miércoles, 28 de agosto de 2013

El TOF5 condena a tres represores, a dos de ellos con penas mínimas y uno de ellos a su casa (¿?)

Los crímenes del circuito Zárate-Campana

Santiago Riveros recibió una pena de 25 años de prisión y se le quitó el beneficio de la detención domiciliaria. Víctimas y querellantes cuestionaron las penas dispuestas para Servando Ortega y Fernando Meneghini, quien quedó libre.

 Por Alejandra Dandan

El Tribunal Oral Federal Nº 5 de San Martín condenó a los tres acusados en el juicio por los crímenes de 29 personas durante la dictadura, militantes políticos y referentes de base del circuito Zárate y Campana. El aspecto más importante del fallo recayó sobre el jefe de Institutos Militares y señor de la vida y de la muerte de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros: el Tribunal lo condenó a la pena máxima de 25 años de prisión por allanamientos ilegales, robo, privación de la libertad de 28 personas y tormentos de 27. Después de años de pedidos de las querellas y fiscalías, el tribunal le quitó el beneficio de permanecer detenido en su residencia particular del barrio de Belgrano y lo destinó a la cárcel federal de Ezeiza, a sus 90 años. Los montos de las otras dos condenas, en cambio, fueron cuestionados por víctimas y querellantes porque resultaron más bajos de lo esperado.

El ex jefe de la Prefectura Naval de Zárate Servando Ortega, que era juzgado por primera vez, fue condenado a nueve años de prisión. La fiscalía a cargo de Marcelo García Berro había pedido 14 años y las querellas, 25 años, por dos privaciones ilegales de la libertad. El tribunal le mantuvo los “hechos”, pero por razones que no se conocerán hasta tener los fundamentos de la sentencia (previstos para el 25 de septiembre) le adjudicaron una pena menor. El hecho importante, de todos modos, es que modificaron su situación de detención: Ortega estaba excarcelado y caminaba libre por la calle hasta quince minutos antes de la sentencia, ahora quedó en situación de prisión domiciliaria.

El tercer caso, el más polémico, fue el del ex comisario de Escobar Fernando Meneghini, que ya había sido condenado a seis años de prisión en el juicio en el que también se juzgó a Luis Abelardo Patti. Meneghini fue condenado en este caso y, nuevamente, a seis años de prisión. La fiscalía había pedido 14 años y las querellas, 25. Estaba acusado por privaciones ilegales de la libertad y tormentos de un grupo de personas que habían sido alojadas en condiciones inhumanas en las celdas de un camión celular estacionado en el predio de la comisaría. El tribunal mantuvo los cargos de la privación ilegal, pero lo absolvió de los tormentos. El punto que más impactó a las víctimas, porque nadie lo esperaba, es que el veredicto incluyó una orden para dejarlo en libertad: el tribunal entendió que ya cumplió los seis años mientras estuvo bajo prisión preventiva. La condena la cumplió en prisión domiciliaria y, desde ayer, está en libertad.

“Cuando dijeron 25 años a Riveros, dijimos ‘más o menos empezamos bien’. Pero Riveros ya está condenado y es como que esto no cuesta nada, y esperábamos realmente que para los otros imputados las condenas hubiesen sido mayores”, dijo Eva Orifici, una de las sobrevivientes, apenas terminó la audiencia. “Es un pasito”, dijo Daniel Antonio Lagarone, metros más atrás. “No estoy conforme. Darle seis años a Meneghini, darle nueve años con arresto domiciliario a Ortega; eso no es justicia. Nos queda mucho y vamos a seguir luchando por lo que falta.”

La evaluación del fallo tuvo características distintas entre fiscales y querellas. La decisión sobre la libertad de Meneghini será apelada probablemente, lo mismo que el monto de condena para Ortega. Sin embargo, la querella ponderó que todos los acusados hayan sido condenados. “No nos tenemos que olvidar que acá hubo tres condenas”, dijo el abogado Pablo Llonto. Entre los puntos importantes, acentuó la decisión de la cárcel común para Riveros, una medida que la fiscalía y los propios querellantes venían pidiendo en esta jurisdicción desde hace años. “Era un represor que estaba en su casa, y que lo manden al hospital penitenciario de Ezeiza es importante”, dijo Llonto y luego recordó que es “el genocida de mayor edad que va a una cárcel común. Esperemos que sea por mucho tiempo”.

Las evaluaciones también miraron otros puntos. Uno de ellos es un listado que incorporó la sentencia sobre 18 centros clandestinos, muchos de ellos nunca investigados, para que sean analizados por la Justicia de Instrucción. El juicio se caracterizó por echar luz y pruebas relacionadas con un enorme circuito de centros clandestinos que se habilitaron en diversos espacios una vez producido el golpe de Estado y que funcionaron en lugares como un club, un buque, una mansión y hasta una “casa con techo rojo en una isla cerca de Escobar”. El tribunal recogió los datos que aparecieron en el juicio sobre cada lugar, los asoció a distintas víctimas y ordenó investigar.

“Obviamente uno queda con un sabor amargo por el monto de las últimas dos condenas, la de Meneghini y la de Ortega –dijo Llonto–, pero también queda con una pequeña satisfacción al saber que hay un tribunal que les ha dicho a los jueces de instrucción que hay que investigar una enorme cantidad de centros clandestinos de Zárate, Campana, Escobar, Banfield, Moreno y que hay una gran cantidad de víctimas de las que deben investigarse sus casos.” Otro de los puntos destacados de la sentencia fue que separaron parte de las pruebas para que sean investigadas como delitos de índole sexual, y el veredicto determinó que se cometieron delitos contra menores, muchos de ellos dejados en sus casas atados cuando se llevaban a los padres.

Finalmente, otro de los ejes para entender la sentencia son problemas más generales, como la fragmentación de las causas, que no tiene que ver con el Tribunal Oral, sino con los jueces y fiscales de instrucción. “Este es un llamado de atención fuerte a los jueces de todo el país, porque las causas no se pueden seguir enviando con pocas víctimas y pocos represores”, dijo Llonto. “No sólo no van a terminar nunca los juicios, sino que lo que van a conseguir es la impunidad biológica, que es por lo que están trabajando los defensores de estos genocidas. Tratando de que los juicios se armen de esta manera; hay que exigir a la Justicia mayor celeridad y mayor rapidez y mayor agrupación de las causas.”

Pero el propio Tribunal de San Martín despertó extrañas sensaciones a lo largo de las audiencias. El primer día de juicio había varios carteles en la sala. “Area 400 Nunca Más”, podía leerse. O estaban también las imágenes de los desaparecidos de la zona, sostenidas como banderas, como en cada juicio. Se había escuchado el “como a los nazis les va a pasar” cuando los acusados entraron. Pero nada de eso volvió a verse con el correr de las audiencias. Ese día primero, el presidente del tribunal, Alfredo Ruiz Paz, objetó cada uno de los ritos: “Cualquier expresión agraviante o de júbilo no la voy a aceptar”, ordenó. Avisó que, como “comprenderán”, “se impondrán sanciones”. Y cuando algún cartel osó volver a levantarse, el hombre señaló: “¡Por favor!, ¡bajen esos papeles!”.

Ayer no hubo papeles, ni carteles, ni imágenes de los desaparecidos. Alguno logró colar algún escrito en alguna remera. Los jueces entraron a la sala poco después de las 16.20. Los imputados todavía no estaban. Los defensores habían pedido que no estuvieran. Ruiz Paz leyó una resolución en la que disponía lo contrario. En ese momento, la sala osó festejar.

“¡No voy a permitir ninguna expresión!”, dijo el presidente. “¡Cualquiera sea voy a ordenar el inmediato desalojo!”

Los tres acusados entraron. Nadie volvió a decir nada. Ni a cantar con la condena a Riveros ni a gritar con las penas al resto. El juez terminó. Leyó toda la sentencia. Todo el tribunal se retiró. Y entonces llegó el momento. Mientras los represores y el pelo blanco de Riveros iban saliendo, la sala pudo decirlo: “Como a los nazis les va a pasar adonde vayan los iremos a buscar...”.

viernes, 2 de agosto de 2013

Se reanuda la causa sobre los CCD y E del circuito Zárate- Campana

Alegatos con una baja entre los acusados

La fiscalía pidió 25 años de prisión para Santiago Omar Riveros y 14 para los represores Juan Fernando Meneghini y Servando Ortega. Las víctimas lamentaron el fallecimiento del marino Sergio Buitrago, ex jefe de la Base Arsenales de Zárate.

 Por Alejandra Dandan

“Ayer estuve todo el día llorando”, dice Sonia Karina Pérez por el momento en el que escuchó la noticia de la muerte del marino Sergio Buitrago, ex jefe de la Base Arsenales de Zárate donde funcionó un centro clandestino en el que estuvo secuestrado su padre. Roque Vicente Pérez era secretario adjunto del Sindicato del Papel, obrero de una papelera, secuestrado cuando acompañaba a la esposa de otro compañero a hacer la denuncia por su desaparición. Cuando salió del cautiverio, Roque se dio con la noticia de que su mujer había sido asesinada. Sonia tenía cuatro años. Ayer se sentó en la audiencia donde estaba siendo juzgado el marino. “Siento que la Justicia es muy lenta, que nos falta el respeto –dice–, porque estos juicios tendrían que haber sido mucho antes. Viendo a los sobrevivientes y mirando cómo a mi viejo se le dobla la espalda de la vejez, espero que esto se movilice con rapidez.”

Ayer se reanudó en San Martín el juicio oral por 29 víctimas secuestradas durante la dictadura en el circuito Zárate-Campana. El juicio entró en la etapa de alegatos con la lectura de las pruebas de parte de la fiscalía, integrada por Marcelo García Berro y Guillermo Silva. A pesar de la muerte de Buitrago el juicio continúa, dado que son juzgados el señor de la vida y de la muerte de Campo de Mayo, el ex comandante de Institutos Militares Santiago Omar Riveros; Juan Fernando Meneghini, entonces comisario de Escobar, y por primera vez Servando Ortega, jefe de la Prefectura Naval de Zárate, lindante con el Arsenal Naval de Buitrago.

La fiscalía pidió 25 años de prisión para Riveros y 14 para Meneghini y Ortega. En la causa no hay acusaciones por homicidio y están imputados por secuestros y tormentos. En el caso de Ortega por dos hechos. También pidió que sean desafectadas las prisiones domiciliarias, se los traslade a cárcel común y que se remitan las pruebas sobre los delitos de violencia sexual a instrucción para ser investigados.

En el patio externo a la sala se juntaron a la mañana varios sobrevivientes. “Hoy, una vez más, nuestra crítica a la instrucción de los juicios y la elevación nos da la razón”, decía Daniel Antonio Lagaronne, uno de ellos. “Un genocida más ha muerto sin escuchar la sentencia. Por eso más que nunca pedimos que se aceleren las causas.” Ciro Annicchiarico, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, llegó hablando de la responsabilidad que en todo esto tienen los que votaron las leyes de impunidad y el mismo Poder Judicial, que tiene que avanzar con el proceso de democratización para garantizar el compromiso con estas causas.

Durante los alegatos, la fiscalía también buscó la manera de pronunciar el nombre de Buitrago, aun cuando legalmente ya no tenía sentido. “Sin perjuicio de lo informado acerca del fallecimiento de Buitrago, esta fiscalía quiere decir que este lugar (la Base Naval o Arsenal Naval Zárate) funcionó como centro clandestino de detención”, dijo García Berro.
El alegato

Este juicio estuvo marcado por dos puntos: la enorme cantidad de testimonios que lograron demostrar durante las audiencias la existencia de un tendal de centros clandestinos que habían sido descriptos en la instrucción, pero en muchos casos no existían datos consolidados en la Justicia. Por otro lado, las denuncias sobre violencia sexual sobre varones y mujeres. Un dato clave del alegato fue el arranque y el subrayado al carácter “cívico-militar” del 24 de marzo.

“Como todos aquí sabemos, el 24 de marzo de 1976 en la Argentina hubo un golpe de Estado encabezado material e intelectualmente por integrantes de las tres Fuerzas Armadas y muchos civiles que instauraron un gobierno de hecho, una dictadura que disolvió el Congreso, destituyó a las autoridades del Poder Ejecutivo y a varios magistrados del Poder Judicial”, expresó la fiscalía. “La historia argentina del siglo XX registra varios golpes de Estado y gobiernos ‘cívico-militares’, pero este último alcanzó un nivel de violencia social y características que justificaron su calificación de ‘terrorismo de Estado’, porque desde el gobierno, de hecho, se concibió y dirigió un plan sistemático de eliminación de opositores políticos y sociales.”

Poco después, el alegato describió las características de la represión en la zona, cuyos efectos son revisados en juicio por primera vez. La mayoría de las víctimas eran militantes sociales, políticos y sindicales muy conocidos, secuestrados a partir del 24 de marzo de 1976, entre ellos el intendente de Zárate, Francisco Bugatto, y su hijo. Los secuestros articularon al Ejército, Marina y Prefectura con policía provincial y Federal. En el término de pocos días, las víctimas pasaron por numerosos centros clandestinos siguiendo un circuito que terminó de definirse en el debate. E incluyó desplazamientos al Pozo de Banfield, Campo de Mayo y/o el sistema de cárceles comunes. Las audiencias fueron dejando en claro el rol de la comisarías: cumplieron funciones de centro clandestino de detención transitoria de prisioneros, muchas de las víctimas pasaron primero por estos lugares antes de ser derivadas a los centros clandestinos ubicados ya bajo la intervención directa del Ejército. La secuencia mostró además la urgencia de la caza desatada después del golpe, con un Ejército que sale a abrir campos clandestinos en casas particulares, un club y un buque de la Armada.

Así la lista indicó: 1) Comisaría primera de Zárate; 2) Comisaría de Escobar primera; 3) Comisaría de Campana; 4) Tiro Federal de Campana; 5) Buque ARA Murature; 6) Base Naval o Arsenal Naval Zárate; 7) Fábrica Militar de Tolueno Sintético; 8) Prefectura Naval Zárate; 9) Inmuebles de la calle Lavalle 636 y Mitre 560 de Zárate.

Algunos ejemplos. El Tiro Federal era un club. El Ejército ocupó las instalaciones y los socios no pudieron entrar más a partir de ese momento. Uno de los socios del club declaró que el Ejército abandonó el lugar en el mes de octubre de 1976 y al reingresar al lugar los socios advirtieron “que la instalación eléctrica estaba quemada”, que había “una rudimentaria picana eléctrica (elástico de una cama y cables), así como manchas de sangre en el piso y en la pared del cuarto donde estaba este instrumento, señalando que en la galería se encontraron restos de ropa, trapos con sangre y cabellos, entre otras cosas”.

El Buque ARA Murature estaba anclado en la zona de Zárate. Los secuestrados fueron llevados con los ojos vendados y maniatados y “subidos con una especie de guinche”. Fue uno de los lugares descriptos con mayores niveles de violencia.

En la Fábrica Militar de Tolueno Sintético actualmente está la empresa Rhasa, señaló el alegato. Fue un centro clandestino. Los otros dos lugares ahora probados son las dos casas de Zárate. En la casa de la calle Lavalle se hizo un allanamiento del que se obtuvo documentación, armas y elementos usados por el Ejército. Además, “el propio Ejército Argentino admitió la propiedad del inmueble”, recordó la fiscalía.

Un dato importante es que el padre de Sonia, Roque Vicente Pérez, no es “caso” de este juicio. El sigue esperando el avance de su causa en la instrucción como el resto de las víctimas. Después del secuestro, Roque no pudo volver a conseguir trabajo en la zona por esa cultura que dejó la dictadura acerca del rótulo de “subversivo”. Durante el resto de la vida hizo lo que pudo para mantenerse como albañil en una ciudad en la que además los victimarios siguieron caminando en libertad en la calle por muchos años. Los organismos de derechos humanos de Zárate-Campana vienen pidiendo desde el comienzo del juicio que estas audiencias se hagan en sus lugares, no sólo porque de ahí son las víctimas, sino de ahí son también sus sociedades. El Tribunal Oral 5 de San Martín que está llevando adelante este debate no lo aceptó. Los jueces Alfredo J. Ruiz Paz, María Claudia Morgese Martín y Marcelo G. Díaz Cabral tienen la palabra.