Genocidas : veteranos y debutantes

Entre los condenados hay siete represores que hasta el momento no habían sido juzgados. También están los jerarcas, que ya acumulan cinco penas: el último dictador y el jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo.

Para algunos de los genocidas sentenciados ayer fue la primera condena. Para otros, como Reynaldo Benito Bignone y Santiago Omar Riveros, fue la quinta. El último dictador y ex general de división, de 85 años, fue condenado ayer a prisión perpetua por crímenes contra la humanidad perpetrados en Campo de Mayo. Este militar, que en 1983 condujo la transición de la dictadura a la democracia, ya había recibido perpetua en 2010 y en 2011, a las que suma otras dos sentencias, a 25 y 15 años respectivamente. Y Riveros acumuló también su condena número cinco.

El 8 de marzo de 2007, Bignone pasó la noche preso en el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas en Campo de Mayo, casualmente (o no tanto) junto a Riveros. En octubre de 2006, se había permitido instar a “los jóvenes” a terminar lo que el terrorismo de Estado no había podido y poco después sacaron su retrato del patio de honor del Colegio Militar.

Antes de ser el último presidente de facto, Bignone se desempeñó como director de esa institución, desde diciembre de 1975, y como segundo comandante de Institutos Militares, en 1977. Sucedió a Leopoldo Fortunato Galtieri tras la derrota de Malvinas y fue el encargado de borrar las pruebas de la represión. A través del decreto 2726/83, ordenó la destrucción de documentación referida a los secuestros y las desapariciones cometidas por sus subordinados y llegó a ser enjuiciado por este delito, pero lo salvó el indulto menemista. En marzo de 1976 encabezó el operativo que convirtió al Hospital Posadas en un centro clandestino. En 1980 asumió como jefe de Campo de Mayo y, según cuentan las víctimas, dijo que “en la guerra sucia hay inocentes que pagan por los culpables”. Cuando llegó la democracia fue imputado por secuestros y tormentos y su primer encarcelamiento se produjo en 1984, por la desaparición de los conscriptos Luis García y Luis Steimberg, pero la ley de obediencia debida le devolvió la libertad. La segunda vez que la perdió fue en 1999, cuando el ex juez Adolfo Bagnasco lo responsabilizó por haber otorgado la garantía de impunidad al plan sistemático de apropiación de menores. El ex magistrado le concedió el arresto domiciliario, pero Bignone no tuvo reparos en confesar en una entrevista que salía “todos los días”. Y no violó el beneficio, sus salidas estaban autorizadas por el juzgado: dos veces por semana nadaba en el Círculo Militar, iba al Hospital Militar (“es mi country”, dijo) y asistía a las reuniones de una institución para discapacitados a la que pertenece su hijo.

Durante muchos años los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo fueron identificados con el apellido de este genocida. Santiago Omar Riveros es el autor de la frase “hicimos la guerra con la doctrina en la mano y las órdenes escritas de los comandos superiores”. La pronunció a modo de despedida en la Junta Interamericana de Defensa el 24 de enero de 1980, y está citada en el prólogo del Nunca Más. En 2007, la Cámara de Casación le anuló el indulto que le había dictado el ex presidente Carlos Menem en 1989, y tras la anulación de las leyes de impunidad no paró de sumar juicios. Fue juzgado en Italia, en ausencia, por la desaparición de tres ciudadanos italianos y también está imputado en la nueva megacausa que se inicia por el Operativo Cóndor.

Entre los condenados figuran Carlos del Señor Garzón y María Francisca Morillo, acusados por la apropiación de María Sánchez Ovando. También están Carlos Somoza, Eugenio Guañabens Perello, Sadi Pepa y Oscar Corrado.

Juliana García Recchia estuvo ahí, intentando dar otro cierre. Ramiro Menna, el hijo de Ana María Lanzilotto y del Gringo Domingo Menna, que aún busca a un hermano o hermana, escribió en un mensaje a uno de sus tíos: “Que se haga justicia”. Alba Lanzillotto, hermana de Ana María, recordó los años de lucha: “Es bueno que le den una condena alta. Estos juicios son posibles por la lucha de 30 años que lleva este pueblo y un gobierno que empuja a tomar conciencia”. Julia Elena Villagra, la hermana de Kitty, recibía el llamado de Bariloche. “¡Perpetua, perpetua!”, dijo en una explosión de alegría. Catalina Ovando explicó: “No celebro que ellos vayan a la cárcel, pero celebro que no haya impunidad y que la Justicia los haya encontrado culpables. Agradezco a mis abuelos que me buscaron toda la vida; la sociedad tiene que entender que la apropiación no es un gesto de amor”.

Once represores condenados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo

"Esto fue como volver un poco a la vida”

El juicio se realizó por 23 víctimas, entre ellas siete mujeres embarazadas. También se juzgó a los apropiadores de la nieta Catalina de Sanctis Ovando. Recibieron perpetua cinco de los once imputados, entre ellos Santiago Omar Riveros y Reynaldo Bignone.

 Por Alejandra Dandan

En la sala entró el ex teniente Carlos Macedra, el hombre que estuvo a cargo del Batallón Esteban de Luca de Boulogne en 1976. Cuando se sentó, desde las primeras filas, entre las fotos de los desaparecidos levantadas por familiares y militantes, alguien dijo, como para presentarlo: “¡Es el asesino de mi tía!”. Santiago Omar Riveros, el señor todopoderoso de los crímenes de Campo de Mayo, y Reynaldo Bignone, segundo señor, decidieron no entrar a la sala de audiencias de San Martín. Junto a los otro acusados, permanecieron en un protegido espacio vecino, fuera del alcance de las fotos con los ojos de las víctimas. A las dos de la tarde, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, integrado por Daniel Cisnero, Daniel Petrone y presidido por Héctor Sagretti, leyó la sentencia del juicio que se llevó a cabo desde agosto del año pasado por 23 víctimas, entre las cuales había siete mujeres embarazadas. El tribunal condenó a prisión perpetua a cinco de los once imputados: Riveros, Bignone y los máximos responsables de la zona, en juicio por primera vez; Luis Sadi Pepa y Eduardo Corrado, directores de la Escuela de Comunicaciones del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, y el ex teniente Carlos Macedra, uno de los represores más simbólicos de este juicio, autor del disparo que mató por la espalda a María Florencia “Kitty” Villagra, de la UES. Los otros cuatro acusados recibieron penas de entre 16 y 25 años. Los apropiadores de la nieta Catalina de Sanctis Ovando, Carlos del Señor Hildalgo Garzón, oficial de Inteligencia del Batallón 601, y María Francisca Morillo fueron condenados a 15 y 12 años respectivamente.

Entre los condenados hay varios con prisión domiciliaria, entre ellos el torturador del Campito Carlos Eduardo José Somoza, alias el “Gordo 2”, sobre quien la fiscalía volvió a pedir la revocación del beneficio porque violó el código de salidas. Los jueces le revocaron ese estado, pero como sucede en varios juicios, la cárcel efectiva será efectiva sólo cuando las condenas queden firmes.

Las dos salas de los tribunales de San Martín inauguradas para este juicio estaban repletas. Cuando Sagretti leyó la condena a prisión perpetua de Macedra, la sala estalló en un aplauso. “Tengo muchas ganas de hablar con mi otra hermana que está en Bariloche para contarle la noticia”, dijo a la salida Julia Elena Villagra, la hermana más grande de Kitty. “Todo esto fue como volver un poco a la vida, yo no podía ni leer el diario, no le creía nada a nadie, no podía volver a vivir. Algo empezó a cambiar a partir de que me contaron que Macedra estaba en la cárcel, por ahí soy muy puntual con esto, pero no me cerraba el dolor. Yo la crié conmigo a mi hermana, para mí era también una hija, quizá si ella no estuviera muerta, yo no estaría con vida, porque la hubiese ido a buscar como Daniel (Cabezas) buscó a su hermano Gustavo”, dijo sobre el compañero de volanteada de Kitty, con el que ella estaba el 10 de mayo de 1976 cuando le pegaron el tiro por la espada y sigue desaparecido. “Ahora a creer en este proceso de justicia –dijo ella–, porque se puede, lo hemos podido hacer.”

Una radio abierta de Sutecba trasmitió durante todo el día desde la vereda. Por esa mesa, instalada en el centro de la calle, pasó temprano Catalina de Sanctis. Allí contó su historia, la de su apropiación y la restitución de 2008. “Decidí en este juicio asumir este rol y ser querella en la causa de mi apropiación”, dijo. Arriba, sobre una bandera colgada en las paredes, se leía: “Como a los nazis los iremos a buscar”. En la calle, se iban concentrando las organizaciones políticas y sociales de la zona que sostuvieron este juicio a lo largo del año con la convocatoria a estudiantes y maestros de la zona. Por la radio habló el compañero de Catalina, Rodrigo, otro de los testigos del juicio. “Yo la vi a Catalina y la veo hoy día y veo realmente quién es, tiene mucho más vida, es mucho más alegre: es Catalina, el nombre que le pusieron sus padres.” Ese escenario, que sacaba el juicio al medio de la calle, terminó a las dos de la tarde transmitiendo lo que iba ocurriendo desde adentro del edificio.

Las condenas

Las condenas coincidieron con los pedidos de la fiscalía a cargo de Marcelo García Berro y en líneas generales con las querellas. Riveros y Bignone, los jefes máximos del área, recibieron perpetuas por allanamiento ilegal, robo agravado, privación ilegal de la libertad, tormentos y por los homicidios de Kitty Villagra y Domingo García, el esposo de Beatriz Recchia, la madre de Juliana y embarazada cuando la secuestraron.

En jerarquía, les siguió Eugenio Guañabens Perelló, director de la Escuela de Apoyo para el Combate General Lemos de Institutos Militares en 1977, en juicio por la desaparición de María Eva Duarte y Alberto Aranda. Fue condenado a 16 años de prisión.

Sadi Pepa y Oscar Corrado, los directores de la Escuela de Comunicaciones del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, que también llegaron a juicio por primera vez, fueron condenados a perpetua. Sadi Pepa fue juzgado por el caso de Beatriz Recchia y Domingo García. Lo condenaron por el allanamiento ilegal a la casa de los dos, secuestro y tormentos de ambos y el homicidio de Domingo. Corrado, en cambio, llegó a juicio, como Macedra, por el secuestro y desaparición de Gustavo Cabezas y el homicidio de Kitty Villagra. Fue otro de los casos emblemáticos del juicio. Diseñó una estrategia para intentar demostrar que para el 10 mayo de 1976 ya había sido trasladado y se desempeñaba como administrador general en ENTel, la vieja compañía de teléfonos del Estado. Para sostener esa teoría declararon muchos de sus compañeros de fuerza. Los testimonios de Stella Segado, actual directora del área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, y de la perito Claudia Belingeri, de la Comisión Provincial por la Memoria, permitieron demostrar que el 10 de mayo de 1976 seguía en Comunicaciones y que cambió de área el 21 de junio de 1976. Los jueces lo condenaron a perpetua.

Macedra llegó al juicio identificado por los colimbas que participaron del operativo del 10 de mayo en la plaza de Martínez. Lo condenaron a perpetua por el secuestro y tormentos de Gustavo y el homicidio de Kitty.

Otro de los grupos de represores condenados por primera vez y como autores directos fueron quienes actuaron dentro del centro clandestino El Campito de Campo de Mayo. Entre ellos, dos gendarmes: Julio San Román, alias “Cacho”, y Hugo Miguel Castagno Monge, alias “Yaya”, los de la custodia. Con ellos fue condenado Carlos Eduardo José Somoza, alias el “Gordo 2”, oficial de inteligencia del Ejército, uno de los interrogadores-torturadores más violentos del centro clandestino. El tribunal condenó a los gendarmes a 20 años de prisión y a Somoza a 25 años por la condición de torturador. Los tres fueron juzgados por los siete casos de mujeres embarazadas, secuestradas con sus compañeros, que dieron a luz en cautiverio y permanecen desaparecidas. Entre ellas, Ana María Lanzillotto, cuya historia dio entrada durante el juicio a lo que fue la caída de la dirección del PRT-ERP en julio de 1976, con la causa madre aún en instrucción.
ANTIAGO OMAR RIVEROS Y REYNALDO BIGNONE ENCABEZAN LA LISTA

Perpetua para Riveros y Bignone por Campo de Mayo

El ex comandante de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros, y el ex dictador Reynaldo Benito Bignone (segundo en ese entonces de Riveros) fueron condenados a prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 23 víctimas, entre ellas siete mujeres embarazadas que dieron a luz en maternidades clandestinas. La misma pena recayó sobre otros tres represores, mientras los apropiadores Carlos del Señor Garzón y María Francisca Morillo recibieron condenas a 15 y 12 años de prisión respectivamente.

Además de Riveros y Bignone, recibieron la pena máxima los represores Luis Sadi Pepa, Eduardo Corrado y Carlos Macedra. Para Carlos José Somoza la condena fue a 25 años de prisión, mientras que para Hugo Miguel Castagno Monge Julio San Román fue de 20 años. El represor Eugenio Guarañabens Perelló recibió una pena de 16 años de cárcel. La lectura de los fundamentos se hará el próximo 14 de mayo.

En tanto, los apropiadores de Laura Catalina de Sanctis Ovando, Carlos del Señor Garzón y María Francisca Morillo, fueron condenados a 15 y 12 años de prisión respectivamente. Antes del veredicto, Sanctis Ovando, nieta recuperada querellante en la megacausa, afirmó que la sentencia sería "reparadora" y serviría para "honrar la memoria" de sus padres, quienes fueron secuestrados y desaparecidos.

Finalizado el juicio al genocida Héctor Pedro Vergez

Con una condena a 23 años de prisión

Es uno de los represores que actuó en el centro clandestino La Perla y el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. Fue condenado por el secuestro y los tormentos contra cuatro personas, tres de las cuales permanecen desaparecidas.

Héctor Pedro Vergez, torturador del centro clandestino La Perla y del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército durante la última dictadura, fue condenado ayer a 23 años de prisión. El Tribunal Oral Federal 5 responsabilizó al capitán retirado por el secuestro y los tormentos contra cuatro personas, tres de las cuales permanecen desaparecidas, y calificó como los delitos como “crímenes de lesa humanidad”. El represor que durante el menemismo prestó servicios en la Secretaría de Inteligencia y que se ufanaba de sus trabajos sucios mientras gozaba de impunidad, se mantuvo en silencio durante todo el juicio y tampoco ayer hizo uso de sus últimas palabras antes de la sentencia. Vergez estuvo preso durante el proceso en la cárcel de Marcos Paz y en los próximos días será trasladado a Córdoba, donde se lo juzga junto a otros 43 represores por su actuación desde fines de 1974 en el Comando Libertadores de América y luego como interrogador del Destacamento de Inteligencia 141.

Nacido en La Pampa hace 69 años, Vergez recibió su primera condena por crímenes de lesa humanidad luego de más de media vida de plena impunidad. Los delitos por los que lo responsabilizaron los jueces Angel Nardiello, José Martínez Sobrino y Néstor Costabel ocurrieron en 1977. Javier Ramón Coccoz, alias Pancho, jefe de inteligencia del PRT-ERP, fue secuestrado el 11 de mayo de aquel año. El Ejército apeló para quebrar a uno de sus más eficientes torturadores: el “capitán Rodolfo”, “Vargas” o “Gastón”, los nombres de cobertura que le asignó la inteligencia militar a Vergez. Entre mediados de junio y julio, luego de un mes de cautiverio y torturas a Coccoz, se produjeron los secuestros de María Cristina Zamponi, pareja y compañera de militancia del dirigente del ERP, y de dos supuestos informantes de la organización: Juan Carlos Casariego del Bel, que era funcionario del Ministerio de Economía, y el abogado Julio Gallego Soto. La mujer logró exiliarse en Europa y declaró como testigo en el juicio, en tanto Casariego del Bel y Gallego Soto siguen desaparecidos.

Los fiscales federales Alejandro Alagia, Gabriela Sosti y César Guaragna habían pedido una condena de 30 años de prisión para Vergez. Los abogados querellantes que representaron a familiares de víctimas y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidieron penas de entre 21 y 25 años de cárcel. El TOF-5 resolvió finalmente condenarlo a 23 años de prisión como coautor de las cuatro privaciones ilegales de la libertad, agravadas por violencia y por la duración de más de un mes, y de tormentos agravados porque se aplicaron contra perseguidos políticos. Los jueces también ordenaron en su fallo poner a disposición del Ministerio Público Fiscal las pruebas para que se investiguen las responsabilidades de Guillermo Walter Klein, ex secretario de Programación y Coordinación Económica de la dictadura, y de Federico Dumas, superior inmediato de Casariego del Bel.

El tribunal también tomó nota de la violación del militar a la mujer de su enemigo, a quien mantenía secuestrada junto a sus padres y a su hijo de dos años y ocho meses, aunque por tratarse de un delito de instancia privada corresponde a la víctima promover la acción penal. Zamponi, que también integraba la estructura de inteligencia del PRT y que el mes pasado declaró por videoconferencia desde el consulado argentino en Barcelona, contó que el 11 de junio de 1977 fue secuestrada y encerrada en la casa de sus padres. “Capitán Rodolfo”, se identificó Vergez cuando la capturó, y agregó que era “el interrogador de Javier”. Mientras su compañero, consciente de su destino irreversible, negociaba para que Cristina y su hijo pudieran salir del país, Vergez aparecía por la casa cada dos días. Fue en ese contexto que la llevó a un hotel y la violó. Días después fue expulsada del país.

La Fiscalía pidió 30 años de prisión para el espía Héctor Vergez

El represor que guardó pruebas

El agente del Batallón 601 está siendo juzgado por la desaparición de cuatro personas que colaboraban con el ERP.

 Por Alejandra Dandan

“Lo que hicieron los genocidas al llegar la democracia fue implementar el famoso pacto de silencio que los llevó a hacer desaparecer la documentación o a negarse a cal y canto a darla. Pero así como los restos de aquellos asesinados cuando se recuperan vienen a darnos testimonio de la masacre, restos de aquel registro burocrático de la infamia, robados a la historia, vienen también a ser testigos de lo sucedido: porque esa documentación no fue totalmente destruida. Tal vez algún uniformado o afín sintió que era ‘un trofeo de guerra’ de esa matanza, además de ser una buena fuente de rédito económico: Héctor Vergez fue uno de ellos, que retuvo parte de esa documentación.”

El viernes pasado los fiscales Gabriela Sosti y Alejandro Alagia pidieron 30 años de prisión efectiva para el espía y experto en Inteligencia del Batallón 601 Héctor Vergez, juzgado en Buenos Aires por el secuestro de cuatro personas una de ellas es el jefe de Inteligencia del PRT-ERP, “Pancho” Javier Coccoz, entregado por el Ejército a Vergez llegado especialmente de Córdoba para “doblarlo”. En la redada fueron secuestrados Juan Carlos Casariego de Bel, Rafael Perro-tta (que no es “caso” de esta causa) y Julio Gallego Soto, tres hombres del mundo de los negocios o altos funcionarios del Estado, informantes clandestinos del PRT y con un compromiso político con las organizaciones revolucionarias. También cayó la compañera de Coccoz, María Cristina Zamponi, militante del PRT. Los fiscales pidieron la pena como vienen haciéndolo en cada juicio: por el delito de genocidio. Y pidieron abrir una investigación aparte para juzgar a Vergez por los casos de violación denunciados por Zamponi durante el juicio. El Tribunal Oral Federal 5 ahora debe evaluar a su vez pedidos del resto de las querellas: Marcelo Parrilli, que representa a la familia Zamponi-Coccoz, pidió 21 años de prisión y los abogados Pedro Dinani y Liliana Mazea, desde la Liga por Casariego también pidieron 21 años. La sentencia se conocerá el viernes 21 de diciembre. El alegato fiscal de 120 páginas es una especie de pieza arqueológica. Una de las pruebas principales de este juicio eran tres “documentos”, uno de los cuales sólo se dejó ver en algún momento pero luego desapareció. Los “documentos” son nada menos que parte de la prueba que reclaman los fiscales: transcripciones completas de interrogatorios tomados bajo tortura a los detenidos-desaparecidos, registros que eran mecanografiados o grabados, luego pasados a máquina y almacenados en microfilms. El organismo que centralizaba toda la información fue el Batallón 601. Para poder probar la serie de hechos del juicio, los fiscales tuvieron que reconstruir el tercer interrogatorio a través de testigos que habían visto una parte y de los indicios de los otros dos documentos. Rastrearon, por ejemplo: apodos, nombres de guerra y el nombre de algún bar a partir de los cuales se infiere que eran datos presentes en el documento que falta. Así, probaron la existencia de ese tercer interrogatorio, que es el interrogatorio de Casariego de Bel. Los otros dos que están en el expediente desde el inicio son los de Gallego Soto y Perrotta.

Más allá de las pruebas, el tema de qué pasó con esa documentación que forma parte de los “archivos de la represión”, cómo circuló y cómo y por quién llegó a ser comercializada después de la dictadura fue uno de los temas del debate. Del cúmulo de testimonios y de pruebas, se supone a esta altura que Vergez diseñó y organizó el operativo de secuestros y desapariciones en esta sucesión de hechos. Y aunque no se sabe si estos interrogatorios en particular pasaron por sus manos o fueron ofrecidos por él a terceros, lo que la causa probó a criterio de la acusación es que manipuló y tuvo (¿tiene?) acceso a parte de los archivos. En esa línea, de nombres que rodean la historia siempre fantasmal de los archivos de la represión, la fiscalía ubicó también al propio Juan Bautista “el Tata” Yofre, ex jefe de la SIDE, que declaró como testigo del juicio y que cuando le preguntaron por esta información, una parte de la cual usó para escribir alguno de sus libros, respondió que “caía del cielo”. “De cada persona secuestrada se dejaba registro”, dijeron los fiscales. “De cada interrogatorio bajo tormento se dejaba registro.”

Durante el juicio, declararon varios periodistas. Que aportaron datos en esa dirección. Ricardo Ragendorfer contó que durante una entrevista a Vergez en 2004 le ofreció archivos. También declararon Ricardo Kirschbaum, Rogelio García Lupo y María Seoane. Kirschbaum contó que en los pasillos se decía que los archivos de la represión se vendían a medio millón de dólares. Y declaró además un productor de Mauro Viale, Fabián Doman, porque los interrogatorios aparecieron como figura de fondo con la forma de una ficción en dos de los programas. Doman mostró los interrogatorios a los familiares de cada uno de los secuestrados para convocarlos a un programa: al hijo de Gallego Soto, a la familia de Perrotta y la hija de Casariego de Bel, la única que no se quedó con ninguna copia pero pudo observar parte de los datos que estuvieron reconstruyéndose en estas audiencias. En su declaración, Doman complicó al Tata Yofre. “Doman vio los interrogatorios de Perrotta, de Casariego y de Gallego Soto, pero a la Justicia presentó el interrogatorio de Perrotta, el de Gallego y un informe donde consta la existencia del de Casariego”, dijeron los fiscales. “Pero además, Doman vio –y eso lo dijo por primera vez en la audiencia– (una copia) del listado de casos que tenía Yofre en la baulera de su casa y que fue acompañado ocultamente a la causa. Esto es importante porque prueba la vinculación de todo el material: el listado no está desarticulado, es parte de la documentación total que estaba a la venta. El listado no se lo vendieron a Doman, lo reservó Yofre en su baulera. Doman lo vio y describió minuciosamente cada parte que fue leyendo y anotando en sus apuntes para luego verificar que todo fuera cierto. Estaba en el mismo paquete que los interrogatorios. Se los muestra la misma persona (que se los dio)”.

“Quienes presenciamos este juicio, en especial la declaración del ex jefe de la SIDE no podemos aventar las sospechas. Pero nos queda la inquietante incertidumbre –dijeron– sobre quién o quiénes continúan manipulando y especulando con esos archivos aún a sabiendas del incomparable valor que tiene para nuestra historia y para estos juicios de lesa humanidad.”

Vergez, por él mismo

Vergez publicó un libro con su nombre de guerra, y sus actividades represivas en clave de aventura cuando se obturó la Justicia. En su afán de dar cuenta del peso de su formación, “sin duda de excelencia”, dijeron los fiscales, el hombre develó que tuvo como instructor a “un oficial francés, que nos narraba sus experiencias en Argelia...”. De sus inicios, cuenta que como jefe de un grupo del Batallón de Inteligencia 601 tenía el Centro de Operaciones montado con la cobertura de un local, en un sótano próximo a Riobamba y Corrientes. Allí instaló una disquería adecuada a los gustos de la “juventud contestataria”. Habla también del pase al Destacamento de Inteligencia en Córdoba, en diciembre de 1974 y los múltiples casos en que intervino, como el de Horacio Mendizábal y Marcos Osatinsky. Menciona su relación con el general Telleldín de la Inteligencia Policial de Córdoba y sus operaciones “importantes” en La Rivera, parte de los hechos por los que está siendo juzgado en este momento en la ciudad de Córdoba.

La familia de Javier Coccoz pide 21 años de prisión para Vergez

La detención de Javier Coccoz dio inició a la "Operación Redondo"
La familia del ex jefe de inteligencia del ERP pidió 21 años de prisión para el capitán (R) Vergez

La querella de la familia del desaparecido responsable de la inteligencia del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Javier Coccoz, reclamó hoy una condena de 21 años de prisión para el capitán (R) Héctor Pedro Vergez, y pidió también que se lo investigue por el delito de violación en perjuicio de la esposa de la víctima, Cristina Zamponi. Al iniciarse la etapa de alegatos en el juicio que se le sigue a Vergez por secuestros y tormentos cometidos en 1977 en dominios del Primer Cuerpo de Ejército, el abogado Marcelo Parrilli, pidió al Tribunal Oral Federal 5 que en su veredicto haga "expresa mención" a que los juzgados fueron "delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar genocida".

Parrilli abrió la etapa de alegatos en representación de la familia de Coccoz y de su esposa, Cristina Zamponi, sobreviviente exiliada en Europa y querellante en la causa en el juicio que se le sigue a Vergez por el secuestro y desaparición de Coccoz, que dirigía la inteligencia del ERP como "teniente Pancho" y de sus presuntas fuentes, el abogado y economista Julio Gallego Soto -quien había  sido un hombre de estrecha confianza de Juan Perón- y de un alto funcionario del Ministerio de Economía, Julio Casariego de Bel.

Investigaciones periodísticas aseguran que también fue secuestrado en la misma redada  (llamada por los represores "Operación Redondo")  el director y accionista mayoritario del diario  "El Cronista", Rafael Perrota, pero ello no es materia de este juicio.

Vergez, de 69 años, escuchó las acusaciones en su contra luego de haber permanecido en silencio a lo largo de todo el juicio, ya que nunca accedió a prestar declaración indagatoria.

Parrilli recordó que Vergez fue trasladado desde Córdoba, donde comandaba el centro clandestino de detención La Perla- para ocuparse especialmente de Coccoz a fines de mayo de 1977, porque sus captores no lograban que les proporcionara información a pesar de veinte días de intensos "interrogatorios".

Fue entonces cuando Vergez comenzó a ir a la casa de los padres de la esposa de Coccoz, a dónde ésta se había mudado llevando consigo al pequeño hijo de ambos, dónde se presentó como "capitñan Rodolfo" y le informó a Cristina que estaba en tratativas con su marido con miras a llevarlos a ambos a Europa y que les quedaba prohibido salir de esa vivienda.

En algunas de sus visitas, siguió recordando Parrilli, "Rodolfo" sacaba a la mujer de la vivienda "y la llevaba a hoteles para violarla", por lo cual se pidió también que se lo investigue por este delito.
Zamponi y el niño fueron enviados a Europa con pasaportes confeccionados por el servicio de inteligencia del Ejército.  Coccoz desapareció. 

Parrilli recordó que en un libro publicado por Vergez a fines de 1995, "Yo fui Vargas", describió en detalle lo ocurrido con Coccoz y su esposa, algo que sólo sabían los protagonistas de los hechos, por lo cual dio por probada su responsabilidad.

"Considero probada la materialidad del hecho y la privación ilegítima de la libertad doblemente agravada de Javier Coccoz", concluyó Parrilli al entender que Vergez cometió los delitos con "violencia y amenazas" y fue responsable de los "tormentos agravados" a la víctima tanto físicas como psíquicas, ya que "la negociación no era una propuesta, en realidad, sino una amenaza: la de matar a su esposa y su hijo en caso de que no aportara nombres".

"Él (Javier Coccoz) sabía que era hombre muerto" desde el momento de su secuestro, dedujo Parrilli, y concluyó que no dio nombres de compañeros de militancia, quienes declararon en el juicio que no les pasó nada tras el secuestro de Coccoz, ni siquiera cambiaron sus domicilios, pero sí suministró "contactos que consideró que por la posición social que tenían iban a poder sobrevivir" en relación a quienes luego fueron secuestrados y desaparecidos.

El juicio, a cargo de los jueces Angel Nardiello, José Martínez Sobrino y Néstor Costabel, entró en su etapa final y se dará a conocer el veredicto el 21 de diciembre.

El represor Vergez se negó a declarar en juicio por delitos de lesa humanidad

El represor Héctor Vergez se negó a declarar hoy en el inicio del juicio oral y público en su contra por secuestros y desapariciones durante la última dictadura militar.

Al comienzo del juicio en los tribunales de Comodoro Py, se dio lectura a la acusación contra el ex capitán del Ejército, de 69 años, por parte de la Fiscalía y la querella.

A Vergez, que actuaba en el Batallón 601 del Ejército, se lo acusa por varios secuestros, entre ellos el del abogado Julio Gallego Soto, quien fuera tomado cautivo en julio de 1977 y permanece desaparecido.

Además, por el de Julio Casariego de Bell, un funcionario que trabajaba en el Ministerio de Economía; de un integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Javier Coccoz, y de la esposa de este último, Cristina Zamponi, todos ocurridos en 1977.

En la audiencia de este viernes, el hijo de Gallego Soto, Víctor, declaró como testigo ante el Tribunal Oral Federal Número 5: "No tengo certeza respecto de la conducta de Vergez contra mi padre, de manera que no puedo decir si tengo enemistad o no", aclaró.

Según indicó, en mayo de 1997 y tras una gestión con un militar amigo, se encontró con el capitán Vergez: "Me dijo que había detenido a mi padre. Le pregunté dónde y me dio coordenadas parecidas aunque distintas calles. Le pregunté por qué y me dijo que debido a una declaración de un detenido, Pancho Coccoz, que lo vinculó con la lucha antisubversiva. Yo nunca había escuchado ese nombre", dijo.

El juicio se extenderá hasta el próximo 21 de diciembre, fecha en que se prevé habrá veredicto, luego que declaren una treintena de testigos en audiencias que se realizarán los lunes y viernes en Comodoro Py.