Condenas, absoluciones y civiles ausentes. Entrada la tarde de ayer, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín leyó el veredicto para los nueve genocidas acusados en el Juicio a los Obreros de la Zona Norte. El onceavo juicio en la Megacausa Campo de Mayo.
Gloria Pagés
Gloria Pagés
Prisión perpetua para el exgeneral Santiago Omar Riveros; 23 años para el ex dictador Reynaldo Benito Antonio Bignone; Luis Sadi Pepa condenado a 17 años; Eugenio Guañabens Perelló a 16; 9 años para un jefe de policía y un prefecto. Sobre el final, tres absoluciones. Las víctimas, familiares y sobrevivientes expresaron su dolor e indignación.
Esta sentencia llega luego de tres meses de juicio, el llamado “de los obreros”, por una treintena de víctimas trabajadoras de fábricas ceramistas y navales de la Zona Norte de Buenos Aires, y llega luego de más 30 años de impunidad. Esto se temía y así lo reflejábamos en La Izquierda Diario
A medida que la lectura avanzaba, se temía que el tribunal hiciera lugar a nulidades presentadas por la defensa de los militares, a favor de tres prefectos. Finalmente así fue, los jueces los absolvieron, a pesar de muchos testimonios que probaron su autoría, entre otros delitos, del secuestro de Santina Mastinú y su hermano, el dirigente obrero Martín Mastinú, que continúa desaparecido y esposa de Mario Marras, quien fue asesinado. Estos prefectos ya fueron condenados in absentia en Italia por estos crímenes
Esto llenó de bronca a todos los presentes en la sala y en la calle que estaba cortada por militantes, familiares y sobrevivientes. Una condena a perpetua a un genocidio al que poca vida le queda no puede subsanar más de 30 años de impunidad que continúa. Llantos y gritos contra la justicia conmovían a todos lo que estábamos allí, por más que varios dirigentes oficialistas en un palco armado en la calle lo quisieran ocultar, ese sabor amargo fue imposible de tapar con discursos.
Esa falta de justicia fue el denominador común reflejado en todos los testimonios que recogió La Izquierda Diario: absoluciones, bajas penas y la ausencia de civiles, empresarios y sindicalistas, en el banquillo de los acusados.
Graciela Villalba, hija de Mauricio, obrero del Astillero Astarsa y querellante en esta causa, decía: “Los compañeros declararon que vieron a la gente de Astarsa con las listas de los obreros en la mano, hubo listados hasta con foto de los compañeros, hasta el sindicato entregó gente. Ya pasaron 38 años y no fue citado ni un civil en instrucción por eso empezamos a dar nombres para que los citen”.
Por su parte, Pablo Llonto, abogado de la querella, indicaba que “Ha sido un juicio donde apareció un montón de prueba en la que confirma la participación de los empresarios en los delitos de lesa humanidad pero ninguno de ellos está imputado, porque los juicios orales dependen de lo que se hace en la instrucción y acá lamentablemente el juez Suárez Araujo no imputó a los empresarios”. Y agregó que esto le deja una “sensación rara porque los civiles dieron nombres de trabajadores, las direcciones de las casas, hasta en Cattáneo (cerámica de la zona norte) los secuestros fueron dentro de la planta.”
Como hemos dicho en hace unos días , este es el tramo número once de la Megacausa Campo de Mayo, lo que demuestra la extrema fragmentación de los juicios de lesa humanidad. Pablo Llonto también se refería a este hecho: “Hay miles de imputados, pero sólo 100 han llegado a juicio oral, un número pequeño frente a lo que fue la órbita de Campo de Mayo, que implica toda la Zona Norte, desde General Paz hasta Zárate y Campana, con 5000 desaparecidos estimados, la gran mayoría obreros.” En este juicio quedaron afuera no sólo numerosos casos de obreros navales y ceramistas, sino también los de la Ford y de la metalúrgica Bopavi.
Al igual que Pablo Llonto, Paula Mañueco, abogada querellante que representa a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, debió reconocer esta carencia: “solicitamos que se mande a investigar a los empresarios ya que tuvieron responsabilidad en estos delitos; otra petición que hicimos fue que se pida al juzgado de instrucción que se investigue correctamente los delitos sexuales que muchas veces no se investigan, porque no se quiere mostrar la magnitud que tuvo este tipo de delitos en el marco del terrorismo de estado”.
Al respecto, Gloria Beatriz Enríquez de Garay, secuestrada y con su marido desaparecido, fue una de las que se animó a contar su historia “tuve que relatar que me violaron, la pérdida de un embarazo por culpa de los golpes, no es fácil”, nos dice conmovida, y agrega “lucho por los que todavía no entraron en los juicios, los compañeros que están desaparecidos y nadie está condenado por ellos”.
De esto se trata y eso se se gritaba afuera. Ir por más, “esto no es justicia, mal y tarde no sirve”, “urgente por los civiles y el resto de los milicos genocidas”. Se trata también de terminar con la fragmentación, con la revictimización de los sobrevivientes y familiares que una y otras vez deben relatar el tormento al que fueron y son sometidos. Y de juntar las piezas que sectores de la justicia quiere desperdigar. Y es Estado y el gobierno tienen que jugar un rol: ofrecer prueba abriendo y entregando a la justicia los archivos de la dictadura. El desguace de las causas es funcional a la impunidad: liquida y diluye el plan genocida, como plan sistemático de exterminio. Por eso es fundamental que las causas se unifiquen por circuito represivo, “todos los genocidas por todos los compañeros” como dice la histórica consigna que acuñamos de parte de la Asociación de Ex detenidos desaparecidos. Y cuando hablamos de todos los genocidas, se trata de todos: los civiles empresarios, burócratas sindicales, la cúpula de la iglesia. Sin esto, con juicios tardíos y desmembrados, condenando a un puñado de viejos militares, tomando también un puñado de casos, el sabor amargo para las víctimas y la impunidad para los que no fueron nunca siquiera imputados será una constante.
Esta sentencia llega luego de tres meses de juicio, el llamado “de los obreros”, por una treintena de víctimas trabajadoras de fábricas ceramistas y navales de la Zona Norte de Buenos Aires, y llega luego de más 30 años de impunidad. Esto se temía y así lo reflejábamos en La Izquierda Diario
A medida que la lectura avanzaba, se temía que el tribunal hiciera lugar a nulidades presentadas por la defensa de los militares, a favor de tres prefectos. Finalmente así fue, los jueces los absolvieron, a pesar de muchos testimonios que probaron su autoría, entre otros delitos, del secuestro de Santina Mastinú y su hermano, el dirigente obrero Martín Mastinú, que continúa desaparecido y esposa de Mario Marras, quien fue asesinado. Estos prefectos ya fueron condenados in absentia en Italia por estos crímenes
Esto llenó de bronca a todos los presentes en la sala y en la calle que estaba cortada por militantes, familiares y sobrevivientes. Una condena a perpetua a un genocidio al que poca vida le queda no puede subsanar más de 30 años de impunidad que continúa. Llantos y gritos contra la justicia conmovían a todos lo que estábamos allí, por más que varios dirigentes oficialistas en un palco armado en la calle lo quisieran ocultar, ese sabor amargo fue imposible de tapar con discursos.
Esa falta de justicia fue el denominador común reflejado en todos los testimonios que recogió La Izquierda Diario: absoluciones, bajas penas y la ausencia de civiles, empresarios y sindicalistas, en el banquillo de los acusados.
Graciela Villalba, hija de Mauricio, obrero del Astillero Astarsa y querellante en esta causa, decía: “Los compañeros declararon que vieron a la gente de Astarsa con las listas de los obreros en la mano, hubo listados hasta con foto de los compañeros, hasta el sindicato entregó gente. Ya pasaron 38 años y no fue citado ni un civil en instrucción por eso empezamos a dar nombres para que los citen”.
Por su parte, Pablo Llonto, abogado de la querella, indicaba que “Ha sido un juicio donde apareció un montón de prueba en la que confirma la participación de los empresarios en los delitos de lesa humanidad pero ninguno de ellos está imputado, porque los juicios orales dependen de lo que se hace en la instrucción y acá lamentablemente el juez Suárez Araujo no imputó a los empresarios”. Y agregó que esto le deja una “sensación rara porque los civiles dieron nombres de trabajadores, las direcciones de las casas, hasta en Cattáneo (cerámica de la zona norte) los secuestros fueron dentro de la planta.”
Como hemos dicho en hace unos días , este es el tramo número once de la Megacausa Campo de Mayo, lo que demuestra la extrema fragmentación de los juicios de lesa humanidad. Pablo Llonto también se refería a este hecho: “Hay miles de imputados, pero sólo 100 han llegado a juicio oral, un número pequeño frente a lo que fue la órbita de Campo de Mayo, que implica toda la Zona Norte, desde General Paz hasta Zárate y Campana, con 5000 desaparecidos estimados, la gran mayoría obreros.” En este juicio quedaron afuera no sólo numerosos casos de obreros navales y ceramistas, sino también los de la Ford y de la metalúrgica Bopavi.
Al igual que Pablo Llonto, Paula Mañueco, abogada querellante que representa a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, debió reconocer esta carencia: “solicitamos que se mande a investigar a los empresarios ya que tuvieron responsabilidad en estos delitos; otra petición que hicimos fue que se pida al juzgado de instrucción que se investigue correctamente los delitos sexuales que muchas veces no se investigan, porque no se quiere mostrar la magnitud que tuvo este tipo de delitos en el marco del terrorismo de estado”.
Al respecto, Gloria Beatriz Enríquez de Garay, secuestrada y con su marido desaparecido, fue una de las que se animó a contar su historia “tuve que relatar que me violaron, la pérdida de un embarazo por culpa de los golpes, no es fácil”, nos dice conmovida, y agrega “lucho por los que todavía no entraron en los juicios, los compañeros que están desaparecidos y nadie está condenado por ellos”.
De esto se trata y eso se se gritaba afuera. Ir por más, “esto no es justicia, mal y tarde no sirve”, “urgente por los civiles y el resto de los milicos genocidas”. Se trata también de terminar con la fragmentación, con la revictimización de los sobrevivientes y familiares que una y otras vez deben relatar el tormento al que fueron y son sometidos. Y de juntar las piezas que sectores de la justicia quiere desperdigar. Y es Estado y el gobierno tienen que jugar un rol: ofrecer prueba abriendo y entregando a la justicia los archivos de la dictadura. El desguace de las causas es funcional a la impunidad: liquida y diluye el plan genocida, como plan sistemático de exterminio. Por eso es fundamental que las causas se unifiquen por circuito represivo, “todos los genocidas por todos los compañeros” como dice la histórica consigna que acuñamos de parte de la Asociación de Ex detenidos desaparecidos. Y cuando hablamos de todos los genocidas, se trata de todos: los civiles empresarios, burócratas sindicales, la cúpula de la iglesia. Sin esto, con juicios tardíos y desmembrados, condenando a un puñado de viejos militares, tomando también un puñado de casos, el sabor amargo para las víctimas y la impunidad para los que no fueron nunca siquiera imputados será una constante.
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