La represión en FABI, Mercedez Benz y una convocatoria del gobierno de Empresas y DDHH

Los testimonios en los juicios a la represión en el corazón del sistema capitalista son ejemplos de que el bloque de poder decidió a sangre y fuego, con su brazo armado, el ejército, anular los derechos laborales y políticos conseguidos por los trabajadores. FABI es un ejemplo que nadie cita, salvo esta agencia. En tanto la causa Mercedes Benz se inició, con detalles de los grupos de tareas. El gobierna organiza el Primer Foro Regional de Planes Nacionales de Acción y Políticas Públicas en Empresas y Derechos Humanos.

 Por Lucho Soria para ANRed

Segundo tramo Monte Peloni

En el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata se iniciaron los alegatos en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad investigados en el segundo tramo de la causa denominada “Monte Peloni”, que se centra en el circuito represivo ilegal que operó en la subzona militar 12 y abarcó los distritos de Olavarría, Tandil, Las Flores y Azul. En ese contexto la represión en la Fábrica Argentina de Bolsas Industriales de Hinojo (FABI) en Olavarría.

Los 28 acusados por privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos, homicidios y desapariciones comenzaron a escuchar el alegato de los fiscales Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, y Juan Manuel Portela, fiscal federal de Necochea. Su exposición de las acusaciones y luego los pedidos de pena se extenderán en las próximas semanas. Entre las causas dadas en el juicio fue la represion en la fabrica FABI, invisibilizada, salvo en el portal Que digital de Mar del Plata, portal con el cual ANRed tiene reciprocidad para compartir la info.

La palabra de un trabajador de FABI

El año pasado Gabino Diorio brindó declaración testimonial a través de una video-conferencia desde la Facultad de Ingeniería (UNICEN) de Olavarría. Relató que ingresó a trabajar a FABI en 1974 y que siempre habían existido atropellos contra los trabajadores, principalmente porque no tenían un sindicato que los representara. Contó que existieron varios despidos y que esto motivó medidas de protesta que permitieron la reincorporación de sus trabajadores. De esta manera, pudieron organizarse sindicalmente, Diorio relató que el 12 de mayo de 1976, se llevaron detenidos a varios trabajadores, incluido a él. “A las 16 hs se llevaron cuatro o cinco trabajadores y a las 20 hs me llevaron a mí. Me pusieron esposas, me encapucharon y me llevaron a la Comisaría de Olavarría” detalló. Allí dijo que sufrió humillaciones, agresiones verbales y no tanto físicas. Posteriormente lo trasladaron encapuchado a la Comisaría de Sierra Chicha, al día siguiente lo regresaron a Olavarría para finalmente trasladarlo a la Unidad Nº 7 de Azul donde estuvo hasta el 7 de septiembre. “Diorio, yo lo tengo que excarcelar, pero usted quedó a disposición del área 124” le dijeron.

“Estuve donde usted me mandó”

Diorio mencionó a Branko Zuljevic, quien era el director de la fábrica, como uno de los responsables de las detenciones. En muchos de los testimonios que se escucharon en torno al caso FABI, Zuljevic es señalado como aquel que le indicaba a las fuerzas de seguridad a qué trabajadores debían llevarse. El testigo contó que al obtener su libertad, regresó a la fábrica buscando una indemnización. Ante la pregunta de Zuljevic sobre dónde había estado, Diorio le respondió “Estuve donde usted me mandó, jefe”. Lógicamente Diorio no fue el único obrero que declaro, sino también los familiares de las víctimas, como sucede en todos los juicios.

Lo de Mercedes Benz

Los ex trabajadores de Mercedes Benz Julio D’Alessandro y Eduardo Estivill Navarro, y Silvia Núñez y Mirta Arenas, hija y hermana de los obreros secuestrados Alberto Nuñez y Alberto Arenas, respectivamente, revelaron la complicidad de la empresa, del Smata y de los servicios de inteligencia, un grupo de tareas, al igual que en otras fábricas de la zona norte del conurbano bonaerense.

Silvia Nuñez es la hija mayor del Alberto Nuñez y que tenía 10 años cuando su padre fue secuestrado dos veces: la primera el 7 de agosto de 1977, cuando fue llevado de su casa, y la segunda, seis días después, cuando se lo llevaron de la casa de sus abuelos. “El 13 era mi cumpleaños, a la madrugada fueron de vuelta a buscarlo recordó Silvia.  También contó al tribunal que su casa había reuniones de los compañeros de su padre casi todos los días.

Y que de acuerdo a lo relatado por Héctor Ratto, lo vio en Campo de Mayo, como los 14 trabajadores detenidos y posteriormente asesinados. Cabe acotar que el testimonio de Ratto, detenido en la fabrica, se postergó por su estado de salud.

Julio Dalessandro y Eduardo Estivill Navarro, precisaron con rigor las luchas y en algunos momentos sus voces a la hora de nombrar los compañeros desaparecidos, latían de emociones con un nudo en la garganta que cubría la sala de audiencia y al final Julio «El Tano» Dalessandro cerró su testimonio al pronunciar por los 30 mil detenidos desaparecidos. Previamente dijo su identificación por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Cabe agregar que se fundó en CABA un 25 de Mayo 1965, con presencia de delegados del interior y que de sus asistentes, dos de ellos vindican esa acción.

Ambos relataron la lucha por las condiciones laborales, la persecución a quienes la impulsaban, pese a las presiones de los directivos de la empresa, los cuales no están sentados en el banquillo de los acusados. El único imputado en esta causa, el coronel Benito Angel Omaechevarría, murió un par de semanas atrás.La persecución y secuestro de los trabajadores de la Mercedes Benz es uno de los casos. Los detenidos del Colegio Militar, los militantes de la Columna Norte de Montoneros y del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) bajo el área 400 del Ejército de Zárate y Campana y los casos de las 14 mujeres embarazadas, forman parte de un juicio que va a demandar más de un año de recoger los testimonios.

Un foro con un título para la antología.

Primer Foro Regional de Planes Nacionales de Acción y Políticas Públicas en Empresas y Derechos Humanos

«Estamos organizando el primer encuentro regional con enfoque en políticas públicas sobre Empresas y Derechos Humanos, que tendrá lugar el 3 y 4 de junio en el CCK de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires»

Según la información oficial «Para la realización de este importante evento, contamos con el apoyo institucional de organizaciones internacionales y nacionales interesadas en promover la conducta de negocios responsable en materia de derechos humanos.

En este marco, Roel Nieuwenkamp (Embajador de Países Bajos en Argentina) y Froukje Boele (Mánager de Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe de OCDE) presentarán – por primera vez – la guía de debida diligencia para empresas en español de la OCDE. Por su parte, Birgit Gerstensberg (Representante del ACNUDH-América del Sur) presentará las acciones que realizarán para apoyar la implementación del plan argentino y las normas para inclusión de la diversidad.

Por su parte, UNICEF Argentina presentará la línea nacional de base en derechos de la infancia y empresas. Este foro contribuirá a dar a conocer en el país las experiencias y desafíos en materia de implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PRNU) en la región latinoamericana.

Nuestro objetivo es contribuir al logro de transformaciones institucionales y cambios culturales respetuosos de los Derechos Humanos en las empresas públicas y privadas de Argentina y la región, a través de la sensibilización y formación específica de los diferentes actores clave del Estado, las asociaciones sindicales, la comunidad empresarial y la sociedad civil.

Para poder impulsar en nuestro país un modelo de desarrollo con enfoque de derechos, se torna necesario crear un clima adecuado para las inversiones, que a su vez integre en su modelo de negocios el respeto a los derechos de todos los habitantes.

Esta nueva agenda ampliada en Derechos Humanos nos encuentra realizando esfuerzos mancomunados entre el sector público y el privado para lograr una inserción inteligente al mundo. Estado, sector privado, Sociedad Civil y la Academia surgen como pilares esenciales para la implementación de Planes Nacionales de Acción en Empresas y Derechos Humanos». Un foro regional sobre Empresas y Derechos Humanos en el contexto de avasallamiento de los derechos laborales, de trabajadores muertos en sus puestos de trabajo, como en Vaca Muerte, por citar un solo ejemplo, y sociales que no deja de sorprender…en fin.

Sábado 18/03 acto y marcha en la Guarnición Militar Campo de Mayo

Nuevamente como desde hace once años la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo convoca el sábado 18 desde las 9,30 horas  a una marcha y  acto en la Guarnición Militar Campo de Mayo, con accionar en desde el 24 de marzo 1976 en la Zona 4, que abarcaba los partidos de General Sarmiento, Escobar, General San Martín, San Isidro, San Fernando, Tigre, Vicente López, Tres de Febrero.

La juntada es para no ceder entre las acciones de los que galvanizan el olvido y las acciones de la militancia, media una distancia enorme, no de palabras, sino de significación acerca de cuál es la sustancialidad de la democracia en el contexto de la imprescriptibilidad de los crí menes de lesa humanidad.

El acto será  frente al Hospital Militar donde la empresa Mercedes Benz instaló un aparato de neonatologia para los partos de las compañeras detenidas con el posterior  apoyo del Movimiento Familiar Cristiano, en la entrega y apropiación de los niños de las víctimas del terrorismo de Estado. en un juicio que no se acepta mas dilaciones.

A mas de una década de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en los cursos de acción de los juicios se demostró la activa participación de empresarios, jueces y fiscales, monjas y sacerdotes, en particular los capellanes,  entre otros que conformaron la alianza cívico militar que ejerció el poder desde antes del 24 de marzo del 76 .  La Masacre de Capilla del Rosario en Catamarca el 11 de agosto de 1974  con el fusilamientos de 14 combatientes que se entregaron con vida, el Operativo Independencia desde febrero 1975 y la represión fabril en Villa Constitución el 20 de mazo 1975, por citar didácticos ejemplos.

Esta guarnición militar de exterminio de trabajadores, familiares, militantes y combatientes todavía se espera que todos sus responsables sean sentados en el banquillo de los acusados ( apenas se han concretado doce juicios) y que no sean beneficiados con el punto final biológico, gracias a un andamiaje jurídico impulsado por los defensores oficiales y por quienes desde el Poder Judicial son renuentes a avanzar. Un grupo de tareas que persiste y ahora con oxigeno oficial.

Un muro de impunidad que desde la militancia potencia no ceder en Memoria, Verdad y Justicia, sino aceptar el desafío ideológico desde el bloque de poder de cerrar las heridas del pasado.

Campo de Mayo: detuvieron a represores y se negaron a declarar

Pacífico Luis Britos

Por la Policía de Seguridad Aeroportuaria

Cuatro de ellos habían sido apresados entre el domingo y lunes, y el restante cumplía prisión domiciliaria y fue conducido por la fuerza para declarar en el juzgado. A los cinco se los interrogó por su accionar como responsables de la plana mayor de Zárate-Campana. “Eran los encargados de poner los medios a disposición de las fuerzas de tareas”, dijo el fiscal.

Fotos: Gustavo Molfino.

Por: Juan Manuel Mannarino

Alfredo Oscar Arena

ANTECEDENTES

"El horror en el banquillo": el libro de los juicios de Campo de Mayo

Campo de Mayo, territorio y guarnición militar en una performance...

Campo de Mayo: un nuevo juicio por lesa humanidad en San Martín

Cinco represores fueron indagados en el Juzgado Federal de San Martín por la megacausa de Campo de Mayo. Cuatro de ellos habían sido detenidos entre el domingo y lunes, y el restante cumplía prisión domiciliaria y fue llevado al Tribunal. Todos, sin embargo, se ampararon en el silencio. “Son de la plana mayor de la zona de Zárate Campana, y se los indagó por casi 30 casos. Pero se negaron a declarar”, dijo el fiscal Hugo Bogetti 

Federico Mitchel

Los represores detenidos por la Policía de Seguridad Aeroportuaria son: Alfredo Oscar Arena, Ramón Vito Cabrera, Federico Ramírez Mitchel y Pacífico Luis Britos. Mientras que Pascual Muñoz ya estaba con prisión domiciliaria y fue conducido por la fuerza para declarar en el juzgado. Se los interrogó por su accionar como responsables de la plana mayor de Zárate-Campana, que fue parte del  área 400 correspondiente a la zona 4 de Campo de Mayo.

Pascual Muñoz fue intendente interventor de Florencio Varela y jefe del Departamento Personal del Estado Mayor entre 1980 y 1982. Está imputado por 47 casos de lesa humanidad. En Campo de Mayo, se lo acusa por participar de por los crímenes ocurridos en la frustrada operación de la Contraofensiva

Vito Cabrera

Montonera en los años 1979 y 1980.

Pacífico Luis Britos.

Mientras los otros represores se mantuvieron en el anonimato, no fue el caso de Pacífico Luis Britos, que sigue dando conferencia sobre doctrina militar en ámbitos privados. En agosto de 2014 disertó sobre la figura de Julio Argentino Roca. Allí dijo: “Es uno de los personajes más importantes que formaron parte del glorioso Ejército Argentino, puesto que esa formación militar, surgida de una fuerte vocación, lo acompañó durante toda su vida y sirvió de base para desarrollar su personalidad, que le llevaron a ser uno de los políticos más destacados que consolidaron como Estado-Nación a esta querida Argentina nuestra”.

Se calcula que por Campo de Mayo, una de las más grandes dependencias militares del país, pasaron cerca de 7 mil personas, y sólo sobrevivieron 100.  “Fue un área con alto nivel represivo, que atacó fuertemente la militancia política y laboral. Era una zona fabril e industrial fuertemente sindicalizada. Y todavía tenemos pendiente cómo fue la relación 

operativa con las empresas”, definió el otro fiscal de la causa, Miguel García Ordaz.

Federico Ramírez Mitchel.

Según la fiscalía, los detenidos -que son parte del Ejército y de la Marina- cumplieron roles de responsabilidad en las áreas de Personal, Logística e Inteligencia, pero no fueron parte de los grupos de tareas. “Una primera investigación los sitúa en alrededor de 30 casos, que pueden multiplicarse por varias víctimas. Ellos eran los encargados de poner los medios a disposición de las fuerzas de tareas, los que tenían personal a cargo y diagramaban los operativos”, explicó Bogetti. Desde el juzgado explicaron que las detenciones ocurrieron en los domicilios y que, una vez que se negaron a declarar, se les otorgó a todos el beneficio de la prisión domiciliaria.

El Área 400 está siendo investigada en profundidad por la fiscalía y las detenciones son parte de una estrategia para avanzar en la prueba reunida contra  los imputados. “Seguramente pediremos nuevas indagatorias, pero lo que importa es que los acusados saben que se los está procesando por una cantidad de casos por sus roles en Campo de Mayo”, dijo Bogetti, que esperan nuevas detenciones en las próximas semanas.

Ramón Vito Cabrera.

Más de 230 víctimas

Además, la fiscalía aguarda novedades por la fábrica Dálmine-Siderca de Campana. La firma -rebautizada como Tenaris-Techint- fue allanada por la Justicia y ahora se esperan los peritajes de la documentación secuestrada.  “Pensamos que en la zona de Zárate y Campana hay más de 230 víctimas, de los cuales muchos de ellos eran trabajadores de esa empresa”, dijo el abogado Pablo Llonto.

Según cálculos de la fiscalía, hay cerca de 40 casos de obreros de la empresa que fueron privados de libertad y luego desaparecidos. “Creemos que pueden existir más, pero primero queremos demostrar qué tipo de responsabilidad tenía los directivos y el personal jerárquico en delitos de lesa humanidad”, adelantó García Ordaz. Entre los represores que habrían participado de los operativos están sospechados los de la plana mayor de Zárate-Campana.

Para el abogado Pablo Llonto, pronto se sabrá el verdadero rol que ocuparon en el circuito represivo de Campana. “Fue una zona de conflictividad sindical, con muchas comisiones internas. Es muy probable que estos represores ocuparon un espacio de decisiones estratégicas para disciplinar a los obreros y favorecer a las empresas”, concluyó Bogetti.

JMM/RA

Inicio de un nuevo juicio a represores en la zona norte por un secuestro de 1974

Dos prefectos y un médico policial

Se juzga el secuestro de una militante del PRT de 16 años que estaba embarazada. Uno de los acusados es un médico de la policía que se negó a dejar constancia de las marcas de tortura que hasta hoy la mujer tiene en su cuerpo.

 Por Alejandra Dandan

A Marta Querejeta la secuestraron el 5 de diciembre de 1974. Tenía 16 años, estaba embarazada y militaba en el PRT. Para entonces, la organización ya era perseguida. Marta vivía entre distintas casas, dentro y fuera del país, pero ese diciembre pasaba dos días en la casa de su abuela de Campana. Hoy comenzará el juicio por su secuestro y tormentos. Marta sobrevivió. El TOF Nº1 de San Martín juzgará a dos prefectos, entre ellos uno de los jefes de la zona. Y también a un médico muy conocido de Campana, Carlos Quetglas, ciudadano ilustre y médico de la policía cuya función fue clave como garantía de la última etapa del plan represivo: Quetglas dijo que ella no tenía nada y se negó a dejar constancia de las marcas de tortura que hasta el día de hoy conserva en su cuerpo.

El juicio será corto. Marta será testigo de su propio caso. Uno de los ejes del relato estará puesto en las situaciones de tortura que no cesaron ni disminuyeron por su condición de embarazo. En el debate será juzgado el ex jefe de Prefectura Naval de Campana Carlos José Ramón Shaller y el ex oficial Oscar Rubén Montagano, ambos por primera vez en juicio.

“A Marta la torturaron brutalmente durante su cautiverio”, explica el abogado Pablo Llonto, de la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia de zona norte. “Antes de liberarla, Shaller les ordenó a ella y su padre ir a ver a Quetglas para que el médico corroborara su estado físico. De esta manera, Quetglas participó de los hechos como último eslabón del plan diciendo que ella no tenía nada y no constatando que estaba torturada ni señalando los daños en el cuerpo. Su rol permitía que ella reapareciera como una chica más. Para nosotros su función es la del partícipe secundario de la acción que consiste en secuestrar y torturar y ocultar el hecho. Tuvo por eso participación: no denunció; no corroboró las torturas.” En esa misma lógica se está reconstruyendo en este momento el rol del Poder Judicial. Los jueces son evaluados porque “hicieron aun cuando no hicieron”.

Quetglas fue presidente del Club de Leones de su pueblo. Hoy tiene 86 años y el jueves pasado, al ser examinado por los peritos, hizo alarde de todos sus honores. Como médico, firmó la partida de defunción de Gastón Roberto José Gonçalves Pérez, aunque sin saber que era él. Gonçalves había sido secuestrado el 24 de marzo de 1976 en Escobar y enterrado como NN en el cementerio luego de ser hallado calcinado en Zárate el 2 de abril de ese año. El médico declaró como testigo en su causa.

Otro eje del juicio estará puesto en las líneas de continuidad entre 1974 y 1976. “Como sucedió en Trelew y en otros juicios del país –dice Llonto–, también permitirá probar que desde el punto de vista del Estado el plan represivo comenzó mucho antes del ’76, y que la acción de aniquilamiento y destrucción del grupo de militancia político el Estado lo llevó adelante antes del 24 de marzo.”

Pero los temas del debate no son sólo estos. El TOF está integrado por Hector Sagretti, Marta Milloc y Diego Barroetaveña. En los últimos días, los querellantes de San Martín tienen puesta la mirada en lo que irá haciendo el Tribunal durante las distintas audiencias.

El juicio se hará en una sala muy pequeña en el edificio de la calle Villate, de Olivos. El lugar no permite la presencia de más de diez personas. La comunidad de la zona está muy disgustada con este punto porque después de mucho batallar logró hace dos años que el Consejo de la Magistratura pagara el alquiler de una sala enorme en el centro de San Martín, que nadie entiende por qué en este caso no se usa. “El juicio se va a hacer en una sala donde no entra nadie porque tiene capacidad para ocho personas y eso nos obliga a hacer el acompañamiento desde la calle”, dice Adriana Taboada, de la comisión. “La sala de audiencias de Villate es muy pequeña, por lo cual sentimos que atenta contra nuestro derecho a estar presentes en un juicio que además es oral y supuestamente público”.

Taboada es psicóloga y actúa además como perito de parte en el examen de algunos acusados, una función en la que las querellas pusieron el ojo durante los últimos meses por discrepancias con criterios de los peritos oficiales. En este caso, la semana pasada, el tribunal avisó a las partes que las pericias se harían a los tres imputados el mismo día y a la misma hora, pero en lugares distintos. “Para nosotros fue un problema porque hacemos todo esto ad honorem y por militancia –dice la mujer–. ¿Así que cuántos peritos tendríamos que tener en ese momento como para poder seguir todas las pericias a la vez?”

El TOF de San Martín no está totalmente integrado. Eso provoca falta de jueces e impide que haya mayor cantidad de juicios en la zona y se avance con los juicios más importantes, explica en este caso Pablo Llonto. El que ahora comienza es el juicio número doce desde la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, pero en la zona hay otros juicios que están esperando para comenzar. “Uno es el de los obreros metalúrgicos, que estaba listo para ser realizado junto a los ceramistas y astilleros, pero lo levantaron y pasó para el año que viene”, dice Llonto. Otro de los juicios que generan expectativas es el que tendrá como acusados a los directivos de la empresa Ford. A mediados de año se anunció que se haría este año, pero finalmente se postergó. Las demoras molestan en un contexto en el que avanzaron las causas por la responsabilidad civil de los crímenes de lesa humanidad, pero ninguno de los acusados aún se sentó en una sala pública a enfrentar un juicio.

Genocidas : veteranos y debutantes

Entre los condenados hay siete represores que hasta el momento no habían sido juzgados. También están los jerarcas, que ya acumulan cinco penas: el último dictador y el jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo.

Para algunos de los genocidas sentenciados ayer fue la primera condena. Para otros, como Reynaldo Benito Bignone y Santiago Omar Riveros, fue la quinta. El último dictador y ex general de división, de 85 años, fue condenado ayer a prisión perpetua por crímenes contra la humanidad perpetrados en Campo de Mayo. Este militar, que en 1983 condujo la transición de la dictadura a la democracia, ya había recibido perpetua en 2010 y en 2011, a las que suma otras dos sentencias, a 25 y 15 años respectivamente. Y Riveros acumuló también su condena número cinco.

El 8 de marzo de 2007, Bignone pasó la noche preso en el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas en Campo de Mayo, casualmente (o no tanto) junto a Riveros. En octubre de 2006, se había permitido instar a “los jóvenes” a terminar lo que el terrorismo de Estado no había podido y poco después sacaron su retrato del patio de honor del Colegio Militar.

Antes de ser el último presidente de facto, Bignone se desempeñó como director de esa institución, desde diciembre de 1975, y como segundo comandante de Institutos Militares, en 1977. Sucedió a Leopoldo Fortunato Galtieri tras la derrota de Malvinas y fue el encargado de borrar las pruebas de la represión. A través del decreto 2726/83, ordenó la destrucción de documentación referida a los secuestros y las desapariciones cometidas por sus subordinados y llegó a ser enjuiciado por este delito, pero lo salvó el indulto menemista. En marzo de 1976 encabezó el operativo que convirtió al Hospital Posadas en un centro clandestino. En 1980 asumió como jefe de Campo de Mayo y, según cuentan las víctimas, dijo que “en la guerra sucia hay inocentes que pagan por los culpables”. Cuando llegó la democracia fue imputado por secuestros y tormentos y su primer encarcelamiento se produjo en 1984, por la desaparición de los conscriptos Luis García y Luis Steimberg, pero la ley de obediencia debida le devolvió la libertad. La segunda vez que la perdió fue en 1999, cuando el ex juez Adolfo Bagnasco lo responsabilizó por haber otorgado la garantía de impunidad al plan sistemático de apropiación de menores. El ex magistrado le concedió el arresto domiciliario, pero Bignone no tuvo reparos en confesar en una entrevista que salía “todos los días”. Y no violó el beneficio, sus salidas estaban autorizadas por el juzgado: dos veces por semana nadaba en el Círculo Militar, iba al Hospital Militar (“es mi country”, dijo) y asistía a las reuniones de una institución para discapacitados a la que pertenece su hijo.

Durante muchos años los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo fueron identificados con el apellido de este genocida. Santiago Omar Riveros es el autor de la frase “hicimos la guerra con la doctrina en la mano y las órdenes escritas de los comandos superiores”. La pronunció a modo de despedida en la Junta Interamericana de Defensa el 24 de enero de 1980, y está citada en el prólogo del Nunca Más. En 2007, la Cámara de Casación le anuló el indulto que le había dictado el ex presidente Carlos Menem en 1989, y tras la anulación de las leyes de impunidad no paró de sumar juicios. Fue juzgado en Italia, en ausencia, por la desaparición de tres ciudadanos italianos y también está imputado en la nueva megacausa que se inicia por el Operativo Cóndor.

Entre los condenados figuran Carlos del Señor Garzón y María Francisca Morillo, acusados por la apropiación de María Sánchez Ovando. También están Carlos Somoza, Eugenio Guañabens Perello, Sadi Pepa y Oscar Corrado.

Juliana García Recchia estuvo ahí, intentando dar otro cierre. Ramiro Menna, el hijo de Ana María Lanzilotto y del Gringo Domingo Menna, que aún busca a un hermano o hermana, escribió en un mensaje a uno de sus tíos: “Que se haga justicia”. Alba Lanzillotto, hermana de Ana María, recordó los años de lucha: “Es bueno que le den una condena alta. Estos juicios son posibles por la lucha de 30 años que lleva este pueblo y un gobierno que empuja a tomar conciencia”. Julia Elena Villagra, la hermana de Kitty, recibía el llamado de Bariloche. “¡Perpetua, perpetua!”, dijo en una explosión de alegría. Catalina Ovando explicó: “No celebro que ellos vayan a la cárcel, pero celebro que no haya impunidad y que la Justicia los haya encontrado culpables. Agradezco a mis abuelos que me buscaron toda la vida; la sociedad tiene que entender que la apropiación no es un gesto de amor”.

Citan para el ex secretario de agricultura de la dictadura

Piden que Jorge Zorreguieta sea citado como testigo en la causa de Campo de Mayo
Cita para el papá de Máxima

El abogado Pablo Llonto solicitó que fuera citado el ex secretario de Agricultura de la dictadura Jorge Zorreguieta. Es para que explique supuestas gestiones que habría hecho para averiguar el paradero de desaparecidos.

 Por Adriana Meyer

No asistirá a la ceremonia real en Holanda, como tampoco estuvo presente en la boda de su hija, la futura reina de ese país. Sin embargo, es probable que el ex secretario de Agricultura de la dictadura Jorge Zorreguieta se vea obligado a presentarse como testigo si la Justicia decide citarlo en la causa por los crímenes cometidos en Campo de Mayo. Los querellantes solicitaron al Juzgado Federal 2 de San Martín que lo convoque para que explique las gestiones que habría realizado para la liberación de un secuestrado en ese campo de exterminio, en el marco de un expediente en el que están siendo buscados y convocados nuevos sobrevivientes y ex conscriptos que ya están prestando testimonio. El objetivo es dar con nuevas víctimas y profundizar la investigación de esta megacausa. El pedido fue realizado por el abogado Pablo Llonto, en nombre de los querellantes nucleados en la Comisión Campo de Mayo, y la jueza Alicia Vence se expediría al respecto en los próximos días.

La comisión viene haciendo un relevamiento para dar con posibles sobrevivientes, de los pocos que hubo en ese circuito de centros clandestinos. Ellos podrían dar su testimonio por primera vez, como sucedió el año pasado con el ex juez Hernán Bernasconi, cuyo relato está permitiendo la identificación de nuevas víctimas, según explicó Llonto a Página/12. Lo mismo estaría sucediendo a partir de los datos aportados en declaración testimonial por algunos de los centenares de soldados que hicieron su conscripción durante los años de la dictadura en el Batallón 601 de Aviación Militar del Ejército, en Campo de Mayo.

Esa investigación de la comisión incluye el análisis de artículos periodísticos y, en tal sentido, a partir del anuncio de que la reina Beatriz de Holanda abdicó al trono en favor de su hijo, el marido de Máxima Zorreguieta, algunos medios reflotaron distintas investigaciones sobre el padre de la futura monarca, ex miembro del equipo económico de José Alfredo Martínez de Hoz en el sector de Agricultura. El pedido de citación a Zorreguieta fue avalado por un reportaje publicado por Página/12 hace poco más de diez años al periodista Jan Thielen, el único que logró entrevistar al padre de la princesa Máxima. “Mintió al decir que no sabía nada”, fue su título, y allí relató que “sabía dónde encontrar a los desaparecidos”. Además de adjuntar una copia de la nota en la solicitud que presentó en el juzgado, Llonto precisó que ante Thielen Zorreguieta admitió que había hecho gestiones para lograr la “liberación” de un funcionario de la Bolsa de Cereales, de apellido Domínguez, que había estado secuestrado en Campo de Mayo. En el mismo artículo consta otra gestión personal para liberar a otra secuestrada en ese centro clandestino, “la prima del banquero Julio Werthein”. De esa tarea se habría ocupado Mario Cadenas Madariaga, jefe de Zorreguieta, junto con el condenado genocida Santiago Omar Riveros.

“Todos estos elementos son de enorme importancia en la búsqueda de testigos que han estado secuestrados en Campo de Mayo, que han sido víctimas de delitos de lesa humanidad, pero que además pueden aportar importantes datos para la investigación de la causa, tales como nombres de otros desaparecidos, víctimas, represores, entre otros elementos”, precisó Llonto en su escrito.

La familia de Javier Coccoz pide 21 años de prisión para Vergez

La detención de Javier Coccoz dio inició a la "Operación Redondo"
La familia del ex jefe de inteligencia del ERP pidió 21 años de prisión para el capitán (R) Vergez

La querella de la familia del desaparecido responsable de la inteligencia del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Javier Coccoz, reclamó hoy una condena de 21 años de prisión para el capitán (R) Héctor Pedro Vergez, y pidió también que se lo investigue por el delito de violación en perjuicio de la esposa de la víctima, Cristina Zamponi. Al iniciarse la etapa de alegatos en el juicio que se le sigue a Vergez por secuestros y tormentos cometidos en 1977 en dominios del Primer Cuerpo de Ejército, el abogado Marcelo Parrilli, pidió al Tribunal Oral Federal 5 que en su veredicto haga "expresa mención" a que los juzgados fueron "delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar genocida".

Parrilli abrió la etapa de alegatos en representación de la familia de Coccoz y de su esposa, Cristina Zamponi, sobreviviente exiliada en Europa y querellante en la causa en el juicio que se le sigue a Vergez por el secuestro y desaparición de Coccoz, que dirigía la inteligencia del ERP como "teniente Pancho" y de sus presuntas fuentes, el abogado y economista Julio Gallego Soto -quien había  sido un hombre de estrecha confianza de Juan Perón- y de un alto funcionario del Ministerio de Economía, Julio Casariego de Bel.

Investigaciones periodísticas aseguran que también fue secuestrado en la misma redada  (llamada por los represores "Operación Redondo")  el director y accionista mayoritario del diario  "El Cronista", Rafael Perrota, pero ello no es materia de este juicio.

Vergez, de 69 años, escuchó las acusaciones en su contra luego de haber permanecido en silencio a lo largo de todo el juicio, ya que nunca accedió a prestar declaración indagatoria.

Parrilli recordó que Vergez fue trasladado desde Córdoba, donde comandaba el centro clandestino de detención La Perla- para ocuparse especialmente de Coccoz a fines de mayo de 1977, porque sus captores no lograban que les proporcionara información a pesar de veinte días de intensos "interrogatorios".

Fue entonces cuando Vergez comenzó a ir a la casa de los padres de la esposa de Coccoz, a dónde ésta se había mudado llevando consigo al pequeño hijo de ambos, dónde se presentó como "capitñan Rodolfo" y le informó a Cristina que estaba en tratativas con su marido con miras a llevarlos a ambos a Europa y que les quedaba prohibido salir de esa vivienda.

En algunas de sus visitas, siguió recordando Parrilli, "Rodolfo" sacaba a la mujer de la vivienda "y la llevaba a hoteles para violarla", por lo cual se pidió también que se lo investigue por este delito.
Zamponi y el niño fueron enviados a Europa con pasaportes confeccionados por el servicio de inteligencia del Ejército.  Coccoz desapareció. 

Parrilli recordó que en un libro publicado por Vergez a fines de 1995, "Yo fui Vargas", describió en detalle lo ocurrido con Coccoz y su esposa, algo que sólo sabían los protagonistas de los hechos, por lo cual dio por probada su responsabilidad.

"Considero probada la materialidad del hecho y la privación ilegítima de la libertad doblemente agravada de Javier Coccoz", concluyó Parrilli al entender que Vergez cometió los delitos con "violencia y amenazas" y fue responsable de los "tormentos agravados" a la víctima tanto físicas como psíquicas, ya que "la negociación no era una propuesta, en realidad, sino una amenaza: la de matar a su esposa y su hijo en caso de que no aportara nombres".

"Él (Javier Coccoz) sabía que era hombre muerto" desde el momento de su secuestro, dedujo Parrilli, y concluyó que no dio nombres de compañeros de militancia, quienes declararon en el juicio que no les pasó nada tras el secuestro de Coccoz, ni siquiera cambiaron sus domicilios, pero sí suministró "contactos que consideró que por la posición social que tenían iban a poder sobrevivir" en relación a quienes luego fueron secuestrados y desaparecidos.

El juicio, a cargo de los jueces Angel Nardiello, José Martínez Sobrino y Néstor Costabel, entró en su etapa final y se dará a conocer el veredicto el 21 de diciembre.

Declaró un ex subcomisario de Villa Adelina en la causa sobre Campo de Mayo

Sobre las zonas liberadas

El policía fue citado por el caso de la familia García Recchia. Dijo que los militares ordenaban no identificar a las víctimas y que ellos no intervenían en operativos de los que participaban las Fuerzas Armadas.

Por Alejandra Dandan

–¿Usted dice que la idea era no investigar? ¿Cómo era eso?

–Había una mezcla de todo: por ejemplo me acuerdo de que en una reunión en Campo de Mayo, (Santiago Omar) Riveros nos dijo que teníamos que estar unidos para luchar contra el pueblo, prácticamente: “Somos amigos los que estamos adentro del alambre de Campo de Mayo, los de afuera son todos enemigos”, nos dijo. “Yo he ido a comer a la Escuela de Comunicaciones. Ellos eran las autoridades (...) El cerco era Campo de Mayo. Para afuera estaban todos los traidores. Los que estábamos adentro, de nuestro lado, eran la fuerza propia y la fuerza no-propia era la que estaba afuera de los alambres. Los militares no tenían ‘sospechosos’ u ‘oponentes’, tenían fuerza propia o enemigos”.

Juan Carlos Pose era subcomisario de la delegación Villa Adelina de la Policía Bonaerense en 1977. Declaró ayer en la sala de audiencias de San Martín. El Tribunal lo citó como testigo en la causa por el asesinato de Antonio García y el secuestro de Beatriz Recchia, que estaba embarazada. El 12 de enero de 1977 cerca de treinta militares irrumpieron en la casa de Villa Adelina donde vivían con su hija Juliana, de tres años. Mataron a Antonio y secuestraron a Beatriz, vista en el centro clandestino de Campo de Mayo. Juliana estuvo unas horas secuestrada, luego la entregaron a su abuela.

La subcomisaría estaba cerca de la casa. Pose llegó cuando el operativo había terminado. Encontró la casa como “bombardeada” –dijo en la audiencia– y el cuerpo de Antonio abajo de los escombros. Hizo un sumario, ordenó una autopsia y lo envió al cementerio de Boulogne como NN. Le tomó las huellas dactilares para identificarlo y, aunque dice que cuando recibió el informe mandó los datos al cementerio, el cuerpo permaneció como NN. Frente a los jueces, explicó qué hizo ese día, en un relato en el que mostró el funcionamiento de las policías y las fuerzas militares. Reconoció que la orden que tenían “era no identificar” y sugirió cómo funcionaron las zonas liberadas.

Alrededor de las once entraron Santiago Omar Riveros, entonces responsable del Comando de Institutos Militares; Reynaldo Bignone y Luis Sadi Pepa, director de la Escuela de Comunicaciones, que es juzgado por primera vez. Juliana estaba en la sala. Escuchó la acusación con el resumen de la historia de sus padres y se enojó porque el fiscal de San Martín Jorge Claudio Sica –a cargo de la elevación– relató el ataque como “enfrentamiento”.

Pose entró después. Los acusados ya no estaban. El presidente del Tribunal, Hector Sagretti, le preguntó como parte del protocolo si conocía a los acusados, y dijo que sí: “Tuve trato con ellos porque fui subordinado”. El fiscal Marcelo García Berro retomó esa respuesta en la primera pregunta: “¿Usted dice que tuvo trato? ¿En qué sentido?”

–Trato en el sentido de que me llamaban a reuniones en Campo de Mayo para darme directivas.

–¿Cómo eran esas reuniones? ¿Qué tipo de directivas le daban?

–Directivas operativas.

–¿El propio Riveros, Bignone?

–Riveros –explicó el hombre–. Bignone era el director del colegio militar. Riveros era el comandante de Institutos. Las reuniones eran masivas, no individuales. Citaban a todos los titulares de las comisarías del comando y nos daban directivas, nada secreto.

Sobre ese punto, más tarde le preguntaron si era Riveros el que siempre convocaba a las reuniones. Pose dijo que “a veces había reuniones pequeñas operativas para decir la forma de proceder”. ¿Y qué les decían? Que “había que ser sigilosos y tratar de no identificar”.

El hombre describió por dentro el modo en el que las Fuerzas Armadas llevaron adelante la represión, aunque siempre dejó a la policía en el entramado de la subordinación militar.

El abogado de Abuelas Mariano Gaitán insistió:

–¿Usted, como subcomisario a cargo de Villa Adelina, cuando ocurría un hecho así dijo que no podía investigar?

–Lo que quise decir es que tenía que tener cautela.

–¿Por qué?

–Resulta que, en otro momento, cuando pedían los hábeas corpus yo estaba en la comisaría primera de San Martín. La mitad de la comisaría era mía y la otra mitad era de los militares. Primero, que yo no sé si a esas personas las tenían los militares o no, pero aun si supiera, le miento y digo que no está (la persona) en esta dependencia: si digo que sí, el coronel me fusila. Y si alguien me dice que por mentir me ligo un procesamiento, yo le digo que entre un procesamiento y que me fusilen no queda mucho por elegir.

La fiscalía quiso saber por la relación entre militares y policías en el territorio. Pose había dicho que ellos veían pasar las caravanas del Ejército. Que sabían cuándo se hacía un operativo: “Si yo sabía que estaban los militares, no iba”. ¿Le avisaban antes? “A veces sí”, dijo. La defensa preguntó por las fuerzas conjuntas: “Se llaman grupos de tarea”, largó el entonces subcomisario. “Cada grupo de tarea tenía su comandante: eso no es ninguna novedad. Fuerzas conjuntas quiere decir que cuando las ponían para hacer procedimientos eran de distintas fuerzas (...): Yo no recuerdo porque nunca traté de averiguar tampoco.” ¿Eran de un cuerpo particular o cualquiera? “En aquel momento se peleaban entre ellos, incluso dentro de la jurisdicción a veces (se peleaba) el Ejército, a veces Campo de Mayo: no había respeto por nada”...

El represor Vergez se negó a declarar en juicio por delitos de lesa humanidad

El represor Héctor Vergez se negó a declarar hoy en el inicio del juicio oral y público en su contra por secuestros y desapariciones durante la última dictadura militar.

Al comienzo del juicio en los tribunales de Comodoro Py, se dio lectura a la acusación contra el ex capitán del Ejército, de 69 años, por parte de la Fiscalía y la querella.

A Vergez, que actuaba en el Batallón 601 del Ejército, se lo acusa por varios secuestros, entre ellos el del abogado Julio Gallego Soto, quien fuera tomado cautivo en julio de 1977 y permanece desaparecido.

Además, por el de Julio Casariego de Bell, un funcionario que trabajaba en el Ministerio de Economía; de un integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Javier Coccoz, y de la esposa de este último, Cristina Zamponi, todos ocurridos en 1977.

En la audiencia de este viernes, el hijo de Gallego Soto, Víctor, declaró como testigo ante el Tribunal Oral Federal Número 5: "No tengo certeza respecto de la conducta de Vergez contra mi padre, de manera que no puedo decir si tengo enemistad o no", aclaró.

Según indicó, en mayo de 1997 y tras una gestión con un militar amigo, se encontró con el capitán Vergez: "Me dijo que había detenido a mi padre. Le pregunté dónde y me dio coordenadas parecidas aunque distintas calles. Le pregunté por qué y me dijo que debido a una declaración de un detenido, Pancho Coccoz, que lo vinculó con la lucha antisubversiva. Yo nunca había escuchado ese nombre", dijo.

El juicio se extenderá hasta el próximo 21 de diciembre, fecha en que se prevé habrá veredicto, luego que declaren una treintena de testigos en audiencias que se realizarán los lunes y viernes en Comodoro Py.

El juicio en San Martín por los crímenes cometidos en Campo de Mayo

La caída en el edificio de Villa Martelli

Los testimonios de Ramiro Menna, Alba Lanzillotto y su hermana María Isabel, Diana Cruces y otros reconstruyeron cómo fue el operativo de la dictadura que secuestró a Domingo Menna y Ana María Lanzillotto, de la conducción del PRT.

 Por Alejandra Dandan

El mundo en la puerta de los tribunales de San Martín parecía haber entrado en 1976. Entre antiguos militantes que se acercaban aparecía ese lenguaje de “buró político” o los saludos entre “compañero” y “compañera” que dejaban empezar a ver la reconstrucción de ese universo que iba a seguir poco más tarde en la sala. Y allí: julio de 1976. Un encuentro frustrado entre la dirección de Montoneros y el ERP. Un invierno más crudo que otros inviernos. Y el operativo en el edificio de Villa Martelli justo el 19 de julio, cuando debían irse del país Roberto Santucho y su compañera, Liliana Delfino.

La caída de la conducción del PRT volvió a aparecer en la sala, por primera vez en términos de juicio oral, a partir de la indagación que este juicio hace sobre las caídas del Gringo, Domingo Menna, y de Ani, Ana María Lanzillotto, su compañera, embarazada de ocho meses el día del secuestro. Ellos son parte de la causa fragmentada, dividida en múltiples casos. Los testigos, sin embargo, terminaron volteando esa fragmentación. Diana Cruces, la esposa de Fernando Gertel, del buró político, caído ese mismo día, habló de eso al final de la declaración: “Ya he testimoniado muchas veces, aunque es la primera vez que lo hago en etapa oral. Voy a tener que seguir haciéndolo. Deseo hacerlo por cada compañero: Santucho, Benito Urteaga, Domingo Menna, Ana María Lanzillotto y Liliana Delfino, pero esto implica mucho dolor, mucho costo para todos nosotros. Por eso solicito al tribunal a ver si podemos unificar las causas para que se haga justicia”.

–¿Quienes son tus padres? –le preguntó desde la fiscalía Marcelo García Berro a Ramiro Menna.

–Mi madre es Ana María Lanzillotto y mi padre, Domingo Menna –dijo y siguió de un tirón–. Ana María era hija de Nicolás Lanzillotto y Brígida Cáceres. Nacida y criada en La Rioja. Estudió en Tucumán, militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Domingo Menna es hijo de Pánfilo Menna y de Irma, nacido en Italia, pero desde muy pequeño criado en Tres Arroyos. Hizo los estudios universitarios en Córdoba. Conoció a mi vieja en el PRT, estimo que a fines del ’72 o principios del ’73.

–¿Qué sabe de los hechos?

–En el año ’76 yo tenía dos años. Lo que pude reconstruir del 19 de julio es lo siguiente: en Villa Martelli vivían en un edificio con varias familias, en distintos departamentos en situación de clandestinidad. Yo vivía ahí con ellos y en horas de la mañana me habían llevado a una guardería. Durante ese día se produjo el operativo militar que digamos concluye con la muerte de Santucho, Urteaga y los secuestros de mi padre, mi madre, Liliana Delfino y creo que también de Fernando Gertel. El resto de la familia se enteró de la caída por la tele y los medios de comunicación. En La Rioja había una parte importante de mi familia materna. Averiguaron qué hacer. Un tío abogado, Carlos Mario Lanzillotto, tenía un compañero de la facultad que parece tenía vínculos con la dictadura. Algún tipo de rol en la Justicia. El hombre éste les dijo: “De tu hermana y su marido, si no los mataron, olvidate de que te los devuelvan con vida. Del hijo voy a ver qué puedo hacer”. Averiguó y les pasó el dato de dónde estaba yo, por lo menos es lo que pudimos reconstruir: yo terminé en una guardería que dependía de la Cooperadora de la Policía Federal y estaba bajo la órbita del Juzgado Federal de San Martín. Ahí fue donde me encontraron.

Durante el día de ayer declararon también Alba Lanzillotto, una tía de Ramiro que estuvo en Abuelas de Plaza de Mayo durante más de veinte años; su hermana María Isabel; Diana Cruces, Juan Arnol Kremer, “Luis” para los militantes, de la conducción.

“El día 19, no recuerdo bien si alrededor de las tres de la tarde –dijo Kremer–, me dirijo al domicilio de Menna y, dadas las circunstancias, teníamos que seguir medidas preventivas, como llamar por teléfono. Llamé desde una zona cercana y, para mi sorpresa, la voz que apareció en el teléfono era absolutamente desconocida.”

–Soy Flores –dijo él, como debía hacerlo.

–¡Venga Flores! ¡Venga! ¡Que lo estamos esperando!

“Eso me dio la pauta de que en esa casa pasaba algo rarísimo. Me dirigí a la Avenida General Paz (desde donde veía una ventana) y desde el coche vi la luz encendida, las ventanas abiertas y una situación muy rara. Busqué otro teléfono público. Oí otra voz. Algo había pasado, así que me retiré de la zona.”

Alba estaba en Carmen de Patagones, territorio de su hermana Quela, adonde había llegado escapando después de estar detenida y ser amenazada. “Estábamos en una verdulería con la radio prendida”, dijo, sentada, el pelo blanco. “Cortan la trasmisión y dan la sensacional noticia de que habían matado a los dirigentes del PRT, de donde eran mis hermanas, y Santucho. Yo me quedé sorprendida. Con mi hermana Quela y el esposo nos pusimos a buscar datos en la televisión y empezaron a dar las noticias, como las que daban ellos: mitad verdad, mitad mentira, más mentira que verdad. Dijeron que Urteaga y Santucho estaban muertos, así que creímos que Menna también, pero después empezaron a llegar noticias por otro lado. Una revista decía que eran tres los cadáveres que habían sacado, y dos mujeres caminando, que al final eran Liliana y Ana María. Leíamos lo que salía en los diarios, pero uno no sabía si creer o no.”

Después de Alba continuó su hermana María Isabel. Se sentó en la misma silla que misteriosamente está colocada de espaldas al público. “Yo estaba en La Rioja –dijo–, recibí una carta que venía dirigida a mí con mi sobrenombre, que es Beba. La mandaron al estudio de mi marido y de mi hermano. Abrí la carta sin firma y decía: Ana María fue detenida ‘con vida’, con letras bien grandes. ‘Tienen que venir urgente a retirar a Ramiro a la guardería porque si no va a pasar a la guardería de la Policía Federal’. Mi hermano se vino con la carta para Buenos Aires. A hacer todo lo posible para encontrarlo. Eso sucedió.”

Ramiro recordó los nombres de quienes aportaron datos durante estos años para reconstruir cada momento. Así fue diciendo que el Gringo estuvo con vida en Campo de Mayo durante algún tiempo, torturado e interrogado por el dinero, como lo dijo Alba después: “Corrieron muchas versiones –dijo ella–, que lo torturaban enormemente porque esos señores salvadores de la Patria lo único que querían era el dinero para sí mismos, no era para la Patria seguro”. A partir de una orden de Santiago Riveros, al Gringo lo arrojaron al río con Liliana Delfino y otros. Ana María estuvo en Campo de Mayo. La compañera de Gertel dijo que dio a luz en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Para noviembre cayó además su hermana melliza María Cristina.

–¿Sabés si tu mamá tuvo ese hijo? –le preguntaron a Ramiro.

–Existen razones para creer que sí. La primera es la práctica sistemática que un juicio reciente ha dado por probado: cuando una mujer estaba embarazada era usual conservarla con vida hasta que diera a luz. Y, por otro lado, está el testimonio de Roberto Peregrino Fernández, que dijo que mi vieja dio a luz. Y está la otra persona que dijo que estando detenida otra mujer dijo: “La compañera del Gringo Menna dio a luz”. Creemos que el embarazo llegó a término y mi hermana o hermano continúa desaparecido.

Gastón Mena supo a los 10 años que era hijo de desaparecidos

“Yo no soy tu mamá, soy tu tía”

 Por Alejandra Dandan

El fiscal Marcelo García Berro le pidió que contara todo lo que pudiera sobre el secuestro de sus padres, Marta Alvarez y Francisco Hugo Mena. “Lo que yo recuerdo empieza a partir de los seis años”, dijo Gastón Mena. “Vivía en José C. Paz con la persona a la que yo le decía mamá, Lidia Ester Mena, y la que yo le decía papá, Oscar Felipe Alvarez. Más allá del maltrato, a partir de los 6 hasta los 8 o 9 empiezo a meterme en un campeonato de fútbol Evita y a jugar a la pelota en el barrio. Las personas mayores me decían que jugaba igual que Pelé. Yo pensaba que me lo decían por Pelé el brasileño, pero después me di cuenta de que era porque a mi viejo Hugo Francisco Mena le decían Pelé o Mariano. Ya en el último campeonato yo tenía 10 años (y ganaron), viendo todas las diferencias en la casa, una persona mayor me dice: ‘Si tu papá estuviera vivo estaría muy orgulloso de vos’. Ese día salí corriendo a la casa, estaba la persona que yo le decía mamá y le digo: ‘Quiero saber la verdad’. Estaban Oscar y los dos hermanos. Me dijo: ‘El no es tu papá, es tu tío; yo no soy tu mamá, soy tu tía y ellos son tus primos’. Yo tenía casi 11 años. Ahí me cayó toda la angustia, porque entendí por qué eran las diferencias que yo veía. No me dijeron más nada. Me dijeron eso, la persona que yo le decía mamá, me dijo: ‘Lo único que te voy a decir es que tus papás son desaparecidos’. Para mí era algo nuevo en el diccionario de un pibe de 11 años.”

Cuando llegó el Mundial y la Argentina dejó afuera a Inglaterra, Gastón salió a festejar y volvió tarde a la casa. “Recibí tal paliza de Oscar y me echa de mi casa. Desde los 11 años a los 17 estuve en la calle. Tuve la suerte de que una persona me dio contención y amor. Me puso una (maestra) particular para terminar mi colegio. Teniendo 18 años, un día me dice: ‘Quiero saber por qué estuviste en la calle’. Yo le dije: ‘Lo único que sé es que soy hijo de desaparecidos’.” La mujer lo acompañó a Abuelas de Plaza de Mayo. “Conocí a gente que sabía de mí y yo no sabía de ellos”, dijo Gastón. “Empecé a armar todo ese rompecabezas. Recibo una foto. Estaba mi papá, un bebé y mi mamá. Es la primera vez que veo los rostros de mis viejos.”

Se encontró con su abuelo paterno, luego con una tía, y con una tía abuela con los años. Con cada uno reconstruyó una historia distinta de lo que había pasado con sus padres. El jueves pasado, dijo en la audiencia, recién supo dónde habían estado secuestrados sus padres. “¿El jueves pasado?”, le preguntó el fiscal. “Sí”, dijo él. “Es una nueva etapa del proceso del armado del rompecabezas. No tengo más cosas para decir.” Luego preguntaron los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, Florencia Sotelo y Mariano Gaitán. Gastón habló de la búsqueda de su hermano o hermana. Las defensas no preguntaron nada. Cuando el tribunal le preguntó si quería decir algo más, dijo: “Que se haga justicia”.

Los siete casos de embarazadas

- Marta Graciela Alvarez y Francisco Hugo Mena. Marta estaba embarazada. Con ellos secuestraron a Francisco Tiseira, Julio Visuara y Norma Argentina Benavides, que también son víctimas en este juicio. Los secuestraron el 19 de abril de 1976 en Tortuguitas. Los interrogaron y trasladaron a uno de los centros clandestinos de Campo de Mayo. Marta y Francisco Tiseira murieron como consecuencia de disparos en la cabeza. Fueron identificados. Los otros están desaparecidos.

- Ana María Lanzillotto y Domingo “el Gringo” Menna. Ana María estaba embarazada de ocho meses, la secuestraron el 19 de julio del ‘76 en Villa Martelli, en un operativo en el que cayó la conducción del PRT-ERP. Los vieron en uno de los centros de Campo de Mayo. Domingo fue torturado. Los dos están desaparecidos.

- María Eva Duarte y Alberto Samuel Aranda. María Eva Duarte estaba embarazada, la secuestraron el 9 de septiembre de 1977 en Los Polvorines. Tenía otros dos hijos, Lorena de 2 años y Alejandro de 7 meses, que quedaron con los vecinos. Alberto fue privado de la libertad ese mismo día en la parada del colectivo cuando volvía del trabajo. Los dos están desaparecidos.

- Isabel Acuña y Oscar Gutiérrez Sesarego. Ella estaba embarazada. La secuestraron el 26 de agosto del ’76 en Ramos Mejía. Habrían sido alojados en el sótano de la comisaría 4ª de San Isidro provenientes de otro centro. Están desaparecidos.

- Myriam Ovando y Raúl De Sanctis. Ella estaba embarazada. Los secuestraron entre el 1º de abril y 20 de mayo del ’77. A ella en Escobar y a él en la estación de Campana. Los dos están desaparecidos.

- Susana Stritzler. Estaba embarazada. Fue secuestrada el 21 de diciembre de 1976 en Boulogne por un grupo vestido de civil. Está desaparecida. Con ella, en la causa están incorporados Miriam Ardito Calvo, Nélida Beatriz Ardito Calvo, Roberto Coma Velasco de Ardito.

- Beatriz Recchia y Antonio Domingo García. Beatriz estaba embarazada. El tramo incluirá el secuestro de Juliana que estuvo secuestrada con ellos.

“Este juicio es sanador y liberador”

Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y Eugenio Guañabens Perelló están acusados por los secuestros y desapariciones, entre ellos de siete militantes embarazadas. Críticas por la brevedad de la primera audiencia y la poca frecuencia de éstas.

 Por Alejandra Dandan

“¡Doce años tenía cuando me torturaron!”, se oyó en medio de la sala. El silencio con el que empezaron a levantarse para salir los tres represores se partió con ese grito sacado desde el alma. “¡Asesinos!”, se oyó.“¡Genocidas!” “¡Violadores!” Alguien entonces logró mancomunar las voces que habían desatado. “¡Treinta mil compañeros desaparecidos!”, vivó. “¡Ahora y Siempre!”, respondió la sala.

Reynaldo Bignone, enfundado en saco de invierno pesado, y Santiago Omar Riveros se sentaron al costado de los integrantes del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, uno al lado del otro. En la silla de atrás, con la cara tapada entre las arrugas, lo hizo Eugenio Guañabens Perelló, director de la Escuela de Apoyo para el Combate General Lemos de Institutos Militares en 1977. Sólo tres de los diez acusados de este juicio que acaba de empezar en San Martín, por los crímenes de veintiún personas en la jurisdicción de Campo Mayo, entre las que hay siete militantes mujeres embarazadas, secuestradas y desaparecidas con sus compañeros. Para sorpresa de varios familiares que estuvieron ahí, algunos de los que se acercaron a la sala para ver las caras de los acusados, el Tribunal irá sentando a los demás a medida que se avance con las causas. Bignone, Riveros y Guañabens Perelló están acusados por allanamientos, privación ilegal, tormentos en el expediente de las embarazadas, el primero que se analizará en las audiencias. Riveros también está acusado por el homicidio de una de las parejas.

“Este juicio es para que se sepa la verdad de lo que pasó con mis papás y el resultado de eso, que fue mi apropiación”, dice parada en la puerta del Tribunal Carolina de Sanctis Ovando, sobre el juicio que no sólo se detendrá en el secuestro y desaparición de sus padres, Myriam Ovando y Raúl De Sanctis, sino en el que se juzgará además a sus apropiadores. Catalina recuperó su identidad en 2008. “Es sanador y liberador para mí todo este momento –dijo–, aunque todavía falta mucho porque acá vamos a estar juzgando a los que dieron las órdenes en el caso de mis papás, pero todavía falta saber quiénes se los llevaron, quiénes secuestraron a mi papá. La justicia llega, pero siempre falta.”

Momentos antes, en la sala de audiencias recién estrenada para los juicios de Campo de Mayo, los nombres de las siete embarazadas aparecieron desplegados en las manos de otros compañeros que los sostenían en toda la sala. Una mujer de Malvinas Argentinas sostuvo la foto de María Eva Duarte y de su compañero, Samuel Aranda. Ella estaba embarazada de dos meses. “¡Hoy estoy quebrada!”, suspiró apenas se sentó al lado del cartel Sara Fernández: “¡Mirale la carita!”, dijo la abuela de Sebastián Bordón barrida por las lágrimas. “¡Estos son los mismos tipos que se llevaron a Sebastián, la policía brava del Proceso!”

Juana Muñiz Barreto estaba un poco más adelante. Anotó cada cosa en una libreta. La hija del diputado Diego Muñiz Barreto, asesinado por la dictadura y por el que fue condenado Luis Aberlado Patti, esperaba a alguno de los acusados que todavía no llegaron al juicio. Entre otros, a Julio San Román, alias “Cacho”, y a Hugo Miguel Castagno Mongue, alias “Yaya”, los dos oficiales de Gendarmería, jefes de la custodia de El Campito, el centro clandestino de Campo de Mayo, parte de la trama de represores que aún no fueron juzgados por el crimen de su padre.

Media hora después de las 10, el presidente del Tribunal, Héctor Sagretti, abrió el debate con la lectura de la acusación abreviada, de acuerdo con las pautas de la Cámara de Casación para acelerar los juicios. Una secretaria leyó una síntesis con la reconstrucción de los secuestros de las mujeres y los casos en los que ellas aparecen como parte de una trama más amplia en la que cayeron otros compañeros. Luego les dieron la palabra a los acusados. Riveros lo único que dijo es que estaban mal los datos de su domicilio. Bignone dijo lo mismo. Y como si se hubiesen puesto de acuerdo, Guañabens Perelló a su turno volvió a decirlo. Ninguno declaró. Todos se remitieron a declaraciones anteriores. Cuando la secretaria del Tribunal se disponía a leerlas, el fiscal Marcelo García Berro pidió al Tribunal que las diera por leídas. En la lógica de acelerar el debate, las querellas dijeron lo mismo. Y listo. Poco más de media hora después de haber comenzado un juicio esperado desde hace años –y hace año y medio por falta de salas–, la primera jornada se terminó. Sagretti dispuso un cuarto intermedio hasta la semana próxima. Y aclaró que todavía no sabían si iban a poder seguir el cronograma previsto, que iban a intentarlo, pero que tienen otros juicios y uno de los jueces sigue un debate similar en Mar del Plata.

La sala se paró en completo silencio, como paralizada por eso que no acaba de empezar. “¿Cómo es posible que se haya hecho así?”, dijo Daniel Cabezas de la Comisión Campo de Mayo, parado con la foto de su hermano Gustavo desaparecido, al que se llevaron sangrando después de descargarle una serie de disparos mientras repartía volantes en una plaza. “Es maravilloso que empiece el juicio, reivindicamos que se esté juzgando, pero pedimos otra forma de organización, porque si no esto va a durar cien años.” El abogado querellante Pablo Llonto se pronunció en el mismo sentido. “La audiencia duró media hora en una sala nueva después de tanto esfuerzo y hoy se podía haber seguido con la etapa testimonial”, dijo. “Los reclamos de los jueces son porque la Cámara de Casación debe completar los tribunales con otros jueces para que no ocurra lo que está pasando, que un juez no puede seguir el debate porque se va a Mar del Plata.”

Las audiencias están previstas de dos jornadas a la semana, pero cada quince días. El cronograma distribuido por los querellantes entre los que está Justicia Ya!, la abogada Alcira Ríos, Abuelas de Plaza de Mayo y la Secretaría de Derechos Humanos indica, sin embargo, que las próximas cuatro semanas tendrán un día de audiencias cada vez.