Juicio Oral por Crímenes en Area 400. Audiencia 26/6/2019.

Desaparecidos de Campana Zarate

Por la mañana del Miércoles 26 de Junio último, tuvo lugar la primer audiencia por los crímenes cometidos durante el terrorismo de estado en Zárate-Campana. En el marco de la Causa Nº 3223, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº    1  de San Martín, viene llevando a cabo estas audiencias donde se juzgan y sancionan los crímenes cometidos bajo la responsabilidad del Área 400 en Zárate, Campana y Lima.

Luego de las observaciones efectuadas por el Ministerio Público Fiscal y las distintas querellas ante el Tribunal, tuvieron lugar las primeras declaraciones testimoniales de ciudadanos y ciudadanas que fueron víctimas de la represión sistemática en estas 2 localidades.

Se explicó y se desarrolló lo  terrible que fueron las detenciones ilegales, los operativos clandestinos nocturnos en casas y hogares. La persecución y  destrucción de familias y grupos sociales de nuestra  comunidad en su totalidad a través del exterminio físico en el espacio público y la desaparición forzada de cientos de  personas en las dos ciudades durante la última dictadura.

En el marco de esta causa se investigan y sancionan los crímenes cometidos sobre un total de 52 que agrupan a todas las historias de familias y vecinos de nuestra comunidad y la región.

Declararon en esta oportunidad, Miguel Vaz, quien explicó a los jueces y fiscales su historia y su experiencia. Habiendo sido detenido, secuestrado y sacado por la fuerza de su casa, con tan sólo 23 años de edad. Los interrogatorios y la brutalidad con que fueron sometidos sus compañeros y compañeras de cautiverio, dentro del circuito clandestino de detención.

 Vista del ex CCD Casa Guerci. En la audiencia se expusieron testimonios referidos al paso de varios detenidos que fueron secuestrados e interrogados allí durante finales del año 1976.

Continuando, fue Raúl Mairotte quien manifestó los hechos de los cuales fue víctima junto con su esposa Ramona Godoy, ya fallecida. Raúl fue secuestrado ilegalmente de su domicilio junto con su mujer, siendo llevado a distintos centros clandestinos de detención en la región. Logrando reconocer a algunas personas que hoy se encuentran desaparecidas. Forma parte de muchas de las víctimas que privadas de su libertad, fueron llevadas a Campo de Mayo.

Laura Hiétala, en nombre suyo y de toda su familia narró la tragedia y el genocidio, del cual su familia fue víctima y destinataria. Sus padres Guillermo y Susana desaparecidos en la localidad de San Isidro, militaban en el PRT desde muy jóvenes. Compartieron previamente a su detención un grado de persecución permanente por su militancia en el cordón industrial de la zona norte bonaerense. Poco tiempo antes de su secuestro transitaron experiencias en su militancia política con Carlos Alberto Solsona y Norma Cíntora, ambos padres de la posteriormente nieta Nº 129, que fue encontrada este año por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. También los abuelos maternos de Laura fueron secuestrados en el mismo mes en Zárate en su casa de la Calle Guemes al 600 y su abuela Hanna Hiétala, desaparecida en San Andrés de Giles, mientras lograba salvar la vida de sus dos nietas.

Susana Estela Cali, madre de Laura Hiétala, desaparecida en San Isidro en Mayo de 1977. Laura contó la historia de toda una familia afectada hasta el día de hoy por el genocidio en la zona Norte de la Provincia de Buenos Aires.

Los abuelos de Laura junto con su hermana Amanda en brazos. Ítalo Américo Cali y Susana Esther Filippi. Don Ítalo fue un obrero tornero mecánico muy recordado por todos sus compañeros en Barrio Villa Massoni de Zárate. Fueron secuestrados y desaparecidos en Mayo de 1977 en su casa de Calle Guemes en este barrio.

Por su parte Carolina Moreno, compartió frente a otros testigos y miembros del Tribunal, como con tan sólo 6 años de edad, su padre fue arrancado de su vida y de su historia: Rómulo Miguel Moreno, ex Secretario del Gremio Petrolero de Campana durante las movilizaciones contra los recortes del gobierno de Frondizi y mas tarde delegado ferroviario en los Talleres de la Ciudad de Campana, fue secuestrado  y desaparecido en Septiembre de 1977. Carolina expuso el dolor y lo terrible de la privación permanente de la presencia del sostén familiar hasta el día de hoy, a pesar de las mas de tres décadas de estos hechos, dejando absolutamente en claro, la imprescriptibilidad y la universalidad de los daños producidos sobre el grupo familiar.

Rómulo Moreno junto a su hija Carolina, años antes de los hechos. Juntos en una plaza en Zárate. Rómulo fue secuestrado al ingreso de su trabajo en los talleres ferroviarios de Campana, en Septiembre de 1977. Hasta el día de hoy su familia exige la reparación y justicia sobre su paradero y los responsables de los hechos.

A partir de estas audiencias iniciales se vienen exponiendo en las actuaciones y testimonios los primeros casos referidos a la desaparición de : Rómulo Miguel Moreno, Celiza Martha Izaga, Miriam Coutada, Ramona Godoy; Mario Alberto Nebulosi, Rubén Roberto Rossi, Ítalo Américo Cali y Susana Filippi, Julio Eduardo Galeano, Américo Rodríguez.

Todas estas personas(al igual que en el resto del país) fueron víctimas de secuestros ilegales y desaparición forzada a partir de la sanción de la directiva Nº 405/76 por el Comando de Institutos Militares, el cual estableció la creación de la Zona Militar Nº 4 y la organización en áreas de cuadriculación territorial para profundizar la represión y persecución sistemática sobre la población civil, iniciando la etapa mas oscura en la historia de la sociedad argentina. 

Dentro de esta cuadriculación y en el marco de esta directiva se creó el Área Militar Conjunta Nº 400 Zárate-Campana, cuyo asiento se encontraba en la Fábrica Militar de Tolueno Sintético en Campana. Desde allí se planificó y diseñó el accionar represivo sobre la población civil de las 2 ciudades entre Junio de 1976 y mediados de 1980.

El Tribunal interviniente se encuentra integrado por los Doctores Silvina Mayorga, Daniel Omar Gutiérrez y Nada Flores Vega.

Familiares y Querellantes de Zárate, Campana y Escobar exigimos Justicia y Verdad por estos crímenes cometidos sobre nuestra comunidad.

Queremos que se califique como genocidio a todos estos hechos producidos y en tal carácter, la cárcel común y efectiva sea una realidad fundante para los autores materiales e intelectuales y los cómplices de estos hechos.

#NuncaMás

#MemoriaVerdadJusticia

#NoHayPenaNoOlvidoHayJusticia

#FueTerrorismoDeEstado (1974/1983)

La causa por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la planta de Ford

Un comienzo simbólico para el juicio

Después de los reclamos de las querellas, dos ex obreros de la compañía norteamericana declararán el viernes, antes del inicio formal del proceso oral que aún no tiene fecha.

 Por Alejandra Dandan

El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín tomará este viernes declaraciones testimoniales “adelantadas” en la causa por los trabajadores de Ford Motors Argentina secuestrados durante la última dictadura. La causa por los crímenes en la filial argentina de la automotriz norteamericana tiene como acusados a dos militares y a tres civiles, directivos de la compañía. El expediente ya fue elevado a juicio oral, pero los jueces aún no pusieron fecha al debate. Alarmadas por las muchas postergaciones del comienzo, las querellas pidieron al tribunal que al menos tome declaración a dos trabajadores que se encuentran con problemas de salud. Uno de ellos fue delegado de la fábrica. Así, aunque teóricamente éste no es comienzo del juicio, la del viernes será su primera audiencia.

Tomás Ojea Quintana es el abogado querellante por los trabajadores de la empresa. “Ahora tenemos las audiencias anticipadas y esperamos que el tribunal defina una fecha de juicio para Ford, que esperamos sea a principios del año que viene.”

La audiencia del viernes será a las 9 en la sede del TOF, en el edificio de la calle Villate, en Olivos, en una apretada sala de audiencias preparada para un puñado de personas. Los convocados a declarar son Jorge Constanzo, ex delegado por el sector Comedor de la planta de Pacheco, secuestrado el 24 de marzo de 1976 desde el interior de la fábrica. Y Carlos Gareis, otro ex trabajador que era cercano a la comisión interna.

Esta es la primera vez que los cómplices civiles de los crímenes de la dictadura van a comenzar a ser juzgados en audiencia oral. En este caso, los acusados son tres: Pedro Müller, ex gerente de Manufactura, a quien los sobrevivientes describen como mandamás de Pacheco y verdadero jefe político; Guillermo Galárraga, gerente de Relaciones Laborales de la empresa en 1976, la persona que sabía quiénes integraron las comisiones internas y con quién se reunían los trabajadores por reclamos gremiales, y Héctor Francisco Sibilla, ex jefe de Seguridad, uno de los hombres más recordados por los trabajadores por su carácter de militar retirado del Ejército, hombre que escaló posiciones luego de los secuestros y estuvo contratado por la Embajada de Estados Unidos en seguridad hasta que se jubiló en 2004.

Las dos testimoniales implican un comienzo simbólico del debate. Se llegó hasta este punto luego de una serie de gestiones y reclamos muy duros de las querellas, organismos de derechos humanos y fiscales. En el mes de septiembre, las querellas presentaron una carta a Casación, alarmadas por la postergación del juicio. El presidente del TOF 1, Héctor Sagretti, llevaba adelante el juicio por los obreros desaparecidos en la zona norte del conurbano y había dicho que probablemente no iba a poder participar de más juicios grandes en los próximos meses porque había sido designado en la causa conocida como Efedrina.

Las querellas de Ford le escribieron al presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Mariano Hernán Borinsky: “Hemos sido informados que la Superintendencia de la Cámara ha dispuesto que el Dr. Sagretti participe como juez subrogante en uno de los juicios derivados de la causa de la efedrina y, debido a que el Tribunal Oral que Sagre-tti preside sólo cuenta con dos miembros, aquella designación provocaría una demora tal en la tramitación de las causas del tribunal, que el juicio oral y público de la causa Ford podría posponerse hasta entrado el año 2016. Esta circunstancia es realmente grave, porque podría consolidar aún más la vulneración a nuestro derecho a una justicia pronta y efectiva. Los crímenes cometidos ocurrieron hace casi cuatro décadas, y las alternativas para accionar judicialmente, en el contexto histórico de nuestro país, fueron limitadas, por lo que recién pudimos hacerlo ya entrado este nuevo siglo, en el año 2003. Desde ese preciso momento en que se inició la causa penal han pasado más de diez años y todavía no existe siquiera sentencia de primera instancia. En el camino, hemos ofrecido todos nuestros esfuerzos para una causa que creemos es central en el proceso de memoria, verdad y justicia, sobre todo porque los sometidos a juicio oral son civiles que ejercieron como directivos de una empresa grande radicada en nuestro país. Y en ese camino hubo compañeros que perdieron la vida, como Juan Carlos Ballestero, Carlos Enrique Chitarroni, Hugo Adolfo Núñez y otros, y no podrán participar del juicio”.

A raíz del pedido y de otros similares, Casación emitió la semana pasada una resolución, la 1300/14, dirigida al TOF. Sacaron a Sagretti de la causa de la efedrina, pero a la vez sugirieron que el juez podría haber continuado con sus funciones porque ese tribunal de la efedrina no estaría constituido hasta fines de noviembre. Con amabilidad, recordaron también el importante número de causas de lesa humanidad pendientes en el TOF 1; los procesados sin condena; la existencia de una “megacausa” como Campo de Mayo y la acordada de la Corte Suprema. “Al respecto, cabe tener en cuenta lo dispuesto por las acordadas números 42/08 y 37/09 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido de la celeridad que debe imprimirse a la tramitación y conclusión de las causas en las que se juzgan delitos contra la humanidad.”

En la resolución, los jueces de Casación confirmaron otro dato: la continuidad del tercer juez que viene integrando el TOF en el último tiempo: Diego Barroetaveña, orgánico de la conducción de la Asociación de Magistrados, integrante del Tribunal Oral Criminal 21, el que condenó al dirigente sindical José Pedraza por el asesinato de Mariano Ferreyra.

Saint Amant II: Con importantes testimonios se desarrolló la sexta jornada de audiencias

Este miércoles en el Salón Dorado del Municipio se ventilaron detalles de la causa Montalvo y otros además de la de los hermanos Hoffer de Baradero. También declararon víctimas que fueron secuestradas durante la última dictadura militar.

Desde el mediodía pasó por el estrado Orlando “Naico” Brambilla una de las víctimas que declaró en el marco de la causa Montalvo y otros.

“En julio del año ‘77 fui privado de mi libertad junto con cuatro personas más de acá de la ciudad de San Pedro”, comenzó relatando Brambilla para luego describir cómo fue el momento en el que se lo llevaron de su domicilio: “Era de noche, estábamos en mi casa con mi familia. En ese momento vivíamos todos junto a mis padres porque estábamos construyendo nuestras viviendas. Eran las 23.00, golpearon la puerta, preguntaron quién era y dijeron ‘la policía’. Abrieron la puerta. Ingresaron violentamente 4 ó 5 personas con armas largas y preguntando por Orlando Brambilla”.

“No había otra opción que acompañarlos porque no pedían de buena manera la compañía”, remarcó Naico quien señaló que todos los hombres que entraron a su casa “estaban vestido de civil” menos uno “que andaba de saco”. “Ese era el que primero entró”, aseguró.

“No tuve más alternativa que acompañarlos”, lamentó y continúo el relato diciendo que se lo llevaron en un “Torino blanco”. En la descripción Brambilla aseguró que había dos autos más, “un Falcón” y otro que no llegó a precisar ni color, ni modelo.

“Antes de entrar me pusieron un pulóver o un trapo en la cabeza que me impidió seguir viendo. Me ataron las manos con alambre. Me sentaron atrás, entre dos personas, y a partir de ahí empezaron a comunicarse a través de Handy. Se identificaban con países o nombres de animales”, indicó Orlando Brambilla durante su relato que comenzó pasadas las 16.00 y finalizó minutos antes de las 17.00 cuanto se pautó un cuarto intermedio.

“Me trasladaron 15 ó 20 cuadras a un lugar con calles de tierra. Me bajaron, no de buena manera, y cuando me bajaron había una persona que gritaba y decía que no era él a quien buscaban, sino a su hermano. Creo que lo dejaron en libertad ahí insultándolo y a mí me meten en una camioneta que estaba cubierta, después pude determinar que era una ambulancia del Ejercito”, relató.

“Dentro del vehículo ya había otras personas. Inmediatamente habló y me di cuenta de que estaba en compañía de Motalvo, a quien conocía por compartir reuniones políticas o por compartir la vida en el club Náutico. También escuchaba toser a otra persona que no logre identificar, y después trajeron a una tercera persona. Cerraron la puerta arrancó. Después de andar un momento pasamos unas vías y tengo la certeza que pasamos la ruta 191”, continúo contando.

Según lo dicho por Brambilla la ambulancia en la que eran trasladados dobló luego a la derecha y circuló por ruta 9 hasta un camino de tierra. “Pasamos vías, se detuvo la camioneta y volvimos a arrancar. Cada tanto frenaba como pasando badenes. Entramos a una calle que tenía adoquines, ahí no tenía dudas que estábamos en San Nicolás”.

“Se abrió un portón, nos introdujeron y nos bajaron de mala manera a los golpes y patadas”, dijo de cuando llegaron a la comisaría de la ciudad nicoleña y prosiguió: “Me tuvieron un rato con la espalda y la cabeza contra la pared. En un momento alguien me robó un reloj que me habían regalado mis padres cuando termine el colegio nacional, metieron la mano en el bolsillo y me sacaron la poca plata que tenía. Al rato vino otro, yo hice un movimiento y recibí unos golpes”.

“Después de un rato me agarraron de los cabellos y de un brazo. Me metieron en una sala donde había mucho olor a alcohol. Uno empezó a decir que si yo hablaba iba a estar un minuto y que si no tenían todo el tiempo del mundo”, reveló y dio a conocer que quienes lo maltrataron le decían que diga a que “ogra pertenecía”, quienes eran sus “responsables políticos, cuál era su “nombre de guerra”, etc.

“Intenté responder y me dieron varios golpes. En un momento me caí, se me salió la venda. Ahí me dijeron que no mirará y que me desnudara”, dijo y completó con la peor parte de su relato, el momento en que contó cómo lo torturaron: “Me acostaron en una cama y me pasaron picana eléctrica durante un largo tiempo”.

“Me volvieron atar las manos y me llevaron a una pieza. Ahí volví a escuchar la tos y me respondió que era Velasco”.

“El tercer día fue uno de los momentos más difíciles porque lo sacan a Díaz, Montalvo, Gamarra y Velasco. Quedo solo en el calabozo. Realmente fue uno de los momentos tremendos. Volvieron y me dijeron que les habían sacado foto, tomado huellas y les habían hecho firmar papeles. Fue más la incertidumbre que me llenó, porque por qué a ellos le habían hecho eso y a mí no”, expresó Brambilla que durante su relato también contó cómo los liberaron.

“Una nochecita nos dicen que nos liberen porque nos vamos. Nos sacan del calabozo. Nos sacan por un zaguán, nos cargan en una camioneta, la misma en la que nos llevaron a San Nicolás. Una F 100 verde. Nos cargan en la ambulancia y anduvimos un rato largo. No salimos por un camino de tierra salimos por una ruta. Agarramos otra, en un momento bajamos y agarramos otra ruta. Por ahí agarró un camino de tierra, paró y nos dijeron que nos iban a largar, que nos iban a dejar de a uno, que contásemos hasta 50”, contó Naico.

“Después de unos minutos logramos reencontrarnos. Hubo un momento de mucha emoción, de mucha alegría. Estábamos en un camino vecinal cercano a una estación de rebaje y a 2 kilómetros de la 191. Le pedimos al sereno que por favor avisara, llamamos por teléfono y no nos atendieron. Salimos caminando, a los pocos minutos vino este señor en un jeep y nos dijo que nos traía a San Pedro”, agregó.

“A Gina Díaz, que lo llevaron el día anterior y fue a quien más salvajemente torturaron”.

Relacionado con esta causa también declaró Montalvo Gonzalo. Un joven que se encontraba en el techo de una vivienda cuando sin mediar palabras y sin dar explicaciones lo subieron a una camioneta y se lo llevaron.

Él contó: “Anduvimos dando vuelta por San Pedro todo el día hasta que al atardecer, cuando terminaron de ver los domicilios que les interesaba se volvió para San Nicolás. Nos llevaron a la penitenciaria. La recuerdo bien, tiene una fachada amarilla”.

“Me preguntaron qué vínculo tenía con Ricardo Montalvo, la respuesta fue que era sobrino. No tenía militancia política”, relató.

Consultado por su libertad, respondió: “Un día me vienen a buscar, era temprano, y me llevan a una mesa donde dicen acá tienen que firmar su libertad y yo no creía. La leí como 5 o 6 veces hasta que leí que decía que había sido detenido por un día. Bueno, quería preguntar por qué pero la situación no ameritaba. Firmé, me dieron las pertenencias y me largaron. Empecé a hacer dedo para volver a San Pedro”.

Hoy también prestaron declaración víctimas que habían sido secuestradas en Pergamino y que después de ser liberadas debieron exiliarse en Honduras, México y Bélgica.

Declaró un ex subcomisario de Villa Adelina en la causa sobre Campo de Mayo

Sobre las zonas liberadas

El policía fue citado por el caso de la familia García Recchia. Dijo que los militares ordenaban no identificar a las víctimas y que ellos no intervenían en operativos de los que participaban las Fuerzas Armadas.

Por Alejandra Dandan

–¿Usted dice que la idea era no investigar? ¿Cómo era eso?

–Había una mezcla de todo: por ejemplo me acuerdo de que en una reunión en Campo de Mayo, (Santiago Omar) Riveros nos dijo que teníamos que estar unidos para luchar contra el pueblo, prácticamente: “Somos amigos los que estamos adentro del alambre de Campo de Mayo, los de afuera son todos enemigos”, nos dijo. “Yo he ido a comer a la Escuela de Comunicaciones. Ellos eran las autoridades (...) El cerco era Campo de Mayo. Para afuera estaban todos los traidores. Los que estábamos adentro, de nuestro lado, eran la fuerza propia y la fuerza no-propia era la que estaba afuera de los alambres. Los militares no tenían ‘sospechosos’ u ‘oponentes’, tenían fuerza propia o enemigos”.

Juan Carlos Pose era subcomisario de la delegación Villa Adelina de la Policía Bonaerense en 1977. Declaró ayer en la sala de audiencias de San Martín. El Tribunal lo citó como testigo en la causa por el asesinato de Antonio García y el secuestro de Beatriz Recchia, que estaba embarazada. El 12 de enero de 1977 cerca de treinta militares irrumpieron en la casa de Villa Adelina donde vivían con su hija Juliana, de tres años. Mataron a Antonio y secuestraron a Beatriz, vista en el centro clandestino de Campo de Mayo. Juliana estuvo unas horas secuestrada, luego la entregaron a su abuela.

La subcomisaría estaba cerca de la casa. Pose llegó cuando el operativo había terminado. Encontró la casa como “bombardeada” –dijo en la audiencia– y el cuerpo de Antonio abajo de los escombros. Hizo un sumario, ordenó una autopsia y lo envió al cementerio de Boulogne como NN. Le tomó las huellas dactilares para identificarlo y, aunque dice que cuando recibió el informe mandó los datos al cementerio, el cuerpo permaneció como NN. Frente a los jueces, explicó qué hizo ese día, en un relato en el que mostró el funcionamiento de las policías y las fuerzas militares. Reconoció que la orden que tenían “era no identificar” y sugirió cómo funcionaron las zonas liberadas.

Alrededor de las once entraron Santiago Omar Riveros, entonces responsable del Comando de Institutos Militares; Reynaldo Bignone y Luis Sadi Pepa, director de la Escuela de Comunicaciones, que es juzgado por primera vez. Juliana estaba en la sala. Escuchó la acusación con el resumen de la historia de sus padres y se enojó porque el fiscal de San Martín Jorge Claudio Sica –a cargo de la elevación– relató el ataque como “enfrentamiento”.

Pose entró después. Los acusados ya no estaban. El presidente del Tribunal, Hector Sagretti, le preguntó como parte del protocolo si conocía a los acusados, y dijo que sí: “Tuve trato con ellos porque fui subordinado”. El fiscal Marcelo García Berro retomó esa respuesta en la primera pregunta: “¿Usted dice que tuvo trato? ¿En qué sentido?”

–Trato en el sentido de que me llamaban a reuniones en Campo de Mayo para darme directivas.

–¿Cómo eran esas reuniones? ¿Qué tipo de directivas le daban?

–Directivas operativas.

–¿El propio Riveros, Bignone?

–Riveros –explicó el hombre–. Bignone era el director del colegio militar. Riveros era el comandante de Institutos. Las reuniones eran masivas, no individuales. Citaban a todos los titulares de las comisarías del comando y nos daban directivas, nada secreto.

Sobre ese punto, más tarde le preguntaron si era Riveros el que siempre convocaba a las reuniones. Pose dijo que “a veces había reuniones pequeñas operativas para decir la forma de proceder”. ¿Y qué les decían? Que “había que ser sigilosos y tratar de no identificar”.

El hombre describió por dentro el modo en el que las Fuerzas Armadas llevaron adelante la represión, aunque siempre dejó a la policía en el entramado de la subordinación militar.

El abogado de Abuelas Mariano Gaitán insistió:

–¿Usted, como subcomisario a cargo de Villa Adelina, cuando ocurría un hecho así dijo que no podía investigar?

–Lo que quise decir es que tenía que tener cautela.

–¿Por qué?

–Resulta que, en otro momento, cuando pedían los hábeas corpus yo estaba en la comisaría primera de San Martín. La mitad de la comisaría era mía y la otra mitad era de los militares. Primero, que yo no sé si a esas personas las tenían los militares o no, pero aun si supiera, le miento y digo que no está (la persona) en esta dependencia: si digo que sí, el coronel me fusila. Y si alguien me dice que por mentir me ligo un procesamiento, yo le digo que entre un procesamiento y que me fusilen no queda mucho por elegir.

La fiscalía quiso saber por la relación entre militares y policías en el territorio. Pose había dicho que ellos veían pasar las caravanas del Ejército. Que sabían cuándo se hacía un operativo: “Si yo sabía que estaban los militares, no iba”. ¿Le avisaban antes? “A veces sí”, dijo. La defensa preguntó por las fuerzas conjuntas: “Se llaman grupos de tarea”, largó el entonces subcomisario. “Cada grupo de tarea tenía su comandante: eso no es ninguna novedad. Fuerzas conjuntas quiere decir que cuando las ponían para hacer procedimientos eran de distintas fuerzas (...): Yo no recuerdo porque nunca traté de averiguar tampoco.” ¿Eran de un cuerpo particular o cualquiera? “En aquel momento se peleaban entre ellos, incluso dentro de la jurisdicción a veces (se peleaba) el Ejército, a veces Campo de Mayo: no había respeto por nada”...

El juicio en San Martín por los crímenes cometidos en Campo de Mayo

La caída en el edificio de Villa Martelli

Los testimonios de Ramiro Menna, Alba Lanzillotto y su hermana María Isabel, Diana Cruces y otros reconstruyeron cómo fue el operativo de la dictadura que secuestró a Domingo Menna y Ana María Lanzillotto, de la conducción del PRT.

 Por Alejandra Dandan

El mundo en la puerta de los tribunales de San Martín parecía haber entrado en 1976. Entre antiguos militantes que se acercaban aparecía ese lenguaje de “buró político” o los saludos entre “compañero” y “compañera” que dejaban empezar a ver la reconstrucción de ese universo que iba a seguir poco más tarde en la sala. Y allí: julio de 1976. Un encuentro frustrado entre la dirección de Montoneros y el ERP. Un invierno más crudo que otros inviernos. Y el operativo en el edificio de Villa Martelli justo el 19 de julio, cuando debían irse del país Roberto Santucho y su compañera, Liliana Delfino.

La caída de la conducción del PRT volvió a aparecer en la sala, por primera vez en términos de juicio oral, a partir de la indagación que este juicio hace sobre las caídas del Gringo, Domingo Menna, y de Ani, Ana María Lanzillotto, su compañera, embarazada de ocho meses el día del secuestro. Ellos son parte de la causa fragmentada, dividida en múltiples casos. Los testigos, sin embargo, terminaron volteando esa fragmentación. Diana Cruces, la esposa de Fernando Gertel, del buró político, caído ese mismo día, habló de eso al final de la declaración: “Ya he testimoniado muchas veces, aunque es la primera vez que lo hago en etapa oral. Voy a tener que seguir haciéndolo. Deseo hacerlo por cada compañero: Santucho, Benito Urteaga, Domingo Menna, Ana María Lanzillotto y Liliana Delfino, pero esto implica mucho dolor, mucho costo para todos nosotros. Por eso solicito al tribunal a ver si podemos unificar las causas para que se haga justicia”.

–¿Quienes son tus padres? –le preguntó desde la fiscalía Marcelo García Berro a Ramiro Menna.

–Mi madre es Ana María Lanzillotto y mi padre, Domingo Menna –dijo y siguió de un tirón–. Ana María era hija de Nicolás Lanzillotto y Brígida Cáceres. Nacida y criada en La Rioja. Estudió en Tucumán, militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Domingo Menna es hijo de Pánfilo Menna y de Irma, nacido en Italia, pero desde muy pequeño criado en Tres Arroyos. Hizo los estudios universitarios en Córdoba. Conoció a mi vieja en el PRT, estimo que a fines del ’72 o principios del ’73.

–¿Qué sabe de los hechos?

–En el año ’76 yo tenía dos años. Lo que pude reconstruir del 19 de julio es lo siguiente: en Villa Martelli vivían en un edificio con varias familias, en distintos departamentos en situación de clandestinidad. Yo vivía ahí con ellos y en horas de la mañana me habían llevado a una guardería. Durante ese día se produjo el operativo militar que digamos concluye con la muerte de Santucho, Urteaga y los secuestros de mi padre, mi madre, Liliana Delfino y creo que también de Fernando Gertel. El resto de la familia se enteró de la caída por la tele y los medios de comunicación. En La Rioja había una parte importante de mi familia materna. Averiguaron qué hacer. Un tío abogado, Carlos Mario Lanzillotto, tenía un compañero de la facultad que parece tenía vínculos con la dictadura. Algún tipo de rol en la Justicia. El hombre éste les dijo: “De tu hermana y su marido, si no los mataron, olvidate de que te los devuelvan con vida. Del hijo voy a ver qué puedo hacer”. Averiguó y les pasó el dato de dónde estaba yo, por lo menos es lo que pudimos reconstruir: yo terminé en una guardería que dependía de la Cooperadora de la Policía Federal y estaba bajo la órbita del Juzgado Federal de San Martín. Ahí fue donde me encontraron.

Durante el día de ayer declararon también Alba Lanzillotto, una tía de Ramiro que estuvo en Abuelas de Plaza de Mayo durante más de veinte años; su hermana María Isabel; Diana Cruces, Juan Arnol Kremer, “Luis” para los militantes, de la conducción.

“El día 19, no recuerdo bien si alrededor de las tres de la tarde –dijo Kremer–, me dirijo al domicilio de Menna y, dadas las circunstancias, teníamos que seguir medidas preventivas, como llamar por teléfono. Llamé desde una zona cercana y, para mi sorpresa, la voz que apareció en el teléfono era absolutamente desconocida.”

–Soy Flores –dijo él, como debía hacerlo.

–¡Venga Flores! ¡Venga! ¡Que lo estamos esperando!

“Eso me dio la pauta de que en esa casa pasaba algo rarísimo. Me dirigí a la Avenida General Paz (desde donde veía una ventana) y desde el coche vi la luz encendida, las ventanas abiertas y una situación muy rara. Busqué otro teléfono público. Oí otra voz. Algo había pasado, así que me retiré de la zona.”

Alba estaba en Carmen de Patagones, territorio de su hermana Quela, adonde había llegado escapando después de estar detenida y ser amenazada. “Estábamos en una verdulería con la radio prendida”, dijo, sentada, el pelo blanco. “Cortan la trasmisión y dan la sensacional noticia de que habían matado a los dirigentes del PRT, de donde eran mis hermanas, y Santucho. Yo me quedé sorprendida. Con mi hermana Quela y el esposo nos pusimos a buscar datos en la televisión y empezaron a dar las noticias, como las que daban ellos: mitad verdad, mitad mentira, más mentira que verdad. Dijeron que Urteaga y Santucho estaban muertos, así que creímos que Menna también, pero después empezaron a llegar noticias por otro lado. Una revista decía que eran tres los cadáveres que habían sacado, y dos mujeres caminando, que al final eran Liliana y Ana María. Leíamos lo que salía en los diarios, pero uno no sabía si creer o no.”

Después de Alba continuó su hermana María Isabel. Se sentó en la misma silla que misteriosamente está colocada de espaldas al público. “Yo estaba en La Rioja –dijo–, recibí una carta que venía dirigida a mí con mi sobrenombre, que es Beba. La mandaron al estudio de mi marido y de mi hermano. Abrí la carta sin firma y decía: Ana María fue detenida ‘con vida’, con letras bien grandes. ‘Tienen que venir urgente a retirar a Ramiro a la guardería porque si no va a pasar a la guardería de la Policía Federal’. Mi hermano se vino con la carta para Buenos Aires. A hacer todo lo posible para encontrarlo. Eso sucedió.”

Ramiro recordó los nombres de quienes aportaron datos durante estos años para reconstruir cada momento. Así fue diciendo que el Gringo estuvo con vida en Campo de Mayo durante algún tiempo, torturado e interrogado por el dinero, como lo dijo Alba después: “Corrieron muchas versiones –dijo ella–, que lo torturaban enormemente porque esos señores salvadores de la Patria lo único que querían era el dinero para sí mismos, no era para la Patria seguro”. A partir de una orden de Santiago Riveros, al Gringo lo arrojaron al río con Liliana Delfino y otros. Ana María estuvo en Campo de Mayo. La compañera de Gertel dijo que dio a luz en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Para noviembre cayó además su hermana melliza María Cristina.

–¿Sabés si tu mamá tuvo ese hijo? –le preguntaron a Ramiro.

–Existen razones para creer que sí. La primera es la práctica sistemática que un juicio reciente ha dado por probado: cuando una mujer estaba embarazada era usual conservarla con vida hasta que diera a luz. Y, por otro lado, está el testimonio de Roberto Peregrino Fernández, que dijo que mi vieja dio a luz. Y está la otra persona que dijo que estando detenida otra mujer dijo: “La compañera del Gringo Menna dio a luz”. Creemos que el embarazo llegó a término y mi hermana o hermano continúa desaparecido.

Dos exiguas condenas en la Causa Campo de Mayo

Policías a la cárcel

Roberto Bustos recibió 19 años de prisión y Jorge Bianchero, nueve. En el juicio se ventiló el secuestro de un grupo de personas que participaba de un taller literario.

Dos ex comisarios de la policía bonaerense fueron condenados ayer por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín por delitos de lesa humanidad en 1979. Se trata de Roberto Ramón Bustos, entonces a cargo de la división informaciones de la delegación San Martín, y Jorge Julio Bianchero, ex titular de la seccional 3 de Villa Lynch, que recibieron penas de 19 y 9 años de prisión, respectivamente. El tribunal que integran Lucila Larrandart, Héctor Sagretti y Daniel Petrone dispuso que los condenados cumplan la sentencia en una cárcel común. El juicio fue oral y público, pero se desarrolló en una sala con capacidad para ocho personas. Por un accidente cerebro vascular, luego de permanecer varios años prófugo, quedó fuera de juego antes del inicio del juicio el coronel retirado Nedo Otto Cardarelli, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 201 con responsabilidad en centenares de secuestros de personas desaparecidas en Campo de Mayo.

El sábado 12 de mayo de 1979 a la noche un grupo de tareas irrumpió en un departamento de Ecuador 318, en la ciudad de Buenos Aires, y secuestró a seis personas, todos compañeros de un taller literario que, según testigos del juicio, tenían previsto viajar a España para publicar un libro sobre la represión en la Argentina. Las víctimas fueron Noemí Beitone, Jorge Sznaider, Jorge Pérez Brancatto, Hugo Malozowski (los tres estudiantes del profesorado de Historia en el colegio Mariano Acosta) y el matrimonio de escritores que formaban Mirta Silber y Carlos Pérez. Los seis permanecen desaparecidos y existen indicios de que estuvieron en cautiverio en Campo de Mayo. Dos días antes, la policía de Villa Lynch, por orden del Ejército, había detenido a un hermano de Beitone junto con un amigo en un departamento de esa localidad. Ambos fueron interrogados y liberados.

“Nosotros éramos simples informantes, sólo se hacían informes de inteligencia”, intentó minimizar su responsabilidad Bustos, que se encargaba de recopilar la información sobre la “lucha antisubversiva” en la delegación San Martín. “Nosotros nunca hicimos operaciones y también la pasamos mal en esa época, tuvimos que ponernos muy rígidos con nuestros vecinos”, dijo al ejercer el derecho a pronunciar sus últimas palabras. “Mis manos están limpias”, concluyó. Previendo la condena, pidió que se le concediera el arresto domiciliario y se dispuso a esperar el fallo junto a Bianchero en el jardín de la casona de Olivos donde se realizó el juicio.

Uno de los pocos privilegiados que pudo ingresar a la sala fue León Sznaider, padre de Jorge, que tenía 19 años y cursaba el primer año del profesorado en Historia. Familiares y allegados a las víctimas junto con militantes de Hijos y de la Comisión Campo de Mayo aplaudieron de pie al anciano, que con el abogado Pablo Llonto realizó la presentación que permitió reabrir la causa. Sin micrófono, con decenas de personas amontonadas en una escalera, fuera de la sala, esforzándose para escuchar, Larrandart leyó la sentencia: 19 años de cárcel para Bustos como coautor de dos allanamientos ilegales, ocho secuestros, y de los tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos en los casos de quienes permanecen desaparecidos; nueve años de prisión para Bianchero por un allanamiento ilegal y los dos primeros secuestros.

Los jueces destacaron que se trató de delitos de lesa humanidad, por ende imprescriptibles, y encomendaron a la justicia de primera instancia investigar al resto de los policías y militares que participaron o tuvieron responsabilidad en los mismos hechos. A pedido del fiscal federal Marcelo García Berro y en base a la declaración del dictador Jorge Videla sobre el destino de los desaparecidos, los jueces ordenaron que se investigue la responsabilidad de Bustos en los homicidios de las víctimas.

Antes del comienzo del juicio, que duró tres semanas, los acusados habían pedido la suspensión a cambio de una probation, léase tareas comunitarias. Bianchero ofreció además pagar dos mil pesos a la familia de cada víctima como “resarcimiento” por su responsabilidad. El tribunal rechazó los ofrecimientos y también el pedido de arresto domiciliario con el que insistieron hasta ayer. Los ex comisarios afrontaron el proceso en libertad y tras la sentencia quedaron por primera vez detenidos, a sus 78 años y a un tercio de siglo de los hechos. La propia Larrandart actuará como jueza de ejecución. Los presentes aplaudieron la sentencia, nombraron y gritaron “presente” para recordar a cada una de las víctimas. Los condenados quedaron en la sala a la espera de los penitenciarios que los trasladarían a la cárcel. Nedo Otto Cardarelli morirá impune.

El poder económico detrás del poder militar

El estado de las causas judiciales que involucran a empresas y empresarios en crímenes de lesa humanidad. Los expedientes buscan avanzar sobre dos cuestiones: la participación directa de empresarios en crímenes de lesa humanidad y en el modelo económico que buscó implementar el poder económico con apoyo de los militares. El estado de las causas.
 Por Alejandra Dandan

El cartel instalado ayer en la planta Ford Motor Argentina es un nuevo punto de partida en las demandas por los delitos de la última dictadura, definida como cívico-militar. Los organismos de derechos humanos impulsaron las causas por la responsabilidad militar primero y luego de sacerdotes o magistrados que participaron directamente o avalaron lo que sucedía en los centros clandestinos. Ahora empieza a verse el avance sobre el sector de las empresas. O más bien, sobre el poder económico detrás del poder militar.

Ese es el eje de la marcha de este 24 de marzo, impulsada por varios organismos de derechos humanos, entre ellos, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. “Las causas en todo el país avanzan con acusaciones a empresarios”, dice José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. “Hay dos conceptos: por un lado, una dictadura con un poder destructivo en el que están las acciones terroristas brutales, y por otro, el hecho de que la dictadura fue fundacional: intentó construir un nuevo modelo de país y el trabajo ahora es hacer hincapié en la discusión y acusar al terrorismo de Estado de las modificaciones más profundas que hubo en la estructura económica argentina”.

Ese panorama permite ordenar el estado judicial de las causas que avanzan en ese doble sentido en distintos puntos del país. Algunas, pocas, cuestionan ese aspecto fundacional, como los casos emblemáticos de Papel Prensa y Acindar, impulsadas en diciembre de 2010 por la Liga y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Otras denuncian puntualmente torturas, secuestros y asesinatos en los que participaron empresarios. En ese universo, las causas son más y se advierten dos tipos: las que involucran capitales nacionales –como la del ingenio Ledesma por la Noche del Apagón, La Veloz del Norte en Salta o la sentencia que ordenó abrir la semana pasada una investigación sobre el directorio de Loma Negra en un juicio en el que aparecieron datos sobre otras cementeras y empresas del emporio Techint– y las de compañías multinacionales, como la Ford Motor Argentina o Mercedes-Benz, sólo por dar algunos ejemplos. Unas parecen avanzar; las otras, no.

En estas causas, algunos fiscales (y sobre todo las querellas) intentan consolidar las pruebas que les exige la lógica de un juicio pensado para “civiles”: hombres que en principio no actuaron dentro de una cadena de mandos o no fueron funcionarios del Estado. Un obstáculo es que se observa en algunos sectores de la Justicia un “sentido común” que tiende a pensar que si fueron civiles, entonces, no fueron parte del terrorismo de Estado. Una resolución muy reciente del Juzgado Federal de Salta ilustra esa discusión. Se dio en el contexto de la causa de la empresa de transportes La Veloz del Norte, en la que un grupo de trabajadores denunció al propietario de la compañía como partícipe de los operativos de sus secuestros y tormentos. Le atribuyeron a Marcos Levin usar a un grupo de tareas para sacarse de encima a los trabajadores más combativos y afiliados a la UTA. Presentaron las pruebas. El juez federal a cargo de la causa, Leonardo Bavio, llamó a indagatoria a Levin. El empresario se negó y su abogado argumentó, entre otras cosas, que como su defendido era “civil” no podría ser parte del terrorismo de Estado. Fueron interesantes las respuestas del fiscal Domingo Batule y de la querella encabezada por David Leiva, con las que el juez acordó y por lo tanto volvió a citar a Levin para mañana. “El hecho de que Marcos Jacobo Levin no haya sido funcionario público no significa que quede excluido por esa sola circunstancia de ser responsable de cometer delitos de lesa humanidad”, dijo el fiscal Batule. “Aclarando –siguió– que éstos se cometen en un marco en el cual los organismos estatales no sólo se mantuvieron indiferentes ante dicha situación, sino que se utilizó el aparato estatal como instrumento represivo dejando a sus víctimas en orfandad de derechos y garantías, puntualizando que un particular puede colaborar o tener participación en la comisión de esa clase de delitos.”

“Concretamente –reforzó el juez Bavio–, en este proceso debe comprobarse si existieron apremios ilegales como delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado, los cuales son considerados imprescriptibles por el Derecho de Gentes y en su caso, individualizarse a los eventuales autores y demás partícipes.”

Las causas que parecen haber avanzado en los últimos tiempos son aquellas del grupo de las “acciones destructivas” y no las de “fondo”, en términos de Schulman. Y en ese grupo, las que involucran a capitales nacionales. A grandes rasgos, son empresas que elaboraron listas negras, con las que trabajaban los servicios de inteligencia y sobre las que actuaban las fuerzas de seguridad.

Un ejemplo es La Veloz del Norte. Pero también hubo algunas noticias del ingenio Ledesma y Loma Negra.

* La causa del ingenio Ledesma por la llamada Noche del Apagón, de julio de 1976, tiene entre los acusados a Blaquier. Para acercarse a la lógica jurídica, el año pasado algunos querellantes cambiaron la denuncia y en vez de acusar genéricamente “al ingenio Ledesma”, que es una entidad jurídica abstracta en términos de imputación en Argentina, denunciaron con nombres propios al directorio. El fiscal Batule –el mismo de La Veloz del Norte– pidió la indagatoria para Blaquier y otros ex funcionarios de la empresa, pero la rechazó el juez subrogante Carlos Olivera Pastor, que se convirtió en un tapón para el avance de las causas de lesa humanidad en Jujuy. Olivera Pastor se opuso a gran parte de los pedidos de indagatorias de los militares y convirtió a la provincia en una de las únicas –junto a Catamarca– que todavía no tuvieron juicios orales sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

n El otro caso simbólico es Loma Negra. En la sentencia de la semana pasada del juicio oral de Tandil por el secuestro y asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata ordenó una investigación sobre la cementera. Para los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra, el juicio arrojó suficientes “sospechas” de que el directorio de la empresa, entonces encabezado por Amalia Lacroze de Fortabat, “indujo” el crimen. Moreno y su socio habían ganado juicios millonarios a Loma Negra en nombre de los trabajadores que reclamaban por mejores condiciones laborales y por una enfermedad respiratoria que provocaba el proceso de producción. El fallo condenó además, por primera vez, a dos hermanos que no eran funcionarios públicos: uno era gerente del banco Comercial de Tandil y los dos eran dueños de la chacra que funcionó como centro clandestino. En ese caso, el fiscal Daniel Adler dijo durante el alegato algo que da cuenta de las dos facetas de estas causas: aquellos hermanos dieron asistencia y apoyo a la dictadura, pero lo hicieron porque eso les garantizó retener y expandir sus intereses económicos.
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Las dos empresas

Fuera de los avances, hay un enorme paquete de causas que involucran a empresas virtualmente detenidas. Entre otras, las de Ford y Mercedes-Benz. Pero también la de los astilleros Astarsa y todas las que están en la jurisdicción de San Martín.

La Ford y Mercedes-Benz tienen características parecidas: las victimas son trabajadores que eran parte de la comisión interna de las fábricas o delegados de una sección. Las dos causas pasaron del juzgado federal de Daniel Rafecas a San Martín. Ford salió con un pedido del fiscal Federico Delgado de indagatoria para los directivos. En los últimos años, sin embargo, ninguna de las dos avanzó. El juez que las recibió, Juan Manuel Yalj, cuestionó, entre otras cosas, la relación entre civiles, imprescriptibilidad y terrorismo de Estado. En diciembre, las tomó la nueva jueza, Alicia Vence. A la causa original que llevó adelante durante años el abogado Tomás Ojea Quintana, el año pasado se sumó como querellante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Los investigadores hablan de dos tipos de procedimientos de las empresas durante la dictadura. Unos más visibles y desbocados, sobre todo en localidades del interior con compañías que se creían impunes. Otros más camuflados o cuidados, en los centros urbanos. Un ejemplo del primer caso es Ledesma, donde el Ejército usó camiones con el logo del ingenio o había una conexión entre la usina y el apagón que liberó la zona. Para algunos, los casos de Ford y Mercedes-Benz presentan otras dificultades, pese a que la planta de Pacheco de Ford se usó como centro de detención. O que los trabajadores de Mercedes-Benz eran levantados con listas de la empresa.

Hay testimonios de sobrevivientes o de sus mujeres. Arcelia Luján Portillo describió una entrevista con el teniente coronel Juan Molinari, responsable de los secuestros. “Vos me responsabilizás a mí de todo, pero yo te digo y te voy a mostrar algo”, le dijo el militar. Y –describió ella– “sacó de un cajón una lista en un papel con el logotipo de Ford, manifestándome: ‘Acá están todos los nombres que nos dio la empresa con los trabajadores que querían que chupáramos’. Pude ver que la mayoría estaban tachados, y pude ver que el nombre de mi marido aún no estaba tachado y me dijo que me fuera tranquila porque mi marido, antes del 1º de abril, iba a estar en mi casa. Yo le contesté que no le creía, a lo que me refirió que él era un hombre de honor”.

Los casos de Acindar y Papel Prensa tampoco avanzaron mucho. Acindar está en manos de Oyarbide y algo adelantó (ver aparte). Página12publicó una nota sobre La Veloz del Norte en la que la unidad de coordinación de las causas de lesa humanidad del Ministerio Público explicaba cuál era uno de los problemas de estas causas: “La realidad es que las dificultades tienen mucho más que ver con que hay personas cubiertas porque siguen detentando poder, que por las razones jurídicas que elaboran los operadores judiciales adornadas de argumentos jurídicos sofisticados que tratan de explicar en realidad por qué no llaman a los empresarios”.

Algo de eso dice José Schulman: “El Poder Judicial fue creado para defender al poder, no para atacarlo; aun a los más honestos les cuesta mirar al funcionamiento del mismo poder. La Corte Suprema tiene que orientar esta discusión para poder ir al núcleo del bloque que organizó el terrorismo de Estado, porque este poder económico hoy sigue vivo. Esta cuestión redefine la agenda del siglo XXI: pasar del dolor al futuro, para poder gozar de los derechos humanos y eso, inexorablemente, implica poner el eje en el poder económico, que es transnacional”.

La primera señalización de un sitio civil donde se secuestró y torturó

Ford, marcada por la memoria

Frente a la planta automotriz de Ford en General Pacheco, ex delegados y sobrevivientes de la represión ilegal encabezaron el acto en el que se instaló el cartel recordando que ese lugar operó como centro de detención y vejámenes.

 Por Sol Prieto

Un cartel de chapa y madera. Un cartel que dice que en la planta de producción de Ford secuestraron y torturaron a trabajadores durante los primeros meses de la última dictadura militar. Ayer, frente a la planta automotriz Ford, en General Pacheco, los ex delegados de esa empresa que fueron detenidos ilegalmente y sobrevivieron a la tortura y la desaparición levantaron ellos mismos un cartel que señala a la planta como campo clandestino de detención y tortura por el que pasaron 25 trabajadores de esa empresa entre marzo y abril de 1976. El cartel fue colocado junto a otro provisto por la Secretaría de Derechos Humanos, desde donde prevén la construcción de otra marcación más visible. “Siempre va a haber un Falcon en la calle, que quizá nosotros lo pintamos, nosotros lo armamos. Queremos que los jóvenes sepan que en esos mismos lugares donde pintamos y montamos el Ford, nos secuestraron, nos torturaron, nos mataron. Esta es la piedra fundamental”, dijo Adolfo Sánchez, uno de los ex delegados.

Los testimonios de Sánchez, Carlos Propato y Pedro Troiani, tres de los ex delegados, fueron el soporte del acto, al que acudieron unas doscientas personas, en el que por primera vez se marcó un sitio civil como sitio de memoria. En el 2003, varios ex delegados presentaron una denuncia penal por la desaparición de tres de sus compañeros de la junta interna y otros compañeros de trabajo sin activismo gremial. En el 2006 presentaron una demanda civil en Estados Unidos bajo la figura de “acto de reclamo bajo agravio”, contra la firma Ford. Ese mismo año, agregaron a la denuncia penal una presentación contra cuatro directivos de la empresa. Ayer, los delegados consideraron la marcación de la planta Ford como un avance contra la complicidad patronal.

Los tres delegados destacaron el alto nivel de militarización de la empresa. “Vinieron efectivos armados, con tanquetas, y hasta había helicópteros”, explicó Troiani, quien describió, a partir de una anécdota, la relación de la empresa con el Ejército: “El 13 de abril del ’76 fui a fichar la tarjeta. Cuando llegué a mi puesto de trabajo mi capataz me dijo ‘Troiani, no te muevas de acá que te están vigilando’. Me salió el delegado de adentro y le dije ‘¿Quiénes me están vigilando?’, y me fui del sector para ver si me estaban siguiendo. A las 9 de la mañana entró una camioneta con 10 o 12 militares con ametralladoras que avanzaron hasta mi sector. ¿Quién les dijo que yo estaba ahí?” Tres obreros más, uno de los cuales era Propato, fueron secuestrados ese día en la planta y trasladados en camiones que Troiani identificó como “de la empresa” hasta un quincho tapiado ubicado en el campo de deportes. Ese día, los cuatro fueron torturados durante diez horas y luego trasladados a la comisaría de Tigre. Sánchez contó otra anécdota sobre el vínculo entre el Ejército y la conducción de la empresa. En la última reunión que tuvieron algunos integrantes del cuerpo de delegados con el gerente de Relaciones Industriales, Guillermo Galárraga, él les advirtió: “Ustedes le van a mandar saludos a un amigo mío”. “¿A quién?”, preguntó Sánchez. “A Camps”, le contestó Galárraga. “¿Quién era Camps? Nos enteramos cuando estuvimos detenidos en la comisaría”, recordó Sánchez, quien dos días después fue secuestrado en su casa. Los militares tenían, al momento de identificarlo, su credencial de la empresa.

Para los delegados, las conquistas obtenidas en los últimos años antes del golpe explican su secuestro. La jornada de seis horas para los trabajadores que manipulaban estaño; el plus 100 horas que se les pagaban en las vacaciones; el convenio de trabajo de 1975 –“el mejor del país”, según Troiani–; la pelea con el sindicato de mecánicos (Smata) para que el uno por ciento del precio de cada auto otorgado a un fondo extraordinario “para la erradicación de elementos negativos” fuera dirigido a la obra social; la resistencia a subir la producción de 230 a 250 unidades sin incorporar más personal a la línea de montaje; el comedor. Esas políticas gremiales son las que, según Sánchez, fueron reprimidas por la empresa a través de las Fuerzas Armadas. Según los delegados, la medida fue efectiva: luego de la desaparición de esos 25 trabajadores, los conflictos gremiales se redujeron drásticamente y la línea de producción subió de 230 a 300 unidades, con mil trabajadores menos.

Esa idea fue rescatada por el presidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, quien aseguró que “este 24 de marzo empieza la lucha para poner al poder económico en el banquillo de los acusados”. La coordinadora de la red de sitios de Memoria, Judith Said, por su parte, rescató el “derecho a la organización gremial” como un derecho humano.

Dos nuevas causas a juicio oral por delitos de lesa humanidad

El juez Villafuerte Ruzo elevó a juicio oral dos nuevas causas por delitos de lesa humanidad
Entre los imputados se encuentra el ex jefe del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás Manuel Fernando Saint Amant. Se investigan secuestros, torturas y homicidios ocurridos en 1976 en las ciudades bonaerenses de San Pedro y Baradero

Con motivo de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar que se vienen llevando adelante en el Juzgado Federal n° 2 de San Nicolás -por secretaría del Dr. Cristián Andrés Lassalle-, el Juez Federal Carlos Villafuerte Ruzo ordenó la elevación parcial a juicio oral y público del tramo de las causas denominadas “Hofer” y “Ceccon”.

En la primera de ellas se investigan las privaciones ilegales de la libertad y homicidios de los militantes del ERP Oscar Omar Hofer, Víctor Hugo Hofer, Miguel Ángel Di Pascua, Rubén Darío Reynoso y Rodolfo Abel Kremer, como así también las privaciones de libertad y tormentos de Ana Inés Cárdenas y Carlos Alberto Rojas, producidas entre abril y mayo de 1976 en las ciudades de San Pedro y Baradero. Los cuerpos sin vida de los hermanos Oscar Omar y Víctor Hugo Hofer fueron hallados flotando en aguas del Rió de la Plata, frente a la ciudad de Buenos Aires, el 13 de mayo de ese año, mientras que un día después apareció flotando el cuerpo de Rubén Darío Reynoso. Por su parte, Miguel Ángel Di Pascua y Rodolfo Abel Kremer siguen al día de la fecha en calidad de detenidos-desaparecidos.

En la restante causa, quien deberá comparecer es el ex Teniente Coronel Norberto Ricardo Ferrero, jefe del Área Militar 132 y del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás durante 1978. El delito que se le imputa en la privación ilegal de la libertad, los tormentos y el posterior homicidio del ex numerario de la policía de la provincia de Buenos Aires Luis Francisco Ceccon, quien fue detenido el 16 de mayo de 1978 en la ciudad de Pergamino. Su cuerpo fue encontrado sin vida y con múltiples fracturas en diciembre de ese año, e inhumando como N/N en el cementerio de General Lavalle, provincia de Buenos Aires, siendo identificado recientemente por las tareas llevadas a cabo por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Estas investigaciones vienen a sumarse a las otras diez causas que ya fueron elevadas desde el año 2009 por el juzgado federal 2 de San Nicolás, una de las cuales ya tiene fecha de audiencia de debate fijada por el Tribunal Oral n° 2 de Rosario para fines de febrero del 2012. Se trata de la denominada causa "Masacre de calle J. B. Justo", donde se investigan la privación ilegitima de la libertad, tormentos y homicidios de cinco personas ocurridos en noviembre de 1976 en San Nicolás y por el cual serán juzgados los mencionados Saint Amant y Bossie, y el ex comisario general de la policía federal argentina Jorge Muñoz.