domingo, 21 de septiembre de 2014

Una propuesta en busca de reparación

Piden que los represores sean condenados a pagar avisos solicitando información sobre delitos de la dictadura.

En el llamado Juicio de los Obreros, que se realiza en San Martín, las querellas plantearon que los condenados paguen avisos en medios de comunicación para recabar información sobre crímenes del terrorismo de Estado.

 Por Alejandra Dandan

“Tuvieron que pasar treinta años de no ser tomados en cuenta, de injusticias, de trabajar como el culo, de gente que se desmayaba, de gente que quedaba estéril, estropeada, que se moría... Cuando aparece gente que quiere cambiar todo, y fue verdad.” Carlos Marino es uno de los viejos trabajadores de la ceramista Lozadur, cuyo relato integra el libro llamado La Batalla de los Hornos, de Bernardo Veksler. Y a través de ese libro, llegó al juicio oral de San Martín, donde se llevó adelante la última etapa de alegatos del Juicio de los Obreros, sobre la de- saparición de 33 trabajadores de base de la zona norte del Gran Buenos Aires. Las últimas dos querellas –representantes de las víctimas y de organismos de derechos humanos– pidieron penas de 12 a 25 años de prisión para los ocho acusados y perpetua para Santiago Omar Riveros, jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo. También pidieron una investigación penal sobre los cómplices civiles de los secuestros y, con una novedosa iniciativa de “reparación”, propusieron que los condenados paguen avisos en medios de comunicación a difundir las solicitudes de información sobre crímenes del terrorismo de Estado.

“El concepto jurídico de la reparación viene ampliándose”, explicó el abogado Pablo Llonto, por las querellas particulares. Recordó jurisprudencia de otros escenarios, se detuvo en los principios y directivas sobre “el derecho a las víctimas” de Naciones Unidas que prescribe “el derecho a la reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido”. Y, en ese contexto, les dijo a los jueces del TOF 1: “Por lo tanto, como forma de reparación solicitamos que sean condenados al pago de emisión de avisos por televisión y publicación de avisos en los diarios de mayor circulación en el país, en que se requiera información sobre los hechos ocurridos respecto de las víctimas por las cuales sean condenadas, requiriendo además información a toda persona que conozca detalles o documentos sobre los hechos ocurridos contra las víctimas y el destino de sus restos, mínima forma de reparar el daño de la incertidumbre causada a los familiares”.

Este fue uno de los puntos importantes para familiares y ex trabajadores que siguieron en la sala la hora y media de acusación. Después de Llonto, alegó Pedro Dinani, por Justicia Ya! Entre los acusados hay cuatro prefectos, un policía y cuatro militares, incluidos Riveros y el ex dictador Reynaldo Benito Bignone. La fiscalía había pedido penas de 9 a 25 años de prisión, y también perpetua para Riveros. Y como sucedió en la última audiencia, las acentuaciones de todos los alegatos (fiscales, secretarías de Derechos Humanos de Nación y bonaerense) enfatizaron el carácter de la organización obrera en esta zona y la encrucijada que planteó esa organización en el contexto del terrorismo de Estado, con un escenario opuesto conformado por la burocracia sindical, los directivos de las empresas y las alianzas al poder militar.

“Señora jueza, señores jueces –dijo Llonto en el comienzo–: este juicio se llama el Juicio de los Obreros. Y obreras. Con sus identidades, también políticas y sindicales. Queremos sostener esta denominación. Ustedes han visto muchos ojos frente a ustedes de agradecimiento y de súplica. Ojos con llanto, como pocas veces ha ocurrido en los anteriores juicios por delitos de lesa humanidad”, explicó. “Y esto no tiene que ver con el terrorismo de Estado, no solamente, sino con que las víctimas siguen siendo olvidadas.” Recordó aquello que muchos de ellos dijeron en el juicio: “Destrozaron a nuestras familias.” Y recordó cuando Pablo Ramón Leguizamón habló de su señora, obrera desaparecida de Lozadur: “La llevaron por decir la verdad”. Y: “Me quedé solo con una nena de 2 años, nadie me quería atender”. Y les dijo a los jueces: “Estoy tan feliz de estar acá”.

También recordó otras voces, el abogado Segura “cuyo llanto era el dolor de los trabajadores a los que defendía”. O Graciela Villaba, madre de una de las desaparecidas: “He cumplido 60 años y me doy cuenta de que he pasado 38 años pidiendo justicia. Ya no puedo volver más a los 22”. O Liliana Giovanelli o Gloria Garay...

“En este mismo momento, a esta misma hora exactamente, en alguna casa cómoda de algún barrio con ciertos privilegios, un ex gerente, un ex miembro del directorio deben estar recordando sus buenos tiempos al frente de Astarsa, Mestrina, Cattaneo o Lozadur –dijo Llonto–. Y de ellos son parte de las responsabilidades de la catastrófica represión que están juzgando ustedes. Se trataba de familias de obreros, familias humildes, arrasadas por el accionar de dos brazos ejecutores que se aliaron en el objetivo común de aniquilarlas: el brazo militar-policial-prefectura, el brazo civil de los empresarios. Esos dos brazos. Sería hipócrita tratar de separar uno del otro, es muy difícil sin eso dar un reflejo de lo que ocurrió.”

El mensaje fue directo a los jueces. El juicio se hace para juzgar sólo las responsabilidades militares, de policías y prefectura: no entraron los civiles, entre otras razones por problemas en la instrucción del juicio. Durante todo el debate, sin embargo, como ocurre en buena parte de los juicios por causas de lesa humanidad en todo el país, los testimonios de las víctimas se encargan solos de reponer lo que falta. Hablan sin recortes, ni fragmentaciones. Eso generó un cúmulo de prueba que ahora sostiene el pedido que todas las partes hicieron a los jueces: por un lado, que avance la instrucción de primera instancia con esta suma de pruebas, pero por otro que ellos mismos en los fundamentos dejen claro este contexto.

Sobre los pedidos puntuales de continuar e impulsar nuevas investigaciones en esas direcciones, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue especialmente enfática al poner de relieve: 1) todos los fragmentos de los testimonios, y 2) los documentos que marcaron específicamente esa relación durante el debate. Llonto y los familiares dieron otra vuelta: extrajeron los nombres que cada testigo denunció y armaron una lista con cargos y nombres de jefes de personal, gerentes y directivos de las compañías que ya ahí, al ser pronunciados durante el juicio, en la sala, tomaron el cariz de una condena simbólica. “Los civiles directivos de la empresa, los jefes de personal, gerentes, de las empresas Astarsa, Lozadur y Cattaneo” mencionados son: por Lozadur, Mario Jorge Amoroso Copello, Pedro de Landauer, Blanca Guevara de Amoroso Copello, Héctor L. Amoroso Copello, Enrique J. Stegmasm, Santiago Martinet, Pedro Bouché, Jorge Gostonyi, César González Litardo y Manuel María Arias, José Ramón Penas; por Cattaneo, pidieron investigar al jefe de personal De Robertis, a los directores Alejandro Parravicini, Susana Beatriz Cattáneo, Carlos Alberto Gasparutti, Arnoldo Carlos Andrés Cattaneo, además de los integrantes del expediente de la quiebra.

Otro pedido fue que los detenidos continúen con la prisión en una cárcel común. “No hay razones ni legales ni jurídicas para que todos los aquí imputados gocen de privilegios desiguales al resto de los argentinos en una prisión. Basamos esta petición en el principio de igualdad ante la ley.”

La Noche de los Tubos

Los familiares y compañeros de las víctimas de la represión ilegal en la dictadura de Campana conmemoran hoy un aniversario del secuestro de cuatro trabajadores de la empresa Dálmine-Siderca, en un hecho que se conoce como La Noche de los Tubos. En el acto, reclamarán justicia y castigo a los responsables “de estos crímenes aberrantes, para que cada vez duela menos septiembre”. El 22 de septiembre de 1976 fueron secuestrados y desaparecidos Alberto Bedia, Raúl Moreno, Armando Culzoni y Manuel Martínez, cuatro de los más de cincuenta trabajadores de la empresa que fueron secuestrados durante el terrorismo de Estado. Según el relato de un ex trabajador de la fábrica, que presenció los hechos, una camioneta Estanciera se estacionó en la casa de uno de sus compañeros, Alberto Bedia, quien formaba parte de la Lista Naranja de UOM-Campana, que era considerada cercana al PRT-ERP. Luego se enteró de que lo habían secuestrado a Bedia. Sus padres presenciaron el secuestro –los hicieron tirarse al piso boca abajo mientras buscaban a su hijo– y a los pocos días les llegó un telegrama de la empresa: les informaba del despido de su hijo desaparecido. La mecánica se repitió con los secuestros de otros trabajadores, que fueron acompañados con telegramas de despidos por parte de la empresa, que hizo oídos sordos a los reclamos de los familiares de los desaparecidos

domingo, 14 de septiembre de 2014

Las actas de la complicidad empresarial

LA INVESTIGACION DE FAMILIARES Y VECINOS SOBRE LOS OBREROS DESAPARECIDOS EN EL NORTE DEL CONURBANO

En el llamado Juicio de los Obreros, que se ocupa de los secuestros de 33 trabajadores, se presentaron documentos que muestran la connivencia de los empresarios con el terrorismo de Estado. Fueron rastreados por un equipo integrado por parientes de las víctimas y otras personas.

 Por Alejandra Dandan

En San Martín se acerca el final del Juicio de los Obreros, destinado a buscar responsabilidades por los secuestros de 33 trabajadores de algunos grandes centros fabriles de la zona norte del conurbano, como los astilleros Mestrina y Astarsa y las ceramistas Lozadur y Cattaneo. Los secuestrados eran delegados o afiliados a los sindicatos, cercanos a las comisiones internas de las fábricas. El juicio juzga ahora a una parte de los responsables: militares, policías y prefectos. Faltan los responsables civiles: propietarios, directores y personal jerárquico de las empresas con distinto grado de colaboración. Durante el debate se mostraron varios documentos que sugieren esa colaboración. Informes desclasificados de la Embajada de Estados Unidos, archivos de la ex Dipba y también un tramo escalofriante de las actas de reuniones del directorio de Lozadur. Las actas sugieren modos posibles de cómo se articuló esa complicidad, pero impactan porque muestran, como una vieja fotografía, el espanto del patrón ante la envergadura de la organización obrera de la época.

“En la Ciudad de Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre de 1975, reunidos en sesión de directorio en su local social de la calle Bernardo de Yrigoyen 330, 4º piso, los señores directores de Porcelana Lozadur SAyC que firman al pie, bajo la presidencia del doctor Mario Jorge Amoroso Copello y con asistencia de los señores miembros de la comisión de fiscalización que firman también la presente acta, se abre la sesión siendo las 14 horas –escriben–. A continuación toma la palabra el señor presidente y plantea al directorio el problema del ausentismo obrero que supera el 20 por ciento, como así también los continuos conflictos obreros originados artificialmente por el personal perteneciente a la Focra, por lo que será de imperiosa necesidad adoptar medidas, sea cual fuere para evitarlo.”

El hallazgo de estos libros de actas es parte, a su vez, de una segunda trama de este juicio. La historia de un equipo de investigación compuesto por distinto tipo de personas: familiares de los desaparecidos, con sus distintos saberes, pero también un viejo apoderado del sindicato o una vecina, la hija de la dueña de una tienda de pueblo, ubicada a una cuadra de dos hermanas de trabajadoras de Lozadur desaparecidas. Liliana Giovannelli pertenece a ese equipo. Era trabajadora de laboratorios Roche y esposa de Juan Carlos Panizza, Cumpita para sus compañeros, uno de los desaparecidos de Cattaneo, la otra fábrica de cerámicas. Se encontró con estos libros en el juzgado oral de San Martín. Los querellantes los habían mandado pedir al juzgado de quiebras. Cuando estaban ahí, a medida que iba pasando las hojas, Liliana comenzó a tomar notas con lo que tenía a mano. Al llegar a su casa, puso los datos más importantes en un mail destinado a sus compañeros.

El 21 de febrero pasado, Liliana Giovannelli escribió: “En el juzgado oral estaban los libros de actas de la reuniones de directorio de Lozadur desde 1956 en adelante. Revisé a partir de agosto 1973 (toma sindicato), hasta 1978. A partir del ’74 comienzan alusiones al personal en relación con problemas de ausentismo (20 por ciento). En septiembre de 1975 ausentismo y conflictos obreros ‘originados artificialmente por el personal perteneciente a Focra’. En octubre del ’75 hablan del principio de autoridad muy deteriorado en la fábrica y deciden nombrar un gerente general (Ing. Pedro Ernesto Bouche). Cuando presentan el ejercicio del año ’75 atribuyen sus problemas a la política económica y gremial y como ya están en el comienzo del ‘76, dicen: ‘reestablecida la disciplina el rendimiento de la mano de obra ha alcanzado sus niveles normales’. En los meses siguientes las actas son escuetas y casi iguales”.

Hasta octubre de 1977: cuando se producen algunos de los hechos más importantes.
Las actas

Lozadur y Cattaneo eran dos de las fábricas más grandes en la zona norte. Cattaneo tenía 500 trabajadores; Lozadur, en Villa Adelina, más de mil trabajadores, la mayoría mujeres, como quedó reflejado entre los desaparecidos: cuatro de los siete desaparecidos de este juicio son mujeres. Para 1973, las dos fábricas estaban movilizadas. La futura lista marrón tomó la filial 2 de Villa Adelina del Sindicato de Ceramistas. Había reclamos por mejoras de salarios y mejores condiciones de trabajo. Varios testigos recordaron en el juicio problemas por las altas temperaturas de los hornos; afecciones respiratorias por falta de extractores para absorber polvillo. Deterioros físicos por el acarreo de las zorras, usadas para trasportar cerámica dentro de la fábrica. Con el envío de un veedor y una disposición del Ministerio de Trabajo que ordenó elecciones, ese año ganó un armado clasista de la lista marrón. Y volvió a ganar en 1975. Ese año, junto a los astilleros se impulsaba la Coordinadora Fabril en la zona norte con alta capacidad de movilización y enfrentamiento con la burocracia sindical. Después del golpe, la filial quedó intervenida por el comandante de Gendarmería Máximo Millarck. Ya en 1976 y 1977, bajo el peso de la dictadura, los trabajadores continuaron con distintos tipos de reclamos y actividades de resistencia. En ese contexto, a fines de septiembre de 1977, Millarck convocó a una reunión a los delegados y les pidió que volvieran a las secciones para suspender una de las últimas huelgas. Les dijo lo que muchos testigos repitieron durante el juicio: que si no lo hacían, iban a venir los “bichos verdes”. La huelga continuó. El 18 octubre de 1977 Lozadur simuló un cierre por una quiebra cuyos vaivenes ahora se ven escritos en las hojas del directorio. Quince días después, los “bichos verdes” secuestraron a los trabajadores de sus casas y meses más tarde volvió a abrir la fábrica.

El acta del directorio que sigue a continuación es del 14 de octubre de 1977: cuatro días antes del cierre. “El presidente manifiesta que como es de conocimiento de los señores directores, a comienzos del corriente mes se inició en la fábrica un movimiento gremial de acción directa consistente en la disminución intencionada de la producción a pesar del anuncio, previo al movimiento, de que en el curso del mes de octubre se otorgaría un aumento general de salarios. Dicho movimiento ha producido una disminución de la producción y consiguientemente del despacho y de la facturación, de tal magnitud que amenaza hacer conducir a la empresa (...) a no hacer frente a las obligaciones financieras y o bancarias (...) Tal situación hace simplemente imposible continuar soportando un conflicto gremial sin solución aparente por cuanto los obreros no sólo no informan oficialmente los motivos de su actitud, sino que ni siquiera concurren a las citaciones del Ministerio de Trabajo y se han negado a acatar las instrucciones e intimidaciones de las autoridades competentes y del interventor militar en el organismo sindical para normalizar el trabajo. Actualmente, las autoridades competentes han dispuesto que el conflicto queda sujeto a las normas de la ley 21.400 de seguridad industrial. (N. d. R.: de septiembre de 1976, una estrategia para militarizar a los trabajadores en huelga.) El problema del conjunto planteado exige soluciones drásticas y definitivas ya que, de no lograrse las mismas, la liquidación de la empresa será inevitable con todas sus consecuencias jurídicas, económicas y sociales. Por consiguiente se resuelve, por unanimidad, proceder previa intimidación legal al despido con causa justificada de todo el personal en conflicto, en caso de no normalizarse el trabajo a la cero hora del día 15 de octubre.”
Liliana

“Conocí a Carlos (Panizza) en noviembre del ’74, estuvimos dos años de novios, los dos trabajábamos, fuimos comprando las cosas para equipar un lugar para vivir, dos meses antes de casarnos alquilamos una casa en Martínez y en febrero del ’77 nos casamos. Carlos iba a seguir abogacía y yo psicología”, explico Liliana Giovannelli durante la audiencia. Carlos esperaba los certificados de estudio de Entre Ríos. Habían comprado un terreno para construir en José C. Paz. “Trabajábamos duro y los dos tratábamos de hacer horas extra. Carlos estaba en Cattaneo con turnos rotativos: una semana de mañana, una de tarde y otra de noche. Así que nos arreglábamos como podíamos para tener más tiempo juntos. Cuando le tocaba de noche, llegaba a casa a eso de las 6.30 o siete de la mañana, desayunábamos y luego yo me iba a trabajar y volvíamos a vernos a las seis de la tarde y hasta 21.30, cuando él volvía a irse a la fábrica. Eramos recién casados, compartíamos lecturas, las cosas que hacíamos y soñábamos. Carlos militaba en el sindicato. Era afiliado del gremio, participaba de las asambleas, hablaba de política, apoyaba las medidas que se tomaban, era un tipo politizado, sin bien no estaba afiliado a un partido.”

Liliana repite en voz alta alguno de esos reclamos: el polvillo, el calor de los hornos, los sueldos bajos y atrasos en las quincenas.

El 27 de octubre de 1977 horneó una torta de naranja. Desayunaron y Carlos se fue a la fábrica. Ese día el Ejército montó un enorme operativo durante el que se llevaron a tres trabajadores, entre ellos a él. A la tarde, como no volvía, Liliana llamó dos veces a la fábrica.

“Quiero destacar aquí que también en esto se ve la complicidad de la empresa –dijo en el juicio–, porque ante un hecho de semejante magnitud, con un operativo como el que se hizo dentro de la fábrica, con despliegue de Falcons, camionetas, donde introdujeron a los obreros dentro de la fábrica, que duró horas y comprendió dos turnos laborales, que comenzó durante la madrugada con personal de turno noche y continuó durante la mañana, ¿cómo la oficina de personal iba a desconocer lo que había pasado o estaba pasando?”.

Una vez al mes, durante años, Liliana pedía permiso en su trabajo, a veces se lo daban, a veces no, para viajar a la Capital. Iba al Ministerio del Interior a preguntar si había novedades de Carlos. Cuando salía, antes de volver, pasaba por Corrientes y Callao, donde funcionó la sede de Familiares. Siguió trabajando en Roche porque quería conservar la casa alquilada. Creía que Carlos iba a volver, después de todo, todos le decían que se lo habían llevado por averiguación de antecedentes. “Con el resto de los familiares de la fábrica, nunca nada”, dice. “Yo no trabajaba en la fábrica, así que no sabía dónde vivían. En algún momento intenté armar una pareja, pero no pude, porque esta historia nunca se cierra.”

Con el acceso a Internet algo cambió. Cada tanto, googleaba el nombre de Carlos. Encontró el documento desclasificado del Departamento de Estado de Estados Unidos que días atrás se presentó en el juicio. Pero no sabía qué hacer con todo eso, dice, “porque es más, yo tampoco sabía que podía querellar. Yo esperaba que alguien de la Justicia me llamara. Hoy entendí eso, que sí puedo empujar y no esperar a que me llamen, como que cambió mi historia, empecé a meterme más”.

Una noche de 2009, frente a la televisión, miraba por Canal Encuentro un programa de los archivos de la ex Dipba de la Comisión Provincial por la Memoria. Había un obrero, que ella imaginó de Astarsa, entrando a los archivos, no se le veía la cara, pero buscaba entre los archivos. “Nunca se me ocurrió pedir informes ahí.” Y justo en ese momento sonó el teléfono: era Adriana Taboada, de la Comisión de la Verdad, Memoria y Justicia de la Zona Norte.
Adriana

“Yo creo que esto es un tema fundamentalmente de poder y de la transformación de las prácticas”, dice Adriana Taboada. “La mayor parte de la gente, cuando tiene un problema legal, busca un abogado, le transfiere la información y el abogado se ocupa de ver cómo resuelve el problema, entonces el que hace es el abogado y uno espera, y tiene un rol pasivo. ¿Qué nos enseñan estas causas de derechos humanos? A mantener un rol activo durante todo el proceso. Hay momentos en los que el abogado tiene un rol específico, pero después hay todo un universo de cosas para hacer: desde la investigación de todo, no solamente contactar a un familiar o a un compañero, sino recorrer los barrios, buscar testigos, buscar los libros, documentación. Además de declarar o acompañarnos. No delegamos la causa, la causa es nuestra, y es la posibilidad de trabajar colectivamente: se puede enfrentar o resolver esto colectivamente, se genera una práctica: nos juntamos, nos organizamos, pensamos juntos. Es fundamental pensar que el terrorismo de Estado pegó en la fragmentación social y que lo que nosotros hacemos todo el tiempo es volver a tejer donde hay un agujero.”

Adriana tiene cuatro primos desaparecidos, es psicóloga. En algún momento llegó a sus manos un listado de familiares. Llamó a Liliana, y en paralelo le contaron que había un grupo de docentes reconstruyendo las historias de dos hermanas, Dominga y Felicidad Abadía Crespo, dos trabajadoras de Lozadur, en el marco del Programa Jóvenes y Memoria.
Las docentes

“El día que nosotras vamos a la casa de Adriana, estaban Pablo Llonto y Liliana (Giovannelli) y todos nos conocimos ese día: fue impactante porque Liliana nunca jamás había sabido nada de Carlos. Nunca nada. A todo esto, la profesora de historia de nuestro equipo había ido a la ex Dipba y encontrado cosas relacionadas con el gremialismo, el movimiento obrero, ceramistas.”

Ana Bringas vivía a una cuadra de Dominga y Felicidad. Eran hijas de una familia de inmigrantes españoles, perseguida por el franquismo. Dominga, la mayor, tenía 27 años, cocinaba, tejía. Ana era cinco años más chica. Su madre había puesto una tienda con todo lo necesario para un pueblo que recién empieza a formarse. La tienda se llamaba Feria Americana. “Las chicas eran divinas, las dos preciosas”, dice Ana, a tantos años de allí. “Y los Abadía eran gente que, aun con lo que les pasó, ni siquiera les escuchabas una subida de tono: a lo sumo, el padre decía: ¡Estos desgraciados, robaron hasta bebés! Esto era lo máximo. La madre (Baltasara) fue la primera querellante de esta causa.”

Hace años, cuando murió el padre de las chicas, Baltasara se volvió a España con unos sobrinos. Le dejó al casa a otra vecina que guardó muchas de las fotos y documentos de la familia. Ana golpeó la puerta de esa casa cuando era docente del Instituto Superior de Formación Docente de San Miguel. Con dos compañeras (una socióloga, María Conte, y una historiadora, Mónica Parada) llegaron a la vieja casa a reconstruir la historia.

“Yo era chica cuando desaparecieron las chicas, y me acuerdo de que Lanusse estaba esa noche en el barrio porque tenía una casa en Del Viso. Le dijo a la familia que sabía lo que estaba pasando, que no lo compartía, pero que no podía hacer nada. Nosotros nos fuimos embalando con el tema y en marzo de 2008 hicimos una instalación en la Universidad de Tres de Febrero con vajillas de cerámicas de ellas, pero también de Lozadur, porque empezamos a buscar y nos dimos cuenta de que en muchas de las casas había cosas de Lozadur. La fábrica era tan grande y tan importante, tenía tanta importancia para Sudamérica, que todas comprobamos que en nuestras casas teníamos algo.”

La instalación se llamó “Mis vecinas Dominga y Felicidad”. Al comienzo contaba lo que entendían que pasaba: era una historia en círculo sobre una familia de inmigrantes perseguidos por el franquismo que volvían a ser perseguidos acá. “Lo relacionábamos con la fábrica porque sabíamos que había otros desaparecidos, pero no teníamos más que un nombre y nada más.”

En 2009, un año después, se produjo el contacto con la Comisión.
Las conexiones

Liliana Giovannelli agarró el listado de la Conadep y encontró el nombre de Jorge Ozeldin, otro de-saparecido de Cattaneo. Hablaron con una cuñada; ella pasó un teléfono de Mar del Plata; un hermano dio una foto de Ozeldin. Encontraron la foto en Facebook, pero se dieron cuenta de que no era de Ozeldin sino de Omar, su hijo. Omar hoy participa de los juicios.

Ana Bringas fue tres veces a la casa donde había vivido Pablo Villanueva, uno de los desaparecidos de Lozadur. Fue hasta que le abrieron puerta. En la casa todavía vivían las tres familias de entonces. “Di con un hermano, Juan Villanueva, me dijo que vinieron los militares. Me interné a hablar con él, fui sola para que no se asustara, y este hombre me dijo que sí, que iba a declarar. Después volvimos con mi amiga la socióloga, pero esta vez nos dijo que no y la mujer me echó: no quería que se hablara más del tema. Me fui y volví una tercera vez con María. Estuvimos paradas en la puerta de la casa. Nos quedamos ahí. Y bueno, al final salió la mujer y nos dijo que a lo mejor su cuñada nos podía ayudar. Resulta que su cuñada había trabajado en Lozadur.”

Ramón Villanueva, uno de los habitantes de esa casa y tío de Pablo, había trabajado en Lozadur. Lo mismo que su esposa, Rosa Samaniego. Los dos declararon en el juicio.

En 2010 colocaron baldosas en Cattaneo y en el antiguo frente de Lozadur que ahora es el comienzo de un parque municipal. Dora Ludueña, la esposa de Pablo, se acercó al acto. “Muchos familiares se acercaron a ese momento. Hicimos todo un trabajo de territorio en el barrio, puerta a puerta –dice ahora Liliana–. En Cattaneo los secuestros habían sido dentro de la fábrica y pensamos que los vecinos que aún vivían en la zona podían darnos datos acerca del operativo. Y luego con el objetivo de atraer la atención de ex trabajadores decidimos poner la primera baldosa señalando el lugar de donde fueron llevados los obreros e hicimos entre todos las baldosas de Lozadur. Las confeccionamos al aire libre en donde estaba el predio de la fábrica. Fue muy importante porque en esa hechura se juntaron varias generaciones de los familiares y se acercaron muchos ex trabajadores que vivían en la zona.”

Dora Ludueña también fue trabajadora de Lozadur. Y logró declarar durante una de las últimas audiencias. También lo hizo Marisa Villanueva, la hija de ambos.

“Yo creo que el rompecabezas se termina de armar en el momento del juicio –dice Ana–. Ahí terminás de ver todo lo que pasó. Y es impresionante.”

La represión de Estado apuntada a los obreros en los juicios de zona norte

El caso que reveló el ataque a los trabajadores

Esta semana comenzaron los alegatos que permiten reconstruir un capítulo menos conocido de la represión, la que específicamente buscó quebrar comisiones y ahogar reclamos. Las 33 víctimas eran navales y ceramistas.

Por Alejandra Dandan

En el tribunal, las fotos de los obreros desaparecidos por activismo en sus fábricas.

Imagen: Rafael Yohai.

El juicio de los obreros de Zona Norte entró esta semana en la etapa de alegatos. La fiscalía y la querella de las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires pidieron penas de 9 a 25 años de prisión y perpetuas para el policía, los tres prefectos y los cuatro militares acusados, entre los que está el jefe de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros. Sus 33 víctimas fueron trabajadores de astilleros navales y ceramistas, con lo que los alegatos los presentaron como un tipo específico de víctima, como trabajadores organizados. Rescataron sus luchas, la disputa con las direcciones de las fábricas y los sectores de la burocracia sindical, roles revisados durante el juicio desde la articulación con el Estado represivo. Como ninguno de los civiles llegó a ser juzgado, fiscales y querellas pidieron al tribunal que separe testimonios y documentos para impulsar la investigación pendiente sobre “propietarios, directivos, gerentes y todas las personas que han sido mencionadas en los testimonios obtenidos que hayan podido intervenir en los trágicos sucesos, cuya materialidad ha sido perfectamente demostrada en este juicio”, como pidió el fiscal Marcelo García Berro.
En esa misma línea hicieron su pedido las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y la Provincia, representadas por Ciro Annicchiarico y Paula Mañueco: “Pedimos expresamente al tribunal que tome los antecedentes y las piezas probatorias que permiten sospechar, con alto grado de certeza, la responsabilidad concurrente de personal civil empresario de las empresas Astarsa, Mestrina, Lozadur, Cattáneo, en los delitos que fueron objeto del presente juicio”, dijeron. “De numerosas constancias y testimonios se han desprendido datos concretos que permiten concluir que empresarios y directivos civiles de las empresas fueron claros instigadores, cómplices o determinadores de los delitos que afectaron a esos trabajadores. Tales constancias se desprenden, de manera reiterada y concordante de la mayoría de los testimonios oídos en este juicio.”

Los alegatos del martes pasado se extendieron por doce días, de 9 a 21, y aún queda otra jornada prevista para el martes. En el juicio se investiga la responsabilidad por los secuestros y desaparición de 33 trabajadores de algunos de los principales centros fabriles de la zona norte, los astilleros de Astarsa y Mestrina y ceramistas de Lozadur y Cattaneo. Las víctimas fueron en su mayoría delegados y trabajadores cercanos a las comisiones internas. Los primeros desaparecidos a partir del golpe de 1976, y los segundos en 1977, luego de un año en el que continuaron con planes de lucha. En el proceso declararon antiguos trabajadores, sobrevivientes, familiares e investigadores. En los relatos hubo un acento que distinguió este tipo de persecución de la represión política, para subrayar aquí las persecuciones que en muchos casos se impulsaron desde las empresas sobre los trabajadores mas combativos y comprometidos y como respuesta a las luchas, demandas y conquistas laborales. Parte de esa persecución quedó documentada en legajos de la ex Dipba y libros de las empresas, que forman parte del juicio. En ese contexto, los alegatos no fueron iguales a otros. Las lecturas tradicionales en este tipo de tramos de los juicios, ancladas en los reglamentos secretos del Ejército y la estructura del aparato organizado de poder, necesitaron ahora contar el contexto de otra manera.
“Mucho énfasis se ha puesto (en estos años) en el tema de la violación a los derechos humanos y la persecución a los militantes políticos. Sin embargo, un aspecto muy puntual y central para entender la lógica del terrorismo de Estado es el accionar con respecto a los trabajadores”, leyó el fiscal de un texto de Sergio Wischñevsky publicado en Forjando, del Centro Jauretche. De ese texto tomó además otros párrafos: “La lucha contra la subversión funcionó más como una excusa legitimadora que como una realidad que sustentó la instalación de la dictadura. Lo que se buscó fue un cambio histórico más profundo: liquidar el cúmulo de conquistas laborales que distinguían a la Argentina del resto de los países latinoamericanos y dificultaban el establecimiento de pautas salariales y condiciones laborales acordes con las ambiciones del proyecto neoliberal en ciernes. Se atacó a las comisiones internas de fábrica y sus delegados, aunque no todos ellos fueran elementos radicalizados”.

Mas adelante, la fiscalía tomó tramos de un texto de Sabrina Ríos, de la Universidad General Sarmiento, que indica que “las ‘desapariciones’ de trabajadores y dirigentes asociados por el régimen militar a la actividad huelguística funcionaron como verdaderos disciplinadores del movimiento obrero, si bien en algunos casos constituyeron el móvil de protestas y conflictos laborales durante el período”. También sumó voces de Victoria Basualdo, Marcelo Ferreira como quien empieza a forjar un contexto histórico nutrido de un marco teórico, para fundar lo que en el juicio apareció sobremanera. “La participación de los trabajadores en las ganancias estaba en su pico más alto histórico alrededor del 50 por ciento”, se dijo. “El nivel de sindicalización de los trabajadores argentinos era uno de los más altos del mundo, y sin duda el más extendido de Latinoamérica. Este conjunto de conquistas sociales es el que se pretendió desarticular.”
De acá
Las secretarías de Derechos Humanos tomaron estas perspectivas, pero para reconstruir lo que sucedió dentro de las fábricas. Uno de los tramos más impactantes fueron las voces que durante el juicio hablaron de la complicidad de las empresas, y se rescataron en el petitorio final. Allí están los peritos, especialistas, pero sobre todo ex trabajadores.
María Rufina Gastón, por ejemplo, es la esposa de uno de los trabajadores de Astarsa. “Cuando los secuestradores se hicieron presentes en la planta lo hicieron con una lista de nombres y comenzaron a llamar en voz alta en presencia de personal jerárquico de la empresa. Llamaron a un tal Sosa, y uno de los trabajadores dio un paso al frente y dijo que él era Sosa, ante lo cual uno de los ejecutivos de la empresa intervino para decir: ‘No, ese no es el Sosa que buscan, el que buscan ya no trabaja más aquí’; con lo cual se puso en evidencia que era la empresa la que entregaba a los secuestradores listas de obreros para que fueran secuestrados.”

Carlos Morelli, ex trabajador de Astarsa entre 1971 y 1976, delegado y compañero de muchos de los desaparecidos, contó que “el 24 de marzo más de un camión ingresaron dentro de la fábrica, y un funcionario jefe de personal, con una lista, hacía que los fueran deteniendo al ingresar y los hacían subir a un camión. También recordó que había confusiones con algunos apellidos, y eran los directivos los que aclaraban a quién tenían que detener. Dijo que supieron, a partir de la infidencia de la secretaria de uno de los directivos, que la empresa estaba confeccionando una lista de obreros para pasársela a la comisaría cuando se produjera el golpe”.

Luis Fucks, otro ex trabajador de Astarsa, recordó que “el Ejército hizo un importante despliegue y materializó detenciones el mismo 24 de marzo, día del golpe. Ese día, el Ejército entró en la fábrica con listas de trabajadores proporcionadas por la empresa”. Fucks “sabe que había varias listas, y que la responsabilidad directa de los empresarios se puso de manifiesto, por ejemplo, por el hecho de que hubo confusiones con algunos apellidos, por tratarse de homónimos, y que eran los directivos los que hacían la aclaración acerca de quién era al que los militares debían llevarse y a quién no. Recordó que antes de irse de la empresa, en una oportunidad, el jefe de personal le dijo: ‘Ustedes están todos marcados, tarde o temprano se las van a dar’. En otra oportunidad, el empresario Federico Brown en una reunión tuvo una actitud amenazante, dándoles a entender a los delegados que tenía claro quiénes eran, que los conocía bien, y que se los querían sacar del medio”.

Ignacio Fleitas dijo “que el 24 de marzo de 1976 fue martes, que cuando ingresó con otros compañeros al astillero, a las seis menos cuarto de la mañana, en la entrada había un cabo primero del Ejército con una lista en la mano, pidiendo identificarse a los que iban entrando. Que esa mañana vio demorado en portería a un capataz, el gallego Sánchez, que lo dejaron demorado por error, y que los propios directivos aclararon que ese Sánchez no era el de la lista, que era otro. Igual pasó con un tal Deyé, un supervisor, que pudo haber sido Raúl Deyet”.
“Esas intervenciones civiles y empresariales –dijo Annicchiarico– fueron claramente determinantes para que los trabajadores afectados fueran victimizados, ya que de no haber mediado esos señalamientos y esas entregas de listas, tales victimizaciones no se habrían producido.” “Debemos decirlo de una vez por todas de manera clara: las corporaciones empresariales y sus dueños, cuya única lógica es el enriquecimiento a toda costa y sin límites éticos, fueron los ideólogos principales, los autores mediatos últimos, los verdaderos autores detrás de los autores, en muchos casos con terminales de decisión ubicadas fuera de las fronteras de nuestra patria.”

Antes de todo esto recordaron el paso de dos testimonios claves para la primera parte. Claudia Bellingeri, como perito de la ex Dipba y el historiador Federico Lorenz. Bellingieri recordó por ejemplo que dijo que “algunas denuncias fueron hechas por Mariano Quinteros, jefe de seguridad de la empresa Mestrina”. Lorenz fue importante como historiador para situar el contexto de los astilleros, el seguimiento de inteligencia y la burocracia sindical. De los archivos de la ex Dipba recordaron que recordó el valor que poseen los volantes políticos y gremiales que hay allí con descripción de las acciones de los trabajadores, pero también de los informes de las actividades represivas. Explicó que Inteligencia siguió de modo “muy minucioso a quienes consideraba máximos responsables de las organizaciones”, y extraía información de “buchones”. Y cuando le preguntaron de nuevo dijo que había dos tipos de “informantes”, trabajadores buchones o “fuente normalmente confiable del directorio de la empresa”. Como ejemplo habló de Jorge Rampoldi, un ex militante de la CNU, abogado y vinculado a grupos de choque de la zona norte. Tuvo un cargo en Astarsa mientras continuaba como asesor del SOIN (Sindicato de Obreros de la Industria Naval) e interventor del sindicato. “Los informes de Inteligencia sobre los trabajadores se hicieron notoriamente minuciosos para el período 1974/1975 –recordaron–: hablaban de ‘infiltrados marxistas’, de ‘infiltrados subversivos’, es decir desconociendo su clara adhesión peronista.”

En la sala, alguien levanta la foto de Francisco Pallaveccino, que acaba de caerse de una silla. Los pasillos son angostos. Las fotos se caen fácilmente cuando pasan los que llegan tarde. En unas sillas se sientan personas de carne y hueso, muchos familiares de los desaparecidos. En otras, están las fotos, muchos de los secuestrados-desaparecidos. Abajo de la foto de Pallaveccino se lee “Trabajador de Porcelanas Lozadur. Delegado Sindical. Integrante de la Lista Marrón. Federación Ceramista Filial 2 de Villa Adelaina. Detenido Desaparecido, 3 de noviembre de 1977. Presente”.

Al lado, la de Ismael Notaliberto recupera parte de la historia que se escucha en la sala. “Trabajador de Porcelanas Lozadur. Detenido Desaparecido, 2 de noviembre de 1977. Presente.” En la silla siguiente, hay otro de sus compañeros, Ramón Pablo Villanueva, delegado sindical. Y luego otro más.