Juicio Oral por Crímenes en Area 400. Audiencia 26/6/2019.

Desaparecidos de Campana Zarate

Por la mañana del Miércoles 26 de Junio último, tuvo lugar la primer audiencia por los crímenes cometidos durante el terrorismo de estado en Zárate-Campana. En el marco de la Causa Nº 3223, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº    1  de San Martín, viene llevando a cabo estas audiencias donde se juzgan y sancionan los crímenes cometidos bajo la responsabilidad del Área 400 en Zárate, Campana y Lima.

Luego de las observaciones efectuadas por el Ministerio Público Fiscal y las distintas querellas ante el Tribunal, tuvieron lugar las primeras declaraciones testimoniales de ciudadanos y ciudadanas que fueron víctimas de la represión sistemática en estas 2 localidades.

Se explicó y se desarrolló lo  terrible que fueron las detenciones ilegales, los operativos clandestinos nocturnos en casas y hogares. La persecución y  destrucción de familias y grupos sociales de nuestra  comunidad en su totalidad a través del exterminio físico en el espacio público y la desaparición forzada de cientos de  personas en las dos ciudades durante la última dictadura.

En el marco de esta causa se investigan y sancionan los crímenes cometidos sobre un total de 52 que agrupan a todas las historias de familias y vecinos de nuestra comunidad y la región.

Declararon en esta oportunidad, Miguel Vaz, quien explicó a los jueces y fiscales su historia y su experiencia. Habiendo sido detenido, secuestrado y sacado por la fuerza de su casa, con tan sólo 23 años de edad. Los interrogatorios y la brutalidad con que fueron sometidos sus compañeros y compañeras de cautiverio, dentro del circuito clandestino de detención.

 Vista del ex CCD Casa Guerci. En la audiencia se expusieron testimonios referidos al paso de varios detenidos que fueron secuestrados e interrogados allí durante finales del año 1976.

Continuando, fue Raúl Mairotte quien manifestó los hechos de los cuales fue víctima junto con su esposa Ramona Godoy, ya fallecida. Raúl fue secuestrado ilegalmente de su domicilio junto con su mujer, siendo llevado a distintos centros clandestinos de detención en la región. Logrando reconocer a algunas personas que hoy se encuentran desaparecidas. Forma parte de muchas de las víctimas que privadas de su libertad, fueron llevadas a Campo de Mayo.

Laura Hiétala, en nombre suyo y de toda su familia narró la tragedia y el genocidio, del cual su familia fue víctima y destinataria. Sus padres Guillermo y Susana desaparecidos en la localidad de San Isidro, militaban en el PRT desde muy jóvenes. Compartieron previamente a su detención un grado de persecución permanente por su militancia en el cordón industrial de la zona norte bonaerense. Poco tiempo antes de su secuestro transitaron experiencias en su militancia política con Carlos Alberto Solsona y Norma Cíntora, ambos padres de la posteriormente nieta Nº 129, que fue encontrada este año por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. También los abuelos maternos de Laura fueron secuestrados en el mismo mes en Zárate en su casa de la Calle Guemes al 600 y su abuela Hanna Hiétala, desaparecida en San Andrés de Giles, mientras lograba salvar la vida de sus dos nietas.

Susana Estela Cali, madre de Laura Hiétala, desaparecida en San Isidro en Mayo de 1977. Laura contó la historia de toda una familia afectada hasta el día de hoy por el genocidio en la zona Norte de la Provincia de Buenos Aires.

Los abuelos de Laura junto con su hermana Amanda en brazos. Ítalo Américo Cali y Susana Esther Filippi. Don Ítalo fue un obrero tornero mecánico muy recordado por todos sus compañeros en Barrio Villa Massoni de Zárate. Fueron secuestrados y desaparecidos en Mayo de 1977 en su casa de Calle Guemes en este barrio.

Por su parte Carolina Moreno, compartió frente a otros testigos y miembros del Tribunal, como con tan sólo 6 años de edad, su padre fue arrancado de su vida y de su historia: Rómulo Miguel Moreno, ex Secretario del Gremio Petrolero de Campana durante las movilizaciones contra los recortes del gobierno de Frondizi y mas tarde delegado ferroviario en los Talleres de la Ciudad de Campana, fue secuestrado  y desaparecido en Septiembre de 1977. Carolina expuso el dolor y lo terrible de la privación permanente de la presencia del sostén familiar hasta el día de hoy, a pesar de las mas de tres décadas de estos hechos, dejando absolutamente en claro, la imprescriptibilidad y la universalidad de los daños producidos sobre el grupo familiar.

Rómulo Moreno junto a su hija Carolina, años antes de los hechos. Juntos en una plaza en Zárate. Rómulo fue secuestrado al ingreso de su trabajo en los talleres ferroviarios de Campana, en Septiembre de 1977. Hasta el día de hoy su familia exige la reparación y justicia sobre su paradero y los responsables de los hechos.

A partir de estas audiencias iniciales se vienen exponiendo en las actuaciones y testimonios los primeros casos referidos a la desaparición de : Rómulo Miguel Moreno, Celiza Martha Izaga, Miriam Coutada, Ramona Godoy; Mario Alberto Nebulosi, Rubén Roberto Rossi, Ítalo Américo Cali y Susana Filippi, Julio Eduardo Galeano, Américo Rodríguez.

Todas estas personas(al igual que en el resto del país) fueron víctimas de secuestros ilegales y desaparición forzada a partir de la sanción de la directiva Nº 405/76 por el Comando de Institutos Militares, el cual estableció la creación de la Zona Militar Nº 4 y la organización en áreas de cuadriculación territorial para profundizar la represión y persecución sistemática sobre la población civil, iniciando la etapa mas oscura en la historia de la sociedad argentina. 

Dentro de esta cuadriculación y en el marco de esta directiva se creó el Área Militar Conjunta Nº 400 Zárate-Campana, cuyo asiento se encontraba en la Fábrica Militar de Tolueno Sintético en Campana. Desde allí se planificó y diseñó el accionar represivo sobre la población civil de las 2 ciudades entre Junio de 1976 y mediados de 1980.

El Tribunal interviniente se encuentra integrado por los Doctores Silvina Mayorga, Daniel Omar Gutiérrez y Nada Flores Vega.

Familiares y Querellantes de Zárate, Campana y Escobar exigimos Justicia y Verdad por estos crímenes cometidos sobre nuestra comunidad.

Queremos que se califique como genocidio a todos estos hechos producidos y en tal carácter, la cárcel común y efectiva sea una realidad fundante para los autores materiales e intelectuales y los cómplices de estos hechos.

#NuncaMás

#MemoriaVerdadJusticia

#NoHayPenaNoOlvidoHayJusticia

#FueTerrorismoDeEstado (1974/1983)

Campo de Mayo: detuvieron a represores y se negaron a declarar

Pacífico Luis Britos

Por la Policía de Seguridad Aeroportuaria

Cuatro de ellos habían sido apresados entre el domingo y lunes, y el restante cumplía prisión domiciliaria y fue conducido por la fuerza para declarar en el juzgado. A los cinco se los interrogó por su accionar como responsables de la plana mayor de Zárate-Campana. “Eran los encargados de poner los medios a disposición de las fuerzas de tareas”, dijo el fiscal.

Fotos: Gustavo Molfino.

Por: Juan Manuel Mannarino

Alfredo Oscar Arena

ANTECEDENTES

"El horror en el banquillo": el libro de los juicios de Campo de Mayo

Campo de Mayo, territorio y guarnición militar en una performance...

Campo de Mayo: un nuevo juicio por lesa humanidad en San Martín

Cinco represores fueron indagados en el Juzgado Federal de San Martín por la megacausa de Campo de Mayo. Cuatro de ellos habían sido detenidos entre el domingo y lunes, y el restante cumplía prisión domiciliaria y fue llevado al Tribunal. Todos, sin embargo, se ampararon en el silencio. “Son de la plana mayor de la zona de Zárate Campana, y se los indagó por casi 30 casos. Pero se negaron a declarar”, dijo el fiscal Hugo Bogetti 

Federico Mitchel

Los represores detenidos por la Policía de Seguridad Aeroportuaria son: Alfredo Oscar Arena, Ramón Vito Cabrera, Federico Ramírez Mitchel y Pacífico Luis Britos. Mientras que Pascual Muñoz ya estaba con prisión domiciliaria y fue conducido por la fuerza para declarar en el juzgado. Se los interrogó por su accionar como responsables de la plana mayor de Zárate-Campana, que fue parte del  área 400 correspondiente a la zona 4 de Campo de Mayo.

Pascual Muñoz fue intendente interventor de Florencio Varela y jefe del Departamento Personal del Estado Mayor entre 1980 y 1982. Está imputado por 47 casos de lesa humanidad. En Campo de Mayo, se lo acusa por participar de por los crímenes ocurridos en la frustrada operación de la Contraofensiva

Vito Cabrera

Montonera en los años 1979 y 1980.

Pacífico Luis Britos.

Mientras los otros represores se mantuvieron en el anonimato, no fue el caso de Pacífico Luis Britos, que sigue dando conferencia sobre doctrina militar en ámbitos privados. En agosto de 2014 disertó sobre la figura de Julio Argentino Roca. Allí dijo: “Es uno de los personajes más importantes que formaron parte del glorioso Ejército Argentino, puesto que esa formación militar, surgida de una fuerte vocación, lo acompañó durante toda su vida y sirvió de base para desarrollar su personalidad, que le llevaron a ser uno de los políticos más destacados que consolidaron como Estado-Nación a esta querida Argentina nuestra”.

Se calcula que por Campo de Mayo, una de las más grandes dependencias militares del país, pasaron cerca de 7 mil personas, y sólo sobrevivieron 100.  “Fue un área con alto nivel represivo, que atacó fuertemente la militancia política y laboral. Era una zona fabril e industrial fuertemente sindicalizada. Y todavía tenemos pendiente cómo fue la relación 

operativa con las empresas”, definió el otro fiscal de la causa, Miguel García Ordaz.

Federico Ramírez Mitchel.

Según la fiscalía, los detenidos -que son parte del Ejército y de la Marina- cumplieron roles de responsabilidad en las áreas de Personal, Logística e Inteligencia, pero no fueron parte de los grupos de tareas. “Una primera investigación los sitúa en alrededor de 30 casos, que pueden multiplicarse por varias víctimas. Ellos eran los encargados de poner los medios a disposición de las fuerzas de tareas, los que tenían personal a cargo y diagramaban los operativos”, explicó Bogetti. Desde el juzgado explicaron que las detenciones ocurrieron en los domicilios y que, una vez que se negaron a declarar, se les otorgó a todos el beneficio de la prisión domiciliaria.

El Área 400 está siendo investigada en profundidad por la fiscalía y las detenciones son parte de una estrategia para avanzar en la prueba reunida contra  los imputados. “Seguramente pediremos nuevas indagatorias, pero lo que importa es que los acusados saben que se los está procesando por una cantidad de casos por sus roles en Campo de Mayo”, dijo Bogetti, que esperan nuevas detenciones en las próximas semanas.

Ramón Vito Cabrera.

Más de 230 víctimas

Además, la fiscalía aguarda novedades por la fábrica Dálmine-Siderca de Campana. La firma -rebautizada como Tenaris-Techint- fue allanada por la Justicia y ahora se esperan los peritajes de la documentación secuestrada.  “Pensamos que en la zona de Zárate y Campana hay más de 230 víctimas, de los cuales muchos de ellos eran trabajadores de esa empresa”, dijo el abogado Pablo Llonto.

Según cálculos de la fiscalía, hay cerca de 40 casos de obreros de la empresa que fueron privados de libertad y luego desaparecidos. “Creemos que pueden existir más, pero primero queremos demostrar qué tipo de responsabilidad tenía los directivos y el personal jerárquico en delitos de lesa humanidad”, adelantó García Ordaz. Entre los represores que habrían participado de los operativos están sospechados los de la plana mayor de Zárate-Campana.

Para el abogado Pablo Llonto, pronto se sabrá el verdadero rol que ocuparon en el circuito represivo de Campana. “Fue una zona de conflictividad sindical, con muchas comisiones internas. Es muy probable que estos represores ocuparon un espacio de decisiones estratégicas para disciplinar a los obreros y favorecer a las empresas”, concluyó Bogetti.

JMM/RA

La causa por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la planta de Ford

Un comienzo simbólico para el juicio

Después de los reclamos de las querellas, dos ex obreros de la compañía norteamericana declararán el viernes, antes del inicio formal del proceso oral que aún no tiene fecha.

 Por Alejandra Dandan

El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín tomará este viernes declaraciones testimoniales “adelantadas” en la causa por los trabajadores de Ford Motors Argentina secuestrados durante la última dictadura. La causa por los crímenes en la filial argentina de la automotriz norteamericana tiene como acusados a dos militares y a tres civiles, directivos de la compañía. El expediente ya fue elevado a juicio oral, pero los jueces aún no pusieron fecha al debate. Alarmadas por las muchas postergaciones del comienzo, las querellas pidieron al tribunal que al menos tome declaración a dos trabajadores que se encuentran con problemas de salud. Uno de ellos fue delegado de la fábrica. Así, aunque teóricamente éste no es comienzo del juicio, la del viernes será su primera audiencia.

Tomás Ojea Quintana es el abogado querellante por los trabajadores de la empresa. “Ahora tenemos las audiencias anticipadas y esperamos que el tribunal defina una fecha de juicio para Ford, que esperamos sea a principios del año que viene.”

La audiencia del viernes será a las 9 en la sede del TOF, en el edificio de la calle Villate, en Olivos, en una apretada sala de audiencias preparada para un puñado de personas. Los convocados a declarar son Jorge Constanzo, ex delegado por el sector Comedor de la planta de Pacheco, secuestrado el 24 de marzo de 1976 desde el interior de la fábrica. Y Carlos Gareis, otro ex trabajador que era cercano a la comisión interna.

Esta es la primera vez que los cómplices civiles de los crímenes de la dictadura van a comenzar a ser juzgados en audiencia oral. En este caso, los acusados son tres: Pedro Müller, ex gerente de Manufactura, a quien los sobrevivientes describen como mandamás de Pacheco y verdadero jefe político; Guillermo Galárraga, gerente de Relaciones Laborales de la empresa en 1976, la persona que sabía quiénes integraron las comisiones internas y con quién se reunían los trabajadores por reclamos gremiales, y Héctor Francisco Sibilla, ex jefe de Seguridad, uno de los hombres más recordados por los trabajadores por su carácter de militar retirado del Ejército, hombre que escaló posiciones luego de los secuestros y estuvo contratado por la Embajada de Estados Unidos en seguridad hasta que se jubiló en 2004.

Las dos testimoniales implican un comienzo simbólico del debate. Se llegó hasta este punto luego de una serie de gestiones y reclamos muy duros de las querellas, organismos de derechos humanos y fiscales. En el mes de septiembre, las querellas presentaron una carta a Casación, alarmadas por la postergación del juicio. El presidente del TOF 1, Héctor Sagretti, llevaba adelante el juicio por los obreros desaparecidos en la zona norte del conurbano y había dicho que probablemente no iba a poder participar de más juicios grandes en los próximos meses porque había sido designado en la causa conocida como Efedrina.

Las querellas de Ford le escribieron al presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Mariano Hernán Borinsky: “Hemos sido informados que la Superintendencia de la Cámara ha dispuesto que el Dr. Sagretti participe como juez subrogante en uno de los juicios derivados de la causa de la efedrina y, debido a que el Tribunal Oral que Sagre-tti preside sólo cuenta con dos miembros, aquella designación provocaría una demora tal en la tramitación de las causas del tribunal, que el juicio oral y público de la causa Ford podría posponerse hasta entrado el año 2016. Esta circunstancia es realmente grave, porque podría consolidar aún más la vulneración a nuestro derecho a una justicia pronta y efectiva. Los crímenes cometidos ocurrieron hace casi cuatro décadas, y las alternativas para accionar judicialmente, en el contexto histórico de nuestro país, fueron limitadas, por lo que recién pudimos hacerlo ya entrado este nuevo siglo, en el año 2003. Desde ese preciso momento en que se inició la causa penal han pasado más de diez años y todavía no existe siquiera sentencia de primera instancia. En el camino, hemos ofrecido todos nuestros esfuerzos para una causa que creemos es central en el proceso de memoria, verdad y justicia, sobre todo porque los sometidos a juicio oral son civiles que ejercieron como directivos de una empresa grande radicada en nuestro país. Y en ese camino hubo compañeros que perdieron la vida, como Juan Carlos Ballestero, Carlos Enrique Chitarroni, Hugo Adolfo Núñez y otros, y no podrán participar del juicio”.

A raíz del pedido y de otros similares, Casación emitió la semana pasada una resolución, la 1300/14, dirigida al TOF. Sacaron a Sagretti de la causa de la efedrina, pero a la vez sugirieron que el juez podría haber continuado con sus funciones porque ese tribunal de la efedrina no estaría constituido hasta fines de noviembre. Con amabilidad, recordaron también el importante número de causas de lesa humanidad pendientes en el TOF 1; los procesados sin condena; la existencia de una “megacausa” como Campo de Mayo y la acordada de la Corte Suprema. “Al respecto, cabe tener en cuenta lo dispuesto por las acordadas números 42/08 y 37/09 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido de la celeridad que debe imprimirse a la tramitación y conclusión de las causas en las que se juzgan delitos contra la humanidad.”

En la resolución, los jueces de Casación confirmaron otro dato: la continuidad del tercer juez que viene integrando el TOF en el último tiempo: Diego Barroetaveña, orgánico de la conducción de la Asociación de Magistrados, integrante del Tribunal Oral Criminal 21, el que condenó al dirigente sindical José Pedraza por el asesinato de Mariano Ferreyra.

Saint Amant II: Con importantes testimonios se desarrolló la sexta jornada de audiencias

Este miércoles en el Salón Dorado del Municipio se ventilaron detalles de la causa Montalvo y otros además de la de los hermanos Hoffer de Baradero. También declararon víctimas que fueron secuestradas durante la última dictadura militar.

Desde el mediodía pasó por el estrado Orlando “Naico” Brambilla una de las víctimas que declaró en el marco de la causa Montalvo y otros.

“En julio del año ‘77 fui privado de mi libertad junto con cuatro personas más de acá de la ciudad de San Pedro”, comenzó relatando Brambilla para luego describir cómo fue el momento en el que se lo llevaron de su domicilio: “Era de noche, estábamos en mi casa con mi familia. En ese momento vivíamos todos junto a mis padres porque estábamos construyendo nuestras viviendas. Eran las 23.00, golpearon la puerta, preguntaron quién era y dijeron ‘la policía’. Abrieron la puerta. Ingresaron violentamente 4 ó 5 personas con armas largas y preguntando por Orlando Brambilla”.

“No había otra opción que acompañarlos porque no pedían de buena manera la compañía”, remarcó Naico quien señaló que todos los hombres que entraron a su casa “estaban vestido de civil” menos uno “que andaba de saco”. “Ese era el que primero entró”, aseguró.

“No tuve más alternativa que acompañarlos”, lamentó y continúo el relato diciendo que se lo llevaron en un “Torino blanco”. En la descripción Brambilla aseguró que había dos autos más, “un Falcón” y otro que no llegó a precisar ni color, ni modelo.

“Antes de entrar me pusieron un pulóver o un trapo en la cabeza que me impidió seguir viendo. Me ataron las manos con alambre. Me sentaron atrás, entre dos personas, y a partir de ahí empezaron a comunicarse a través de Handy. Se identificaban con países o nombres de animales”, indicó Orlando Brambilla durante su relato que comenzó pasadas las 16.00 y finalizó minutos antes de las 17.00 cuanto se pautó un cuarto intermedio.

“Me trasladaron 15 ó 20 cuadras a un lugar con calles de tierra. Me bajaron, no de buena manera, y cuando me bajaron había una persona que gritaba y decía que no era él a quien buscaban, sino a su hermano. Creo que lo dejaron en libertad ahí insultándolo y a mí me meten en una camioneta que estaba cubierta, después pude determinar que era una ambulancia del Ejercito”, relató.

“Dentro del vehículo ya había otras personas. Inmediatamente habló y me di cuenta de que estaba en compañía de Motalvo, a quien conocía por compartir reuniones políticas o por compartir la vida en el club Náutico. También escuchaba toser a otra persona que no logre identificar, y después trajeron a una tercera persona. Cerraron la puerta arrancó. Después de andar un momento pasamos unas vías y tengo la certeza que pasamos la ruta 191”, continúo contando.

Según lo dicho por Brambilla la ambulancia en la que eran trasladados dobló luego a la derecha y circuló por ruta 9 hasta un camino de tierra. “Pasamos vías, se detuvo la camioneta y volvimos a arrancar. Cada tanto frenaba como pasando badenes. Entramos a una calle que tenía adoquines, ahí no tenía dudas que estábamos en San Nicolás”.

“Se abrió un portón, nos introdujeron y nos bajaron de mala manera a los golpes y patadas”, dijo de cuando llegaron a la comisaría de la ciudad nicoleña y prosiguió: “Me tuvieron un rato con la espalda y la cabeza contra la pared. En un momento alguien me robó un reloj que me habían regalado mis padres cuando termine el colegio nacional, metieron la mano en el bolsillo y me sacaron la poca plata que tenía. Al rato vino otro, yo hice un movimiento y recibí unos golpes”.

“Después de un rato me agarraron de los cabellos y de un brazo. Me metieron en una sala donde había mucho olor a alcohol. Uno empezó a decir que si yo hablaba iba a estar un minuto y que si no tenían todo el tiempo del mundo”, reveló y dio a conocer que quienes lo maltrataron le decían que diga a que “ogra pertenecía”, quienes eran sus “responsables políticos, cuál era su “nombre de guerra”, etc.

“Intenté responder y me dieron varios golpes. En un momento me caí, se me salió la venda. Ahí me dijeron que no mirará y que me desnudara”, dijo y completó con la peor parte de su relato, el momento en que contó cómo lo torturaron: “Me acostaron en una cama y me pasaron picana eléctrica durante un largo tiempo”.

“Me volvieron atar las manos y me llevaron a una pieza. Ahí volví a escuchar la tos y me respondió que era Velasco”.

“El tercer día fue uno de los momentos más difíciles porque lo sacan a Díaz, Montalvo, Gamarra y Velasco. Quedo solo en el calabozo. Realmente fue uno de los momentos tremendos. Volvieron y me dijeron que les habían sacado foto, tomado huellas y les habían hecho firmar papeles. Fue más la incertidumbre que me llenó, porque por qué a ellos le habían hecho eso y a mí no”, expresó Brambilla que durante su relato también contó cómo los liberaron.

“Una nochecita nos dicen que nos liberen porque nos vamos. Nos sacan del calabozo. Nos sacan por un zaguán, nos cargan en una camioneta, la misma en la que nos llevaron a San Nicolás. Una F 100 verde. Nos cargan en la ambulancia y anduvimos un rato largo. No salimos por un camino de tierra salimos por una ruta. Agarramos otra, en un momento bajamos y agarramos otra ruta. Por ahí agarró un camino de tierra, paró y nos dijeron que nos iban a largar, que nos iban a dejar de a uno, que contásemos hasta 50”, contó Naico.

“Después de unos minutos logramos reencontrarnos. Hubo un momento de mucha emoción, de mucha alegría. Estábamos en un camino vecinal cercano a una estación de rebaje y a 2 kilómetros de la 191. Le pedimos al sereno que por favor avisara, llamamos por teléfono y no nos atendieron. Salimos caminando, a los pocos minutos vino este señor en un jeep y nos dijo que nos traía a San Pedro”, agregó.

“A Gina Díaz, que lo llevaron el día anterior y fue a quien más salvajemente torturaron”.

Relacionado con esta causa también declaró Montalvo Gonzalo. Un joven que se encontraba en el techo de una vivienda cuando sin mediar palabras y sin dar explicaciones lo subieron a una camioneta y se lo llevaron.

Él contó: “Anduvimos dando vuelta por San Pedro todo el día hasta que al atardecer, cuando terminaron de ver los domicilios que les interesaba se volvió para San Nicolás. Nos llevaron a la penitenciaria. La recuerdo bien, tiene una fachada amarilla”.

“Me preguntaron qué vínculo tenía con Ricardo Montalvo, la respuesta fue que era sobrino. No tenía militancia política”, relató.

Consultado por su libertad, respondió: “Un día me vienen a buscar, era temprano, y me llevan a una mesa donde dicen acá tienen que firmar su libertad y yo no creía. La leí como 5 o 6 veces hasta que leí que decía que había sido detenido por un día. Bueno, quería preguntar por qué pero la situación no ameritaba. Firmé, me dieron las pertenencias y me largaron. Empecé a hacer dedo para volver a San Pedro”.

Hoy también prestaron declaración víctimas que habían sido secuestradas en Pergamino y que después de ser liberadas debieron exiliarse en Honduras, México y Bélgica.

Inicio de un nuevo juicio a represores en la zona norte por un secuestro de 1974

Dos prefectos y un médico policial

Se juzga el secuestro de una militante del PRT de 16 años que estaba embarazada. Uno de los acusados es un médico de la policía que se negó a dejar constancia de las marcas de tortura que hasta hoy la mujer tiene en su cuerpo.

 Por Alejandra Dandan

A Marta Querejeta la secuestraron el 5 de diciembre de 1974. Tenía 16 años, estaba embarazada y militaba en el PRT. Para entonces, la organización ya era perseguida. Marta vivía entre distintas casas, dentro y fuera del país, pero ese diciembre pasaba dos días en la casa de su abuela de Campana. Hoy comenzará el juicio por su secuestro y tormentos. Marta sobrevivió. El TOF Nº1 de San Martín juzgará a dos prefectos, entre ellos uno de los jefes de la zona. Y también a un médico muy conocido de Campana, Carlos Quetglas, ciudadano ilustre y médico de la policía cuya función fue clave como garantía de la última etapa del plan represivo: Quetglas dijo que ella no tenía nada y se negó a dejar constancia de las marcas de tortura que hasta el día de hoy conserva en su cuerpo.

El juicio será corto. Marta será testigo de su propio caso. Uno de los ejes del relato estará puesto en las situaciones de tortura que no cesaron ni disminuyeron por su condición de embarazo. En el debate será juzgado el ex jefe de Prefectura Naval de Campana Carlos José Ramón Shaller y el ex oficial Oscar Rubén Montagano, ambos por primera vez en juicio.

“A Marta la torturaron brutalmente durante su cautiverio”, explica el abogado Pablo Llonto, de la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia de zona norte. “Antes de liberarla, Shaller les ordenó a ella y su padre ir a ver a Quetglas para que el médico corroborara su estado físico. De esta manera, Quetglas participó de los hechos como último eslabón del plan diciendo que ella no tenía nada y no constatando que estaba torturada ni señalando los daños en el cuerpo. Su rol permitía que ella reapareciera como una chica más. Para nosotros su función es la del partícipe secundario de la acción que consiste en secuestrar y torturar y ocultar el hecho. Tuvo por eso participación: no denunció; no corroboró las torturas.” En esa misma lógica se está reconstruyendo en este momento el rol del Poder Judicial. Los jueces son evaluados porque “hicieron aun cuando no hicieron”.

Quetglas fue presidente del Club de Leones de su pueblo. Hoy tiene 86 años y el jueves pasado, al ser examinado por los peritos, hizo alarde de todos sus honores. Como médico, firmó la partida de defunción de Gastón Roberto José Gonçalves Pérez, aunque sin saber que era él. Gonçalves había sido secuestrado el 24 de marzo de 1976 en Escobar y enterrado como NN en el cementerio luego de ser hallado calcinado en Zárate el 2 de abril de ese año. El médico declaró como testigo en su causa.

Otro eje del juicio estará puesto en las líneas de continuidad entre 1974 y 1976. “Como sucedió en Trelew y en otros juicios del país –dice Llonto–, también permitirá probar que desde el punto de vista del Estado el plan represivo comenzó mucho antes del ’76, y que la acción de aniquilamiento y destrucción del grupo de militancia político el Estado lo llevó adelante antes del 24 de marzo.”

Pero los temas del debate no son sólo estos. El TOF está integrado por Hector Sagretti, Marta Milloc y Diego Barroetaveña. En los últimos días, los querellantes de San Martín tienen puesta la mirada en lo que irá haciendo el Tribunal durante las distintas audiencias.

El juicio se hará en una sala muy pequeña en el edificio de la calle Villate, de Olivos. El lugar no permite la presencia de más de diez personas. La comunidad de la zona está muy disgustada con este punto porque después de mucho batallar logró hace dos años que el Consejo de la Magistratura pagara el alquiler de una sala enorme en el centro de San Martín, que nadie entiende por qué en este caso no se usa. “El juicio se va a hacer en una sala donde no entra nadie porque tiene capacidad para ocho personas y eso nos obliga a hacer el acompañamiento desde la calle”, dice Adriana Taboada, de la comisión. “La sala de audiencias de Villate es muy pequeña, por lo cual sentimos que atenta contra nuestro derecho a estar presentes en un juicio que además es oral y supuestamente público”.

Taboada es psicóloga y actúa además como perito de parte en el examen de algunos acusados, una función en la que las querellas pusieron el ojo durante los últimos meses por discrepancias con criterios de los peritos oficiales. En este caso, la semana pasada, el tribunal avisó a las partes que las pericias se harían a los tres imputados el mismo día y a la misma hora, pero en lugares distintos. “Para nosotros fue un problema porque hacemos todo esto ad honorem y por militancia –dice la mujer–. ¿Así que cuántos peritos tendríamos que tener en ese momento como para poder seguir todas las pericias a la vez?”

El TOF de San Martín no está totalmente integrado. Eso provoca falta de jueces e impide que haya mayor cantidad de juicios en la zona y se avance con los juicios más importantes, explica en este caso Pablo Llonto. El que ahora comienza es el juicio número doce desde la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, pero en la zona hay otros juicios que están esperando para comenzar. “Uno es el de los obreros metalúrgicos, que estaba listo para ser realizado junto a los ceramistas y astilleros, pero lo levantaron y pasó para el año que viene”, dice Llonto. Otro de los juicios que generan expectativas es el que tendrá como acusados a los directivos de la empresa Ford. A mediados de año se anunció que se haría este año, pero finalmente se postergó. Las demoras molestan en un contexto en el que avanzaron las causas por la responsabilidad civil de los crímenes de lesa humanidad, pero ninguno de los acusados aún se sentó en una sala pública a enfrentar un juicio.

Campo de Mayo: sentencia con impunidad en el juicio de los obreros

Condenas, absoluciones y civiles ausentes. Entrada la tarde de ayer, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín leyó el veredicto para los nueve genocidas acusados en el Juicio a los Obreros de la Zona Norte. El onceavo juicio en la Megacausa Campo de Mayo.

Gloria Pagés
 

Prisión perpetua para el exgeneral Santiago Omar Riveros; 23 años para el ex dictador Reynaldo Benito Antonio Bignone; Luis Sadi Pepa condenado a 17 años; Eugenio Guañabens Perelló a 16; 9 años para un jefe de policía y un prefecto. Sobre el final, tres absoluciones. Las víctimas, familiares y sobrevivientes expresaron su dolor e indignación.
Esta sentencia llega luego de tres meses de juicio, el llamado “de los obreros”, por una treintena de víctimas trabajadoras de fábricas ceramistas y navales de la Zona Norte de Buenos Aires, y llega luego de más 30 años de impunidad. Esto se temía y así lo reflejábamos en La Izquierda Diario

A medida que la lectura avanzaba, se temía que el tribunal hiciera lugar a nulidades presentadas por la defensa de los militares, a favor de tres prefectos. Finalmente así fue, los jueces los absolvieron, a pesar de muchos testimonios que probaron su autoría, entre otros delitos, del secuestro de Santina Mastinú y su hermano, el dirigente obrero Martín Mastinú, que continúa desaparecido y esposa de Mario Marras, quien fue asesinado. Estos prefectos ya fueron condenados in absentia en Italia por estos crímenes

Esto llenó de bronca a todos los presentes en la sala y en la calle que estaba cortada por militantes, familiares y sobrevivientes. Una condena a perpetua a un genocidio al que poca vida le queda no puede subsanar más de 30 años de impunidad que continúa. Llantos y gritos contra la justicia conmovían a todos lo que estábamos allí, por más que varios dirigentes oficialistas en un palco armado en la calle lo quisieran ocultar, ese sabor amargo fue imposible de tapar con discursos.

Esa falta de justicia fue el denominador común reflejado en todos los testimonios que recogió La Izquierda Diario: absoluciones, bajas penas y la ausencia de civiles, empresarios y sindicalistas, en el banquillo de los acusados.

Graciela Villalba, hija de Mauricio, obrero del Astillero Astarsa y querellante en esta causa, decía: “Los compañeros declararon que vieron a la gente de Astarsa con las listas de los obreros en la mano, hubo listados hasta con foto de los compañeros, hasta el sindicato entregó gente. Ya pasaron 38 años y no fue citado ni un civil en instrucción por eso empezamos a dar nombres para que los citen”.
Por su parte, Pablo Llonto, abogado de la querella, indicaba que “Ha sido un juicio donde apareció un montón de prueba en la que confirma la participación de los empresarios en los delitos de lesa humanidad pero ninguno de ellos está imputado, porque los juicios orales dependen de lo que se hace en la instrucción y acá lamentablemente el juez Suárez Araujo no imputó a los empresarios”. Y agregó que esto le deja una “sensación rara porque los civiles dieron nombres de trabajadores, las direcciones de las casas, hasta en Cattáneo (cerámica de la zona norte) los secuestros fueron dentro de la planta.”

Como hemos dicho en hace unos días , este es el tramo número once de la Megacausa Campo de Mayo, lo que demuestra la extrema fragmentación de los juicios de lesa humanidad. Pablo Llonto también se refería a este hecho: “Hay miles de imputados, pero sólo 100 han llegado a juicio oral, un número pequeño frente a lo que fue la órbita de Campo de Mayo, que implica toda la Zona Norte, desde General Paz hasta Zárate y Campana, con 5000 desaparecidos estimados, la gran mayoría obreros.” En este juicio quedaron afuera no sólo numerosos casos de obreros navales y ceramistas, sino también los de la Ford y de la metalúrgica Bopavi.

Al igual que Pablo Llonto, Paula Mañueco, abogada querellante que representa a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, debió reconocer esta carencia: “solicitamos que se mande a investigar a los empresarios ya que tuvieron responsabilidad en estos delitos; otra petición que hicimos fue que se pida al juzgado de instrucción que se investigue correctamente los delitos sexuales que muchas veces no se investigan, porque no se quiere mostrar la magnitud que tuvo este tipo de delitos en el marco del terrorismo de estado”.

Al respecto, Gloria Beatriz Enríquez de Garay, secuestrada y con su marido desaparecido, fue una de las que se animó a contar su historia “tuve que relatar que me violaron, la pérdida de un embarazo por culpa de los golpes, no es fácil”, nos dice conmovida, y agrega “lucho por los que todavía no entraron en los juicios, los compañeros que están desaparecidos y nadie está condenado por ellos”.

De esto se trata y eso se se gritaba afuera. Ir por más, “esto no es justicia, mal y tarde no sirve”, “urgente por los civiles y el resto de los milicos genocidas”. Se trata también de terminar con la fragmentación, con la revictimización de los sobrevivientes y familiares que una y otras vez deben relatar el tormento al que fueron y son sometidos. Y de juntar las piezas que sectores de la justicia quiere desperdigar. Y es Estado y el gobierno tienen que jugar un rol: ofrecer prueba abriendo y entregando a la justicia los archivos de la dictadura. El desguace de las causas es funcional a la impunidad: liquida y diluye el plan genocida, como plan sistemático de exterminio. Por eso es fundamental que las causas se unifiquen por circuito represivo, “todos los genocidas por todos los compañeros” como dice la histórica consigna que acuñamos de parte de la Asociación de Ex detenidos desaparecidos. Y cuando hablamos de todos los genocidas, se trata de todos: los civiles empresarios, burócratas sindicales, la cúpula de la iglesia. Sin esto, con juicios tardíos y desmembrados, condenando a un puñado de viejos militares, tomando también un puñado de casos, el sabor amargo para las víctimas y la impunidad para los que no fueron nunca siquiera imputados será una constante.

Una propuesta en busca de reparación

Piden que los represores sean condenados a pagar avisos solicitando información sobre delitos de la dictadura.

En el llamado Juicio de los Obreros, que se realiza en San Martín, las querellas plantearon que los condenados paguen avisos en medios de comunicación para recabar información sobre crímenes del terrorismo de Estado.

 Por Alejandra Dandan

“Tuvieron que pasar treinta años de no ser tomados en cuenta, de injusticias, de trabajar como el culo, de gente que se desmayaba, de gente que quedaba estéril, estropeada, que se moría... Cuando aparece gente que quiere cambiar todo, y fue verdad.” Carlos Marino es uno de los viejos trabajadores de la ceramista Lozadur, cuyo relato integra el libro llamado La Batalla de los Hornos, de Bernardo Veksler. Y a través de ese libro, llegó al juicio oral de San Martín, donde se llevó adelante la última etapa de alegatos del Juicio de los Obreros, sobre la de- saparición de 33 trabajadores de base de la zona norte del Gran Buenos Aires. Las últimas dos querellas –representantes de las víctimas y de organismos de derechos humanos– pidieron penas de 12 a 25 años de prisión para los ocho acusados y perpetua para Santiago Omar Riveros, jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo. También pidieron una investigación penal sobre los cómplices civiles de los secuestros y, con una novedosa iniciativa de “reparación”, propusieron que los condenados paguen avisos en medios de comunicación a difundir las solicitudes de información sobre crímenes del terrorismo de Estado.

“El concepto jurídico de la reparación viene ampliándose”, explicó el abogado Pablo Llonto, por las querellas particulares. Recordó jurisprudencia de otros escenarios, se detuvo en los principios y directivas sobre “el derecho a las víctimas” de Naciones Unidas que prescribe “el derecho a la reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido”. Y, en ese contexto, les dijo a los jueces del TOF 1: “Por lo tanto, como forma de reparación solicitamos que sean condenados al pago de emisión de avisos por televisión y publicación de avisos en los diarios de mayor circulación en el país, en que se requiera información sobre los hechos ocurridos respecto de las víctimas por las cuales sean condenadas, requiriendo además información a toda persona que conozca detalles o documentos sobre los hechos ocurridos contra las víctimas y el destino de sus restos, mínima forma de reparar el daño de la incertidumbre causada a los familiares”.

Este fue uno de los puntos importantes para familiares y ex trabajadores que siguieron en la sala la hora y media de acusación. Después de Llonto, alegó Pedro Dinani, por Justicia Ya! Entre los acusados hay cuatro prefectos, un policía y cuatro militares, incluidos Riveros y el ex dictador Reynaldo Benito Bignone. La fiscalía había pedido penas de 9 a 25 años de prisión, y también perpetua para Riveros. Y como sucedió en la última audiencia, las acentuaciones de todos los alegatos (fiscales, secretarías de Derechos Humanos de Nación y bonaerense) enfatizaron el carácter de la organización obrera en esta zona y la encrucijada que planteó esa organización en el contexto del terrorismo de Estado, con un escenario opuesto conformado por la burocracia sindical, los directivos de las empresas y las alianzas al poder militar.

“Señora jueza, señores jueces –dijo Llonto en el comienzo–: este juicio se llama el Juicio de los Obreros. Y obreras. Con sus identidades, también políticas y sindicales. Queremos sostener esta denominación. Ustedes han visto muchos ojos frente a ustedes de agradecimiento y de súplica. Ojos con llanto, como pocas veces ha ocurrido en los anteriores juicios por delitos de lesa humanidad”, explicó. “Y esto no tiene que ver con el terrorismo de Estado, no solamente, sino con que las víctimas siguen siendo olvidadas.” Recordó aquello que muchos de ellos dijeron en el juicio: “Destrozaron a nuestras familias.” Y recordó cuando Pablo Ramón Leguizamón habló de su señora, obrera desaparecida de Lozadur: “La llevaron por decir la verdad”. Y: “Me quedé solo con una nena de 2 años, nadie me quería atender”. Y les dijo a los jueces: “Estoy tan feliz de estar acá”.

También recordó otras voces, el abogado Segura “cuyo llanto era el dolor de los trabajadores a los que defendía”. O Graciela Villaba, madre de una de las desaparecidas: “He cumplido 60 años y me doy cuenta de que he pasado 38 años pidiendo justicia. Ya no puedo volver más a los 22”. O Liliana Giovanelli o Gloria Garay...

“En este mismo momento, a esta misma hora exactamente, en alguna casa cómoda de algún barrio con ciertos privilegios, un ex gerente, un ex miembro del directorio deben estar recordando sus buenos tiempos al frente de Astarsa, Mestrina, Cattaneo o Lozadur –dijo Llonto–. Y de ellos son parte de las responsabilidades de la catastrófica represión que están juzgando ustedes. Se trataba de familias de obreros, familias humildes, arrasadas por el accionar de dos brazos ejecutores que se aliaron en el objetivo común de aniquilarlas: el brazo militar-policial-prefectura, el brazo civil de los empresarios. Esos dos brazos. Sería hipócrita tratar de separar uno del otro, es muy difícil sin eso dar un reflejo de lo que ocurrió.”

El mensaje fue directo a los jueces. El juicio se hace para juzgar sólo las responsabilidades militares, de policías y prefectura: no entraron los civiles, entre otras razones por problemas en la instrucción del juicio. Durante todo el debate, sin embargo, como ocurre en buena parte de los juicios por causas de lesa humanidad en todo el país, los testimonios de las víctimas se encargan solos de reponer lo que falta. Hablan sin recortes, ni fragmentaciones. Eso generó un cúmulo de prueba que ahora sostiene el pedido que todas las partes hicieron a los jueces: por un lado, que avance la instrucción de primera instancia con esta suma de pruebas, pero por otro que ellos mismos en los fundamentos dejen claro este contexto.

Sobre los pedidos puntuales de continuar e impulsar nuevas investigaciones en esas direcciones, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue especialmente enfática al poner de relieve: 1) todos los fragmentos de los testimonios, y 2) los documentos que marcaron específicamente esa relación durante el debate. Llonto y los familiares dieron otra vuelta: extrajeron los nombres que cada testigo denunció y armaron una lista con cargos y nombres de jefes de personal, gerentes y directivos de las compañías que ya ahí, al ser pronunciados durante el juicio, en la sala, tomaron el cariz de una condena simbólica. “Los civiles directivos de la empresa, los jefes de personal, gerentes, de las empresas Astarsa, Lozadur y Cattaneo” mencionados son: por Lozadur, Mario Jorge Amoroso Copello, Pedro de Landauer, Blanca Guevara de Amoroso Copello, Héctor L. Amoroso Copello, Enrique J. Stegmasm, Santiago Martinet, Pedro Bouché, Jorge Gostonyi, César González Litardo y Manuel María Arias, José Ramón Penas; por Cattaneo, pidieron investigar al jefe de personal De Robertis, a los directores Alejandro Parravicini, Susana Beatriz Cattáneo, Carlos Alberto Gasparutti, Arnoldo Carlos Andrés Cattaneo, además de los integrantes del expediente de la quiebra.

Otro pedido fue que los detenidos continúen con la prisión en una cárcel común. “No hay razones ni legales ni jurídicas para que todos los aquí imputados gocen de privilegios desiguales al resto de los argentinos en una prisión. Basamos esta petición en el principio de igualdad ante la ley.”

La Noche de los Tubos

Los familiares y compañeros de las víctimas de la represión ilegal en la dictadura de Campana conmemoran hoy un aniversario del secuestro de cuatro trabajadores de la empresa Dálmine-Siderca, en un hecho que se conoce como La Noche de los Tubos. En el acto, reclamarán justicia y castigo a los responsables “de estos crímenes aberrantes, para que cada vez duela menos septiembre”. El 22 de septiembre de 1976 fueron secuestrados y desaparecidos Alberto Bedia, Raúl Moreno, Armando Culzoni y Manuel Martínez, cuatro de los más de cincuenta trabajadores de la empresa que fueron secuestrados durante el terrorismo de Estado. Según el relato de un ex trabajador de la fábrica, que presenció los hechos, una camioneta Estanciera se estacionó en la casa de uno de sus compañeros, Alberto Bedia, quien formaba parte de la Lista Naranja de UOM-Campana, que era considerada cercana al PRT-ERP. Luego se enteró de que lo habían secuestrado a Bedia. Sus padres presenciaron el secuestro –los hicieron tirarse al piso boca abajo mientras buscaban a su hijo– y a los pocos días les llegó un telegrama de la empresa: les informaba del despido de su hijo desaparecido. La mecánica se repitió con los secuestros de otros trabajadores, que fueron acompañados con telegramas de despidos por parte de la empresa, que hizo oídos sordos a los reclamos de los familiares de los desaparecidos

El TOF5 condena a tres represores, a dos de ellos con penas mínimas y uno de ellos a su casa (¿?)

Los crímenes del circuito Zárate-Campana

Santiago Riveros recibió una pena de 25 años de prisión y se le quitó el beneficio de la detención domiciliaria. Víctimas y querellantes cuestionaron las penas dispuestas para Servando Ortega y Fernando Meneghini, quien quedó libre.

 Por Alejandra Dandan

El Tribunal Oral Federal Nº 5 de San Martín condenó a los tres acusados en el juicio por los crímenes de 29 personas durante la dictadura, militantes políticos y referentes de base del circuito Zárate y Campana. El aspecto más importante del fallo recayó sobre el jefe de Institutos Militares y señor de la vida y de la muerte de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros: el Tribunal lo condenó a la pena máxima de 25 años de prisión por allanamientos ilegales, robo, privación de la libertad de 28 personas y tormentos de 27. Después de años de pedidos de las querellas y fiscalías, el tribunal le quitó el beneficio de permanecer detenido en su residencia particular del barrio de Belgrano y lo destinó a la cárcel federal de Ezeiza, a sus 90 años. Los montos de las otras dos condenas, en cambio, fueron cuestionados por víctimas y querellantes porque resultaron más bajos de lo esperado.

El ex jefe de la Prefectura Naval de Zárate Servando Ortega, que era juzgado por primera vez, fue condenado a nueve años de prisión. La fiscalía a cargo de Marcelo García Berro había pedido 14 años y las querellas, 25 años, por dos privaciones ilegales de la libertad. El tribunal le mantuvo los “hechos”, pero por razones que no se conocerán hasta tener los fundamentos de la sentencia (previstos para el 25 de septiembre) le adjudicaron una pena menor. El hecho importante, de todos modos, es que modificaron su situación de detención: Ortega estaba excarcelado y caminaba libre por la calle hasta quince minutos antes de la sentencia, ahora quedó en situación de prisión domiciliaria.

El tercer caso, el más polémico, fue el del ex comisario de Escobar Fernando Meneghini, que ya había sido condenado a seis años de prisión en el juicio en el que también se juzgó a Luis Abelardo Patti. Meneghini fue condenado en este caso y, nuevamente, a seis años de prisión. La fiscalía había pedido 14 años y las querellas, 25. Estaba acusado por privaciones ilegales de la libertad y tormentos de un grupo de personas que habían sido alojadas en condiciones inhumanas en las celdas de un camión celular estacionado en el predio de la comisaría. El tribunal mantuvo los cargos de la privación ilegal, pero lo absolvió de los tormentos. El punto que más impactó a las víctimas, porque nadie lo esperaba, es que el veredicto incluyó una orden para dejarlo en libertad: el tribunal entendió que ya cumplió los seis años mientras estuvo bajo prisión preventiva. La condena la cumplió en prisión domiciliaria y, desde ayer, está en libertad.

“Cuando dijeron 25 años a Riveros, dijimos ‘más o menos empezamos bien’. Pero Riveros ya está condenado y es como que esto no cuesta nada, y esperábamos realmente que para los otros imputados las condenas hubiesen sido mayores”, dijo Eva Orifici, una de las sobrevivientes, apenas terminó la audiencia. “Es un pasito”, dijo Daniel Antonio Lagarone, metros más atrás. “No estoy conforme. Darle seis años a Meneghini, darle nueve años con arresto domiciliario a Ortega; eso no es justicia. Nos queda mucho y vamos a seguir luchando por lo que falta.”

La evaluación del fallo tuvo características distintas entre fiscales y querellas. La decisión sobre la libertad de Meneghini será apelada probablemente, lo mismo que el monto de condena para Ortega. Sin embargo, la querella ponderó que todos los acusados hayan sido condenados. “No nos tenemos que olvidar que acá hubo tres condenas”, dijo el abogado Pablo Llonto. Entre los puntos importantes, acentuó la decisión de la cárcel común para Riveros, una medida que la fiscalía y los propios querellantes venían pidiendo en esta jurisdicción desde hace años. “Era un represor que estaba en su casa, y que lo manden al hospital penitenciario de Ezeiza es importante”, dijo Llonto y luego recordó que es “el genocida de mayor edad que va a una cárcel común. Esperemos que sea por mucho tiempo”.

Las evaluaciones también miraron otros puntos. Uno de ellos es un listado que incorporó la sentencia sobre 18 centros clandestinos, muchos de ellos nunca investigados, para que sean analizados por la Justicia de Instrucción. El juicio se caracterizó por echar luz y pruebas relacionadas con un enorme circuito de centros clandestinos que se habilitaron en diversos espacios una vez producido el golpe de Estado y que funcionaron en lugares como un club, un buque, una mansión y hasta una “casa con techo rojo en una isla cerca de Escobar”. El tribunal recogió los datos que aparecieron en el juicio sobre cada lugar, los asoció a distintas víctimas y ordenó investigar.

“Obviamente uno queda con un sabor amargo por el monto de las últimas dos condenas, la de Meneghini y la de Ortega –dijo Llonto–, pero también queda con una pequeña satisfacción al saber que hay un tribunal que les ha dicho a los jueces de instrucción que hay que investigar una enorme cantidad de centros clandestinos de Zárate, Campana, Escobar, Banfield, Moreno y que hay una gran cantidad de víctimas de las que deben investigarse sus casos.” Otro de los puntos destacados de la sentencia fue que separaron parte de las pruebas para que sean investigadas como delitos de índole sexual, y el veredicto determinó que se cometieron delitos contra menores, muchos de ellos dejados en sus casas atados cuando se llevaban a los padres.

Finalmente, otro de los ejes para entender la sentencia son problemas más generales, como la fragmentación de las causas, que no tiene que ver con el Tribunal Oral, sino con los jueces y fiscales de instrucción. “Este es un llamado de atención fuerte a los jueces de todo el país, porque las causas no se pueden seguir enviando con pocas víctimas y pocos represores”, dijo Llonto. “No sólo no van a terminar nunca los juicios, sino que lo que van a conseguir es la impunidad biológica, que es por lo que están trabajando los defensores de estos genocidas. Tratando de que los juicios se armen de esta manera; hay que exigir a la Justicia mayor celeridad y mayor rapidez y mayor agrupación de las causas.”

Pero el propio Tribunal de San Martín despertó extrañas sensaciones a lo largo de las audiencias. El primer día de juicio había varios carteles en la sala. “Area 400 Nunca Más”, podía leerse. O estaban también las imágenes de los desaparecidos de la zona, sostenidas como banderas, como en cada juicio. Se había escuchado el “como a los nazis les va a pasar” cuando los acusados entraron. Pero nada de eso volvió a verse con el correr de las audiencias. Ese día primero, el presidente del tribunal, Alfredo Ruiz Paz, objetó cada uno de los ritos: “Cualquier expresión agraviante o de júbilo no la voy a aceptar”, ordenó. Avisó que, como “comprenderán”, “se impondrán sanciones”. Y cuando algún cartel osó volver a levantarse, el hombre señaló: “¡Por favor!, ¡bajen esos papeles!”.

Ayer no hubo papeles, ni carteles, ni imágenes de los desaparecidos. Alguno logró colar algún escrito en alguna remera. Los jueces entraron a la sala poco después de las 16.20. Los imputados todavía no estaban. Los defensores habían pedido que no estuvieran. Ruiz Paz leyó una resolución en la que disponía lo contrario. En ese momento, la sala osó festejar.

“¡No voy a permitir ninguna expresión!”, dijo el presidente. “¡Cualquiera sea voy a ordenar el inmediato desalojo!”

Los tres acusados entraron. Nadie volvió a decir nada. Ni a cantar con la condena a Riveros ni a gritar con las penas al resto. El juez terminó. Leyó toda la sentencia. Todo el tribunal se retiró. Y entonces llegó el momento. Mientras los represores y el pelo blanco de Riveros iban saliendo, la sala pudo decirlo: “Como a los nazis les va a pasar adonde vayan los iremos a buscar...”.

Se reanuda la causa sobre los CCD y E del circuito Zárate- Campana

Alegatos con una baja entre los acusados

La fiscalía pidió 25 años de prisión para Santiago Omar Riveros y 14 para los represores Juan Fernando Meneghini y Servando Ortega. Las víctimas lamentaron el fallecimiento del marino Sergio Buitrago, ex jefe de la Base Arsenales de Zárate.

 Por Alejandra Dandan

“Ayer estuve todo el día llorando”, dice Sonia Karina Pérez por el momento en el que escuchó la noticia de la muerte del marino Sergio Buitrago, ex jefe de la Base Arsenales de Zárate donde funcionó un centro clandestino en el que estuvo secuestrado su padre. Roque Vicente Pérez era secretario adjunto del Sindicato del Papel, obrero de una papelera, secuestrado cuando acompañaba a la esposa de otro compañero a hacer la denuncia por su desaparición. Cuando salió del cautiverio, Roque se dio con la noticia de que su mujer había sido asesinada. Sonia tenía cuatro años. Ayer se sentó en la audiencia donde estaba siendo juzgado el marino. “Siento que la Justicia es muy lenta, que nos falta el respeto –dice–, porque estos juicios tendrían que haber sido mucho antes. Viendo a los sobrevivientes y mirando cómo a mi viejo se le dobla la espalda de la vejez, espero que esto se movilice con rapidez.”

Ayer se reanudó en San Martín el juicio oral por 29 víctimas secuestradas durante la dictadura en el circuito Zárate-Campana. El juicio entró en la etapa de alegatos con la lectura de las pruebas de parte de la fiscalía, integrada por Marcelo García Berro y Guillermo Silva. A pesar de la muerte de Buitrago el juicio continúa, dado que son juzgados el señor de la vida y de la muerte de Campo de Mayo, el ex comandante de Institutos Militares Santiago Omar Riveros; Juan Fernando Meneghini, entonces comisario de Escobar, y por primera vez Servando Ortega, jefe de la Prefectura Naval de Zárate, lindante con el Arsenal Naval de Buitrago.

La fiscalía pidió 25 años de prisión para Riveros y 14 para Meneghini y Ortega. En la causa no hay acusaciones por homicidio y están imputados por secuestros y tormentos. En el caso de Ortega por dos hechos. También pidió que sean desafectadas las prisiones domiciliarias, se los traslade a cárcel común y que se remitan las pruebas sobre los delitos de violencia sexual a instrucción para ser investigados.

En el patio externo a la sala se juntaron a la mañana varios sobrevivientes. “Hoy, una vez más, nuestra crítica a la instrucción de los juicios y la elevación nos da la razón”, decía Daniel Antonio Lagaronne, uno de ellos. “Un genocida más ha muerto sin escuchar la sentencia. Por eso más que nunca pedimos que se aceleren las causas.” Ciro Annicchiarico, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, llegó hablando de la responsabilidad que en todo esto tienen los que votaron las leyes de impunidad y el mismo Poder Judicial, que tiene que avanzar con el proceso de democratización para garantizar el compromiso con estas causas.

Durante los alegatos, la fiscalía también buscó la manera de pronunciar el nombre de Buitrago, aun cuando legalmente ya no tenía sentido. “Sin perjuicio de lo informado acerca del fallecimiento de Buitrago, esta fiscalía quiere decir que este lugar (la Base Naval o Arsenal Naval Zárate) funcionó como centro clandestino de detención”, dijo García Berro.
El alegato

Este juicio estuvo marcado por dos puntos: la enorme cantidad de testimonios que lograron demostrar durante las audiencias la existencia de un tendal de centros clandestinos que habían sido descriptos en la instrucción, pero en muchos casos no existían datos consolidados en la Justicia. Por otro lado, las denuncias sobre violencia sexual sobre varones y mujeres. Un dato clave del alegato fue el arranque y el subrayado al carácter “cívico-militar” del 24 de marzo.

“Como todos aquí sabemos, el 24 de marzo de 1976 en la Argentina hubo un golpe de Estado encabezado material e intelectualmente por integrantes de las tres Fuerzas Armadas y muchos civiles que instauraron un gobierno de hecho, una dictadura que disolvió el Congreso, destituyó a las autoridades del Poder Ejecutivo y a varios magistrados del Poder Judicial”, expresó la fiscalía. “La historia argentina del siglo XX registra varios golpes de Estado y gobiernos ‘cívico-militares’, pero este último alcanzó un nivel de violencia social y características que justificaron su calificación de ‘terrorismo de Estado’, porque desde el gobierno, de hecho, se concibió y dirigió un plan sistemático de eliminación de opositores políticos y sociales.”

Poco después, el alegato describió las características de la represión en la zona, cuyos efectos son revisados en juicio por primera vez. La mayoría de las víctimas eran militantes sociales, políticos y sindicales muy conocidos, secuestrados a partir del 24 de marzo de 1976, entre ellos el intendente de Zárate, Francisco Bugatto, y su hijo. Los secuestros articularon al Ejército, Marina y Prefectura con policía provincial y Federal. En el término de pocos días, las víctimas pasaron por numerosos centros clandestinos siguiendo un circuito que terminó de definirse en el debate. E incluyó desplazamientos al Pozo de Banfield, Campo de Mayo y/o el sistema de cárceles comunes. Las audiencias fueron dejando en claro el rol de la comisarías: cumplieron funciones de centro clandestino de detención transitoria de prisioneros, muchas de las víctimas pasaron primero por estos lugares antes de ser derivadas a los centros clandestinos ubicados ya bajo la intervención directa del Ejército. La secuencia mostró además la urgencia de la caza desatada después del golpe, con un Ejército que sale a abrir campos clandestinos en casas particulares, un club y un buque de la Armada.

Así la lista indicó: 1) Comisaría primera de Zárate; 2) Comisaría de Escobar primera; 3) Comisaría de Campana; 4) Tiro Federal de Campana; 5) Buque ARA Murature; 6) Base Naval o Arsenal Naval Zárate; 7) Fábrica Militar de Tolueno Sintético; 8) Prefectura Naval Zárate; 9) Inmuebles de la calle Lavalle 636 y Mitre 560 de Zárate.

Algunos ejemplos. El Tiro Federal era un club. El Ejército ocupó las instalaciones y los socios no pudieron entrar más a partir de ese momento. Uno de los socios del club declaró que el Ejército abandonó el lugar en el mes de octubre de 1976 y al reingresar al lugar los socios advirtieron “que la instalación eléctrica estaba quemada”, que había “una rudimentaria picana eléctrica (elástico de una cama y cables), así como manchas de sangre en el piso y en la pared del cuarto donde estaba este instrumento, señalando que en la galería se encontraron restos de ropa, trapos con sangre y cabellos, entre otras cosas”.

El Buque ARA Murature estaba anclado en la zona de Zárate. Los secuestrados fueron llevados con los ojos vendados y maniatados y “subidos con una especie de guinche”. Fue uno de los lugares descriptos con mayores niveles de violencia.

En la Fábrica Militar de Tolueno Sintético actualmente está la empresa Rhasa, señaló el alegato. Fue un centro clandestino. Los otros dos lugares ahora probados son las dos casas de Zárate. En la casa de la calle Lavalle se hizo un allanamiento del que se obtuvo documentación, armas y elementos usados por el Ejército. Además, “el propio Ejército Argentino admitió la propiedad del inmueble”, recordó la fiscalía.

Un dato importante es que el padre de Sonia, Roque Vicente Pérez, no es “caso” de este juicio. El sigue esperando el avance de su causa en la instrucción como el resto de las víctimas. Después del secuestro, Roque no pudo volver a conseguir trabajo en la zona por esa cultura que dejó la dictadura acerca del rótulo de “subversivo”. Durante el resto de la vida hizo lo que pudo para mantenerse como albañil en una ciudad en la que además los victimarios siguieron caminando en libertad en la calle por muchos años. Los organismos de derechos humanos de Zárate-Campana vienen pidiendo desde el comienzo del juicio que estas audiencias se hagan en sus lugares, no sólo porque de ahí son las víctimas, sino de ahí son también sus sociedades. El Tribunal Oral 5 de San Martín que está llevando adelante este debate no lo aceptó. Los jueces Alfredo J. Ruiz Paz, María Claudia Morgese Martín y Marcelo G. Díaz Cabral tienen la palabra.