miércoles, 29 de junio de 2016

Los secuestros en la planta de la Ford serán juzgados en marzo de 2017

Llega el juicio, pero un acusado murió

Guillermo Galarraga, ex gerente de Relaciones Laborales de la planta, era uno de los tres civiles que iba a ser juzgado por los secuestros de los obreros de la fábrica.

 Por Alejandra Dandan

Pedro Troiani conserva las imágenes aún frescas. Año 1976. La planta argentina de la automotriz norteamericana Ford Motors estaba ubicada en la localidad de Pacheco. Los Falcón eran uno de los modelos de mayor producción porque eran duros y duraban mucho tiempo. Troiani observaba a los militares pasar con los Falcon por los surtidores de la planta, donde cargaban combustible y salían sin patentes. Lo mismo sucedía con los militares de ronda por la Panamericana, cuando sus camiones entraban a la Ford para cargar combustible. Él era delegado de la sección montaje. Fue el último de los 24 obreros secuestrados por oleadas entre marzo y abril de 1976. Luego de haber visto que todos los días se llevaban a uno de sus compañeros, se atrevió, como dice, a ir a ver al Jefe del área militar “sin pensar lo pasaba”.

Hace una semana, el grupo de ex delegados de la Ford que impulsa sin paz desde hace casi cuarenta años la investigación por los secuestros, tuvo dos noticias. Por un lado, supieron que el Tribunal Oral Federal de San Martín, luego de muchísimas demoras, le puso fecha al comienzo del juicio oral para el próximo 14 de marzo. Por otro lado, se enteraron de la muerte de Guillermo Galarraga, entonces gerente de Relaciones Laborales de la planta, uno de los tres civiles que iba a ser juzgado en el juicio y la persona que sabía quiénes eran los integrantes de las comisiones internas y con quiénes se reunían los trabajadores. Galarraga tenía 92 años. Al saber la noticia, la esposa de Troiani se sentó a escribir un correo: “El círculo se está cerrando”, comenzó.

“Cuando nos enteramos de la noticia nos amargamos muchísimo porque creemos que esto es lo que la justicia pretende –dice Troiani–: pasa el tiempo y nos vamos muriendo y en definitiva este tipo que fallece fue procesado, pero muere sin un juicio final. Es un problema para todos, hasta para ese mismo hombre porque falleció, su familia sabe que estaba acusado de un crimen de lesa humanidad y en un juicio hubiese tenido la posibilidad de defenderse. Esperemos que quede al menos uno con vida para el juicio que empezará en marzo.”

La espera se prolonga desde hace años. Durante la vigencia de las leyes de impunidad, la CTA denunció en España la existencia de un centro clandestino en el predio de Pacheco de la Ford. El quincho que funcionó como el primer lugar de traslado y detención de los prisioneros también fue denunciado por Troiani durante los juicios de la Verdad, un testimonio con el que el fiscal Felix Crous pidió en 2002 la apertura de la causa. Pasaron más de diez años hasta que la justicia procesó a tres directivos vivos de la Planta. Además de Galarraga, fueron procesados Pedro Müller, gerente de manufactura, a quien los sobrevivientes describen como mandamás de Pacheco y verdadero jefe político y y Héctor Francisco Sibilla, Jefe de seguridad y uno de los hombres más recordados por su carácter de militar retirado del Ejército, luego contratado por la Embajada de Estados Unidos en seguridad hasta que se jubiló en 2004.

En enero de 2015, el Tribunal Oral Federal de San Martín tomó declaración de modo adelantado a dos testigos y ahora lleva 14 meses desde la apertura de las pruebas, paso previo al debate. En el último mes de mayo, el abogado de los delegados de Ford, Tomás Ojea Quintana, presentó un “pronto despacho” para reclamar una fecha de comienzo del juicio, en una jurisdicción con problemas endémicos por la acumulación de causas en el tramo de juicio oral. “Es un caso emblemático para dilucidar de qué forma se comportaron ciertos sectores productivos de nuestro país durante el terrorismo de Estado”, dijo el abogado. La resolución, sin embargo, no define la fecha. Dice que el juicio se hará si Cámara de Casación y el Consejo de la Magistratura se comprometen a integran las vacantes pendientes en el tribunal.

El debate atravesará varios tipos de análisis, que pese al cambio de época vuelve a interpelar no sólo al pasado, sino también al presente. Uno de esos ejes es la relación de la Ford con la dictadura. Y una demanda de los trabajadores para que la automotriz con sede central en Estados Unidos pida perdón por los crímenes. Otro temas es el análisis de los vínculos entre empresa, sindicato y trabajadores. Los delegados pertenecían a la lista verde, de la conducción oficial del Smata, pero estaban enfrentados a la conducción. “Para la época teníamos posibilidad de sacarle a la Ford compromisos y se los sacábamos, por eso nos marcaron: el día del golpe desapareció el cuerpo de delegados”, dice Troiani. Hasta entonces, la comisión interna había comenzado a negociar los convenios directamente con la dirección de la empresa sin el sindicato “porque tardaba demasiado en resolver los problemas”. El 24 de marzo de 1976 Galarraga los llamó a una reunión y les dijo que la vida sindical se había terminado

domingo, 13 de marzo de 2016

La investigación por los crímenes del Primer Cuerpo

Arrestaron a un ex espía del Ejército
En el marco de la causa en la cual se investigan los crímenes llevados a cabo por el personal del Primer Cuerpo del Ejército, el juez federal Daniel Rafecas dispuso la detención del coronel Fernando Jorge Rao, quien durante la dictadura estuvo a cargo de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor del Primer Cuerpo del Ejército, órgano de asesoramiento directo del entonces General de División Carlos Guillermo Suárez Mason, y realizó el allanamiento de su domicilio, donde se halló documentación que quedó en poder del juzgado para su estudio.

El juez dispuso el llamado a declaración indagatoria de Rao, a quien imputó por su participación en el plan sistemático de represión implementado durante la dictadura.

La imputación de Rao se extendió a la privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a 220 víctimas que estuvieron cautivas en el centro de detención “El Vesubio”, doce de las cuales fueron sexualmente abusadas, y el homicidio de 60 personas, 48 de las cuales fueron asesinadas mediante los simulados “traslados” desde el centro de detención, todo ello durante el período en que se desempeñó como “J II” o Jefe de Inteligencia por debajo del Comandante del Primer Cuerpo del Ejército Carlos Guillermo Suárez Mason, entre abril de 1976 y noviembre de 1977, fecha en que fue designado como Subsecretario de la Secretaría de Inteligencia del Estado, donde permaneció hasta fin del año 1979.

La imputación quedó conformada por las víctimas que estuvieron en el centro de detención “El Vesubio” como también por distintos operativos de detención que tuvieron lugar en la Subzona 11. En la misma “línea inteligencia” que se investiga en la Megacausa “Primer Cuerpo”, Rafecas dispuso en el año 2012 la detención y el allanamiento del domicilio de Carlos Alberto Martínez, quien durante la dictadura estuvo a cargo de la Jefatura II de Inteligencia, y fue uno de los principales integrantes del Estado Mayor General del Ejército, órgano de asesoramiento directo al dictador Jorge Rafael Videla.

jueves, 28 de enero de 2016

Denuncian que se niegan la memoria sobre el Terrorismo de Estado en el ex Batallón 601

Desde la agrupación Barrios x Memoria y Justicia Balvanera afirman que pese a los reclamos, esta semana abrió sus puertas una sucursal más del Banco Santander Rio en la ex sede de Inteligencia del Ejército Argentino, ubicado en la esquina de Callao y Viamonte de la Ciudad de Buenos Aires, sumándose a la universidad que ya funcionaba allí.

“Se preservó su fachada, pero  el edificio fue parcialmente demolido en su interior, siendo ocupado en los pisos superiores por la Universidad del Salvador y en planta baja y sótanos por el Banco Santander Rio. Nos presentamos ante la Secretaría de DDHH  y el Banco Central de la R.A. reclamando por este despojo a la Memoria histórica.  Nos informaron que se habían iniciado conversaciones con la Universidad del Salvador y el Banco Santander Rio.

Ahora con la asunción de las nuevas autoridades en los dos organismos del Estado y sin ninguna comunicación sobre los expedientes iniciados,  se autorizó la apertura de la sucursal bancaria. Se ha intervenido sin contemplaciones de ningún tipo sobre el patrimonio histórico de ese edificio de diez pisos donde funcionó el ‘cerebro operativo’ del terrorismo de Estado con miles de agentes militares y civiles destinados a espiar, perseguir, torturar y desaparecer ciudadanos bajo sospecha. También albergó la dirección local del Plan Cóndor durante la última  Dictadura cívico – militar. Seis décadas atrás tuvo un rol protagónico en las desapariciones que sufrió el cuerpo de Evita.

Enorme es el daño que se ha hecho al pueblo desde ese siniestro lugar y debe haber reparación social y urbana que lo devuelva a la historia y a la vida cotidiana.
Esta  acción,  como otras que han sido tomadas por el gobierno en estos días,  referidas a la Memoria y los D.D.H.H., están alejadas de los valores y derechos conquistados en estos últimos treinta y dos años de democracia. 

Insistiremos una y otra vez hasta se abra un Espacio de Memoria para que las nuevas generaciones puedan visitar el ex Batallón 601 y comprender lo que Nunca Más puede volver a ocurrir en nuestro país”, afirmaron desde Barrios x Memoria y Justicia Balvanera a través de un comunicado.