miércoles, 4 de diciembre de 2013

"Miembros del Poder Judicial se han burlado de nosotros..." Señala documento de la Comision de Campo, querellantes, familiares y organismos

DENUNCIAMOS

Primero, en plena dictadura, los  buscamos vivos. Luego exigimos Verdad y Justicia y el propio  Estado democrático nos respondió legalizando la impunidad con las leyes de Obediencia  Debida y Punto  Final. El  indulto  a los genocidas llegó también de la mano de  un presidente legitimamente elegido.

Estamos a un paso de que se cumplan 10 años de la apertura de esa  enorme puerta que pudimos  cruzar  con la anulación de aquellas  leyes. El Estado democrático esta  vez inauguraba  un  nuevo  tiempo histórico.

Jamás  abandonamos el camino de lucha ni nuestras esperanzas; hemos andado sin  descanso ni  consuelo. Ese andar fue regado con la  vida de  muchas víctimas,  familiares y testigos.

Trabajamos cotidianamente buscando la condena a los genocidas con la ley y con todas las garantías que les fueron negadas a los nuestros. Pero algunos miembros del poder judicial se han  burlado de nosotros, y han demostrado que la Justicia no es su meta.

Este  juicio, el 9no de la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, llega a su  fin y al igual que el anterior, lleva la denuncia de la propia fiscalía de juicio  por los déficit de la instrucción-investigación que se llevó a cabo. Esos déficit se traducen en la imposibilidad de juicio y castigo a todos los culpables. Uno de los responsables de la falta de  investigación tiene  nombre y apellido, se llama Jorge  Sica, fiscal largamente denunciado  por nosotros  porque manifestó explícitamente que  no investigaría,  y así fue. La lucha de los querellantes, los compañeros  y los abogados  logró su  desplazamiento  para los casos de lesa  humanidad. Pero su paso por esa tarea ha lesionado fuertemente el proceso de justicia, en algunos casos  irremediablemente.  Hemos sido  nuevamente dañados por una parte  del Estado, a través de uno de los funcionarios  que pertenece a un sector de este poder judicial que se resiste todavía a la memoria, a la verdad y a la justicia. Es imperioso construir de una vez por todas un poder judicial que en su totalidad esté a favor de la democracia y del pueblo argentino en su conjunto, y no muchos de sus componentes al servicio de la impunidad o de sectores corporativos.

No hay  forma de  “restitución”   de lo  perdido, pero  el Estado tiene la obligación de “reparar”  el daño producido a su pueblo.  La JUSTICIA  es el acto reparatorio que se nos debe,  sobre todo a quienes  hoy  se hacen presentes a través nuestro. Sabemos que los Sicas  son muchos y también sabemos que son muchos los fiscales que  hacen de sus  acciones, una  práctica  Etica. Sica  ha obstaculizado y en oportunidades impedido llegar a la verdad: los allanamientos que no se pidieron, la documentación que no se  buscó, los participes que no se investigaron, los delitos que se dejaron de incluir en la acusación.

El  genocidio  se llevó adelante con la  clandestinidad e impunidad de sus  acciones ,  encontrar  las  pruebas  para  probar los delitos requiere  por tanto de un ejercicio activo de parte del poder judicial en cada una de sus etapas y  de cada uno de sus funcionarios.

Denunciamos  a los Sicas y  a quienes desde su  rol,  por acción  u omisión,  no están a la altura del momento histórico  que  atravesamos. No entienden que la Justicia es el escenario donde también se está construyendo una nueva práctica judicial y  ciudadana,  se está reescribiendo la  historia, dando sentido al presente,  mostrando caminos a  futuro.

Como  querellantes, víctimas,  familiares y  compañeros  vinculados a la causa Campo de Mayo, hoy llegamos al final de este  juicio saludando su realización,  concientes  de lo  mucho que  hemos hecho y lo que falta, pero sabiendo  también que este no era el proceso esperado por nosotros,  merecido para las víctimas y el que necesita la sociedad  como un claro mensaje en el camino del NUNCA MAS

Organismos, victimas, familiares y compañeros de la Causa Campo de Mayo, organismos de DH y compañeros vinculados a otras causas judiciales.


Gabriel Matias Cevasco. dni 25557179, Adriana Leiva  DNI 10.649.323, Gustavo C Molfino. DNI 14596275, Laura Catalina de Sanctis Ovando 26.132.734, Adriana Taboada  DNI 13.995505, Lorena Battistiol dni 25391723, Flavia Battistiol  dni 23862358, René Horacio Flores, DNI Nº: 12.286.881, Gloria Canteloro. D.N.I. 13.167.815, Dalia Canteloro 10779589, María Maggio  DNI 24.214.550, Carnen ines salcedo  dni  11666090, Edgardo Ignacio Binstock DNI 8.627.158, Ruth Dobrusin DNI 3557302, Julia Elena Villagra  dni 6266253, Virginia Croatto 25 554 808, Paulina Tovo DNI: 25.492.163, Maria. Jose lujan dni 24.341.226, Ana Maria Avalos Goycoolea  DNI 93969.041, Liliana Giovannelli DNI 11.938.641, Benjamin Antonio  Dni 93277160 , Ana Testa DNI 11028402, Silvia Tolchinsky  DNI 5.889.025, Maria Josefina Labarthe , DNI 6375235, Gabino P. Bedia, DNI 4731791, María Inés Bedia   DNI 29044391, Cristina Aldini  DNI 11230992, MARTA SILVIA QUEREJETA - D.N.I. 12.797.350, Teresa Noemi Rey  DNI 16732718,Juliana  Inés GArcia, Alba Rosa Lanzillotto    DNI 7881047 , León Sznaider 13.433.224, Paulina G. de Sznaider 12.279.540, Beatriz Sznaider 12.058.062, Pablo Rascovan: 11.399.754, Tilsa Albani dni 3335799, Daniel Cabezas DNI 10.952.637, Luciana Milberg DNI 29.478.299, Laura Hietala  DNI 25803026, Lilia Mannuwal dni 5.308.225, Silvia Beatriz Salamone D.N.I. 10.682.222, Graciela Pilar  Villalba .D.N.I.11.046.386, Pablo José Tajes . DNI - 8.263.497 .- Eva Beatriz Gigena D.N.I. 10.963.337, Manuel Gonçalves Granada  DNI 30293315, Ana Salamone, DNI 12.812.832.Maria Susana Machi DNI 5.866.017, Nieto Aime Lucia DNI 33094630,Gabriela Raquel Jiménez - DNI 20718696, Silvio Matías Barrichi - DNI 13246514, María del Rosario  Gassillón - DNI 4281429, Ernesto Romualdo Jiménez - DNI-4917673, Camilo Peralta – 37939383, , Carlos Gonzalez, Malena Peralta – 36881750, David Alvaro Correa  DNI 20315606, Mariela  Correa DNI 24938191, Celso David Medela DNI 19293273, Enrique  Hugo Correa DNI 6150169, María LauraPalmieri DNI 28268268, Nicolás Jorge Correa DNI 34330091, DELIA BELARDINELLI 11666090, Sylvia Schulein  dni 6711753, Silvina Segundo  dni 17415608, Maria Susana Hernandez, DNI: 11574986,  Jorge Witis dni 10743236, Susana Beatriz Lombardi DNI: 24.657.973, Micaela Elisa Lombardi DNI 26.077.542, Juan Enrique Lombardi DNI: 30.085.372, Ernesto Francisco Lombardi DNI 8.528.334, Susana  Esther  Recio  DNI 11.928.361,, Raquel Witis dni 6032108, Hugo Oscar Segura, DNI Nº 7.738.740, Nélida Rey , DNI. 4527429 Antonio Fernández, dni 7.608.148,,

Comisión de Familiares de  Detenidos y Desaparecidos por  Razones Políticas, Comisión por la Memoria, la verdad y la justicia de zona Norte., Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo, H.I.J.O.S.de Escobar- Campana- Zarate, Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Martín, Comisión de Familiares y Ex detenidos políticos de JCPaz, Comisión de Ex Delegados de la Ford, Organismos de DDHH del Noa y Nea

Laura Conte  DNI 3.327.250, Hugo Cañón. DNI 5.513.611, Mirta Clara  DNI 5 768 527,  Enrique Font DNI 16.935.596Carolina María Sala  DNI 27.343.263, Gabriel Elias Ganon DNI 14.587.181 Miguel Fernández Long DNI 11.299.395, Pablo Fernandez Long 4.538.880, Rodrigo Pomares DNI 27.235.764, Rafael Diego García DNI 4.395.622,  Fernando   Devoto   DNI  12.780.499, Pablo Ferreyra DNI 27.565.890, Celia Estela Sarmiento  DNI 21.401.616, Bruno Pedro De Aalto DNI 12.928.106, , Norma Osnajanski DNI 5.570.247, Luis Soria, DNI: 6.697.509, , Graciela  Ojeda . DNI 10.533.635 , Guillermo Perez Roisinblit, DNI 26939612, Tomás Martín Castro Mayta  DNI. 26814615, Ángela Urondo Raboy  DNI 27440690, Miguel G. Murphy  DNI 4.384.516, Carlos A. Zorzoli DNI 7742985, Juan de Dios Acosta Mena DNI N° 92.840422., Clara Petrakos, 25058749, MIGUEL MARIO CLAVELL – D.N.I. 7.616.885, , Silvia Burgos 17830408, Héctor Jerónimo Enrique López DNI 10.773.910 , Sebastian Rosenfeld, DNI 29443134, Daniel Horacio Aveni  DNI 13.215.111,  Francisco Javier Uribe Uribe, DNI. 18691059., cArturo Humberto Remedi  DNI 11 .386.480, , Pablo Martín Jara DNI 2850413, María del Rosario Alveolite DNI: 12.103.019, graciela mónica meloni dni 11.726.599, Fanny Seldes   DNI 10390154, Patricia Lamanuzzi DNI 12.714.373,  Susana Nora Gallardo 6718260, , ricardo alberto martinez dni 8414349, hugo daniel russo, dni: 20.860.945;  nina brugo marcó d.n.i. nº4.788.651, roberto "juan" ferrante d.n.i. nº5.617.305, Paula Sansone DNI 25.788.080María Inés Monzani 13.653. 539, Ana María García  DNI 06.695.094, María Julia Daroqui. DNI: 5.746.343, Claudia Cesaroni DNI 16.263.075, Ricardo Weinmann DNI Nº 10.196.241, Cristina Olivé DNI 5.619.227, Marta Ungaro DNI 5.771.883, Maximiliano Medina DNI 29.390.267, Laura Ortega DNI 6.072.554 , Carlos Van Lacke DNI 4.529.910, Marta Lidia Cerisola DU 11892260, Marina mapelli dni 21443446, , Claudia M. Aldini  DNI 16730373, tatiana sfiligoy DNI 23458921, Macarena Gelman  DNI 18.846.201, García María Fernanda. DNI 33.921.892, Fernanda Carolina Marquez DNI 24.741.868, Aníbal Adrián López DNI 11.068.526, Maria del Carmen Castro DNI 6033645, BEATRIZ LOPEZ  5935533, Carina Herrera DNI 23586000LUCIANA LUCANTIS 21552069, Angel Belisario Gutierrez DNI 5 086 270, Gabriel Eduardo Corvalan Delgado  Dni 23866181, santiago lazzarini 10506156, Marco Antonio, DNI 13798914, DNI 5.815.513 PUPPARO, MARIA CRISTINA , Silvia Distéfano DNI 12961462, Omar Maio DNI 12968120, siguen lsa firmas.

(Este documento es publicado hoy como solicitada en el diario Pagina 12, sin las firmas dado el masivo respaldo del documento.)

miércoles, 28 de agosto de 2013

El TOF5 condena a tres represores, a dos de ellos con penas mínimas y uno de ellos a su casa (¿?)

Los crímenes del circuito Zárate-Campana

Santiago Riveros recibió una pena de 25 años de prisión y se le quitó el beneficio de la detención domiciliaria. Víctimas y querellantes cuestionaron las penas dispuestas para Servando Ortega y Fernando Meneghini, quien quedó libre.

 Por Alejandra Dandan

El Tribunal Oral Federal Nº 5 de San Martín condenó a los tres acusados en el juicio por los crímenes de 29 personas durante la dictadura, militantes políticos y referentes de base del circuito Zárate y Campana. El aspecto más importante del fallo recayó sobre el jefe de Institutos Militares y señor de la vida y de la muerte de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros: el Tribunal lo condenó a la pena máxima de 25 años de prisión por allanamientos ilegales, robo, privación de la libertad de 28 personas y tormentos de 27. Después de años de pedidos de las querellas y fiscalías, el tribunal le quitó el beneficio de permanecer detenido en su residencia particular del barrio de Belgrano y lo destinó a la cárcel federal de Ezeiza, a sus 90 años. Los montos de las otras dos condenas, en cambio, fueron cuestionados por víctimas y querellantes porque resultaron más bajos de lo esperado.

El ex jefe de la Prefectura Naval de Zárate Servando Ortega, que era juzgado por primera vez, fue condenado a nueve años de prisión. La fiscalía a cargo de Marcelo García Berro había pedido 14 años y las querellas, 25 años, por dos privaciones ilegales de la libertad. El tribunal le mantuvo los “hechos”, pero por razones que no se conocerán hasta tener los fundamentos de la sentencia (previstos para el 25 de septiembre) le adjudicaron una pena menor. El hecho importante, de todos modos, es que modificaron su situación de detención: Ortega estaba excarcelado y caminaba libre por la calle hasta quince minutos antes de la sentencia, ahora quedó en situación de prisión domiciliaria.

El tercer caso, el más polémico, fue el del ex comisario de Escobar Fernando Meneghini, que ya había sido condenado a seis años de prisión en el juicio en el que también se juzgó a Luis Abelardo Patti. Meneghini fue condenado en este caso y, nuevamente, a seis años de prisión. La fiscalía había pedido 14 años y las querellas, 25. Estaba acusado por privaciones ilegales de la libertad y tormentos de un grupo de personas que habían sido alojadas en condiciones inhumanas en las celdas de un camión celular estacionado en el predio de la comisaría. El tribunal mantuvo los cargos de la privación ilegal, pero lo absolvió de los tormentos. El punto que más impactó a las víctimas, porque nadie lo esperaba, es que el veredicto incluyó una orden para dejarlo en libertad: el tribunal entendió que ya cumplió los seis años mientras estuvo bajo prisión preventiva. La condena la cumplió en prisión domiciliaria y, desde ayer, está en libertad.

“Cuando dijeron 25 años a Riveros, dijimos ‘más o menos empezamos bien’. Pero Riveros ya está condenado y es como que esto no cuesta nada, y esperábamos realmente que para los otros imputados las condenas hubiesen sido mayores”, dijo Eva Orifici, una de las sobrevivientes, apenas terminó la audiencia. “Es un pasito”, dijo Daniel Antonio Lagarone, metros más atrás. “No estoy conforme. Darle seis años a Meneghini, darle nueve años con arresto domiciliario a Ortega; eso no es justicia. Nos queda mucho y vamos a seguir luchando por lo que falta.”

La evaluación del fallo tuvo características distintas entre fiscales y querellas. La decisión sobre la libertad de Meneghini será apelada probablemente, lo mismo que el monto de condena para Ortega. Sin embargo, la querella ponderó que todos los acusados hayan sido condenados. “No nos tenemos que olvidar que acá hubo tres condenas”, dijo el abogado Pablo Llonto. Entre los puntos importantes, acentuó la decisión de la cárcel común para Riveros, una medida que la fiscalía y los propios querellantes venían pidiendo en esta jurisdicción desde hace años. “Era un represor que estaba en su casa, y que lo manden al hospital penitenciario de Ezeiza es importante”, dijo Llonto y luego recordó que es “el genocida de mayor edad que va a una cárcel común. Esperemos que sea por mucho tiempo”.

Las evaluaciones también miraron otros puntos. Uno de ellos es un listado que incorporó la sentencia sobre 18 centros clandestinos, muchos de ellos nunca investigados, para que sean analizados por la Justicia de Instrucción. El juicio se caracterizó por echar luz y pruebas relacionadas con un enorme circuito de centros clandestinos que se habilitaron en diversos espacios una vez producido el golpe de Estado y que funcionaron en lugares como un club, un buque, una mansión y hasta una “casa con techo rojo en una isla cerca de Escobar”. El tribunal recogió los datos que aparecieron en el juicio sobre cada lugar, los asoció a distintas víctimas y ordenó investigar.

“Obviamente uno queda con un sabor amargo por el monto de las últimas dos condenas, la de Meneghini y la de Ortega –dijo Llonto–, pero también queda con una pequeña satisfacción al saber que hay un tribunal que les ha dicho a los jueces de instrucción que hay que investigar una enorme cantidad de centros clandestinos de Zárate, Campana, Escobar, Banfield, Moreno y que hay una gran cantidad de víctimas de las que deben investigarse sus casos.” Otro de los puntos destacados de la sentencia fue que separaron parte de las pruebas para que sean investigadas como delitos de índole sexual, y el veredicto determinó que se cometieron delitos contra menores, muchos de ellos dejados en sus casas atados cuando se llevaban a los padres.

Finalmente, otro de los ejes para entender la sentencia son problemas más generales, como la fragmentación de las causas, que no tiene que ver con el Tribunal Oral, sino con los jueces y fiscales de instrucción. “Este es un llamado de atención fuerte a los jueces de todo el país, porque las causas no se pueden seguir enviando con pocas víctimas y pocos represores”, dijo Llonto. “No sólo no van a terminar nunca los juicios, sino que lo que van a conseguir es la impunidad biológica, que es por lo que están trabajando los defensores de estos genocidas. Tratando de que los juicios se armen de esta manera; hay que exigir a la Justicia mayor celeridad y mayor rapidez y mayor agrupación de las causas.”

Pero el propio Tribunal de San Martín despertó extrañas sensaciones a lo largo de las audiencias. El primer día de juicio había varios carteles en la sala. “Area 400 Nunca Más”, podía leerse. O estaban también las imágenes de los desaparecidos de la zona, sostenidas como banderas, como en cada juicio. Se había escuchado el “como a los nazis les va a pasar” cuando los acusados entraron. Pero nada de eso volvió a verse con el correr de las audiencias. Ese día primero, el presidente del tribunal, Alfredo Ruiz Paz, objetó cada uno de los ritos: “Cualquier expresión agraviante o de júbilo no la voy a aceptar”, ordenó. Avisó que, como “comprenderán”, “se impondrán sanciones”. Y cuando algún cartel osó volver a levantarse, el hombre señaló: “¡Por favor!, ¡bajen esos papeles!”.

Ayer no hubo papeles, ni carteles, ni imágenes de los desaparecidos. Alguno logró colar algún escrito en alguna remera. Los jueces entraron a la sala poco después de las 16.20. Los imputados todavía no estaban. Los defensores habían pedido que no estuvieran. Ruiz Paz leyó una resolución en la que disponía lo contrario. En ese momento, la sala osó festejar.

“¡No voy a permitir ninguna expresión!”, dijo el presidente. “¡Cualquiera sea voy a ordenar el inmediato desalojo!”

Los tres acusados entraron. Nadie volvió a decir nada. Ni a cantar con la condena a Riveros ni a gritar con las penas al resto. El juez terminó. Leyó toda la sentencia. Todo el tribunal se retiró. Y entonces llegó el momento. Mientras los represores y el pelo blanco de Riveros iban saliendo, la sala pudo decirlo: “Como a los nazis les va a pasar adonde vayan los iremos a buscar...”.

viernes, 2 de agosto de 2013

Se reanuda la causa sobre los CCD y E del circuito Zárate- Campana

Alegatos con una baja entre los acusados

La fiscalía pidió 25 años de prisión para Santiago Omar Riveros y 14 para los represores Juan Fernando Meneghini y Servando Ortega. Las víctimas lamentaron el fallecimiento del marino Sergio Buitrago, ex jefe de la Base Arsenales de Zárate.

 Por Alejandra Dandan

“Ayer estuve todo el día llorando”, dice Sonia Karina Pérez por el momento en el que escuchó la noticia de la muerte del marino Sergio Buitrago, ex jefe de la Base Arsenales de Zárate donde funcionó un centro clandestino en el que estuvo secuestrado su padre. Roque Vicente Pérez era secretario adjunto del Sindicato del Papel, obrero de una papelera, secuestrado cuando acompañaba a la esposa de otro compañero a hacer la denuncia por su desaparición. Cuando salió del cautiverio, Roque se dio con la noticia de que su mujer había sido asesinada. Sonia tenía cuatro años. Ayer se sentó en la audiencia donde estaba siendo juzgado el marino. “Siento que la Justicia es muy lenta, que nos falta el respeto –dice–, porque estos juicios tendrían que haber sido mucho antes. Viendo a los sobrevivientes y mirando cómo a mi viejo se le dobla la espalda de la vejez, espero que esto se movilice con rapidez.”

Ayer se reanudó en San Martín el juicio oral por 29 víctimas secuestradas durante la dictadura en el circuito Zárate-Campana. El juicio entró en la etapa de alegatos con la lectura de las pruebas de parte de la fiscalía, integrada por Marcelo García Berro y Guillermo Silva. A pesar de la muerte de Buitrago el juicio continúa, dado que son juzgados el señor de la vida y de la muerte de Campo de Mayo, el ex comandante de Institutos Militares Santiago Omar Riveros; Juan Fernando Meneghini, entonces comisario de Escobar, y por primera vez Servando Ortega, jefe de la Prefectura Naval de Zárate, lindante con el Arsenal Naval de Buitrago.

La fiscalía pidió 25 años de prisión para Riveros y 14 para Meneghini y Ortega. En la causa no hay acusaciones por homicidio y están imputados por secuestros y tormentos. En el caso de Ortega por dos hechos. También pidió que sean desafectadas las prisiones domiciliarias, se los traslade a cárcel común y que se remitan las pruebas sobre los delitos de violencia sexual a instrucción para ser investigados.

En el patio externo a la sala se juntaron a la mañana varios sobrevivientes. “Hoy, una vez más, nuestra crítica a la instrucción de los juicios y la elevación nos da la razón”, decía Daniel Antonio Lagaronne, uno de ellos. “Un genocida más ha muerto sin escuchar la sentencia. Por eso más que nunca pedimos que se aceleren las causas.” Ciro Annicchiarico, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, llegó hablando de la responsabilidad que en todo esto tienen los que votaron las leyes de impunidad y el mismo Poder Judicial, que tiene que avanzar con el proceso de democratización para garantizar el compromiso con estas causas.

Durante los alegatos, la fiscalía también buscó la manera de pronunciar el nombre de Buitrago, aun cuando legalmente ya no tenía sentido. “Sin perjuicio de lo informado acerca del fallecimiento de Buitrago, esta fiscalía quiere decir que este lugar (la Base Naval o Arsenal Naval Zárate) funcionó como centro clandestino de detención”, dijo García Berro.
El alegato

Este juicio estuvo marcado por dos puntos: la enorme cantidad de testimonios que lograron demostrar durante las audiencias la existencia de un tendal de centros clandestinos que habían sido descriptos en la instrucción, pero en muchos casos no existían datos consolidados en la Justicia. Por otro lado, las denuncias sobre violencia sexual sobre varones y mujeres. Un dato clave del alegato fue el arranque y el subrayado al carácter “cívico-militar” del 24 de marzo.

“Como todos aquí sabemos, el 24 de marzo de 1976 en la Argentina hubo un golpe de Estado encabezado material e intelectualmente por integrantes de las tres Fuerzas Armadas y muchos civiles que instauraron un gobierno de hecho, una dictadura que disolvió el Congreso, destituyó a las autoridades del Poder Ejecutivo y a varios magistrados del Poder Judicial”, expresó la fiscalía. “La historia argentina del siglo XX registra varios golpes de Estado y gobiernos ‘cívico-militares’, pero este último alcanzó un nivel de violencia social y características que justificaron su calificación de ‘terrorismo de Estado’, porque desde el gobierno, de hecho, se concibió y dirigió un plan sistemático de eliminación de opositores políticos y sociales.”

Poco después, el alegato describió las características de la represión en la zona, cuyos efectos son revisados en juicio por primera vez. La mayoría de las víctimas eran militantes sociales, políticos y sindicales muy conocidos, secuestrados a partir del 24 de marzo de 1976, entre ellos el intendente de Zárate, Francisco Bugatto, y su hijo. Los secuestros articularon al Ejército, Marina y Prefectura con policía provincial y Federal. En el término de pocos días, las víctimas pasaron por numerosos centros clandestinos siguiendo un circuito que terminó de definirse en el debate. E incluyó desplazamientos al Pozo de Banfield, Campo de Mayo y/o el sistema de cárceles comunes. Las audiencias fueron dejando en claro el rol de la comisarías: cumplieron funciones de centro clandestino de detención transitoria de prisioneros, muchas de las víctimas pasaron primero por estos lugares antes de ser derivadas a los centros clandestinos ubicados ya bajo la intervención directa del Ejército. La secuencia mostró además la urgencia de la caza desatada después del golpe, con un Ejército que sale a abrir campos clandestinos en casas particulares, un club y un buque de la Armada.

Así la lista indicó: 1) Comisaría primera de Zárate; 2) Comisaría de Escobar primera; 3) Comisaría de Campana; 4) Tiro Federal de Campana; 5) Buque ARA Murature; 6) Base Naval o Arsenal Naval Zárate; 7) Fábrica Militar de Tolueno Sintético; 8) Prefectura Naval Zárate; 9) Inmuebles de la calle Lavalle 636 y Mitre 560 de Zárate.

Algunos ejemplos. El Tiro Federal era un club. El Ejército ocupó las instalaciones y los socios no pudieron entrar más a partir de ese momento. Uno de los socios del club declaró que el Ejército abandonó el lugar en el mes de octubre de 1976 y al reingresar al lugar los socios advirtieron “que la instalación eléctrica estaba quemada”, que había “una rudimentaria picana eléctrica (elástico de una cama y cables), así como manchas de sangre en el piso y en la pared del cuarto donde estaba este instrumento, señalando que en la galería se encontraron restos de ropa, trapos con sangre y cabellos, entre otras cosas”.

El Buque ARA Murature estaba anclado en la zona de Zárate. Los secuestrados fueron llevados con los ojos vendados y maniatados y “subidos con una especie de guinche”. Fue uno de los lugares descriptos con mayores niveles de violencia.

En la Fábrica Militar de Tolueno Sintético actualmente está la empresa Rhasa, señaló el alegato. Fue un centro clandestino. Los otros dos lugares ahora probados son las dos casas de Zárate. En la casa de la calle Lavalle se hizo un allanamiento del que se obtuvo documentación, armas y elementos usados por el Ejército. Además, “el propio Ejército Argentino admitió la propiedad del inmueble”, recordó la fiscalía.

Un dato importante es que el padre de Sonia, Roque Vicente Pérez, no es “caso” de este juicio. El sigue esperando el avance de su causa en la instrucción como el resto de las víctimas. Después del secuestro, Roque no pudo volver a conseguir trabajo en la zona por esa cultura que dejó la dictadura acerca del rótulo de “subversivo”. Durante el resto de la vida hizo lo que pudo para mantenerse como albañil en una ciudad en la que además los victimarios siguieron caminando en libertad en la calle por muchos años. Los organismos de derechos humanos de Zárate-Campana vienen pidiendo desde el comienzo del juicio que estas audiencias se hagan en sus lugares, no sólo porque de ahí son las víctimas, sino de ahí son también sus sociedades. El Tribunal Oral 5 de San Martín que está llevando adelante este debate no lo aceptó. Los jueces Alfredo J. Ruiz Paz, María Claudia Morgese Martín y Marcelo G. Díaz Cabral tienen la palabra.

miércoles, 13 de marzo de 2013

Genocidas : veteranos y debutantes

Entre los condenados hay siete represores que hasta el momento no habían sido juzgados. También están los jerarcas, que ya acumulan cinco penas: el último dictador y el jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo.

Para algunos de los genocidas sentenciados ayer fue la primera condena. Para otros, como Reynaldo Benito Bignone y Santiago Omar Riveros, fue la quinta. El último dictador y ex general de división, de 85 años, fue condenado ayer a prisión perpetua por crímenes contra la humanidad perpetrados en Campo de Mayo. Este militar, que en 1983 condujo la transición de la dictadura a la democracia, ya había recibido perpetua en 2010 y en 2011, a las que suma otras dos sentencias, a 25 y 15 años respectivamente. Y Riveros acumuló también su condena número cinco.

El 8 de marzo de 2007, Bignone pasó la noche preso en el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas en Campo de Mayo, casualmente (o no tanto) junto a Riveros. En octubre de 2006, se había permitido instar a “los jóvenes” a terminar lo que el terrorismo de Estado no había podido y poco después sacaron su retrato del patio de honor del Colegio Militar.

Antes de ser el último presidente de facto, Bignone se desempeñó como director de esa institución, desde diciembre de 1975, y como segundo comandante de Institutos Militares, en 1977. Sucedió a Leopoldo Fortunato Galtieri tras la derrota de Malvinas y fue el encargado de borrar las pruebas de la represión. A través del decreto 2726/83, ordenó la destrucción de documentación referida a los secuestros y las desapariciones cometidas por sus subordinados y llegó a ser enjuiciado por este delito, pero lo salvó el indulto menemista. En marzo de 1976 encabezó el operativo que convirtió al Hospital Posadas en un centro clandestino. En 1980 asumió como jefe de Campo de Mayo y, según cuentan las víctimas, dijo que “en la guerra sucia hay inocentes que pagan por los culpables”. Cuando llegó la democracia fue imputado por secuestros y tormentos y su primer encarcelamiento se produjo en 1984, por la desaparición de los conscriptos Luis García y Luis Steimberg, pero la ley de obediencia debida le devolvió la libertad. La segunda vez que la perdió fue en 1999, cuando el ex juez Adolfo Bagnasco lo responsabilizó por haber otorgado la garantía de impunidad al plan sistemático de apropiación de menores. El ex magistrado le concedió el arresto domiciliario, pero Bignone no tuvo reparos en confesar en una entrevista que salía “todos los días”. Y no violó el beneficio, sus salidas estaban autorizadas por el juzgado: dos veces por semana nadaba en el Círculo Militar, iba al Hospital Militar (“es mi country”, dijo) y asistía a las reuniones de una institución para discapacitados a la que pertenece su hijo.

Durante muchos años los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo fueron identificados con el apellido de este genocida. Santiago Omar Riveros es el autor de la frase “hicimos la guerra con la doctrina en la mano y las órdenes escritas de los comandos superiores”. La pronunció a modo de despedida en la Junta Interamericana de Defensa el 24 de enero de 1980, y está citada en el prólogo del Nunca Más. En 2007, la Cámara de Casación le anuló el indulto que le había dictado el ex presidente Carlos Menem en 1989, y tras la anulación de las leyes de impunidad no paró de sumar juicios. Fue juzgado en Italia, en ausencia, por la desaparición de tres ciudadanos italianos y también está imputado en la nueva megacausa que se inicia por el Operativo Cóndor.

Entre los condenados figuran Carlos del Señor Garzón y María Francisca Morillo, acusados por la apropiación de María Sánchez Ovando. También están Carlos Somoza, Eugenio Guañabens Perello, Sadi Pepa y Oscar Corrado.

Juliana García Recchia estuvo ahí, intentando dar otro cierre. Ramiro Menna, el hijo de Ana María Lanzilotto y del Gringo Domingo Menna, que aún busca a un hermano o hermana, escribió en un mensaje a uno de sus tíos: “Que se haga justicia”. Alba Lanzillotto, hermana de Ana María, recordó los años de lucha: “Es bueno que le den una condena alta. Estos juicios son posibles por la lucha de 30 años que lleva este pueblo y un gobierno que empuja a tomar conciencia”. Julia Elena Villagra, la hermana de Kitty, recibía el llamado de Bariloche. “¡Perpetua, perpetua!”, dijo en una explosión de alegría. Catalina Ovando explicó: “No celebro que ellos vayan a la cárcel, pero celebro que no haya impunidad y que la Justicia los haya encontrado culpables. Agradezco a mis abuelos que me buscaron toda la vida; la sociedad tiene que entender que la apropiación no es un gesto de amor”.

Once represores condenados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo

"Esto fue como volver un poco a la vida”

El juicio se realizó por 23 víctimas, entre ellas siete mujeres embarazadas. También se juzgó a los apropiadores de la nieta Catalina de Sanctis Ovando. Recibieron perpetua cinco de los once imputados, entre ellos Santiago Omar Riveros y Reynaldo Bignone.

 Por Alejandra Dandan

En la sala entró el ex teniente Carlos Macedra, el hombre que estuvo a cargo del Batallón Esteban de Luca de Boulogne en 1976. Cuando se sentó, desde las primeras filas, entre las fotos de los desaparecidos levantadas por familiares y militantes, alguien dijo, como para presentarlo: “¡Es el asesino de mi tía!”. Santiago Omar Riveros, el señor todopoderoso de los crímenes de Campo de Mayo, y Reynaldo Bignone, segundo señor, decidieron no entrar a la sala de audiencias de San Martín. Junto a los otro acusados, permanecieron en un protegido espacio vecino, fuera del alcance de las fotos con los ojos de las víctimas. A las dos de la tarde, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, integrado por Daniel Cisnero, Daniel Petrone y presidido por Héctor Sagretti, leyó la sentencia del juicio que se llevó a cabo desde agosto del año pasado por 23 víctimas, entre las cuales había siete mujeres embarazadas. El tribunal condenó a prisión perpetua a cinco de los once imputados: Riveros, Bignone y los máximos responsables de la zona, en juicio por primera vez; Luis Sadi Pepa y Eduardo Corrado, directores de la Escuela de Comunicaciones del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, y el ex teniente Carlos Macedra, uno de los represores más simbólicos de este juicio, autor del disparo que mató por la espalda a María Florencia “Kitty” Villagra, de la UES. Los otros cuatro acusados recibieron penas de entre 16 y 25 años. Los apropiadores de la nieta Catalina de Sanctis Ovando, Carlos del Señor Hildalgo Garzón, oficial de Inteligencia del Batallón 601, y María Francisca Morillo fueron condenados a 15 y 12 años respectivamente.

Entre los condenados hay varios con prisión domiciliaria, entre ellos el torturador del Campito Carlos Eduardo José Somoza, alias el “Gordo 2”, sobre quien la fiscalía volvió a pedir la revocación del beneficio porque violó el código de salidas. Los jueces le revocaron ese estado, pero como sucede en varios juicios, la cárcel efectiva será efectiva sólo cuando las condenas queden firmes.

Las dos salas de los tribunales de San Martín inauguradas para este juicio estaban repletas. Cuando Sagretti leyó la condena a prisión perpetua de Macedra, la sala estalló en un aplauso. “Tengo muchas ganas de hablar con mi otra hermana que está en Bariloche para contarle la noticia”, dijo a la salida Julia Elena Villagra, la hermana más grande de Kitty. “Todo esto fue como volver un poco a la vida, yo no podía ni leer el diario, no le creía nada a nadie, no podía volver a vivir. Algo empezó a cambiar a partir de que me contaron que Macedra estaba en la cárcel, por ahí soy muy puntual con esto, pero no me cerraba el dolor. Yo la crié conmigo a mi hermana, para mí era también una hija, quizá si ella no estuviera muerta, yo no estaría con vida, porque la hubiese ido a buscar como Daniel (Cabezas) buscó a su hermano Gustavo”, dijo sobre el compañero de volanteada de Kitty, con el que ella estaba el 10 de mayo de 1976 cuando le pegaron el tiro por la espada y sigue desaparecido. “Ahora a creer en este proceso de justicia –dijo ella–, porque se puede, lo hemos podido hacer.”

Una radio abierta de Sutecba trasmitió durante todo el día desde la vereda. Por esa mesa, instalada en el centro de la calle, pasó temprano Catalina de Sanctis. Allí contó su historia, la de su apropiación y la restitución de 2008. “Decidí en este juicio asumir este rol y ser querella en la causa de mi apropiación”, dijo. Arriba, sobre una bandera colgada en las paredes, se leía: “Como a los nazis los iremos a buscar”. En la calle, se iban concentrando las organizaciones políticas y sociales de la zona que sostuvieron este juicio a lo largo del año con la convocatoria a estudiantes y maestros de la zona. Por la radio habló el compañero de Catalina, Rodrigo, otro de los testigos del juicio. “Yo la vi a Catalina y la veo hoy día y veo realmente quién es, tiene mucho más vida, es mucho más alegre: es Catalina, el nombre que le pusieron sus padres.” Ese escenario, que sacaba el juicio al medio de la calle, terminó a las dos de la tarde transmitiendo lo que iba ocurriendo desde adentro del edificio.

Las condenas

Las condenas coincidieron con los pedidos de la fiscalía a cargo de Marcelo García Berro y en líneas generales con las querellas. Riveros y Bignone, los jefes máximos del área, recibieron perpetuas por allanamiento ilegal, robo agravado, privación ilegal de la libertad, tormentos y por los homicidios de Kitty Villagra y Domingo García, el esposo de Beatriz Recchia, la madre de Juliana y embarazada cuando la secuestraron.

En jerarquía, les siguió Eugenio Guañabens Perelló, director de la Escuela de Apoyo para el Combate General Lemos de Institutos Militares en 1977, en juicio por la desaparición de María Eva Duarte y Alberto Aranda. Fue condenado a 16 años de prisión.

Sadi Pepa y Oscar Corrado, los directores de la Escuela de Comunicaciones del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, que también llegaron a juicio por primera vez, fueron condenados a perpetua. Sadi Pepa fue juzgado por el caso de Beatriz Recchia y Domingo García. Lo condenaron por el allanamiento ilegal a la casa de los dos, secuestro y tormentos de ambos y el homicidio de Domingo. Corrado, en cambio, llegó a juicio, como Macedra, por el secuestro y desaparición de Gustavo Cabezas y el homicidio de Kitty Villagra. Fue otro de los casos emblemáticos del juicio. Diseñó una estrategia para intentar demostrar que para el 10 mayo de 1976 ya había sido trasladado y se desempeñaba como administrador general en ENTel, la vieja compañía de teléfonos del Estado. Para sostener esa teoría declararon muchos de sus compañeros de fuerza. Los testimonios de Stella Segado, actual directora del área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, y de la perito Claudia Belingeri, de la Comisión Provincial por la Memoria, permitieron demostrar que el 10 de mayo de 1976 seguía en Comunicaciones y que cambió de área el 21 de junio de 1976. Los jueces lo condenaron a perpetua.

Macedra llegó al juicio identificado por los colimbas que participaron del operativo del 10 de mayo en la plaza de Martínez. Lo condenaron a perpetua por el secuestro y tormentos de Gustavo y el homicidio de Kitty.

Otro de los grupos de represores condenados por primera vez y como autores directos fueron quienes actuaron dentro del centro clandestino El Campito de Campo de Mayo. Entre ellos, dos gendarmes: Julio San Román, alias “Cacho”, y Hugo Miguel Castagno Monge, alias “Yaya”, los de la custodia. Con ellos fue condenado Carlos Eduardo José Somoza, alias el “Gordo 2”, oficial de inteligencia del Ejército, uno de los interrogadores-torturadores más violentos del centro clandestino. El tribunal condenó a los gendarmes a 20 años de prisión y a Somoza a 25 años por la condición de torturador. Los tres fueron juzgados por los siete casos de mujeres embarazadas, secuestradas con sus compañeros, que dieron a luz en cautiverio y permanecen desaparecidas. Entre ellas, Ana María Lanzillotto, cuya historia dio entrada durante el juicio a lo que fue la caída de la dirección del PRT-ERP en julio de 1976, con la causa madre aún en instrucción.
ANTIAGO OMAR RIVEROS Y REYNALDO BIGNONE ENCABEZAN LA LISTA

martes, 12 de marzo de 2013

Perpetua para Riveros y Bignone por Campo de Mayo

El ex comandante de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros, y el ex dictador Reynaldo Benito Bignone (segundo en ese entonces de Riveros) fueron condenados a prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 23 víctimas, entre ellas siete mujeres embarazadas que dieron a luz en maternidades clandestinas. La misma pena recayó sobre otros tres represores, mientras los apropiadores Carlos del Señor Garzón y María Francisca Morillo recibieron condenas a 15 y 12 años de prisión respectivamente.

Además de Riveros y Bignone, recibieron la pena máxima los represores Luis Sadi Pepa, Eduardo Corrado y Carlos Macedra. Para Carlos José Somoza la condena fue a 25 años de prisión, mientras que para Hugo Miguel Castagno Monge Julio San Román fue de 20 años. El represor Eugenio Guarañabens Perelló recibió una pena de 16 años de cárcel. La lectura de los fundamentos se hará el próximo 14 de mayo.

En tanto, los apropiadores de Laura Catalina de Sanctis Ovando, Carlos del Señor Garzón y María Francisca Morillo, fueron condenados a 15 y 12 años de prisión respectivamente. Antes del veredicto, Sanctis Ovando, nieta recuperada querellante en la megacausa, afirmó que la sentencia sería "reparadora" y serviría para "honrar la memoria" de sus padres, quienes fueron secuestrados y desaparecidos.

miércoles, 13 de febrero de 2013

Citan para el ex secretario de agricultura de la dictadura

Piden que Jorge Zorreguieta sea citado como testigo en la causa de Campo de Mayo
Cita para el papá de Máxima


El abogado Pablo Llonto solicitó que fuera citado el ex secretario de Agricultura de la dictadura Jorge Zorreguieta. Es para que explique supuestas gestiones que habría hecho para averiguar el paradero de desaparecidos.

 Por Adriana Meyer

No asistirá a la ceremonia real en Holanda, como tampoco estuvo presente en la boda de su hija, la futura reina de ese país. Sin embargo, es probable que el ex secretario de Agricultura de la dictadura Jorge Zorreguieta se vea obligado a presentarse como testigo si la Justicia decide citarlo en la causa por los crímenes cometidos en Campo de Mayo. Los querellantes solicitaron al Juzgado Federal 2 de San Martín que lo convoque para que explique las gestiones que habría realizado para la liberación de un secuestrado en ese campo de exterminio, en el marco de un expediente en el que están siendo buscados y convocados nuevos sobrevivientes y ex conscriptos que ya están prestando testimonio. El objetivo es dar con nuevas víctimas y profundizar la investigación de esta megacausa. El pedido fue realizado por el abogado Pablo Llonto, en nombre de los querellantes nucleados en la Comisión Campo de Mayo, y la jueza Alicia Vence se expediría al respecto en los próximos días.

La comisión viene haciendo un relevamiento para dar con posibles sobrevivientes, de los pocos que hubo en ese circuito de centros clandestinos. Ellos podrían dar su testimonio por primera vez, como sucedió el año pasado con el ex juez Hernán Bernasconi, cuyo relato está permitiendo la identificación de nuevas víctimas, según explicó Llonto a Página/12. Lo mismo estaría sucediendo a partir de los datos aportados en declaración testimonial por algunos de los centenares de soldados que hicieron su conscripción durante los años de la dictadura en el Batallón 601 de Aviación Militar del Ejército, en Campo de Mayo.

Esa investigación de la comisión incluye el análisis de artículos periodísticos y, en tal sentido, a partir del anuncio de que la reina Beatriz de Holanda abdicó al trono en favor de su hijo, el marido de Máxima Zorreguieta, algunos medios reflotaron distintas investigaciones sobre el padre de la futura monarca, ex miembro del equipo económico de José Alfredo Martínez de Hoz en el sector de Agricultura. El pedido de citación a Zorreguieta fue avalado por un reportaje publicado por Página/12 hace poco más de diez años al periodista Jan Thielen, el único que logró entrevistar al padre de la princesa Máxima. “Mintió al decir que no sabía nada”, fue su título, y allí relató que “sabía dónde encontrar a los desaparecidos”. Además de adjuntar una copia de la nota en la solicitud que presentó en el juzgado, Llonto precisó que ante Thielen Zorreguieta admitió que había hecho gestiones para lograr la “liberación” de un funcionario de la Bolsa de Cereales, de apellido Domínguez, que había estado secuestrado en Campo de Mayo. En el mismo artículo consta otra gestión personal para liberar a otra secuestrada en ese centro clandestino, “la prima del banquero Julio Werthein”. De esa tarea se habría ocupado Mario Cadenas Madariaga, jefe de Zorreguieta, junto con el condenado genocida Santiago Omar Riveros.

“Todos estos elementos son de enorme importancia en la búsqueda de testigos que han estado secuestrados en Campo de Mayo, que han sido víctimas de delitos de lesa humanidad, pero que además pueden aportar importantes datos para la investigación de la causa, tales como nombres de otros desaparecidos, víctimas, represores, entre otros elementos”, precisó Llonto en su escrito.