquietud que tenían los familiares y que “sí conoció carpetas”. Y sobre qué se hizo con esas listas, explicó que no se difundieron por dos razones: por una cuestión de desorden en los datos y porque no hubo acuerdo entre las Fuerzas. En sus palabras: “Hubo un intento de ser publicadas, pero era una lista muy defectuosa porque los datos que daba el Ministerio del Interior eran globales. Estaban los desaparecidos producto de la acción militar y una persona que fallecía en la calle, como por ejemplo un borracho que se moría en la vía pública”. Las “listas se presentaron ante la Junta y se rechazaron y luego, como síntesis, no se publicaron porque hubo un desacuerdo entre las Fuerzas y además porque no era conveniente publicar las listas con errores porque generaba mayor desconcierto”. Y dijo: “Se sabía que las personas que estaban desaparecidas después de dos años era obvio que estaban muertas, pero no (se sabía) el destino de sus restos”.

Cuando el juzgado preguntó si las listas que contenían datos ciertos tenían el destino de los muertos, respondió claramente, pero pareció decir que no. “En las listas de desaparecidos nunca se hablaba del destino, eso es lo que nunca se ha dado a conocer. No es fácil cumplir con esa obligación moral por la forma tabicada en que se procedía y en algunos casos no hay rastros de eso y no puede publicarse a medias.” Dijo que “una lista que mereciera fe por equilibrada es hoy muy difícil (de reconstruir)”.

Pablo Llonto, que estuvo en la declaración, agrega algunos comentarios sobre ese mismo pasaje. Explica que Videla subrayó que en su momento no se difundieron las listas por dos razones: por desorden en los nombres, que podían tener datos de quienes no habían sido asesinados por el accionar militar, como él lo dijo. Y porque no hubo acuerdo entre la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército. Sobre el eje del “desorden”, hay alguna otra precisión que dio el dictador y hoy es importante: Videla dijo claramente que “no había un lugar que centralizara las listas porque cada responsable de cada cuerpo y de cada zona tenía autonomía para dirigir la lucha contra la subversión, entonces había que recopilar la información de cada uno de esos lugares”. Y eso no se habría hecho. Un dato que dejaría en claro que nunca hubo una lista única con todos los nombres.

“Sobre ese famoso sueño de que haya una lista donde estén todos los nombres, creo que nos va quedando claro hace tiempo que no existió nunca –-dice Llonto–. Cada aparato de represión, como Bahía Blanca, Tucumán, Córdoba y demás, por todo lo que va apareciendo, parece indicar que cada uno concentró su propia información, que no hubo nunca una única lista.”

Los vuelos

Videla llegó al juzgado, esposado, desde la guarnición militar de Campo de Mayo. Estaba vestido de traje y corbata. Llegó con una carpeta azul en la mano, que no abrió. Varias veces repitió ese gesto que se observa todavía en las imágenes que lo muestran describiendo la figura de los desaparecidos: las manos moviéndose en el aire. Cuando lo hacía, les decía a los que estaban presentes que no lo malinterpretaran: dice que en esa imagen él no niega al desaparecido.

En un momento, sobre ese tema intenta discutir los números que le dio a Reato. Y la definición que él dio sobre los 7 u 8 mil desaparecidos de los que habló. “El saldo de la guerra no estaba calculado y los 7 u 8 mil desaparecidos no era la gente que había que matar, como menciona el periodista, sino que fue una consecuencia de la guerra”, dice la declaración, como si fueran dos cosas distintas.

El juzgado le preguntó también por los vuelos de la muerte. Si había escuchado hablar de ellos. Aquí es donde mostró una de sus descripciones más crudas: lo que para él son “condenados” son los militantes asesinados. “Personalmente no los ordenó (a los vuelos) –dijo–. Ni los dirigió y le llegaron (los datos) porque se los habían contado. Era una cosa más de la Armada. Supone que en los vuelos iban la tripulación y las personas que iban a ser ejecutadas o a cumplir una condena, no pudiendo asegurar –dijo– si el Ejército en algún momento utilizó sus elementos aéreos para este tipo de procedimientos.”

También explicó que intentó escribir un libro con su biografía. Entre los asuntos sobre los que trabajó mencionó el caso Beagle, un dato que permite entender ahora que parte de los objetos encontrados en el allanamiento a su casa podrían tener que ver con eso. También dijo que había recibido dos tipos de respuestas entre sus camaradas de armas sobre las declaraciones que está dando. Unos que lo criticaron por haber hablado, otros que no. Una de las expectativas más importantes que generan las declaraciones de Videla entre los querellantes son los efectos que podría tener su decisión entre los oficiales de rango inferior para que se abra de esa manera un camino para que hablen.