viernes, 19 de diciembre de 2014

La causa por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la planta de Ford

Un comienzo simbólico para el juicio

Después de los reclamos de las querellas, dos ex obreros de la compañía norteamericana declararán el viernes, antes del inicio formal del proceso oral que aún no tiene fecha.

 Por Alejandra Dandan

El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín tomará este viernes declaraciones testimoniales “adelantadas” en la causa por los trabajadores de Ford Motors Argentina secuestrados durante la última dictadura. La causa por los crímenes en la filial argentina de la automotriz norteamericana tiene como acusados a dos militares y a tres civiles, directivos de la compañía. El expediente ya fue elevado a juicio oral, pero los jueces aún no pusieron fecha al debate. Alarmadas por las muchas postergaciones del comienzo, las querellas pidieron al tribunal que al menos tome declaración a dos trabajadores que se encuentran con problemas de salud. Uno de ellos fue delegado de la fábrica. Así, aunque teóricamente éste no es comienzo del juicio, la del viernes será su primera audiencia.

Tomás Ojea Quintana es el abogado querellante por los trabajadores de la empresa. “Ahora tenemos las audiencias anticipadas y esperamos que el tribunal defina una fecha de juicio para Ford, que esperamos sea a principios del año que viene.”

La audiencia del viernes será a las 9 en la sede del TOF, en el edificio de la calle Villate, en Olivos, en una apretada sala de audiencias preparada para un puñado de personas. Los convocados a declarar son Jorge Constanzo, ex delegado por el sector Comedor de la planta de Pacheco, secuestrado el 24 de marzo de 1976 desde el interior de la fábrica. Y Carlos Gareis, otro ex trabajador que era cercano a la comisión interna.

Esta es la primera vez que los cómplices civiles de los crímenes de la dictadura van a comenzar a ser juzgados en audiencia oral. En este caso, los acusados son tres: Pedro Müller, ex gerente de Manufactura, a quien los sobrevivientes describen como mandamás de Pacheco y verdadero jefe político; Guillermo Galárraga, gerente de Relaciones Laborales de la empresa en 1976, la persona que sabía quiénes integraron las comisiones internas y con quién se reunían los trabajadores por reclamos gremiales, y Héctor Francisco Sibilla, ex jefe de Seguridad, uno de los hombres más recordados por los trabajadores por su carácter de militar retirado del Ejército, hombre que escaló posiciones luego de los secuestros y estuvo contratado por la Embajada de Estados Unidos en seguridad hasta que se jubiló en 2004.

Las dos testimoniales implican un comienzo simbólico del debate. Se llegó hasta este punto luego de una serie de gestiones y reclamos muy duros de las querellas, organismos de derechos humanos y fiscales. En el mes de septiembre, las querellas presentaron una carta a Casación, alarmadas por la postergación del juicio. El presidente del TOF 1, Héctor Sagretti, llevaba adelante el juicio por los obreros desaparecidos en la zona norte del conurbano y había dicho que probablemente no iba a poder participar de más juicios grandes en los próximos meses porque había sido designado en la causa conocida como Efedrina.

Las querellas de Ford le escribieron al presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Mariano Hernán Borinsky: “Hemos sido informados que la Superintendencia de la Cámara ha dispuesto que el Dr. Sagretti participe como juez subrogante en uno de los juicios derivados de la causa de la efedrina y, debido a que el Tribunal Oral que Sagre-tti preside sólo cuenta con dos miembros, aquella designación provocaría una demora tal en la tramitación de las causas del tribunal, que el juicio oral y público de la causa Ford podría posponerse hasta entrado el año 2016. Esta circunstancia es realmente grave, porque podría consolidar aún más la vulneración a nuestro derecho a una justicia pronta y efectiva. Los crímenes cometidos ocurrieron hace casi cuatro décadas, y las alternativas para accionar judicialmente, en el contexto histórico de nuestro país, fueron limitadas, por lo que recién pudimos hacerlo ya entrado este nuevo siglo, en el año 2003. Desde ese preciso momento en que se inició la causa penal han pasado más de diez años y todavía no existe siquiera sentencia de primera instancia. En el camino, hemos ofrecido todos nuestros esfuerzos para una causa que creemos es central en el proceso de memoria, verdad y justicia, sobre todo porque los sometidos a juicio oral son civiles que ejercieron como directivos de una empresa grande radicada en nuestro país. Y en ese camino hubo compañeros que perdieron la vida, como Juan Carlos Ballestero, Carlos Enrique Chitarroni, Hugo Adolfo Núñez y otros, y no podrán participar del juicio”.

A raíz del pedido y de otros similares, Casación emitió la semana pasada una resolución, la 1300/14, dirigida al TOF. Sacaron a Sagretti de la causa de la efedrina, pero a la vez sugirieron que el juez podría haber continuado con sus funciones porque ese tribunal de la efedrina no estaría constituido hasta fines de noviembre. Con amabilidad, recordaron también el importante número de causas de lesa humanidad pendientes en el TOF 1; los procesados sin condena; la existencia de una “megacausa” como Campo de Mayo y la acordada de la Corte Suprema. “Al respecto, cabe tener en cuenta lo dispuesto por las acordadas números 42/08 y 37/09 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido de la celeridad que debe imprimirse a la tramitación y conclusión de las causas en las que se juzgan delitos contra la humanidad.”

En la resolución, los jueces de Casación confirmaron otro dato: la continuidad del tercer juez que viene integrando el TOF en el último tiempo: Diego Barroetaveña, orgánico de la conducción de la Asociación de Magistrados, integrante del Tribunal Oral Criminal 21, el que condenó al dirigente sindical José Pedraza por el asesinato de Mariano Ferreyra.

miércoles, 19 de noviembre de 2014

Saint Amant II: Con importantes testimonios se desarrolló la sexta jornada de audiencias

Este miércoles en el Salón Dorado del Municipio se ventilaron detalles de la causa Montalvo y otros además de la de los hermanos Hoffer de Baradero. También declararon víctimas que fueron secuestradas durante la última dictadura militar.

Desde el mediodía pasó por el estrado Orlando “Naico” Brambilla una de las víctimas que declaró en el marco de la causa Montalvo y otros.

“En julio del año ‘77 fui privado de mi libertad junto con cuatro personas más de acá de la ciudad de San Pedro”, comenzó relatando Brambilla para luego describir cómo fue el momento en el que se lo llevaron de su domicilio: “Era de noche, estábamos en mi casa con mi familia. En ese momento vivíamos todos junto a mis padres porque estábamos construyendo nuestras viviendas. Eran las 23.00, golpearon la puerta, preguntaron quién era y dijeron ‘la policía’. Abrieron la puerta. Ingresaron violentamente 4 ó 5 personas con armas largas y preguntando por Orlando Brambilla”.

“No había otra opción que acompañarlos porque no pedían de buena manera la compañía”, remarcó Naico quien señaló que todos los hombres que entraron a su casa “estaban vestido de civil” menos uno “que andaba de saco”. “Ese era el que primero entró”, aseguró.

“No tuve más alternativa que acompañarlos”, lamentó y continúo el relato diciendo que se lo llevaron en un “Torino blanco”. En la descripción Brambilla aseguró que había dos autos más, “un Falcón” y otro que no llegó a precisar ni color, ni modelo.

“Antes de entrar me pusieron un pulóver o un trapo en la cabeza que me impidió seguir viendo. Me ataron las manos con alambre. Me sentaron atrás, entre dos personas, y a partir de ahí empezaron a comunicarse a través de Handy. Se identificaban con países o nombres de animales”, indicó Orlando Brambilla durante su relato que comenzó pasadas las 16.00 y finalizó minutos antes de las 17.00 cuanto se pautó un cuarto intermedio.

“Me trasladaron 15 ó 20 cuadras a un lugar con calles de tierra. Me bajaron, no de buena manera, y cuando me bajaron había una persona que gritaba y decía que no era él a quien buscaban, sino a su hermano. Creo que lo dejaron en libertad ahí insultándolo y a mí me meten en una camioneta que estaba cubierta, después pude determinar que era una ambulancia del Ejercito”, relató.

“Dentro del vehículo ya había otras personas. Inmediatamente habló y me di cuenta de que estaba en compañía de Motalvo, a quien conocía por compartir reuniones políticas o por compartir la vida en el club Náutico. También escuchaba toser a otra persona que no logre identificar, y después trajeron a una tercera persona. Cerraron la puerta arrancó. Después de andar un momento pasamos unas vías y tengo la certeza que pasamos la ruta 191”, continúo contando.

Según lo dicho por Brambilla la ambulancia en la que eran trasladados dobló luego a la derecha y circuló por ruta 9 hasta un camino de tierra. “Pasamos vías, se detuvo la camioneta y volvimos a arrancar. Cada tanto frenaba como pasando badenes. Entramos a una calle que tenía adoquines, ahí no tenía dudas que estábamos en San Nicolás”.

“Se abrió un portón, nos introdujeron y nos bajaron de mala manera a los golpes y patadas”, dijo de cuando llegaron a la comisaría de la ciudad nicoleña y prosiguió: “Me tuvieron un rato con la espalda y la cabeza contra la pared. En un momento alguien me robó un reloj que me habían regalado mis padres cuando termine el colegio nacional, metieron la mano en el bolsillo y me sacaron la poca plata que tenía. Al rato vino otro, yo hice un movimiento y recibí unos golpes”.

“Después de un rato me agarraron de los cabellos y de un brazo. Me metieron en una sala donde había mucho olor a alcohol. Uno empezó a decir que si yo hablaba iba a estar un minuto y que si no tenían todo el tiempo del mundo”, reveló y dio a conocer que quienes lo maltrataron le decían que diga a que “ogra pertenecía”, quienes eran sus “responsables políticos, cuál era su “nombre de guerra”, etc.

“Intenté responder y me dieron varios golpes. En un momento me caí, se me salió la venda. Ahí me dijeron que no mirará y que me desnudara”, dijo y completó con la peor parte de su relato, el momento en que contó cómo lo torturaron: “Me acostaron en una cama y me pasaron picana eléctrica durante un largo tiempo”.

“Me volvieron atar las manos y me llevaron a una pieza. Ahí volví a escuchar la tos y me respondió que era Velasco”.

“El tercer día fue uno de los momentos más difíciles porque lo sacan a Díaz, Montalvo, Gamarra y Velasco. Quedo solo en el calabozo. Realmente fue uno de los momentos tremendos. Volvieron y me dijeron que les habían sacado foto, tomado huellas y les habían hecho firmar papeles. Fue más la incertidumbre que me llenó, porque por qué a ellos le habían hecho eso y a mí no”, expresó Brambilla que durante su relato también contó cómo los liberaron.

“Una nochecita nos dicen que nos liberen porque nos vamos. Nos sacan del calabozo. Nos sacan por un zaguán, nos cargan en una camioneta, la misma en la que nos llevaron a San Nicolás. Una F 100 verde. Nos cargan en la ambulancia y anduvimos un rato largo. No salimos por un camino de tierra salimos por una ruta. Agarramos otra, en un momento bajamos y agarramos otra ruta. Por ahí agarró un camino de tierra, paró y nos dijeron que nos iban a largar, que nos iban a dejar de a uno, que contásemos hasta 50”, contó Naico.

“Después de unos minutos logramos reencontrarnos. Hubo un momento de mucha emoción, de mucha alegría. Estábamos en un camino vecinal cercano a una estación de rebaje y a 2 kilómetros de la 191. Le pedimos al sereno que por favor avisara, llamamos por teléfono y no nos atendieron. Salimos caminando, a los pocos minutos vino este señor en un jeep y nos dijo que nos traía a San Pedro”, agregó.

“A Gina Díaz, que lo llevaron el día anterior y fue a quien más salvajemente torturaron”.

Relacionado con esta causa también declaró Montalvo Gonzalo. Un joven que se encontraba en el techo de una vivienda cuando sin mediar palabras y sin dar explicaciones lo subieron a una camioneta y se lo llevaron.

Él contó: “Anduvimos dando vuelta por San Pedro todo el día hasta que al atardecer, cuando terminaron de ver los domicilios que les interesaba se volvió para San Nicolás. Nos llevaron a la penitenciaria. La recuerdo bien, tiene una fachada amarilla”.

“Me preguntaron qué vínculo tenía con Ricardo Montalvo, la respuesta fue que era sobrino. No tenía militancia política”, relató.

Consultado por su libertad, respondió: “Un día me vienen a buscar, era temprano, y me llevan a una mesa donde dicen acá tienen que firmar su libertad y yo no creía. La leí como 5 o 6 veces hasta que leí que decía que había sido detenido por un día. Bueno, quería preguntar por qué pero la situación no ameritaba. Firmé, me dieron las pertenencias y me largaron. Empecé a hacer dedo para volver a San Pedro”.

Hoy también prestaron declaración víctimas que habían sido secuestradas en Pergamino y que después de ser liberadas debieron exiliarse en Honduras, México y Bélgica.

martes, 18 de noviembre de 2014

Inicio de un nuevo juicio a represores en la zona norte por un secuestro de 1974

Dos prefectos y un médico policial

Se juzga el secuestro de una militante del PRT de 16 años que estaba embarazada. Uno de los acusados es un médico de la policía que se negó a dejar constancia de las marcas de tortura que hasta hoy la mujer tiene en su cuerpo.

 Por Alejandra Dandan

A Marta Querejeta la secuestraron el 5 de diciembre de 1974. Tenía 16 años, estaba embarazada y militaba en el PRT. Para entonces, la organización ya era perseguida. Marta vivía entre distintas casas, dentro y fuera del país, pero ese diciembre pasaba dos días en la casa de su abuela de Campana. Hoy comenzará el juicio por su secuestro y tormentos. Marta sobrevivió. El TOF Nº1 de San Martín juzgará a dos prefectos, entre ellos uno de los jefes de la zona. Y también a un médico muy conocido de Campana, Carlos Quetglas, ciudadano ilustre y médico de la policía cuya función fue clave como garantía de la última etapa del plan represivo: Quetglas dijo que ella no tenía nada y se negó a dejar constancia de las marcas de tortura que hasta el día de hoy conserva en su cuerpo.

El juicio será corto. Marta será testigo de su propio caso. Uno de los ejes del relato estará puesto en las situaciones de tortura que no cesaron ni disminuyeron por su condición de embarazo. En el debate será juzgado el ex jefe de Prefectura Naval de Campana Carlos José Ramón Shaller y el ex oficial Oscar Rubén Montagano, ambos por primera vez en juicio.

“A Marta la torturaron brutalmente durante su cautiverio”, explica el abogado Pablo Llonto, de la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia de zona norte. “Antes de liberarla, Shaller les ordenó a ella y su padre ir a ver a Quetglas para que el médico corroborara su estado físico. De esta manera, Quetglas participó de los hechos como último eslabón del plan diciendo que ella no tenía nada y no constatando que estaba torturada ni señalando los daños en el cuerpo. Su rol permitía que ella reapareciera como una chica más. Para nosotros su función es la del partícipe secundario de la acción que consiste en secuestrar y torturar y ocultar el hecho. Tuvo por eso participación: no denunció; no corroboró las torturas.” En esa misma lógica se está reconstruyendo en este momento el rol del Poder Judicial. Los jueces son evaluados porque “hicieron aun cuando no hicieron”.

Quetglas fue presidente del Club de Leones de su pueblo. Hoy tiene 86 años y el jueves pasado, al ser examinado por los peritos, hizo alarde de todos sus honores. Como médico, firmó la partida de defunción de Gastón Roberto José Gonçalves Pérez, aunque sin saber que era él. Gonçalves había sido secuestrado el 24 de marzo de 1976 en Escobar y enterrado como NN en el cementerio luego de ser hallado calcinado en Zárate el 2 de abril de ese año. El médico declaró como testigo en su causa.

Otro eje del juicio estará puesto en las líneas de continuidad entre 1974 y 1976. “Como sucedió en Trelew y en otros juicios del país –dice Llonto–, también permitirá probar que desde el punto de vista del Estado el plan represivo comenzó mucho antes del ’76, y que la acción de aniquilamiento y destrucción del grupo de militancia político el Estado lo llevó adelante antes del 24 de marzo.”

Pero los temas del debate no son sólo estos. El TOF está integrado por Hector Sagretti, Marta Milloc y Diego Barroetaveña. En los últimos días, los querellantes de San Martín tienen puesta la mirada en lo que irá haciendo el Tribunal durante las distintas audiencias.

El juicio se hará en una sala muy pequeña en el edificio de la calle Villate, de Olivos. El lugar no permite la presencia de más de diez personas. La comunidad de la zona está muy disgustada con este punto porque después de mucho batallar logró hace dos años que el Consejo de la Magistratura pagara el alquiler de una sala enorme en el centro de San Martín, que nadie entiende por qué en este caso no se usa. “El juicio se va a hacer en una sala donde no entra nadie porque tiene capacidad para ocho personas y eso nos obliga a hacer el acompañamiento desde la calle”, dice Adriana Taboada, de la comisión. “La sala de audiencias de Villate es muy pequeña, por lo cual sentimos que atenta contra nuestro derecho a estar presentes en un juicio que además es oral y supuestamente público”.

Taboada es psicóloga y actúa además como perito de parte en el examen de algunos acusados, una función en la que las querellas pusieron el ojo durante los últimos meses por discrepancias con criterios de los peritos oficiales. En este caso, la semana pasada, el tribunal avisó a las partes que las pericias se harían a los tres imputados el mismo día y a la misma hora, pero en lugares distintos. “Para nosotros fue un problema porque hacemos todo esto ad honorem y por militancia –dice la mujer–. ¿Así que cuántos peritos tendríamos que tener en ese momento como para poder seguir todas las pericias a la vez?”

El TOF de San Martín no está totalmente integrado. Eso provoca falta de jueces e impide que haya mayor cantidad de juicios en la zona y se avance con los juicios más importantes, explica en este caso Pablo Llonto. El que ahora comienza es el juicio número doce desde la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, pero en la zona hay otros juicios que están esperando para comenzar. “Uno es el de los obreros metalúrgicos, que estaba listo para ser realizado junto a los ceramistas y astilleros, pero lo levantaron y pasó para el año que viene”, dice Llonto. Otro de los juicios que generan expectativas es el que tendrá como acusados a los directivos de la empresa Ford. A mediados de año se anunció que se haría este año, pero finalmente se postergó. Las demoras molestan en un contexto en el que avanzaron las causas por la responsabilidad civil de los crímenes de lesa humanidad, pero ninguno de los acusados aún se sentó en una sala pública a enfrentar un juicio.

miércoles, 15 de octubre de 2014

La 11º de la Megacausa Campo de Mayo con absueltos y quejas

(Por La Retaguardia) El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martin condenó a prisión perpetua a Santiago Omar Riveros; a 23 años a Reynaldo Benito Bignone; 17 años a Luis Sadi Pepa; 16 a Eugenio Guañabens Perelló y 9 a Juan Demetrio Luna y Juan Carlos Gerardi; por los delitos de lesa humanidad cometidos contra 60 víctimas. En tanto, fueron absueltos Roberto Julio Rossin, Alejandro Puertas y Héctor Omar Maldonado. Dialogamos con Pedro Dinani, abogado querellante por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, acerca de los alcances del veredicto de este proceso que trató puntualmente de la persecución, desaparición y asesinatos de los obreros de las comisiones internas de los astilleros Astarsa, Mestrina, y de las cerámicas de Lozadur y Cattáneo de Villa Adelina. La próxima estación de esta megacausa será contra directivos de Ford y Mercedes Benz.

La principal crítica que desde las querellas le realizaron a tribunal, integrado por los jueces Hector Omar Sagretti, Marta Isabel Milloc y Diego Gustavo Barroetaveña, estuvo dirigida a las tres absoluciones dictadas: “esa es la queja de la que participamos todos –aseveró el abogado Pedro Dinani–. Las absoluciones fueron en relación a lo que nosotros calificamos como el grupo de tareas de la Prefectura, que fue el grupo que secuestró a (Martín) Mastinú, integrante de la comisión interna de Astilleros Astarsa, que era el que amalgamaba a todos los obreros de la comisión. Para producir su secuestro, previamente secuestran a su hermana, que hasta que no les da la información debida de dónde se encontraba Mastinú no la sueltan. Él está irremediablemente desaparecido y este grupo fue absuelto a partir de unos fundamentos, si se quiere formales, que planteó la defensa y que fueron rebatidos por las querellas y hasta por la propia fiscalía. Una situación compleja porque obviamente los familiares de Mastinú y los compañeros en general que están motorizando las causas de Campo de Mayo lo tomaron con sorpresa y con desagrado”.

Respecto a los fundamentos formales dados por la defensa, Dinani explicó: “lo que se dice es que las pruebas han sido erróneamente colectadas, esto quiere decir que al grupo de tareas se les tomó primero una declaración testimonial en 1984, es decir que fueron como testigos al proceso, esas testimoniales se toman bajo juramento de decir la verdad. Esas testimoniales con posterioridad fueron cambiando su condición de testigo a imputado y se utilizaron para armar una imputación. Esa pareciera ser la doctrina formal que utilizan de que nadie puede ser obligado a declarar en su contra, y estas personas fueron obligadas a declarar en su contra. Esa es la doctrina que presumimos que el tribunal de San Martín adoptó para otorgar la absolución. A lo que el propio abogado de la Secretaría (de Derechos Humanos de la Nación), el doctor (Ciro) Annicchiarico, conocido penalista y gran militante, rebatió esa argumentación diciendo que las indagatorias se las tomaron bajo el amparo de todos sus derechos constitucionales, en período democrático, fueron recibidas con posterioridad al 2006 por un juez natural, y se les previno que tenían que tener designado un defensor con todas las garantías de la ley y que ahí sí se les previno el hecho; eso para nosotros subsanaba el vicio que tenía esa situación procesal de la que venían gozando los imputados, pero ahora a la luz de la sentencia con el resultado puesto entendemos que al tribunal lo convenció más el planteo de la defensa que nuestras alegaciones”.

Libres y sin más causas

Hasta el momento, los tres represores absueltos no están imputados por otros casos: “de la inmensa cantidad de gente que desapareció en la zona norte y que pasó por los centros clandestinos de Campo de Mayo, nosotros tenemos contadas alrededor de 5.000 personas, de los cuales están judicializados no más de 700 casos. Por lo tanto, la información que tenemos hasta hoy es que este grupo de tareas de la Prefectura solamente está imputado por el caso Mastinú. Entonces presumiblemente para lo que es el universo estrictamente judicial, que no es todo el universo, ellos tienen un solo hecho por el que van a responder que es el de Mastinú, hasta ahora no se le ha comprobado otro hecho. Presumiblemente esto les otorgue la libertad”, agregó Dinani en diálogo con Oral y Público.

En relación a las sentencias condenatorias, el abogado de la LADH afirmó: “ya casi no importa el tema de los años por los que puedan condenarlos porque son personas imputadas que vienen siendo condenados en el juicio por Campo de Mayo a cadena perpetua, podrá cambiar en alguna medida los años pero las personas esas no recuperan más su libertad. Por eso el monto de la pena en esto no es decisorio para establecer alguna situación. Porque Riveros ya tiene cadena perpetua, lo mismo Bignone, lo mismo Guañabens Perelló y Pepa”.

Los enlaces entre la ESMA y Campo de Mayo

“El grado de complejidad que tiene Campo de Mayo es inmenso, ya vemos que solamente un poquito más del 10% de los compañeros desaparecidos está siendo tenido en cuenta”, reflexionó Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA, acerca de la sentencia en el 11º juicio por la megacausa de Campo de Mayo.
“De Campo de Mayo hubo muy pocos testigos, sobrevivientes, por lo tanto para las pruebas y la exactitud de muchas situaciones no hay mucha gente que haya estado, que se haya prestado a ser testigo por ser sobreviviente como ha pasado por ejemplo en la ESMA –continuó–. Eso complejiza más el panorama. Por eso todas estas situaciones. Están hablando de Prefectura y Prefectura tuvo mucho que ver justamente en la metodología de Campo de Mayo, estaban ahí, tenían ahí a Tigre, Villa Ballester, todos los lugares eso los manejaba mucho Prefectura. Yo recuerdo cómo desde la ESMA tenían enlaces que iban a Campo de Mayo, muchos de ellos eran de Prefectura como en el caso de Juan Antonio Azic, que iba mucho a Campo de Mayo. Hubo compañeros en el año ’80 que fueron llevados a Campo de Mayo desde la ESMA y regresados de nuevo y después hechos desaparecer. Recuerdo que me contó una compañera, a la que le decían María, que la habían llevado a Campo de Mayo, así que había una relación muy fluida entre gente de la Armada y Prefectura”.

Como el cangrejo

En el marco del programa radial Oral y Público, también opinó Carlos Lordkipanidse, sobreviviente de la ESMA e integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Calificó el veredicto como vergonzoso y agregó: “en las épocas difíciles decíamos que nosotros íbamos a llegar al hueso de esto, vamos a cortar y llegar hasta el hueso. Acá cuando estamos en el hueso de la cosa se decide no cortar más. Acá son las responsabilidades civiles, los gerentes de las grandes empresas que mandaban enteras a las comisiones internas a los centros clandestinos de detención. Lo que han hecho es un papelón pero a mí no me extraña en función de lo que significa la política general que estamos viendo respecto de la temática de la lucha contra la impunidad o los derechos humanos, en el sentido de tenerlo a (César) Milani como comandante en jefe del Ejército, de tener a la ESMA como un local partidario donde se hacen actos proselitistas y así sucesivamente. No necesariamente ligado a esto pero también de pronto lo largan a (Domingo) Cavallo (fue absuelto hace pocos días en el juicio por el megacanje), libre de culpa y cargo, al tipo que provocó no las muertes que provocó la dictadura, sino la miseria, el hambre, y la explotación de nuestro pueblo durante años, entonces ver que hoy estamos transitando para atrás el camino que tanto nos costó conseguir realmente es muy penoso”.

"El Estado cometió los delitos y borró las pruebas"

Por su parte, Pedro Dinani señaló: “cuando nosotros analizamos las figuras delictivas siempre decimos que el que comete un delito trata de borrar las huellas totales de ese delito, que no es lo mismo que cuando uno compra una casa en donde trata de certificar y registrar cuándo compró y demás, pero el que comete un delito trata de borrar las huellas, y si ese delito es cometido desde las fuerzas del Estado, todo el aparato del Estado no solamente cometió el delito sino que borró todas las pruebas, por eso es que tenemos este desfasaje entre la realidad y lo jurídico. La realidad es que han pasado por la ESMA más de 5.000 compañeros y tenemos judicializados 1.000. Lo mismo pasa en Campo de Mayo. O sea que el universo jurídico en el que nos estamos moviendo es muy pequeño, y la realidad excede muchísimo más a la investigación judicial. Esa es la esencia que tenemos y no hay que perder de vista que Bignone antes de entregar el mandato al doctor Raúl Alfonsín, dictó el decreto de incineración de todos los documentos que reflejaron lo que ellos llamaban la lucha contra la subversión. Ese es el contexto probatorio en el que estamos en cada uno de estos juicios, por eso ante una cuestión formal como son los motivos que abona la absolución de este grupo de tareas de Prefectura molesta, duele y nos hace repensar. Pero también tiro otro razonamiento, por ahí hay cierto grado de jueces que pueden utilizar casos como este como para legitimar una posición de imparcialidad; así como hay condenas, hay absoluciones. Ese es también un fundamento que suelen utilizar los jueces como para mantener esa ficción de imparcialidad”.

El próximo tramo será sobre ruedas

Sobre la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad, Pedro Dinani afirmó que la Liga Argentina por los Derechos del Hombre ha pedido marchar ahora sobre el poder económico y político que justificó y estuvo en la cocina del golpe de Estado: “también queremos que se avance conjuntamente con el grupo económico con todos los responsables del genocidio. Calificamos al hecho como un genocidio, por lo tanto los grupos de tareas que operaron en toda la zona norte tienen que estar también judicializados. Ahora, no es lo mismo la responsabilidad por supuesto de quien era un marino de Prefectura por más sádico que sea que Riveros que era el que diseñaba el plan de cómo proceder. Esa es siempre la calificación que hacemos, pero objetivamente puestos ante el hecho de decir que era un grupo de tareas que participó en el secuestro de una persona que ha desaparecido, eso agrava totalmente las consideraciones que se puedan hacer”.

En cuanto a cómo sigue la Megacausa Campo de Mayo, el abogado explicó que el próximo tramo involucrará a las automotrices Ford y Mercedes Benz, es decir se avanzará en la complicidad empresarial: “un tramo ya está elevado a juicio oral, estamos buscando fecha para que podamos reunir a todas las personas del tribunal y siempre hay algún problema con completar el tribunal; por ejemplo el cuarto juez cuando es un proceso muy largo, eso se nota mucho en el tema de la ESMA donde hay cuatro jueces porque se sabía que el juicio iba a durar tanto, entonces si a un juez del tribunal le pasa algo está el cuarto para reemplazarlo”.
En relación a los acusados de este nuevo tramo, Dinani especificó: “hay una parte que sería el directorio de la Ford que estaba en esa época y que entregó la lista de los compañeros de la comisión interna, y después también la comisaría de Tigre, el que era responsable, y después el elenco estable de imputados como Riveros, es decir los jefes de área”.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martin dará a conocer los fundamentos de la sentencia del 11º tramo de la Megacausa el 5 de noviembre, a las 12. Mientras tanto, querellantes, sobrevivientes y familiares continúan preparando la realización de los próximos juicios de Campo de Mayo con la expectativa de que se incluyan también a los responsables económicos de los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante la última dictadura cívico militar.

miércoles, 8 de octubre de 2014

Campo de Mayo: sentencia con impunidad en el juicio de los obreros



Condenas, absoluciones y civiles ausentes. Entrada la tarde de ayer, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín leyó el veredicto para los nueve genocidas acusados en el Juicio a los Obreros de la Zona Norte. El onceavo juicio en la Megacausa Campo de Mayo.

Gloria Pagés
 
Prisión perpetua para el exgeneral Santiago Omar Riveros; 23 años para el ex dictador Reynaldo Benito Antonio Bignone; Luis Sadi Pepa condenado a 17 años; Eugenio Guañabens Perelló a 16; 9 años para un jefe de policía y un prefecto. Sobre el final, tres absoluciones. Las víctimas, familiares y sobrevivientes expresaron su dolor e indignación.
Esta sentencia llega luego de tres meses de juicio, el llamado “de los obreros”, por una treintena de víctimas trabajadoras de fábricas ceramistas y navales de la Zona Norte de Buenos Aires, y llega luego de más 30 años de impunidad. Esto se temía y así lo reflejábamos en La Izquierda Diario

A medida que la lectura avanzaba, se temía que el tribunal hiciera lugar a nulidades presentadas por la defensa de los militares, a favor de tres prefectos. Finalmente así fue, los jueces los absolvieron, a pesar de muchos testimonios que probaron su autoría, entre otros delitos, del secuestro de Santina Mastinú y su hermano, el dirigente obrero Martín Mastinú, que continúa desaparecido y esposa de Mario Marras, quien fue asesinado. Estos prefectos ya fueron condenados in absentia en Italia por estos crímenes

Esto llenó de bronca a todos los presentes en la sala y en la calle que estaba cortada por militantes, familiares y sobrevivientes. Una condena a perpetua a un genocidio al que poca vida le queda no puede subsanar más de 30 años de impunidad que continúa. Llantos y gritos contra la justicia conmovían a todos lo que estábamos allí, por más que varios dirigentes oficialistas en un palco armado en la calle lo quisieran ocultar, ese sabor amargo fue imposible de tapar con discursos.

Esa falta de justicia fue el denominador común reflejado en todos los testimonios que recogió La Izquierda Diario: absoluciones, bajas penas y la ausencia de civiles, empresarios y sindicalistas, en el banquillo de los acusados.

Graciela Villalba, hija de Mauricio, obrero del Astillero Astarsa y querellante en esta causa, decía: “Los compañeros declararon que vieron a la gente de Astarsa con las listas de los obreros en la mano, hubo listados hasta con foto de los compañeros, hasta el sindicato entregó gente. Ya pasaron 38 años y no fue citado ni un civil en instrucción por eso empezamos a dar nombres para que los citen”.
Por su parte, Pablo Llonto, abogado de la querella, indicaba que “Ha sido un juicio donde apareció un montón de prueba en la que confirma la participación de los empresarios en los delitos de lesa humanidad pero ninguno de ellos está imputado, porque los juicios orales dependen de lo que se hace en la instrucción y acá lamentablemente el juez Suárez Araujo no imputó a los empresarios”. Y agregó que esto le deja una “sensación rara porque los civiles dieron nombres de trabajadores, las direcciones de las casas, hasta en Cattáneo (cerámica de la zona norte) los secuestros fueron dentro de la planta.”

Como hemos dicho en hace unos días , este es el tramo número once de la Megacausa Campo de Mayo, lo que demuestra la extrema fragmentación de los juicios de lesa humanidad. Pablo Llonto también se refería a este hecho: “Hay miles de imputados, pero sólo 100 han llegado a juicio oral, un número pequeño frente a lo que fue la órbita de Campo de Mayo, que implica toda la Zona Norte, desde General Paz hasta Zárate y Campana, con 5000 desaparecidos estimados, la gran mayoría obreros.” En este juicio quedaron afuera no sólo numerosos casos de obreros navales y ceramistas, sino también los de la Ford y de la metalúrgica Bopavi.

Al igual que Pablo Llonto, Paula Mañueco, abogada querellante que representa a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, debió reconocer esta carencia: “solicitamos que se mande a investigar a los empresarios ya que tuvieron responsabilidad en estos delitos; otra petición que hicimos fue que se pida al juzgado de instrucción que se investigue correctamente los delitos sexuales que muchas veces no se investigan, porque no se quiere mostrar la magnitud que tuvo este tipo de delitos en el marco del terrorismo de estado”.

Al respecto, Gloria Beatriz Enríquez de Garay, secuestrada y con su marido desaparecido, fue una de las que se animó a contar su historia “tuve que relatar que me violaron, la pérdida de un embarazo por culpa de los golpes, no es fácil”, nos dice conmovida, y agrega “lucho por los que todavía no entraron en los juicios, los compañeros que están desaparecidos y nadie está condenado por ellos”.

De esto se trata y eso se se gritaba afuera. Ir por más, “esto no es justicia, mal y tarde no sirve”, “urgente por los civiles y el resto de los milicos genocidas”. Se trata también de terminar con la fragmentación, con la revictimización de los sobrevivientes y familiares que una y otras vez deben relatar el tormento al que fueron y son sometidos. Y de juntar las piezas que sectores de la justicia quiere desperdigar. Y es Estado y el gobierno tienen que jugar un rol: ofrecer prueba abriendo y entregando a la justicia los archivos de la dictadura. El desguace de las causas es funcional a la impunidad: liquida y diluye el plan genocida, como plan sistemático de exterminio. Por eso es fundamental que las causas se unifiquen por circuito represivo, “todos los genocidas por todos los compañeros” como dice la histórica consigna que acuñamos de parte de la Asociación de Ex detenidos desaparecidos. Y cuando hablamos de todos los genocidas, se trata de todos: los civiles empresarios, burócratas sindicales, la cúpula de la iglesia. Sin esto, con juicios tardíos y desmembrados, condenando a un puñado de viejos militares, tomando también un puñado de casos, el sabor amargo para las víctimas y la impunidad para los que no fueron nunca siquiera imputados será una constante.

domingo, 21 de septiembre de 2014

Una propuesta en busca de reparación

Piden que los represores sean condenados a pagar avisos solicitando información sobre delitos de la dictadura.

En el llamado Juicio de los Obreros, que se realiza en San Martín, las querellas plantearon que los condenados paguen avisos en medios de comunicación para recabar información sobre crímenes del terrorismo de Estado.

 Por Alejandra Dandan

“Tuvieron que pasar treinta años de no ser tomados en cuenta, de injusticias, de trabajar como el culo, de gente que se desmayaba, de gente que quedaba estéril, estropeada, que se moría... Cuando aparece gente que quiere cambiar todo, y fue verdad.” Carlos Marino es uno de los viejos trabajadores de la ceramista Lozadur, cuyo relato integra el libro llamado La Batalla de los Hornos, de Bernardo Veksler. Y a través de ese libro, llegó al juicio oral de San Martín, donde se llevó adelante la última etapa de alegatos del Juicio de los Obreros, sobre la de- saparición de 33 trabajadores de base de la zona norte del Gran Buenos Aires. Las últimas dos querellas –representantes de las víctimas y de organismos de derechos humanos– pidieron penas de 12 a 25 años de prisión para los ocho acusados y perpetua para Santiago Omar Riveros, jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo. También pidieron una investigación penal sobre los cómplices civiles de los secuestros y, con una novedosa iniciativa de “reparación”, propusieron que los condenados paguen avisos en medios de comunicación a difundir las solicitudes de información sobre crímenes del terrorismo de Estado.

“El concepto jurídico de la reparación viene ampliándose”, explicó el abogado Pablo Llonto, por las querellas particulares. Recordó jurisprudencia de otros escenarios, se detuvo en los principios y directivas sobre “el derecho a las víctimas” de Naciones Unidas que prescribe “el derecho a la reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido”. Y, en ese contexto, les dijo a los jueces del TOF 1: “Por lo tanto, como forma de reparación solicitamos que sean condenados al pago de emisión de avisos por televisión y publicación de avisos en los diarios de mayor circulación en el país, en que se requiera información sobre los hechos ocurridos respecto de las víctimas por las cuales sean condenadas, requiriendo además información a toda persona que conozca detalles o documentos sobre los hechos ocurridos contra las víctimas y el destino de sus restos, mínima forma de reparar el daño de la incertidumbre causada a los familiares”.

Este fue uno de los puntos importantes para familiares y ex trabajadores que siguieron en la sala la hora y media de acusación. Después de Llonto, alegó Pedro Dinani, por Justicia Ya! Entre los acusados hay cuatro prefectos, un policía y cuatro militares, incluidos Riveros y el ex dictador Reynaldo Benito Bignone. La fiscalía había pedido penas de 9 a 25 años de prisión, y también perpetua para Riveros. Y como sucedió en la última audiencia, las acentuaciones de todos los alegatos (fiscales, secretarías de Derechos Humanos de Nación y bonaerense) enfatizaron el carácter de la organización obrera en esta zona y la encrucijada que planteó esa organización en el contexto del terrorismo de Estado, con un escenario opuesto conformado por la burocracia sindical, los directivos de las empresas y las alianzas al poder militar.

“Señora jueza, señores jueces –dijo Llonto en el comienzo–: este juicio se llama el Juicio de los Obreros. Y obreras. Con sus identidades, también políticas y sindicales. Queremos sostener esta denominación. Ustedes han visto muchos ojos frente a ustedes de agradecimiento y de súplica. Ojos con llanto, como pocas veces ha ocurrido en los anteriores juicios por delitos de lesa humanidad”, explicó. “Y esto no tiene que ver con el terrorismo de Estado, no solamente, sino con que las víctimas siguen siendo olvidadas.” Recordó aquello que muchos de ellos dijeron en el juicio: “Destrozaron a nuestras familias.” Y recordó cuando Pablo Ramón Leguizamón habló de su señora, obrera desaparecida de Lozadur: “La llevaron por decir la verdad”. Y: “Me quedé solo con una nena de 2 años, nadie me quería atender”. Y les dijo a los jueces: “Estoy tan feliz de estar acá”.

También recordó otras voces, el abogado Segura “cuyo llanto era el dolor de los trabajadores a los que defendía”. O Graciela Villaba, madre de una de las desaparecidas: “He cumplido 60 años y me doy cuenta de que he pasado 38 años pidiendo justicia. Ya no puedo volver más a los 22”. O Liliana Giovanelli o Gloria Garay...

“En este mismo momento, a esta misma hora exactamente, en alguna casa cómoda de algún barrio con ciertos privilegios, un ex gerente, un ex miembro del directorio deben estar recordando sus buenos tiempos al frente de Astarsa, Mestrina, Cattaneo o Lozadur –dijo Llonto–. Y de ellos son parte de las responsabilidades de la catastrófica represión que están juzgando ustedes. Se trataba de familias de obreros, familias humildes, arrasadas por el accionar de dos brazos ejecutores que se aliaron en el objetivo común de aniquilarlas: el brazo militar-policial-prefectura, el brazo civil de los empresarios. Esos dos brazos. Sería hipócrita tratar de separar uno del otro, es muy difícil sin eso dar un reflejo de lo que ocurrió.”

El mensaje fue directo a los jueces. El juicio se hace para juzgar sólo las responsabilidades militares, de policías y prefectura: no entraron los civiles, entre otras razones por problemas en la instrucción del juicio. Durante todo el debate, sin embargo, como ocurre en buena parte de los juicios por causas de lesa humanidad en todo el país, los testimonios de las víctimas se encargan solos de reponer lo que falta. Hablan sin recortes, ni fragmentaciones. Eso generó un cúmulo de prueba que ahora sostiene el pedido que todas las partes hicieron a los jueces: por un lado, que avance la instrucción de primera instancia con esta suma de pruebas, pero por otro que ellos mismos en los fundamentos dejen claro este contexto.

Sobre los pedidos puntuales de continuar e impulsar nuevas investigaciones en esas direcciones, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue especialmente enfática al poner de relieve: 1) todos los fragmentos de los testimonios, y 2) los documentos que marcaron específicamente esa relación durante el debate. Llonto y los familiares dieron otra vuelta: extrajeron los nombres que cada testigo denunció y armaron una lista con cargos y nombres de jefes de personal, gerentes y directivos de las compañías que ya ahí, al ser pronunciados durante el juicio, en la sala, tomaron el cariz de una condena simbólica. “Los civiles directivos de la empresa, los jefes de personal, gerentes, de las empresas Astarsa, Lozadur y Cattaneo” mencionados son: por Lozadur, Mario Jorge Amoroso Copello, Pedro de Landauer, Blanca Guevara de Amoroso Copello, Héctor L. Amoroso Copello, Enrique J. Stegmasm, Santiago Martinet, Pedro Bouché, Jorge Gostonyi, César González Litardo y Manuel María Arias, José Ramón Penas; por Cattaneo, pidieron investigar al jefe de personal De Robertis, a los directores Alejandro Parravicini, Susana Beatriz Cattáneo, Carlos Alberto Gasparutti, Arnoldo Carlos Andrés Cattaneo, además de los integrantes del expediente de la quiebra.

Otro pedido fue que los detenidos continúen con la prisión en una cárcel común. “No hay razones ni legales ni jurídicas para que todos los aquí imputados gocen de privilegios desiguales al resto de los argentinos en una prisión. Basamos esta petición en el principio de igualdad ante la ley.”

La Noche de los Tubos

Los familiares y compañeros de las víctimas de la represión ilegal en la dictadura de Campana conmemoran hoy un aniversario del secuestro de cuatro trabajadores de la empresa Dálmine-Siderca, en un hecho que se conoce como La Noche de los Tubos. En el acto, reclamarán justicia y castigo a los responsables “de estos crímenes aberrantes, para que cada vez duela menos septiembre”. El 22 de septiembre de 1976 fueron secuestrados y desaparecidos Alberto Bedia, Raúl Moreno, Armando Culzoni y Manuel Martínez, cuatro de los más de cincuenta trabajadores de la empresa que fueron secuestrados durante el terrorismo de Estado. Según el relato de un ex trabajador de la fábrica, que presenció los hechos, una camioneta Estanciera se estacionó en la casa de uno de sus compañeros, Alberto Bedia, quien formaba parte de la Lista Naranja de UOM-Campana, que era considerada cercana al PRT-ERP. Luego se enteró de que lo habían secuestrado a Bedia. Sus padres presenciaron el secuestro –los hicieron tirarse al piso boca abajo mientras buscaban a su hijo– y a los pocos días les llegó un telegrama de la empresa: les informaba del despido de su hijo desaparecido. La mecánica se repitió con los secuestros de otros trabajadores, que fueron acompañados con telegramas de despidos por parte de la empresa, que hizo oídos sordos a los reclamos de los familiares de los desaparecidos

domingo, 14 de septiembre de 2014

Las actas de la complicidad empresarial

LA INVESTIGACION DE FAMILIARES Y VECINOS SOBRE LOS OBREROS DESAPARECIDOS EN EL NORTE DEL CONURBANO

En el llamado Juicio de los Obreros, que se ocupa de los secuestros de 33 trabajadores, se presentaron documentos que muestran la connivencia de los empresarios con el terrorismo de Estado. Fueron rastreados por un equipo integrado por parientes de las víctimas y otras personas.

 Por Alejandra Dandan

En San Martín se acerca el final del Juicio de los Obreros, destinado a buscar responsabilidades por los secuestros de 33 trabajadores de algunos grandes centros fabriles de la zona norte del conurbano, como los astilleros Mestrina y Astarsa y las ceramistas Lozadur y Cattaneo. Los secuestrados eran delegados o afiliados a los sindicatos, cercanos a las comisiones internas de las fábricas. El juicio juzga ahora a una parte de los responsables: militares, policías y prefectos. Faltan los responsables civiles: propietarios, directores y personal jerárquico de las empresas con distinto grado de colaboración. Durante el debate se mostraron varios documentos que sugieren esa colaboración. Informes desclasificados de la Embajada de Estados Unidos, archivos de la ex Dipba y también un tramo escalofriante de las actas de reuniones del directorio de Lozadur. Las actas sugieren modos posibles de cómo se articuló esa complicidad, pero impactan porque muestran, como una vieja fotografía, el espanto del patrón ante la envergadura de la organización obrera de la época.

“En la Ciudad de Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre de 1975, reunidos en sesión de directorio en su local social de la calle Bernardo de Yrigoyen 330, 4º piso, los señores directores de Porcelana Lozadur SAyC que firman al pie, bajo la presidencia del doctor Mario Jorge Amoroso Copello y con asistencia de los señores miembros de la comisión de fiscalización que firman también la presente acta, se abre la sesión siendo las 14 horas –escriben–. A continuación toma la palabra el señor presidente y plantea al directorio el problema del ausentismo obrero que supera el 20 por ciento, como así también los continuos conflictos obreros originados artificialmente por el personal perteneciente a la Focra, por lo que será de imperiosa necesidad adoptar medidas, sea cual fuere para evitarlo.”

El hallazgo de estos libros de actas es parte, a su vez, de una segunda trama de este juicio. La historia de un equipo de investigación compuesto por distinto tipo de personas: familiares de los desaparecidos, con sus distintos saberes, pero también un viejo apoderado del sindicato o una vecina, la hija de la dueña de una tienda de pueblo, ubicada a una cuadra de dos hermanas de trabajadoras de Lozadur desaparecidas. Liliana Giovannelli pertenece a ese equipo. Era trabajadora de laboratorios Roche y esposa de Juan Carlos Panizza, Cumpita para sus compañeros, uno de los desaparecidos de Cattaneo, la otra fábrica de cerámicas. Se encontró con estos libros en el juzgado oral de San Martín. Los querellantes los habían mandado pedir al juzgado de quiebras. Cuando estaban ahí, a medida que iba pasando las hojas, Liliana comenzó a tomar notas con lo que tenía a mano. Al llegar a su casa, puso los datos más importantes en un mail destinado a sus compañeros.

El 21 de febrero pasado, Liliana Giovannelli escribió: “En el juzgado oral estaban los libros de actas de la reuniones de directorio de Lozadur desde 1956 en adelante. Revisé a partir de agosto 1973 (toma sindicato), hasta 1978. A partir del ’74 comienzan alusiones al personal en relación con problemas de ausentismo (20 por ciento). En septiembre de 1975 ausentismo y conflictos obreros ‘originados artificialmente por el personal perteneciente a Focra’. En octubre del ’75 hablan del principio de autoridad muy deteriorado en la fábrica y deciden nombrar un gerente general (Ing. Pedro Ernesto Bouche). Cuando presentan el ejercicio del año ’75 atribuyen sus problemas a la política económica y gremial y como ya están en el comienzo del ‘76, dicen: ‘reestablecida la disciplina el rendimiento de la mano de obra ha alcanzado sus niveles normales’. En los meses siguientes las actas son escuetas y casi iguales”.

Hasta octubre de 1977: cuando se producen algunos de los hechos más importantes.
Las actas

Lozadur y Cattaneo eran dos de las fábricas más grandes en la zona norte. Cattaneo tenía 500 trabajadores; Lozadur, en Villa Adelina, más de mil trabajadores, la mayoría mujeres, como quedó reflejado entre los desaparecidos: cuatro de los siete desaparecidos de este juicio son mujeres. Para 1973, las dos fábricas estaban movilizadas. La futura lista marrón tomó la filial 2 de Villa Adelina del Sindicato de Ceramistas. Había reclamos por mejoras de salarios y mejores condiciones de trabajo. Varios testigos recordaron en el juicio problemas por las altas temperaturas de los hornos; afecciones respiratorias por falta de extractores para absorber polvillo. Deterioros físicos por el acarreo de las zorras, usadas para trasportar cerámica dentro de la fábrica. Con el envío de un veedor y una disposición del Ministerio de Trabajo que ordenó elecciones, ese año ganó un armado clasista de la lista marrón. Y volvió a ganar en 1975. Ese año, junto a los astilleros se impulsaba la Coordinadora Fabril en la zona norte con alta capacidad de movilización y enfrentamiento con la burocracia sindical. Después del golpe, la filial quedó intervenida por el comandante de Gendarmería Máximo Millarck. Ya en 1976 y 1977, bajo el peso de la dictadura, los trabajadores continuaron con distintos tipos de reclamos y actividades de resistencia. En ese contexto, a fines de septiembre de 1977, Millarck convocó a una reunión a los delegados y les pidió que volvieran a las secciones para suspender una de las últimas huelgas. Les dijo lo que muchos testigos repitieron durante el juicio: que si no lo hacían, iban a venir los “bichos verdes”. La huelga continuó. El 18 octubre de 1977 Lozadur simuló un cierre por una quiebra cuyos vaivenes ahora se ven escritos en las hojas del directorio. Quince días después, los “bichos verdes” secuestraron a los trabajadores de sus casas y meses más tarde volvió a abrir la fábrica.

El acta del directorio que sigue a continuación es del 14 de octubre de 1977: cuatro días antes del cierre. “El presidente manifiesta que como es de conocimiento de los señores directores, a comienzos del corriente mes se inició en la fábrica un movimiento gremial de acción directa consistente en la disminución intencionada de la producción a pesar del anuncio, previo al movimiento, de que en el curso del mes de octubre se otorgaría un aumento general de salarios. Dicho movimiento ha producido una disminución de la producción y consiguientemente del despacho y de la facturación, de tal magnitud que amenaza hacer conducir a la empresa (...) a no hacer frente a las obligaciones financieras y o bancarias (...) Tal situación hace simplemente imposible continuar soportando un conflicto gremial sin solución aparente por cuanto los obreros no sólo no informan oficialmente los motivos de su actitud, sino que ni siquiera concurren a las citaciones del Ministerio de Trabajo y se han negado a acatar las instrucciones e intimidaciones de las autoridades competentes y del interventor militar en el organismo sindical para normalizar el trabajo. Actualmente, las autoridades competentes han dispuesto que el conflicto queda sujeto a las normas de la ley 21.400 de seguridad industrial. (N. d. R.: de septiembre de 1976, una estrategia para militarizar a los trabajadores en huelga.) El problema del conjunto planteado exige soluciones drásticas y definitivas ya que, de no lograrse las mismas, la liquidación de la empresa será inevitable con todas sus consecuencias jurídicas, económicas y sociales. Por consiguiente se resuelve, por unanimidad, proceder previa intimidación legal al despido con causa justificada de todo el personal en conflicto, en caso de no normalizarse el trabajo a la cero hora del día 15 de octubre.”
Liliana

“Conocí a Carlos (Panizza) en noviembre del ’74, estuvimos dos años de novios, los dos trabajábamos, fuimos comprando las cosas para equipar un lugar para vivir, dos meses antes de casarnos alquilamos una casa en Martínez y en febrero del ’77 nos casamos. Carlos iba a seguir abogacía y yo psicología”, explico Liliana Giovannelli durante la audiencia. Carlos esperaba los certificados de estudio de Entre Ríos. Habían comprado un terreno para construir en José C. Paz. “Trabajábamos duro y los dos tratábamos de hacer horas extra. Carlos estaba en Cattaneo con turnos rotativos: una semana de mañana, una de tarde y otra de noche. Así que nos arreglábamos como podíamos para tener más tiempo juntos. Cuando le tocaba de noche, llegaba a casa a eso de las 6.30 o siete de la mañana, desayunábamos y luego yo me iba a trabajar y volvíamos a vernos a las seis de la tarde y hasta 21.30, cuando él volvía a irse a la fábrica. Eramos recién casados, compartíamos lecturas, las cosas que hacíamos y soñábamos. Carlos militaba en el sindicato. Era afiliado del gremio, participaba de las asambleas, hablaba de política, apoyaba las medidas que se tomaban, era un tipo politizado, sin bien no estaba afiliado a un partido.”

Liliana repite en voz alta alguno de esos reclamos: el polvillo, el calor de los hornos, los sueldos bajos y atrasos en las quincenas.

El 27 de octubre de 1977 horneó una torta de naranja. Desayunaron y Carlos se fue a la fábrica. Ese día el Ejército montó un enorme operativo durante el que se llevaron a tres trabajadores, entre ellos a él. A la tarde, como no volvía, Liliana llamó dos veces a la fábrica.

“Quiero destacar aquí que también en esto se ve la complicidad de la empresa –dijo en el juicio–, porque ante un hecho de semejante magnitud, con un operativo como el que se hizo dentro de la fábrica, con despliegue de Falcons, camionetas, donde introdujeron a los obreros dentro de la fábrica, que duró horas y comprendió dos turnos laborales, que comenzó durante la madrugada con personal de turno noche y continuó durante la mañana, ¿cómo la oficina de personal iba a desconocer lo que había pasado o estaba pasando?”.

Una vez al mes, durante años, Liliana pedía permiso en su trabajo, a veces se lo daban, a veces no, para viajar a la Capital. Iba al Ministerio del Interior a preguntar si había novedades de Carlos. Cuando salía, antes de volver, pasaba por Corrientes y Callao, donde funcionó la sede de Familiares. Siguió trabajando en Roche porque quería conservar la casa alquilada. Creía que Carlos iba a volver, después de todo, todos le decían que se lo habían llevado por averiguación de antecedentes. “Con el resto de los familiares de la fábrica, nunca nada”, dice. “Yo no trabajaba en la fábrica, así que no sabía dónde vivían. En algún momento intenté armar una pareja, pero no pude, porque esta historia nunca se cierra.”

Con el acceso a Internet algo cambió. Cada tanto, googleaba el nombre de Carlos. Encontró el documento desclasificado del Departamento de Estado de Estados Unidos que días atrás se presentó en el juicio. Pero no sabía qué hacer con todo eso, dice, “porque es más, yo tampoco sabía que podía querellar. Yo esperaba que alguien de la Justicia me llamara. Hoy entendí eso, que sí puedo empujar y no esperar a que me llamen, como que cambió mi historia, empecé a meterme más”.

Una noche de 2009, frente a la televisión, miraba por Canal Encuentro un programa de los archivos de la ex Dipba de la Comisión Provincial por la Memoria. Había un obrero, que ella imaginó de Astarsa, entrando a los archivos, no se le veía la cara, pero buscaba entre los archivos. “Nunca se me ocurrió pedir informes ahí.” Y justo en ese momento sonó el teléfono: era Adriana Taboada, de la Comisión de la Verdad, Memoria y Justicia de la Zona Norte.
Adriana

“Yo creo que esto es un tema fundamentalmente de poder y de la transformación de las prácticas”, dice Adriana Taboada. “La mayor parte de la gente, cuando tiene un problema legal, busca un abogado, le transfiere la información y el abogado se ocupa de ver cómo resuelve el problema, entonces el que hace es el abogado y uno espera, y tiene un rol pasivo. ¿Qué nos enseñan estas causas de derechos humanos? A mantener un rol activo durante todo el proceso. Hay momentos en los que el abogado tiene un rol específico, pero después hay todo un universo de cosas para hacer: desde la investigación de todo, no solamente contactar a un familiar o a un compañero, sino recorrer los barrios, buscar testigos, buscar los libros, documentación. Además de declarar o acompañarnos. No delegamos la causa, la causa es nuestra, y es la posibilidad de trabajar colectivamente: se puede enfrentar o resolver esto colectivamente, se genera una práctica: nos juntamos, nos organizamos, pensamos juntos. Es fundamental pensar que el terrorismo de Estado pegó en la fragmentación social y que lo que nosotros hacemos todo el tiempo es volver a tejer donde hay un agujero.”

Adriana tiene cuatro primos desaparecidos, es psicóloga. En algún momento llegó a sus manos un listado de familiares. Llamó a Liliana, y en paralelo le contaron que había un grupo de docentes reconstruyendo las historias de dos hermanas, Dominga y Felicidad Abadía Crespo, dos trabajadoras de Lozadur, en el marco del Programa Jóvenes y Memoria.
Las docentes

“El día que nosotras vamos a la casa de Adriana, estaban Pablo Llonto y Liliana (Giovannelli) y todos nos conocimos ese día: fue impactante porque Liliana nunca jamás había sabido nada de Carlos. Nunca nada. A todo esto, la profesora de historia de nuestro equipo había ido a la ex Dipba y encontrado cosas relacionadas con el gremialismo, el movimiento obrero, ceramistas.”

Ana Bringas vivía a una cuadra de Dominga y Felicidad. Eran hijas de una familia de inmigrantes españoles, perseguida por el franquismo. Dominga, la mayor, tenía 27 años, cocinaba, tejía. Ana era cinco años más chica. Su madre había puesto una tienda con todo lo necesario para un pueblo que recién empieza a formarse. La tienda se llamaba Feria Americana. “Las chicas eran divinas, las dos preciosas”, dice Ana, a tantos años de allí. “Y los Abadía eran gente que, aun con lo que les pasó, ni siquiera les escuchabas una subida de tono: a lo sumo, el padre decía: ¡Estos desgraciados, robaron hasta bebés! Esto era lo máximo. La madre (Baltasara) fue la primera querellante de esta causa.”

Hace años, cuando murió el padre de las chicas, Baltasara se volvió a España con unos sobrinos. Le dejó al casa a otra vecina que guardó muchas de las fotos y documentos de la familia. Ana golpeó la puerta de esa casa cuando era docente del Instituto Superior de Formación Docente de San Miguel. Con dos compañeras (una socióloga, María Conte, y una historiadora, Mónica Parada) llegaron a la vieja casa a reconstruir la historia.

“Yo era chica cuando desaparecieron las chicas, y me acuerdo de que Lanusse estaba esa noche en el barrio porque tenía una casa en Del Viso. Le dijo a la familia que sabía lo que estaba pasando, que no lo compartía, pero que no podía hacer nada. Nosotros nos fuimos embalando con el tema y en marzo de 2008 hicimos una instalación en la Universidad de Tres de Febrero con vajillas de cerámicas de ellas, pero también de Lozadur, porque empezamos a buscar y nos dimos cuenta de que en muchas de las casas había cosas de Lozadur. La fábrica era tan grande y tan importante, tenía tanta importancia para Sudamérica, que todas comprobamos que en nuestras casas teníamos algo.”

La instalación se llamó “Mis vecinas Dominga y Felicidad”. Al comienzo contaba lo que entendían que pasaba: era una historia en círculo sobre una familia de inmigrantes perseguidos por el franquismo que volvían a ser perseguidos acá. “Lo relacionábamos con la fábrica porque sabíamos que había otros desaparecidos, pero no teníamos más que un nombre y nada más.”

En 2009, un año después, se produjo el contacto con la Comisión.
Las conexiones

Liliana Giovannelli agarró el listado de la Conadep y encontró el nombre de Jorge Ozeldin, otro de-saparecido de Cattaneo. Hablaron con una cuñada; ella pasó un teléfono de Mar del Plata; un hermano dio una foto de Ozeldin. Encontraron la foto en Facebook, pero se dieron cuenta de que no era de Ozeldin sino de Omar, su hijo. Omar hoy participa de los juicios.

Ana Bringas fue tres veces a la casa donde había vivido Pablo Villanueva, uno de los desaparecidos de Lozadur. Fue hasta que le abrieron puerta. En la casa todavía vivían las tres familias de entonces. “Di con un hermano, Juan Villanueva, me dijo que vinieron los militares. Me interné a hablar con él, fui sola para que no se asustara, y este hombre me dijo que sí, que iba a declarar. Después volvimos con mi amiga la socióloga, pero esta vez nos dijo que no y la mujer me echó: no quería que se hablara más del tema. Me fui y volví una tercera vez con María. Estuvimos paradas en la puerta de la casa. Nos quedamos ahí. Y bueno, al final salió la mujer y nos dijo que a lo mejor su cuñada nos podía ayudar. Resulta que su cuñada había trabajado en Lozadur.”

Ramón Villanueva, uno de los habitantes de esa casa y tío de Pablo, había trabajado en Lozadur. Lo mismo que su esposa, Rosa Samaniego. Los dos declararon en el juicio.

En 2010 colocaron baldosas en Cattaneo y en el antiguo frente de Lozadur que ahora es el comienzo de un parque municipal. Dora Ludueña, la esposa de Pablo, se acercó al acto. “Muchos familiares se acercaron a ese momento. Hicimos todo un trabajo de territorio en el barrio, puerta a puerta –dice ahora Liliana–. En Cattaneo los secuestros habían sido dentro de la fábrica y pensamos que los vecinos que aún vivían en la zona podían darnos datos acerca del operativo. Y luego con el objetivo de atraer la atención de ex trabajadores decidimos poner la primera baldosa señalando el lugar de donde fueron llevados los obreros e hicimos entre todos las baldosas de Lozadur. Las confeccionamos al aire libre en donde estaba el predio de la fábrica. Fue muy importante porque en esa hechura se juntaron varias generaciones de los familiares y se acercaron muchos ex trabajadores que vivían en la zona.”

Dora Ludueña también fue trabajadora de Lozadur. Y logró declarar durante una de las últimas audiencias. También lo hizo Marisa Villanueva, la hija de ambos.

“Yo creo que el rompecabezas se termina de armar en el momento del juicio –dice Ana–. Ahí terminás de ver todo lo que pasó. Y es impresionante.”

La represión de Estado apuntada a los obreros en los juicios de zona norte

El caso que reveló el ataque a los trabajadores

Esta semana comenzaron los alegatos que permiten reconstruir un capítulo menos conocido de la represión, la que específicamente buscó quebrar comisiones y ahogar reclamos. Las 33 víctimas eran navales y ceramistas.

Por Alejandra Dandan

En el tribunal, las fotos de los obreros desaparecidos por activismo en sus fábricas.

Imagen: Rafael Yohai.

El juicio de los obreros de Zona Norte entró esta semana en la etapa de alegatos. La fiscalía y la querella de las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires pidieron penas de 9 a 25 años de prisión y perpetuas para el policía, los tres prefectos y los cuatro militares acusados, entre los que está el jefe de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros. Sus 33 víctimas fueron trabajadores de astilleros navales y ceramistas, con lo que los alegatos los presentaron como un tipo específico de víctima, como trabajadores organizados. Rescataron sus luchas, la disputa con las direcciones de las fábricas y los sectores de la burocracia sindical, roles revisados durante el juicio desde la articulación con el Estado represivo. Como ninguno de los civiles llegó a ser juzgado, fiscales y querellas pidieron al tribunal que separe testimonios y documentos para impulsar la investigación pendiente sobre “propietarios, directivos, gerentes y todas las personas que han sido mencionadas en los testimonios obtenidos que hayan podido intervenir en los trágicos sucesos, cuya materialidad ha sido perfectamente demostrada en este juicio”, como pidió el fiscal Marcelo García Berro.
En esa misma línea hicieron su pedido las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y la Provincia, representadas por Ciro Annicchiarico y Paula Mañueco: “Pedimos expresamente al tribunal que tome los antecedentes y las piezas probatorias que permiten sospechar, con alto grado de certeza, la responsabilidad concurrente de personal civil empresario de las empresas Astarsa, Mestrina, Lozadur, Cattáneo, en los delitos que fueron objeto del presente juicio”, dijeron. “De numerosas constancias y testimonios se han desprendido datos concretos que permiten concluir que empresarios y directivos civiles de las empresas fueron claros instigadores, cómplices o determinadores de los delitos que afectaron a esos trabajadores. Tales constancias se desprenden, de manera reiterada y concordante de la mayoría de los testimonios oídos en este juicio.”

Los alegatos del martes pasado se extendieron por doce días, de 9 a 21, y aún queda otra jornada prevista para el martes. En el juicio se investiga la responsabilidad por los secuestros y desaparición de 33 trabajadores de algunos de los principales centros fabriles de la zona norte, los astilleros de Astarsa y Mestrina y ceramistas de Lozadur y Cattaneo. Las víctimas fueron en su mayoría delegados y trabajadores cercanos a las comisiones internas. Los primeros desaparecidos a partir del golpe de 1976, y los segundos en 1977, luego de un año en el que continuaron con planes de lucha. En el proceso declararon antiguos trabajadores, sobrevivientes, familiares e investigadores. En los relatos hubo un acento que distinguió este tipo de persecución de la represión política, para subrayar aquí las persecuciones que en muchos casos se impulsaron desde las empresas sobre los trabajadores mas combativos y comprometidos y como respuesta a las luchas, demandas y conquistas laborales. Parte de esa persecución quedó documentada en legajos de la ex Dipba y libros de las empresas, que forman parte del juicio. En ese contexto, los alegatos no fueron iguales a otros. Las lecturas tradicionales en este tipo de tramos de los juicios, ancladas en los reglamentos secretos del Ejército y la estructura del aparato organizado de poder, necesitaron ahora contar el contexto de otra manera.
“Mucho énfasis se ha puesto (en estos años) en el tema de la violación a los derechos humanos y la persecución a los militantes políticos. Sin embargo, un aspecto muy puntual y central para entender la lógica del terrorismo de Estado es el accionar con respecto a los trabajadores”, leyó el fiscal de un texto de Sergio Wischñevsky publicado en Forjando, del Centro Jauretche. De ese texto tomó además otros párrafos: “La lucha contra la subversión funcionó más como una excusa legitimadora que como una realidad que sustentó la instalación de la dictadura. Lo que se buscó fue un cambio histórico más profundo: liquidar el cúmulo de conquistas laborales que distinguían a la Argentina del resto de los países latinoamericanos y dificultaban el establecimiento de pautas salariales y condiciones laborales acordes con las ambiciones del proyecto neoliberal en ciernes. Se atacó a las comisiones internas de fábrica y sus delegados, aunque no todos ellos fueran elementos radicalizados”.

Mas adelante, la fiscalía tomó tramos de un texto de Sabrina Ríos, de la Universidad General Sarmiento, que indica que “las ‘desapariciones’ de trabajadores y dirigentes asociados por el régimen militar a la actividad huelguística funcionaron como verdaderos disciplinadores del movimiento obrero, si bien en algunos casos constituyeron el móvil de protestas y conflictos laborales durante el período”. También sumó voces de Victoria Basualdo, Marcelo Ferreira como quien empieza a forjar un contexto histórico nutrido de un marco teórico, para fundar lo que en el juicio apareció sobremanera. “La participación de los trabajadores en las ganancias estaba en su pico más alto histórico alrededor del 50 por ciento”, se dijo. “El nivel de sindicalización de los trabajadores argentinos era uno de los más altos del mundo, y sin duda el más extendido de Latinoamérica. Este conjunto de conquistas sociales es el que se pretendió desarticular.”
De acá
Las secretarías de Derechos Humanos tomaron estas perspectivas, pero para reconstruir lo que sucedió dentro de las fábricas. Uno de los tramos más impactantes fueron las voces que durante el juicio hablaron de la complicidad de las empresas, y se rescataron en el petitorio final. Allí están los peritos, especialistas, pero sobre todo ex trabajadores.
María Rufina Gastón, por ejemplo, es la esposa de uno de los trabajadores de Astarsa. “Cuando los secuestradores se hicieron presentes en la planta lo hicieron con una lista de nombres y comenzaron a llamar en voz alta en presencia de personal jerárquico de la empresa. Llamaron a un tal Sosa, y uno de los trabajadores dio un paso al frente y dijo que él era Sosa, ante lo cual uno de los ejecutivos de la empresa intervino para decir: ‘No, ese no es el Sosa que buscan, el que buscan ya no trabaja más aquí’; con lo cual se puso en evidencia que era la empresa la que entregaba a los secuestradores listas de obreros para que fueran secuestrados.”

Carlos Morelli, ex trabajador de Astarsa entre 1971 y 1976, delegado y compañero de muchos de los desaparecidos, contó que “el 24 de marzo más de un camión ingresaron dentro de la fábrica, y un funcionario jefe de personal, con una lista, hacía que los fueran deteniendo al ingresar y los hacían subir a un camión. También recordó que había confusiones con algunos apellidos, y eran los directivos los que aclaraban a quién tenían que detener. Dijo que supieron, a partir de la infidencia de la secretaria de uno de los directivos, que la empresa estaba confeccionando una lista de obreros para pasársela a la comisaría cuando se produjera el golpe”.

Luis Fucks, otro ex trabajador de Astarsa, recordó que “el Ejército hizo un importante despliegue y materializó detenciones el mismo 24 de marzo, día del golpe. Ese día, el Ejército entró en la fábrica con listas de trabajadores proporcionadas por la empresa”. Fucks “sabe que había varias listas, y que la responsabilidad directa de los empresarios se puso de manifiesto, por ejemplo, por el hecho de que hubo confusiones con algunos apellidos, por tratarse de homónimos, y que eran los directivos los que hacían la aclaración acerca de quién era al que los militares debían llevarse y a quién no. Recordó que antes de irse de la empresa, en una oportunidad, el jefe de personal le dijo: ‘Ustedes están todos marcados, tarde o temprano se las van a dar’. En otra oportunidad, el empresario Federico Brown en una reunión tuvo una actitud amenazante, dándoles a entender a los delegados que tenía claro quiénes eran, que los conocía bien, y que se los querían sacar del medio”.

Ignacio Fleitas dijo “que el 24 de marzo de 1976 fue martes, que cuando ingresó con otros compañeros al astillero, a las seis menos cuarto de la mañana, en la entrada había un cabo primero del Ejército con una lista en la mano, pidiendo identificarse a los que iban entrando. Que esa mañana vio demorado en portería a un capataz, el gallego Sánchez, que lo dejaron demorado por error, y que los propios directivos aclararon que ese Sánchez no era el de la lista, que era otro. Igual pasó con un tal Deyé, un supervisor, que pudo haber sido Raúl Deyet”.
“Esas intervenciones civiles y empresariales –dijo Annicchiarico– fueron claramente determinantes para que los trabajadores afectados fueran victimizados, ya que de no haber mediado esos señalamientos y esas entregas de listas, tales victimizaciones no se habrían producido.” “Debemos decirlo de una vez por todas de manera clara: las corporaciones empresariales y sus dueños, cuya única lógica es el enriquecimiento a toda costa y sin límites éticos, fueron los ideólogos principales, los autores mediatos últimos, los verdaderos autores detrás de los autores, en muchos casos con terminales de decisión ubicadas fuera de las fronteras de nuestra patria.”

Antes de todo esto recordaron el paso de dos testimonios claves para la primera parte. Claudia Bellingeri, como perito de la ex Dipba y el historiador Federico Lorenz. Bellingieri recordó por ejemplo que dijo que “algunas denuncias fueron hechas por Mariano Quinteros, jefe de seguridad de la empresa Mestrina”. Lorenz fue importante como historiador para situar el contexto de los astilleros, el seguimiento de inteligencia y la burocracia sindical. De los archivos de la ex Dipba recordaron que recordó el valor que poseen los volantes políticos y gremiales que hay allí con descripción de las acciones de los trabajadores, pero también de los informes de las actividades represivas. Explicó que Inteligencia siguió de modo “muy minucioso a quienes consideraba máximos responsables de las organizaciones”, y extraía información de “buchones”. Y cuando le preguntaron de nuevo dijo que había dos tipos de “informantes”, trabajadores buchones o “fuente normalmente confiable del directorio de la empresa”. Como ejemplo habló de Jorge Rampoldi, un ex militante de la CNU, abogado y vinculado a grupos de choque de la zona norte. Tuvo un cargo en Astarsa mientras continuaba como asesor del SOIN (Sindicato de Obreros de la Industria Naval) e interventor del sindicato. “Los informes de Inteligencia sobre los trabajadores se hicieron notoriamente minuciosos para el período 1974/1975 –recordaron–: hablaban de ‘infiltrados marxistas’, de ‘infiltrados subversivos’, es decir desconociendo su clara adhesión peronista.”

En la sala, alguien levanta la foto de Francisco Pallaveccino, que acaba de caerse de una silla. Los pasillos son angostos. Las fotos se caen fácilmente cuando pasan los que llegan tarde. En unas sillas se sientan personas de carne y hueso, muchos familiares de los desaparecidos. En otras, están las fotos, muchos de los secuestrados-desaparecidos. Abajo de la foto de Pallaveccino se lee “Trabajador de Porcelanas Lozadur. Delegado Sindical. Integrante de la Lista Marrón. Federación Ceramista Filial 2 de Villa Adelaina. Detenido Desaparecido, 3 de noviembre de 1977. Presente”.

Al lado, la de Ismael Notaliberto recupera parte de la historia que se escucha en la sala. “Trabajador de Porcelanas Lozadur. Detenido Desaparecido, 2 de noviembre de 1977. Presente.” En la silla siguiente, hay otro de sus compañeros, Ramón Pablo Villanueva, delegado sindical. Y luego otro más.

domingo, 6 de julio de 2014

Comienza el "Juicio de los obreros" sin certeza sobre la causa Ford

El juicio por delitos de lesa humanidad cometidos contra obreros de fábricas de la Zona Norte del Gran Buenos Aires comenzará el martes. No se sabe si incluirá la causa por el secuestro de 24 trabajadores de la automotriz en 1976, durante la última dictadura, en la que están imputados tres directivos.

“No sabemos si va a estar incluida la `causa Ford`, porque las nulidades planteadas por la defensa de los acusados fueron rechazadas por el Tribunal y la Cámara (Federal de San Martín) pero ellos interpusieron un recurso de casación, aún pendiente”, dijo a Télam el abogado Ciro Annicchiarico, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

El llamado “juicio de los obreros”, el onceavo de la megacausa de Campo de Mayo, estará a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, se extenderá hasta octubre o noviembre de este año, según estimaciones, y podrá en su desarrollo recibir la `causa Ford` si se pronuncia a tiempo la Cámara Nacional de Casación Penal.

Este juicio oral y público, que se desarrollará en la sede de Pueyrredón 3728, en la ciudad bonaerense de San Martín, debatirá sucesivamente cuatro agrupamientos de víctimas: trabajadores (y en algunos casos sus familiares) de los astilleros Astarsa y Mestrina; de los establecimientos ceramistas Cattáneo y Lozadur y de la metalúrgica Bopavi, a los que podrían agregarse los de Ford.

Los imputados no son los mismos en todos los casos y, en la causa Ford, tres ex directivos están acusados de haber facilitado información para el secuestro de 24 obreros y de haber permitido que los represores montaran un centro clandestino de detención dentro de la fábrica, en la localidad bonaerense de Pacheco.

Estos imputados son el ex gerente general Pedro Müller, el ex gerente de relaciones laborales Guillermo Galarraga y el ex jefe de seguridad Héctor Francisco Jesús Sibilla, mientras que no llegará a juicio quien durante la represión de 1976 era presidente del directorio de Ford Argentina, Nicolás Courard, ya fallecido.

“Nosotros pretendemos que (la Casación) resuelva en un plazo razonable” las nulidades, subrayó Annicchiarico y confió en que “la causa Ford se sumará a las otras que integran este juicio pero, si no, irá seguramente al posterior” de la megacausa Campo de Mayo.

El letrado precisó, además, que “si la Casación no hace lugar (a las nulidades) a la defensa de los acusados le queda un recurso más, ante la Corte Suprema, pero que no interrumpe el juicio”.

El juzgamiento de los ex directivos de Ford podría ser el primero entablado a empresarios o gerentes por delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores de sus empresas durante la última dictadura.

"Hasta ahora, ningún tribunal juzgó o condenó a empresarios o gerentes por su participación o autoría en estos delitos", dijo a Télam el abogado Pablo Llonto, quien representa a una de las querellas de las víctimas.

En otras jurisdicciones, pero con imputaciones similares, también deberían ser juzgados este año el dueño del ingenio Ledesma en Jujuy, Carlos Pedro Blaquier, y su ex administrador, Alberto Lemos, en una causa que está ya en el final de la instrucción, y Marcos Levin, propietario de la transportista La Veloz del Norte en Salta, causa ya elevada a juicio.

"La que llegue primero a juicio oral y sentencia, va a indicar, desde los fundamentos jurídicos, por qué se considera a un empresario partícipe o autor, y eso también va a ser interesante: si se le pone grado de participación o se le pone grado de autoría" en los delitos imputados, explicó Llonto.

Y esto "va a servir de fundamento, seguramente, para todos los demás juicios" en que propietarios o gerentes de numerosas empresas sean finalmente imputados por su participación o complicidad en delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores de sus establecimientos, durante el terrorismo de estado.