sábado, 21 de julio de 2012

Primer Cuerpo de Ejército: elevado a juicio oral otro tramo de la investigación

Alcanza a siete acusados por la privación ilegal de la libertad y aplicación de torturas a personas detenidas en la localidad de Junín y mantenidas en cautiverio en centros clandestinos de detención, ubicados en dicha ciudad y otras localidades cercanas

En el marco de la causa del Primer Cuerpo de Ejército donde se investiga el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar, el Juez Daniel Rafecas, dispuso la elevación a juicio oral y público, de siete personas imputadas por la privación ilegal de la libertad y aplicación de torturas a personas detenidas en la localidad de Junín y mantenidas en cautiverio en centros clandestinos de detención ubicados en dicha ciudad y otras localidades cercanas.

Se trata del Coronel del Ejército Ángel José Gómez Pola, quien se desempeñó bajo el mando del fallecido Coronel del Ejército Félix Camblor, entonces a cargo de la Subzona 13. Gómez Pola permaneció a cargo del Área 131, en la cual se instalaron los centros clandestinos; el Comisario Abel Oscar Bracken, por su actuación a cargo de la Comisaría Primera de Junín, que en forma paralela a su actuación regular, funcionó como centro clandestino de detención y tortura, alojando incluso a Hugo Torreta, uno de los tres desaparecidos de Junín, quien según los testigos llegó a la Comisaría muy deteriorado a raíz de la tortura y luego de horas fue sacado del calabozo y pasado a la categoría de desaparecido; el Comisario Inspector Edgardo Antonio Mastrandrea, por entonces Oficial Inspector de la Comisaría citada, quien integraba la patota de la ciudad de Junín, quien fuera conocido posteriormente por su aparición pública como ex Comisario, especialista en seguridad urbana; Julio Ángel Esterlich, entonces Oficial Subinspector de la misma dependencia, también integrante de la patota encargada de detener y torturar; y Francisco Silvio Manzanares, por entonces Suboficial Inspector de la misma Comisaría.

En la misma elevación a juicio fueron incluidos el Oficial Subinspector de Policía Miguel Ángel Almirón, quien estuvo a cargo del Destacamento Morse, ubicado a unos 25 km de la localidad de Junín, sitio que también funcionó como centro clandestino de detención; y el médico policial Aldo Antonio Chiacchietta, quien hizo uso de su oficio en la Comisaría y en el centro clandestino que funcionó en la entonces Cárcel en construcción (actual Unidad nro. 13 del Servicio Penitenciario Provincial), donde se alojó a 14 personas que fueron sometidas a crueles tormentos.  En el marco de la investigación se comprobó que Chacchietta se encargaba de controlar los signos vitales de las víctimas mientras eran torturadas.

La investigación por los hechos sucedidos en la jurisdicción de Junín, determinó que en ella aparte de la Comisaría 1ª de Junín, el Destacamento Morse y la Cárcel en construcción, también funcionó como centro clandestino la Unidad Regional VIIIª, contigua a la Comisaría.

La elevación a juicio comprende otro de los tramos de investigación que tuvo a su cargo el Juez Daniel Rafecas, quien en la misma investigación elevó a juicio las causas “Automotores Orletti, “Hospital Posadas”, “Mansión Seré” y circuito represivo de la Subzona 16, Vesubio, y “Atlético-Banco-Olimpo”, a partir de las cuales se dictaron diversas condenas

lunes, 16 de julio de 2012

Careo Videla - Martinez y Riveros

De nuevo los tres juntos, pero esta vez en el juzgado

Interrogados sobre Santucho, Riveros y Videla coincidieron en que la muerte del líder del ERP les produjo “alegría”.

 Por Diego Martínez

El dictador Jorge Rafael Videla, su ex jefe de inteligencia Carlos Alberto Martínez y el ex jefe del Comando de Institutos Militares Santiago Omar Riveros protagonizaron ayer un careo sobre el destino de los restos del ex jefe del ERP, Roberto Mario Santucho, abatido por un pelotón del Ejército en julio de 1976. Videla reiteró que dio la orden “de que el cuerpo no aparezca”, pero relativizó su afirmación de abril, cuando apuntó a Riveros como el encargado de cumplirla. “Era una suposición”, explicó. El ex jefe de la Zona IV y de Campo de Mayo, sede del mayor campo de concentración del país, dijo impávido que no hubiera acatado “una orden de esa naturaleza, que lastima mi conciencia”. Ambos admitieron ante Ana Santucho, una de las hijas del guerrillero, su alegría por la muerte “del hombre más importante de la subversión”. El abogado Pablo Llonto, impulsor de la causa fundada en el derecho a la verdad, destacó el esfuerzo de la jueza civil Martina Forns, que luego de ordenar el careo y formular preguntas durante dos horas exhortó a los ancianos a enviar un mensaje a sus ex subordinados para que rompan el pacto de silencio.

Los militares retirados, citados como testigos, bajo juramento de decir la verdad, llegaron al Juzgado de San Martín al mediodía en móviles del Servicio Penitenciario Federal: Videla desde la cárcel de Marcos Paz, Riveros desde su casa de Belgrano y Martínez desde la suya en San Miguel, ambos con arresto domiciliario. El ex titular de la Jefatura II de Inteligencia es el único sin condena: fue detenido por primera vez hace apenas dos semanas. Riveros bajó del celular sin esposas, según los penitenciarios porque estaba mareado.

El careo inicial fue entre Videla y Riveros. El dictador ratificó la orden de desaparecer el cuerpo por “lo que implicaba su figura”, aunque aclaró que “fue una resolución de la Junta (que compartía con Emilio Massera y Orlando Agosti), dada la trascendencia del problema”. Riveros, que en mayo consideró “de una mendacidad absoluta” los dichos del dictador, agregó ayer que “no hubiera aceptado hacer desaparecer el cuerpo de Santucho”.

–¿A quién le dio la orden? –indagó la jueza.

–Supongo que el destinatario fue quien tenía responsabilidad en esa zona, que era Riveros, pero no sé si él la recibió. La lógica orgánica indica que debió recibirla, pero no fue una orden dada personalmente y tampoco por escrito –respondió Videla. Sobre los intermediarios, arriesgó que pudo haber sido el secretario de presidencia, léase el general Rogelio Villarreal.

Riveros, sordo del oído derecho, admitió que “tenía capacidad para darle muerte a Santucho y hacer desaparecer su cuerpo”, pero aseguró que no participó porque nadie pidió la intervención del Comando de Institutos Militares. “La muerte de Santucho era para el Ejército un galardón. El personal militar se motivaba para detenerlo o matarlo porque era un adversario importante”, afirmó ante la hija y ante Julio Santucho, hermano del jefe del ERP. “Lo hubiera cumplido con todo gusto”, abundó, y agregó por si fuera necesario que “tenía capacidades para cavar un pozo y enterrarlo o tirarlo”.

–¿Le informaron si se cumplió la orden? –volvió la jueza hacia Videla.

–No tuve respuesta en forma personal. Era un secreto y no saberlo era la mejor forma de guardarlo.

Martínez, parco, dijo no recordar cómo se enteró de la muerte de Santucho. “Supongo”, dijo, que por intermedio de Videla, con quien se reunía “dos o tres veces por semana”. Cuando la jueza le recordó que en el enfrentamiento murió el capitán Juan Carlos Leonetti, miembro del Batallón de Inteligencia 601 que dependía de su jefatura, insistió en que “desconoce” los hechos aunque “imagina” que Leonetti “acompañó a la patrulla para guiarlos con precisión” al departamento donde se reunía la cúpula del ERP.

Riveros, verborrágico, dijo que “muchas veces me preguntaron por el cadáver de Santucho, incluso (Martín) Balza me lo preguntó, pero Santucho no era San Martín como para que lo entierren en Campo de Mayo”. “Puede que algún trasnochado o tarado mental se le haya ocurrido, pero no me consta”, afirmó. “Santucho fue la búsqueda del tesoro para el Ejército por ser el hombre más importante de la subversión”, aseguró.

–¿Sabían de la orden de desaparecer el cuerpo? –preguntó la jueza a Riveros y a Martínez.

Ambos aseguraron que no. “Me sorprendió la decisión. ¿Cómo puede ser que a un cadáver que apareció ‘por derecha’ en un enfrentamiento lo hicieron desaparecer ‘por izquierda’?”, se preguntó Riveros, ex jefe de una zona militar donde todo fueron secuestros y desapariciones “por izquierda”.

–¿Qué piensa de esa pregunta? –le planteó la jueza a Videla.

–El destino del cuerpo fue analizado por la Junta, fue una decisión compartida, una especie de pacto de silencio. Ojalá hoy se pudiera revelar ese secreto. Las condiciones actuales son distintas y el problema de la veneración del cuerpo de Santucho hoy no tiene sentido –supone Videla.

El dictador coincidió con Riveros en que “más allá del respeto a los familiares, la muerte de Santucho” les causó “íntimamente alegría, porque se había abatido al enemigo” y “en combate abierto”. “Si viera a alguien que le deja una flor a Santucho lo aplaudiría por el respeto que se merece”, agregó Videla, responsable de que miles de argentinos no tengan siquiera una tumba donde dejar flores para sus seres queridos.