Juicio Oral por Crímenes en Area 400. Audiencia 26/6/2019.

Desaparecidos de Campana Zarate

Por la mañana del Miércoles 26 de Junio último, tuvo lugar la primer audiencia por los crímenes cometidos durante el terrorismo de estado en Zárate-Campana. En el marco de la Causa Nº 3223, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº    1  de San Martín, viene llevando a cabo estas audiencias donde se juzgan y sancionan los crímenes cometidos bajo la responsabilidad del Área 400 en Zárate, Campana y Lima.

Luego de las observaciones efectuadas por el Ministerio Público Fiscal y las distintas querellas ante el Tribunal, tuvieron lugar las primeras declaraciones testimoniales de ciudadanos y ciudadanas que fueron víctimas de la represión sistemática en estas 2 localidades.

Se explicó y se desarrolló lo  terrible que fueron las detenciones ilegales, los operativos clandestinos nocturnos en casas y hogares. La persecución y  destrucción de familias y grupos sociales de nuestra  comunidad en su totalidad a través del exterminio físico en el espacio público y la desaparición forzada de cientos de  personas en las dos ciudades durante la última dictadura.

En el marco de esta causa se investigan y sancionan los crímenes cometidos sobre un total de 52 que agrupan a todas las historias de familias y vecinos de nuestra comunidad y la región.

Declararon en esta oportunidad, Miguel Vaz, quien explicó a los jueces y fiscales su historia y su experiencia. Habiendo sido detenido, secuestrado y sacado por la fuerza de su casa, con tan sólo 23 años de edad. Los interrogatorios y la brutalidad con que fueron sometidos sus compañeros y compañeras de cautiverio, dentro del circuito clandestino de detención.

 Vista del ex CCD Casa Guerci. En la audiencia se expusieron testimonios referidos al paso de varios detenidos que fueron secuestrados e interrogados allí durante finales del año 1976.

Continuando, fue Raúl Mairotte quien manifestó los hechos de los cuales fue víctima junto con su esposa Ramona Godoy, ya fallecida. Raúl fue secuestrado ilegalmente de su domicilio junto con su mujer, siendo llevado a distintos centros clandestinos de detención en la región. Logrando reconocer a algunas personas que hoy se encuentran desaparecidas. Forma parte de muchas de las víctimas que privadas de su libertad, fueron llevadas a Campo de Mayo.

Laura Hiétala, en nombre suyo y de toda su familia narró la tragedia y el genocidio, del cual su familia fue víctima y destinataria. Sus padres Guillermo y Susana desaparecidos en la localidad de San Isidro, militaban en el PRT desde muy jóvenes. Compartieron previamente a su detención un grado de persecución permanente por su militancia en el cordón industrial de la zona norte bonaerense. Poco tiempo antes de su secuestro transitaron experiencias en su militancia política con Carlos Alberto Solsona y Norma Cíntora, ambos padres de la posteriormente nieta Nº 129, que fue encontrada este año por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. También los abuelos maternos de Laura fueron secuestrados en el mismo mes en Zárate en su casa de la Calle Guemes al 600 y su abuela Hanna Hiétala, desaparecida en San Andrés de Giles, mientras lograba salvar la vida de sus dos nietas.

Susana Estela Cali, madre de Laura Hiétala, desaparecida en San Isidro en Mayo de 1977. Laura contó la historia de toda una familia afectada hasta el día de hoy por el genocidio en la zona Norte de la Provincia de Buenos Aires.

Los abuelos de Laura junto con su hermana Amanda en brazos. Ítalo Américo Cali y Susana Esther Filippi. Don Ítalo fue un obrero tornero mecánico muy recordado por todos sus compañeros en Barrio Villa Massoni de Zárate. Fueron secuestrados y desaparecidos en Mayo de 1977 en su casa de Calle Guemes en este barrio.

Por su parte Carolina Moreno, compartió frente a otros testigos y miembros del Tribunal, como con tan sólo 6 años de edad, su padre fue arrancado de su vida y de su historia: Rómulo Miguel Moreno, ex Secretario del Gremio Petrolero de Campana durante las movilizaciones contra los recortes del gobierno de Frondizi y mas tarde delegado ferroviario en los Talleres de la Ciudad de Campana, fue secuestrado  y desaparecido en Septiembre de 1977. Carolina expuso el dolor y lo terrible de la privación permanente de la presencia del sostén familiar hasta el día de hoy, a pesar de las mas de tres décadas de estos hechos, dejando absolutamente en claro, la imprescriptibilidad y la universalidad de los daños producidos sobre el grupo familiar.

Rómulo Moreno junto a su hija Carolina, años antes de los hechos. Juntos en una plaza en Zárate. Rómulo fue secuestrado al ingreso de su trabajo en los talleres ferroviarios de Campana, en Septiembre de 1977. Hasta el día de hoy su familia exige la reparación y justicia sobre su paradero y los responsables de los hechos.

A partir de estas audiencias iniciales se vienen exponiendo en las actuaciones y testimonios los primeros casos referidos a la desaparición de : Rómulo Miguel Moreno, Celiza Martha Izaga, Miriam Coutada, Ramona Godoy; Mario Alberto Nebulosi, Rubén Roberto Rossi, Ítalo Américo Cali y Susana Filippi, Julio Eduardo Galeano, Américo Rodríguez.

Todas estas personas(al igual que en el resto del país) fueron víctimas de secuestros ilegales y desaparición forzada a partir de la sanción de la directiva Nº 405/76 por el Comando de Institutos Militares, el cual estableció la creación de la Zona Militar Nº 4 y la organización en áreas de cuadriculación territorial para profundizar la represión y persecución sistemática sobre la población civil, iniciando la etapa mas oscura en la historia de la sociedad argentina. 

Dentro de esta cuadriculación y en el marco de esta directiva se creó el Área Militar Conjunta Nº 400 Zárate-Campana, cuyo asiento se encontraba en la Fábrica Militar de Tolueno Sintético en Campana. Desde allí se planificó y diseñó el accionar represivo sobre la población civil de las 2 ciudades entre Junio de 1976 y mediados de 1980.

El Tribunal interviniente se encuentra integrado por los Doctores Silvina Mayorga, Daniel Omar Gutiérrez y Nada Flores Vega.

Familiares y Querellantes de Zárate, Campana y Escobar exigimos Justicia y Verdad por estos crímenes cometidos sobre nuestra comunidad.

Queremos que se califique como genocidio a todos estos hechos producidos y en tal carácter, la cárcel común y efectiva sea una realidad fundante para los autores materiales e intelectuales y los cómplices de estos hechos.

#NuncaMás

#MemoriaVerdadJusticia

#NoHayPenaNoOlvidoHayJusticia

#FueTerrorismoDeEstado (1974/1983)

Avanza el juicio a la Ford por la participación en la dictadura

Carlos Propato declaró el 5 de marzo en los Tribunales de San Martín en el juicio a la multinacional Ford por crímenes durante la última dictadura. Son tres los imputados: Santiago Omar Riveros -acumula condenas en otras causas y era Jefe de la zona cuatro de la provincia de Buenos Aires-, Pedro Muller -era gerente de manufactura, el segundo de la empresa- y Héctor Sibilla -era jefe de Seguridad, ex militar. Mayor del Ejército-. Propato dialogó sobre los detalles de su declaración con Fernando Tebele en el programa radial sobre los juicios a los genocidas, Oral y Público. (Por La Retaguardia*)

"La ansiedad antes de declarar es inmanejable. Uno se siente en la cresta de la ola, en la efervescencia total llevada por 42 años de trabajo. De golpear miles de puertas, ir a visitar miles de personas. Que no nos atiendan, que no nos den un lugar para llevar nuestro grito de justicia que nos costó tanto. Éramos 24 y ya quedamos trece. Mal número para mí, pero así es la vida", expresó Propato a La Retaguardia unos días antes de su declaración, en la que recordó su época en cautiverio como un infierno.

"En la Ford sucedió el secuestro de 24 compañeros en distintos tiempos y lugares. A algunos los fueron a buscar en la casa, a otros los agarraban en la calle, a otros los tomaron a la salida de la Ford. En nuestro caso, fuimos secuestrados el 13 de abril de 1976 en nuestros puestos de trabajo. Nos encapucharon, nos esposaron, nos llevaron al quincho y estuvimos casi diez horas bajo tortura adentro de la empresa. En un quincho que nosotros habíamos hecho tiempo atrás para beneficio de los trabajadores, de uso recreativo. Jugábamos al fútbol. Lo habíamos conseguido por medio de trabajo sindical. Luego, la Ford se lo entregó al Ejército y se hizo una especie de cuartel con 400 activos dentro de ese lugar", recordó sobre la directa colaboración de la multinacional con los intereses económicos, políticos y genocidas del golpe.

“Si el patrón te dice ladrá, te pones en cuatro patas y haces que sos un perro”, declaró Propato que le dijeron en la primera sesión de tortura. "Nos torturaba el personal del Ejército y Gendarmería. Pero en esos tiempos, que ellos denominaban la guerra sucia, no usaban uniforme, pero para mí eran todos del Ejército porque estaban a cargo. En la empresa éramos diez mil obreros. 7 mil 'comunes' y 3 mil 'profesionales'. Pero fuimos presos sólo 24. Es decir que alguien les informó, luego vimos planillas con el logo de Ford. Sobrevivientes somos sólo 13", insistió.

"Luego de esas horas de tortura, estuvimos cincuenta días desaparecidos en la comisaría de Tigre. De ahí, teóricamente nos blanquearon y nos llevaron a la cárcel de Devoto, donde estuve hasta el 5 de septiembre de 1976. Luego fui a la cárcel de Azul y luego a Sierra Chica hasta mi libertad, que fue en 1977. Las cárceles eran centros de tortura también. Los 'comunes' de Sierra Chica vivían como duques a comparación de nosotros. Yo perdí el 50% de un ojo, me fracturaron una vértebra de la cintura, estuve sin conocimiento como siete días, eso está todo documentado. Eso es producto de las torturas, las palizas que me pegaron. En dos horas me pegaron nueve palizas", detalló.

En su declaración judicial, contó una escena: "Estaba muy loco. Me ponen en la cabeza una bolsa de plástico de modo tal que no podía respirar y me iba ahogando hasta que Troiani (otro de los delegados detenidos, torturados, encarcelados y parte del grupo que sustentó con sus testimonios la causa contra la Ford) tiró un manotón, rompió la bolsa y pude volver a respirar”.

En diálogo con La Retaguardia, Propato agregó: "Después te sacaban a la noche, te bañaban con agua helada, hacían simulacro de fusilamiento. No sé cuándo exactamente nos blanquearon. Los palos y la tortura seguían y había mucha gente que desaparecía. Los sacaban a la noche de la cárcel y al otro día decían que se habían fugado. En la historia del Servicio Penitenciario nunca nadie se fugó de Sierra Chica, así que no sé cómo aparecían muertos del otro lado", contó sobre los supuestos fugados. "En esa época se decía que en la cárcel te blanqueaban, pero seguía siendo lo mismo. Después de un tiempo empezamos a recibir visitas de quince minutos. Verdugueaban a la familia. Mi hija aprendió a caminar en la cárcel, mi hijo quedó tartamudo como cinco años. A las mujeres, el verdugueo que les hacían a las que iban a visitarnos...", agregó.

Qué significa declarar

"La puerta que se abre para poder contar al mundo, a Latinoamérica, a los amigos, a los vecinos, lo que verdaderamente es esta multinacional Ford en Argentina. Los antecedentes vienen de 1945 en Alemania, toda la vida fueron esclavistas. Trabajé desde el 5 de septiembre de 1970 y me secuestraron el 13 de abril de 1976. Cuando entré, la efervescencia que había dentro de la empresa era terrible, había sido hacía poco el Cordobazo. Fue cuando los obreros se dieron cuenta de que tenían derechos", recordó Propato. "La Ford empezó a trabajar dentro del mundo del gremialismo, la política, era muy importante dentro del sector industrial de Pacheco. Nosotros hablábamos con todas las empresas, hicimos una marcha de diez kilómetros el 16 de abril de 1975 en la Panamericana. Eran empresas importantes y movimientos importantes. A Ford eso no le convenía. Hicimos el mejor convenio, pusimos el 1% de la producción para el sindicato. Nunca vimos un peso", aseguró. "Con el golpe, todo lo que conseguimos durante años de lucha lo perdimos de un plumazo. Nos quitaron el 49% de los beneficios ganados que nunca se recuperaron", contó Propato.

Volver

"Volvimos al lugar en 2012 cuando estaban haciendo la investigación. Nos llevaron a reconocer las partes en las que nosotros estuvimos. El lugar estaba medio desaparecido, dibujado para que no parezca lo mismo, pero nosotros reconocíamos todo. Imaginate que estuve muchísimos años adentro de Ford", concluyó.

* Los segmentos de la declaración judicial fueron extraídos de https://cronicasdelnuevosiglo.com/2018/03/05/testimonio-de-carlos-propatto-en-el-juicio-contra-la-ford-y-me-dijeron-si-el-patron-te-dice-ladra-te-pones-en-cuatro-patas-y-haces-que-sos-un-perro/

Carlos Propato, ex delegado de Ford, anticipa su testimonio contra la automotriz

“Lo que sufrimos no tiene nombre”

Secuestrado y torturado durante la dictadura, el trabajador de la multinacional tuvo que esperar 41 años para que la Justicia escuchara su historia. El día de la audiencia, los jueces pasaron a un cuarto intermedio para el mes próximo.

Por Ailín Bullentini

En el centro, Carlos Propato, testigo en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Ford. 

Imagen: Gentileza Izquierda Diario

Carlos Propato tiene casi 70 años y un nivel de ansiedad que no le entra en el cuerpo. Es uno de los ex delegados de la Ford Motors Argentina que sobrevivió los últimos 40 años solo para cumplir con una meta: contar ante un tribunal en el marco de un juicio oral y público “las cosas que nos hizo pasar una multinacional como la Ford, que no es un tallercito de cuarta”. Propato es uno de los 24 obreros de la planta que la automotriz sigue regenteando en General Pacheco, al norte del Conurbano bonaerense, que fue secuestrado y torturado durante la última dictadura y uno de los 12 que llegó a esta etapa de la lucha por que la Justicia analice las responsabilidades militares, pero sobre todo civiles –el resto ha fallecido–. Su testimonio en el marco del debate oral que sigue el Tribunal Oral Federal número 1 estaba previsto para el martes pasado pero fue pospuesto para principios del mes que viene por cuestiones de tiempo. “Estoy desesperado para que se haga justicia, porque no tenían derecho a hacernos lo que nos hicieron”, apuntó en diálogo con este diario. “Lo que sufrimos no tiene nombre, y todo por reclamar lo que nos correspondía, defender nuestros derechos”, completó. 

Propato estaba listo el martes pasado para contar la historia que lo tiene como protagonista. Una historia que recuerda con detalles: que para la época del golpe de Estado del 24 de 1976 era delegado del área de Pintura de la sección Montaje de la Ford Motors Argentina, “un puesto similar al de subcapataz”. Que la mañana del 13 de abril de 1976 fue secuestrado junto a otros cinco compañeros. Que a las 11:15 lo sacaron de su puesto de trabajo unos ocho hombres del Ejército, lo subieron a una camioneta y los llevaron a los seis al quincho, un espacio cerrado improvisado dentro del campo de deportes de la planta automotriz. “Más o menos 11:30 ya estaba instalado en el quincho, esposado, y bajo tortura. No te voy a decir que miré la hora porque estuvimos encapuchados todo el tiempo, pero ahí estuvimos hasta la noche, tipo 10, 11 de la noche, cuando nos trasladaron a la Comisaría de Tigre”. En la comisaría estuvo “40, 45 días”, de ahí fue llevado a Devoto, “celular quinto, celda 136, máxima seguridad, donde empezó otro calvario más grande que el anterior”. Estuvo ahí hasta el 5 de septiembre del 76, cuando fue trasladado a la cárcel de Azul y luego a la de Sierra Chica, “contínuamente bajo tortura”. Ahí perdió el 50 por ciento de un ojo y le quebraron una vértebra. En el 77 lo liberaron. 

Pero no pudo declarar ni pudo oír el testimonio de Pedro Troiani, uno de sus compañeros de trabajo en la Ford durante las décadas del 60 y 70 –al ser también testigo no lo tuvo permitido–. El relato de Troiani fue extenso y elevado en detalles también, por lo que el presidente del TOF 1, Diego Barroetaveña, decidió decretar un cuarto intermedio en el juicio –dos de los cuatro jueces, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano, son de Rosario, Santa Fe– hasta el martes 6 de marzo en una demostración más del ritmo cansino que le imprime a la causa. La investigación judicial por las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores de la Ford pasó por dos jurisdicciones judiciales y demoró más de una década en considerar responsables de ellas a directivos de la empresa, miepntras que el debate oral tardó otros cuatro años y ahora avanza de a dos audiencias por mes. Llegaron con vida al banquillo de los acusados el ex jefe de Institutos Militares Santiago Riveros y los ex directivos de la empresa Pedro Müller y Héctor Sibilla. 

Así, el martes pasado el ex delegado de Pintura de la Ford tuvo que volver a su casa a acumular nervios, a sumar más días a los más de 41 años de espera y a pasar los días “en plena efervescencia”. Le aseguró a PáginaI12 que “fueron 41 años de trabajo y de lucha, de golpear miles de puertas” para llegar a éste, “el momento tan importante”. “Esto es lo máximo para mí porque no es solamente contarle a los argentinos qué nos hicieron por pelear por nuestros derechos”, respondió. “Este juicio va a traspasar las fronteras nacionales y latinoamericanas, será importante para todos los obreros del mundo ya que es la primera vez que trabajadores podrán contar las cosas que les hizo pasar una multinacional, una empresa como Ford que no es un tallercito de cuarta”, continuó y allí, en esa atención que posó sobre el poder de la empresa que no solo permitió el ingreso del Ejército a su empresa, sino que “marcó” a sus empleados y permitió que los torturaran allí mismo desconociendo luego su responsabilidad durante décadas, radica el argumento con el que Propato explicó la demora: “Por eso supongo que se tardó tantos años. Pero no deberíamos demorar más porque este es nuestro último tren”.

Comienzan las declaraciones en el histórico juicio por crímenes de lesa humanidad en Ford

Cuatro décadas para relatar el horror

Después de años de demora, el martes se inician los testimonios de los ex delegados Carlos Propato y Pedro Troiani. “Ford es un caso prototípico por los aportes que hizo su dirigencia al terrorismo de Estado”, asegura la abogada querellante Gómez Alcorta.

Por Ailín Bullentini

El quincho de Ford Motors Argentina fue señalizado como lugar de secuestro y tortura en marzo de 2012.

En la historia que cuenta los secuestros y las torturas sufridas por obreros de la fábrica Ford durante la última dictadura cívico militar, el tiempo no jugó a favor de ellos: en la espera para que el Estado revise esos hechos, que duró 40 años, la mitad de ellos murieron sin obtener Justicia y la mitad de los dirigentes de una de las multinacionales automotrices con más peso, entonces y hoy, en el país, sin condena. Sin embargo, los días venideros ilusionan a los sobrevivientes, que comenzarán a descontarle a la desesperanza cuando dos de ellos declaren por primera vez ante jueces, ante sus familiares, ante sus abogados y ante sus verdugos. 

Carlos Propato y Pedro Troiani serán los primeros trabajadores de la Ford en dar testimonio en el juicio que comenzó a mediados de diciembre pasado, tras años de instrucción, otros tantos de espera por el juicio oral y dificultades en la constitución del tribunal. “El juicio para ellos empieza el martes, cuando puedan contar públicamente todo lo que sufrieron. Las primeras jornadas del juicio –en las que se leyó la elevación al debate oral de la jueza federal Alicia Vence y las negativas de los acusados a decir nada– fueron la previa. Ahora les llega el momento que esperaron por décadas”, explica a este diario la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, quien junto a Tomás Ojea Quintana y Marcos Aldazábal dirigen la querella de los obreros de la fábrica de automotores ubicada en General Pacheco en el juicio.  

En 1976, Carlos y Pedro eran obreros y delegados de la Ford Motor Argentina, que en su planta de General Pacheco empleaba entonces a más de 7 mil personas, entre la fábrica y la administración. De esos miles, solo un puñado de decenas se convirtieron en víctimas del terrorismo de Estado que, allí en esa automotriz, llegó hasta el campo de recreación. El martes, desde las 9:30, Carlos y Pedro contarán ante el tribunal Oral Federal Número 1 de San Martín como el 13 de abril fueron secuestrados de sus puestos de trabajo y torturados en “El quincho”, como llamaron al centro clandestino que la fuerzas de represión ilegal en connivencia directa con la dirigencia civil de la empresa montó en el campo deportivo en el que los obreros jugaban a la pelota de tanto en tanto en la planta de General Pacheco. Ambos fueron trasladados luego a la Comisaría de Tigre y “blanqueados” en diferentes prisiones. Fueron liberados un año después. 

En la seguidilla de testimonios le seguirán los otros del grupo de 24 víctimas protagonistas de los hechos que se ventilarán en el debate. Que la denuncia por lo sufrido los mantuviera unidos en una sola querella es otra razón para que este juicio se destaque entre los que fueron sucediendo desde que las leyes de obediencia debida y punto final fueron declaradas inconstitucionales. “Es el primer juicio a civiles empresarios cómplices del terrorismo de Estado que integra a todas sus víctimas en un solo debate”, puntualizó la abogada. En el proceso en el que se juzgó a dirigentes de La Veloz del Norte fue tenido en cuenta un solo caso. 

Otra de las razones es, desde ya, la presencia entre los acusados de empresarios que no solo se beneficiaron con la dictadura sino que actuaron de manera directa en la persecución y la represión ilegal. Son dos dirigentes de la empresa los que están acusados de los crímenes que vivieron en carne propia: el ex gerente de manufacturas Pedro Müller y quien fue jefe de seguridad de la planta, el teniente coronel retirado Héctor Francisco Sibilla comparten cargas de delito con el genocida varias veces condenado por delitos de lesa humanidad Santiago Riveros, que durante los años de terrorismo de Estado fue jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo. Deberían también haberse sentado en el banquillo quien fue el presidente de la Ford Nicolás Courad, que murió en 1989 y quien fue gerente de relaciones laborales de la compañía Guillermo Galárraga, que alcanzó a ser procesado, pero murió el año pasado con 93 años.

“El tiempo en estos casos implica impunidad. Los acusados llegan al juicio con 90 años o más y ni siquiera en prisión domiciliaria. Otros dos murieron impunes. El tiempo siempre juega a favor de los genocidas”, definió Gómez Alcorta. 

La investigación judicial sobre los hechos sufridos por los obreros de la Ford tiene su inicio en 2002, con una denuncia presentada por el fiscal Félix Crous. En un primer momento, el expediente fue dirigido por el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal federal Federico Delgado, pero en 2006 fue traspasado a la Justicia Federal de San Martín, en donde lo mantuvieron paralizado. Siete años después, fue reactivado por la jueza federal Alicia Vence, quien finalmente elevó la causa a juicio en 2014, previo procesamiento de los tres ex directivos Müller, Galárraga y Sibilla. 

Sin embargo, las demoras en la investigación no fueron las únicas. Los obreros debieron soportar los años subsiguientes el peloteo entre magistrados que no querían hacerse cargo del debate. “La imposibilidad de integrar un tribunal fue una señal de alarma que indicó el peso que este juicio tiene para la corporación judicial. Durante mucho tiempo no tuvo fecha de inicio y luego fue pospuesto”, consideró la abogada querellante. En 2016 obtuvo una primera fecha de inicio, en marzo pasado. Pero fue pospuesto. En noviembre se jubiló la presidenta del TOF de San Martín, Marta Milloc, lo cual devolvió a la cuerda floja la inauguración del debate, que finalmente comenzó el pasado 19 de diciembre. Tres de los cuatro jueces que participan son de otras jurisdicciones. 

Gómez Alcorta hizo hincapié en “el peso” de este juicio, que se vislumbra no solo en la molestia que genera en la corporación judicial, sino también en la civilidad que esconde su complicidad con la última dictadura. “Ford es un caso prototípico por los aportes que hizo su dirigencia al terrorismo de Estado que fueron desde la instalación de un centro clandestino dentro del predio de la planta hasta la presencia militar allí, la entrega de información sobre obreros, el aporte de vehículos y combustible a la represión”, indicó. 

Por último, asumió el “desafío” que, consideró, implica el desarrollo de este debate “en un momento político en donde hay una decisión de desacelerar el proceso de memoria, verdad y justicia y de morigerar sus efectos con, por ejemplo, las prisiones domiciliarias a los responsables de delitos de lesa humanidad”. “Pensar que en este momento tan difícil pueden estar sentados en el banquillo de los acusados dos miembros de las firmas más grandes de la industria automotriz que aún continúa funcionando en la actualidad es un verdadero desafío”, concluyó.

Rafecas procesó a ocho represores por delitos de lesa humanidad

Procesados por seis asesinatos

El juez federal Daniel Rafecas consideró probada la responsabilidad de ocho ex policías federales en crímenes cometidos entre 1976 y 1977. Entre los imputados figura Alfredo Vidal, que a fines de los 80 participó del secuestro de Mauricio Macri.

Por Ailín Bullentini

Las víctimas fueron asesinadas mientras estaban indefensas, señaló Rafecas.

Ocho ex policías federales integrantes de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) y de otras dependencias de la fuerza durante el terrorismo de Estado fueron procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. El juez federal Daniel Rafecas consideró probada la responsabilidad de los ex efectivos –entre los cuales figura Alfredo Vidal, quien a fines de los 80 secuestró junto a la Banda de los Comisarios a Mauricio Macri– en el asesinato de seis personas durante tres operativos entre 1976 y 1977. Según las actas policiales de la época, la fuerza había registrado las muertes como producto de “enfrentamientos” fraguados. Rafecas consideró probado que las víctimas, algunas de ellas militantes de Montoneros y ERP, fueron perseguidas, atrapadas en “operativos ilegales”, tiroteadas mientras estaban “en posiciones de indefensión” y luego fusiladas.  

Rafecas ordenó los procesamientos con prisión preventiva de los ex federales en el marco de la investigación que desarrolla sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Primer Cuerpo del Ejército. Sin embargo, Rafael Romero, Daniel Amarillo, Miguel Olarte, Manuel Ichicovich, Juan Ríos, Osvaldo González, Alberto Mattone y el secuestrador Vidal, todos vinculados al funcionamiento del centro clandestino de detención “Coordinación Federal”, que tuvo entre sus sedes a la SSF, estaban detenidos desde marzo pasado. El 24 de marzo, cuando se conmemoró el 41º aniversario del último golpe de Estado, declararon en indagatoria, paso con el que el juez federal confirmó sus responsabilidades.

Romero era inspector cuando “comandó la comisión” policial de la SSF que el 18 de mayo de 1976 reventó el departamento donde vivían Jorge Caso y su esposa María Marta Imaz Garzón. La patota la completaron ocho efectivos, entre los que figuraron Amarillo y Olarte, que eran subinspectores; el entonces sargento primero Ichicovich y los cabos Ríos y González. Según el acta policial incluida en la causa, cuando los policías pidieron ingresar al departamento de Yatay al 700, donde también se encontraba Bernardo Levenson, sus habitantes intentaron escapar y comenzaron a disparar. Documentos de inteligencia policial calificaban a Imaz Garzón de “montonera” y a los tres de “subversivos”.

En enero de 1977, en un operativo de similares características sucedido en un departamento de Villa del Parque fueron asesinados Carlos Jeifetz y su compañera Nora Salvarezza. El procedimiento fue comandado por Mattone, quien entonces era comisario inspector y jefe de la Zona I de la SSF. Vidal integró la patota. Los registros policiales atribuyeron las muertes de Jeifetz y Salvarezza a un “enfrentamiento con subversivos”. Ambos integraban el ERP.

Dos meses después, en Almagro, otra patota asesinó a Mario Lerner, quien militaba en Montoneros. A Mario y a su novia, los represores los esperaron el 17 de marzo de 1977 dentro del edificio donde vivían, en Don Bosco al 4100. A la noche llegó el “Ruso”, a quien le dispararon dos veces y cayó del primer piso al patio interno. De allí se lo llevaron a la rastra hasta un Ford Falcon, al que también subieron a su novia. En ese coche estaba Olarte. Según los registros de la SSF, la captura de la pareja había sido pedida por “fuerzas conjuntas” que respondían al Primer Cuerpo del Ejército. 

Lejos de lo que plantean las actas policiales de la época, Rafecas consideró que las seis víctimas fueron asesinadas en “operativos ilegales”, carentes de órdenes de allanamientos con información recolectada en actividades de inteligencia y que sus muertes deben ser investigadas como “homicidios agravados”. “Los tres casos fueron procedimientos ilegales por no contarse con la autorización de la autoridad judicial correspondiente que justificara el ingreso a los domicilios de las víctimas”, postuló el juez en la resolución en la que procesó a todos los ex policías por considerarlos coautores de seis homicidios agravados.

“En todos los casos se pretendió justificar la realización de los procedimientos en la presunta condición de ‘subversivos’ de las personas cuya detención se procuraba, la cual habría sido determinada en función de información de inteligencia de la cual nunca se dio cuenta, como tampoco se hizo alusión alguna a qué presuntos delitos habrían cometido las víctimas como para justificar los procedimientos a realizar en sus domicilios”, continuó el juez.

Por último, y en base a las autopsias –que integran la causa como elementos de prueba–, el magistrado concluyó que “en los tres procedimientos los disparos que provocaron la muerte de las víctimas fueron efectuados mientras estas se encontraban indefensas”. Algunas de las víctimas recibieron más de diez disparos. Todas fueron fusiladas o “rematadas”.  

Sábado 18/03 acto y marcha en la Guarnición Militar Campo de Mayo

Nuevamente como desde hace once años la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo convoca el sábado 18 desde las 9,30 horas  a una marcha y  acto en la Guarnición Militar Campo de Mayo, con accionar en desde el 24 de marzo 1976 en la Zona 4, que abarcaba los partidos de General Sarmiento, Escobar, General San Martín, San Isidro, San Fernando, Tigre, Vicente López, Tres de Febrero.

La juntada es para no ceder entre las acciones de los que galvanizan el olvido y las acciones de la militancia, media una distancia enorme, no de palabras, sino de significación acerca de cuál es la sustancialidad de la democracia en el contexto de la imprescriptibilidad de los crí menes de lesa humanidad.

El acto será  frente al Hospital Militar donde la empresa Mercedes Benz instaló un aparato de neonatologia para los partos de las compañeras detenidas con el posterior  apoyo del Movimiento Familiar Cristiano, en la entrega y apropiación de los niños de las víctimas del terrorismo de Estado. en un juicio que no se acepta mas dilaciones.

A mas de una década de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en los cursos de acción de los juicios se demostró la activa participación de empresarios, jueces y fiscales, monjas y sacerdotes, en particular los capellanes,  entre otros que conformaron la alianza cívico militar que ejerció el poder desde antes del 24 de marzo del 76 .  La Masacre de Capilla del Rosario en Catamarca el 11 de agosto de 1974  con el fusilamientos de 14 combatientes que se entregaron con vida, el Operativo Independencia desde febrero 1975 y la represión fabril en Villa Constitución el 20 de mazo 1975, por citar didácticos ejemplos.

Esta guarnición militar de exterminio de trabajadores, familiares, militantes y combatientes todavía se espera que todos sus responsables sean sentados en el banquillo de los acusados ( apenas se han concretado doce juicios) y que no sean beneficiados con el punto final biológico, gracias a un andamiaje jurídico impulsado por los defensores oficiales y por quienes desde el Poder Judicial son renuentes a avanzar. Un grupo de tareas que persiste y ahora con oxigeno oficial.

Un muro de impunidad que desde la militancia potencia no ceder en Memoria, Verdad y Justicia, sino aceptar el desafío ideológico desde el bloque de poder de cerrar las heridas del pasado.

Denuncian que se niegan la memoria sobre el Terrorismo de Estado en el ex Batallón 601

Desde la agrupación Barrios x Memoria y Justicia Balvanera afirman que pese a los reclamos, esta semana abrió sus puertas una sucursal más del Banco Santander Rio en la ex sede de Inteligencia del Ejército Argentino, ubicado en la esquina de Callao y Viamonte de la Ciudad de Buenos Aires, sumándose a la universidad que ya funcionaba allí.

“Se preservó su fachada, pero  el edificio fue parcialmente demolido en su interior, siendo ocupado en los pisos superiores por la Universidad del Salvador y en planta baja y sótanos por el Banco Santander Rio. Nos presentamos ante la Secretaría de DDHH  y el Banco Central de la R.A. reclamando por este despojo a la Memoria histórica.  Nos informaron que se habían iniciado conversaciones con la Universidad del Salvador y el Banco Santander Rio.

Ahora con la asunción de las nuevas autoridades en los dos organismos del Estado y sin ninguna comunicación sobre los expedientes iniciados,  se autorizó la apertura de la sucursal bancaria. Se ha intervenido sin contemplaciones de ningún tipo sobre el patrimonio histórico de ese edificio de diez pisos donde funcionó el ‘cerebro operativo’ del terrorismo de Estado con miles de agentes militares y civiles destinados a espiar, perseguir, torturar y desaparecer ciudadanos bajo sospecha. También albergó la dirección local del Plan Cóndor durante la última  Dictadura cívico – militar. Seis décadas atrás tuvo un rol protagónico en las desapariciones que sufrió el cuerpo de Evita.

Enorme es el daño que se ha hecho al pueblo desde ese siniestro lugar y debe haber reparación social y urbana que lo devuelva a la historia y a la vida cotidiana.

Esta  acción,  como otras que han sido tomadas por el gobierno en estos días,  referidas a la Memoria y los D.D.H.H., están alejadas de los valores y derechos conquistados en estos últimos treinta y dos años de democracia. 

Insistiremos una y otra vez hasta se abra un Espacio de Memoria para que las nuevas generaciones puedan visitar el ex Batallón 601 y comprender lo que Nunca Más puede volver a ocurrir en nuestro país”, afirmaron desde Barrios x Memoria y Justicia Balvanera a través de un comunicado.

Campo de Mayo: detuvieron a represores y se negaron a declarar

Pacífico Luis Britos

Por la Policía de Seguridad Aeroportuaria

Cuatro de ellos habían sido apresados entre el domingo y lunes, y el restante cumplía prisión domiciliaria y fue conducido por la fuerza para declarar en el juzgado. A los cinco se los interrogó por su accionar como responsables de la plana mayor de Zárate-Campana. “Eran los encargados de poner los medios a disposición de las fuerzas de tareas”, dijo el fiscal.

Fotos: Gustavo Molfino.

Por: Juan Manuel Mannarino

Alfredo Oscar Arena

ANTECEDENTES

"El horror en el banquillo": el libro de los juicios de Campo de Mayo

Campo de Mayo, territorio y guarnición militar en una performance...

Campo de Mayo: un nuevo juicio por lesa humanidad en San Martín

Cinco represores fueron indagados en el Juzgado Federal de San Martín por la megacausa de Campo de Mayo. Cuatro de ellos habían sido detenidos entre el domingo y lunes, y el restante cumplía prisión domiciliaria y fue llevado al Tribunal. Todos, sin embargo, se ampararon en el silencio. “Son de la plana mayor de la zona de Zárate Campana, y se los indagó por casi 30 casos. Pero se negaron a declarar”, dijo el fiscal Hugo Bogetti 

Federico Mitchel

Los represores detenidos por la Policía de Seguridad Aeroportuaria son: Alfredo Oscar Arena, Ramón Vito Cabrera, Federico Ramírez Mitchel y Pacífico Luis Britos. Mientras que Pascual Muñoz ya estaba con prisión domiciliaria y fue conducido por la fuerza para declarar en el juzgado. Se los interrogó por su accionar como responsables de la plana mayor de Zárate-Campana, que fue parte del  área 400 correspondiente a la zona 4 de Campo de Mayo.

Pascual Muñoz fue intendente interventor de Florencio Varela y jefe del Departamento Personal del Estado Mayor entre 1980 y 1982. Está imputado por 47 casos de lesa humanidad. En Campo de Mayo, se lo acusa por participar de por los crímenes ocurridos en la frustrada operación de la Contraofensiva

Vito Cabrera

Montonera en los años 1979 y 1980.

Pacífico Luis Britos.

Mientras los otros represores se mantuvieron en el anonimato, no fue el caso de Pacífico Luis Britos, que sigue dando conferencia sobre doctrina militar en ámbitos privados. En agosto de 2014 disertó sobre la figura de Julio Argentino Roca. Allí dijo: “Es uno de los personajes más importantes que formaron parte del glorioso Ejército Argentino, puesto que esa formación militar, surgida de una fuerte vocación, lo acompañó durante toda su vida y sirvió de base para desarrollar su personalidad, que le llevaron a ser uno de los políticos más destacados que consolidaron como Estado-Nación a esta querida Argentina nuestra”.

Se calcula que por Campo de Mayo, una de las más grandes dependencias militares del país, pasaron cerca de 7 mil personas, y sólo sobrevivieron 100.  “Fue un área con alto nivel represivo, que atacó fuertemente la militancia política y laboral. Era una zona fabril e industrial fuertemente sindicalizada. Y todavía tenemos pendiente cómo fue la relación 

operativa con las empresas”, definió el otro fiscal de la causa, Miguel García Ordaz.

Federico Ramírez Mitchel.

Según la fiscalía, los detenidos -que son parte del Ejército y de la Marina- cumplieron roles de responsabilidad en las áreas de Personal, Logística e Inteligencia, pero no fueron parte de los grupos de tareas. “Una primera investigación los sitúa en alrededor de 30 casos, que pueden multiplicarse por varias víctimas. Ellos eran los encargados de poner los medios a disposición de las fuerzas de tareas, los que tenían personal a cargo y diagramaban los operativos”, explicó Bogetti. Desde el juzgado explicaron que las detenciones ocurrieron en los domicilios y que, una vez que se negaron a declarar, se les otorgó a todos el beneficio de la prisión domiciliaria.

El Área 400 está siendo investigada en profundidad por la fiscalía y las detenciones son parte de una estrategia para avanzar en la prueba reunida contra  los imputados. “Seguramente pediremos nuevas indagatorias, pero lo que importa es que los acusados saben que se los está procesando por una cantidad de casos por sus roles en Campo de Mayo”, dijo Bogetti, que esperan nuevas detenciones en las próximas semanas.

Ramón Vito Cabrera.

Más de 230 víctimas

Además, la fiscalía aguarda novedades por la fábrica Dálmine-Siderca de Campana. La firma -rebautizada como Tenaris-Techint- fue allanada por la Justicia y ahora se esperan los peritajes de la documentación secuestrada.  “Pensamos que en la zona de Zárate y Campana hay más de 230 víctimas, de los cuales muchos de ellos eran trabajadores de esa empresa”, dijo el abogado Pablo Llonto.

Según cálculos de la fiscalía, hay cerca de 40 casos de obreros de la empresa que fueron privados de libertad y luego desaparecidos. “Creemos que pueden existir más, pero primero queremos demostrar qué tipo de responsabilidad tenía los directivos y el personal jerárquico en delitos de lesa humanidad”, adelantó García Ordaz. Entre los represores que habrían participado de los operativos están sospechados los de la plana mayor de Zárate-Campana.

Para el abogado Pablo Llonto, pronto se sabrá el verdadero rol que ocuparon en el circuito represivo de Campana. “Fue una zona de conflictividad sindical, con muchas comisiones internas. Es muy probable que estos represores ocuparon un espacio de decisiones estratégicas para disciplinar a los obreros y favorecer a las empresas”, concluyó Bogetti.

JMM/RA

La causa por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la planta de Ford

Un comienzo simbólico para el juicio

Después de los reclamos de las querellas, dos ex obreros de la compañía norteamericana declararán el viernes, antes del inicio formal del proceso oral que aún no tiene fecha.

 Por Alejandra Dandan

El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín tomará este viernes declaraciones testimoniales “adelantadas” en la causa por los trabajadores de Ford Motors Argentina secuestrados durante la última dictadura. La causa por los crímenes en la filial argentina de la automotriz norteamericana tiene como acusados a dos militares y a tres civiles, directivos de la compañía. El expediente ya fue elevado a juicio oral, pero los jueces aún no pusieron fecha al debate. Alarmadas por las muchas postergaciones del comienzo, las querellas pidieron al tribunal que al menos tome declaración a dos trabajadores que se encuentran con problemas de salud. Uno de ellos fue delegado de la fábrica. Así, aunque teóricamente éste no es comienzo del juicio, la del viernes será su primera audiencia.

Tomás Ojea Quintana es el abogado querellante por los trabajadores de la empresa. “Ahora tenemos las audiencias anticipadas y esperamos que el tribunal defina una fecha de juicio para Ford, que esperamos sea a principios del año que viene.”

La audiencia del viernes será a las 9 en la sede del TOF, en el edificio de la calle Villate, en Olivos, en una apretada sala de audiencias preparada para un puñado de personas. Los convocados a declarar son Jorge Constanzo, ex delegado por el sector Comedor de la planta de Pacheco, secuestrado el 24 de marzo de 1976 desde el interior de la fábrica. Y Carlos Gareis, otro ex trabajador que era cercano a la comisión interna.

Esta es la primera vez que los cómplices civiles de los crímenes de la dictadura van a comenzar a ser juzgados en audiencia oral. En este caso, los acusados son tres: Pedro Müller, ex gerente de Manufactura, a quien los sobrevivientes describen como mandamás de Pacheco y verdadero jefe político; Guillermo Galárraga, gerente de Relaciones Laborales de la empresa en 1976, la persona que sabía quiénes integraron las comisiones internas y con quién se reunían los trabajadores por reclamos gremiales, y Héctor Francisco Sibilla, ex jefe de Seguridad, uno de los hombres más recordados por los trabajadores por su carácter de militar retirado del Ejército, hombre que escaló posiciones luego de los secuestros y estuvo contratado por la Embajada de Estados Unidos en seguridad hasta que se jubiló en 2004.

Las dos testimoniales implican un comienzo simbólico del debate. Se llegó hasta este punto luego de una serie de gestiones y reclamos muy duros de las querellas, organismos de derechos humanos y fiscales. En el mes de septiembre, las querellas presentaron una carta a Casación, alarmadas por la postergación del juicio. El presidente del TOF 1, Héctor Sagretti, llevaba adelante el juicio por los obreros desaparecidos en la zona norte del conurbano y había dicho que probablemente no iba a poder participar de más juicios grandes en los próximos meses porque había sido designado en la causa conocida como Efedrina.

Las querellas de Ford le escribieron al presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Mariano Hernán Borinsky: “Hemos sido informados que la Superintendencia de la Cámara ha dispuesto que el Dr. Sagretti participe como juez subrogante en uno de los juicios derivados de la causa de la efedrina y, debido a que el Tribunal Oral que Sagre-tti preside sólo cuenta con dos miembros, aquella designación provocaría una demora tal en la tramitación de las causas del tribunal, que el juicio oral y público de la causa Ford podría posponerse hasta entrado el año 2016. Esta circunstancia es realmente grave, porque podría consolidar aún más la vulneración a nuestro derecho a una justicia pronta y efectiva. Los crímenes cometidos ocurrieron hace casi cuatro décadas, y las alternativas para accionar judicialmente, en el contexto histórico de nuestro país, fueron limitadas, por lo que recién pudimos hacerlo ya entrado este nuevo siglo, en el año 2003. Desde ese preciso momento en que se inició la causa penal han pasado más de diez años y todavía no existe siquiera sentencia de primera instancia. En el camino, hemos ofrecido todos nuestros esfuerzos para una causa que creemos es central en el proceso de memoria, verdad y justicia, sobre todo porque los sometidos a juicio oral son civiles que ejercieron como directivos de una empresa grande radicada en nuestro país. Y en ese camino hubo compañeros que perdieron la vida, como Juan Carlos Ballestero, Carlos Enrique Chitarroni, Hugo Adolfo Núñez y otros, y no podrán participar del juicio”.

A raíz del pedido y de otros similares, Casación emitió la semana pasada una resolución, la 1300/14, dirigida al TOF. Sacaron a Sagretti de la causa de la efedrina, pero a la vez sugirieron que el juez podría haber continuado con sus funciones porque ese tribunal de la efedrina no estaría constituido hasta fines de noviembre. Con amabilidad, recordaron también el importante número de causas de lesa humanidad pendientes en el TOF 1; los procesados sin condena; la existencia de una “megacausa” como Campo de Mayo y la acordada de la Corte Suprema. “Al respecto, cabe tener en cuenta lo dispuesto por las acordadas números 42/08 y 37/09 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido de la celeridad que debe imprimirse a la tramitación y conclusión de las causas en las que se juzgan delitos contra la humanidad.”

En la resolución, los jueces de Casación confirmaron otro dato: la continuidad del tercer juez que viene integrando el TOF en el último tiempo: Diego Barroetaveña, orgánico de la conducción de la Asociación de Magistrados, integrante del Tribunal Oral Criminal 21, el que condenó al dirigente sindical José Pedraza por el asesinato de Mariano Ferreyra.

Saint Amant II: Con importantes testimonios se desarrolló la sexta jornada de audiencias

Este miércoles en el Salón Dorado del Municipio se ventilaron detalles de la causa Montalvo y otros además de la de los hermanos Hoffer de Baradero. También declararon víctimas que fueron secuestradas durante la última dictadura militar.

Desde el mediodía pasó por el estrado Orlando “Naico” Brambilla una de las víctimas que declaró en el marco de la causa Montalvo y otros.

“En julio del año ‘77 fui privado de mi libertad junto con cuatro personas más de acá de la ciudad de San Pedro”, comenzó relatando Brambilla para luego describir cómo fue el momento en el que se lo llevaron de su domicilio: “Era de noche, estábamos en mi casa con mi familia. En ese momento vivíamos todos junto a mis padres porque estábamos construyendo nuestras viviendas. Eran las 23.00, golpearon la puerta, preguntaron quién era y dijeron ‘la policía’. Abrieron la puerta. Ingresaron violentamente 4 ó 5 personas con armas largas y preguntando por Orlando Brambilla”.

“No había otra opción que acompañarlos porque no pedían de buena manera la compañía”, remarcó Naico quien señaló que todos los hombres que entraron a su casa “estaban vestido de civil” menos uno “que andaba de saco”. “Ese era el que primero entró”, aseguró.

“No tuve más alternativa que acompañarlos”, lamentó y continúo el relato diciendo que se lo llevaron en un “Torino blanco”. En la descripción Brambilla aseguró que había dos autos más, “un Falcón” y otro que no llegó a precisar ni color, ni modelo.

“Antes de entrar me pusieron un pulóver o un trapo en la cabeza que me impidió seguir viendo. Me ataron las manos con alambre. Me sentaron atrás, entre dos personas, y a partir de ahí empezaron a comunicarse a través de Handy. Se identificaban con países o nombres de animales”, indicó Orlando Brambilla durante su relato que comenzó pasadas las 16.00 y finalizó minutos antes de las 17.00 cuanto se pautó un cuarto intermedio.

“Me trasladaron 15 ó 20 cuadras a un lugar con calles de tierra. Me bajaron, no de buena manera, y cuando me bajaron había una persona que gritaba y decía que no era él a quien buscaban, sino a su hermano. Creo que lo dejaron en libertad ahí insultándolo y a mí me meten en una camioneta que estaba cubierta, después pude determinar que era una ambulancia del Ejercito”, relató.

“Dentro del vehículo ya había otras personas. Inmediatamente habló y me di cuenta de que estaba en compañía de Motalvo, a quien conocía por compartir reuniones políticas o por compartir la vida en el club Náutico. También escuchaba toser a otra persona que no logre identificar, y después trajeron a una tercera persona. Cerraron la puerta arrancó. Después de andar un momento pasamos unas vías y tengo la certeza que pasamos la ruta 191”, continúo contando.

Según lo dicho por Brambilla la ambulancia en la que eran trasladados dobló luego a la derecha y circuló por ruta 9 hasta un camino de tierra. “Pasamos vías, se detuvo la camioneta y volvimos a arrancar. Cada tanto frenaba como pasando badenes. Entramos a una calle que tenía adoquines, ahí no tenía dudas que estábamos en San Nicolás”.

“Se abrió un portón, nos introdujeron y nos bajaron de mala manera a los golpes y patadas”, dijo de cuando llegaron a la comisaría de la ciudad nicoleña y prosiguió: “Me tuvieron un rato con la espalda y la cabeza contra la pared. En un momento alguien me robó un reloj que me habían regalado mis padres cuando termine el colegio nacional, metieron la mano en el bolsillo y me sacaron la poca plata que tenía. Al rato vino otro, yo hice un movimiento y recibí unos golpes”.

“Después de un rato me agarraron de los cabellos y de un brazo. Me metieron en una sala donde había mucho olor a alcohol. Uno empezó a decir que si yo hablaba iba a estar un minuto y que si no tenían todo el tiempo del mundo”, reveló y dio a conocer que quienes lo maltrataron le decían que diga a que “ogra pertenecía”, quienes eran sus “responsables políticos, cuál era su “nombre de guerra”, etc.

“Intenté responder y me dieron varios golpes. En un momento me caí, se me salió la venda. Ahí me dijeron que no mirará y que me desnudara”, dijo y completó con la peor parte de su relato, el momento en que contó cómo lo torturaron: “Me acostaron en una cama y me pasaron picana eléctrica durante un largo tiempo”.

“Me volvieron atar las manos y me llevaron a una pieza. Ahí volví a escuchar la tos y me respondió que era Velasco”.

“El tercer día fue uno de los momentos más difíciles porque lo sacan a Díaz, Montalvo, Gamarra y Velasco. Quedo solo en el calabozo. Realmente fue uno de los momentos tremendos. Volvieron y me dijeron que les habían sacado foto, tomado huellas y les habían hecho firmar papeles. Fue más la incertidumbre que me llenó, porque por qué a ellos le habían hecho eso y a mí no”, expresó Brambilla que durante su relato también contó cómo los liberaron.

“Una nochecita nos dicen que nos liberen porque nos vamos. Nos sacan del calabozo. Nos sacan por un zaguán, nos cargan en una camioneta, la misma en la que nos llevaron a San Nicolás. Una F 100 verde. Nos cargan en la ambulancia y anduvimos un rato largo. No salimos por un camino de tierra salimos por una ruta. Agarramos otra, en un momento bajamos y agarramos otra ruta. Por ahí agarró un camino de tierra, paró y nos dijeron que nos iban a largar, que nos iban a dejar de a uno, que contásemos hasta 50”, contó Naico.

“Después de unos minutos logramos reencontrarnos. Hubo un momento de mucha emoción, de mucha alegría. Estábamos en un camino vecinal cercano a una estación de rebaje y a 2 kilómetros de la 191. Le pedimos al sereno que por favor avisara, llamamos por teléfono y no nos atendieron. Salimos caminando, a los pocos minutos vino este señor en un jeep y nos dijo que nos traía a San Pedro”, agregó.

“A Gina Díaz, que lo llevaron el día anterior y fue a quien más salvajemente torturaron”.

Relacionado con esta causa también declaró Montalvo Gonzalo. Un joven que se encontraba en el techo de una vivienda cuando sin mediar palabras y sin dar explicaciones lo subieron a una camioneta y se lo llevaron.

Él contó: “Anduvimos dando vuelta por San Pedro todo el día hasta que al atardecer, cuando terminaron de ver los domicilios que les interesaba se volvió para San Nicolás. Nos llevaron a la penitenciaria. La recuerdo bien, tiene una fachada amarilla”.

“Me preguntaron qué vínculo tenía con Ricardo Montalvo, la respuesta fue que era sobrino. No tenía militancia política”, relató.

Consultado por su libertad, respondió: “Un día me vienen a buscar, era temprano, y me llevan a una mesa donde dicen acá tienen que firmar su libertad y yo no creía. La leí como 5 o 6 veces hasta que leí que decía que había sido detenido por un día. Bueno, quería preguntar por qué pero la situación no ameritaba. Firmé, me dieron las pertenencias y me largaron. Empecé a hacer dedo para volver a San Pedro”.

Hoy también prestaron declaración víctimas que habían sido secuestradas en Pergamino y que después de ser liberadas debieron exiliarse en Honduras, México y Bélgica.

Campo de Mayo: sentencia con impunidad en el juicio de los obreros

Condenas, absoluciones y civiles ausentes. Entrada la tarde de ayer, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín leyó el veredicto para los nueve genocidas acusados en el Juicio a los Obreros de la Zona Norte. El onceavo juicio en la Megacausa Campo de Mayo.

Gloria Pagés
 

Prisión perpetua para el exgeneral Santiago Omar Riveros; 23 años para el ex dictador Reynaldo Benito Antonio Bignone; Luis Sadi Pepa condenado a 17 años; Eugenio Guañabens Perelló a 16; 9 años para un jefe de policía y un prefecto. Sobre el final, tres absoluciones. Las víctimas, familiares y sobrevivientes expresaron su dolor e indignación.
Esta sentencia llega luego de tres meses de juicio, el llamado “de los obreros”, por una treintena de víctimas trabajadoras de fábricas ceramistas y navales de la Zona Norte de Buenos Aires, y llega luego de más 30 años de impunidad. Esto se temía y así lo reflejábamos en La Izquierda Diario

A medida que la lectura avanzaba, se temía que el tribunal hiciera lugar a nulidades presentadas por la defensa de los militares, a favor de tres prefectos. Finalmente así fue, los jueces los absolvieron, a pesar de muchos testimonios que probaron su autoría, entre otros delitos, del secuestro de Santina Mastinú y su hermano, el dirigente obrero Martín Mastinú, que continúa desaparecido y esposa de Mario Marras, quien fue asesinado. Estos prefectos ya fueron condenados in absentia en Italia por estos crímenes

Esto llenó de bronca a todos los presentes en la sala y en la calle que estaba cortada por militantes, familiares y sobrevivientes. Una condena a perpetua a un genocidio al que poca vida le queda no puede subsanar más de 30 años de impunidad que continúa. Llantos y gritos contra la justicia conmovían a todos lo que estábamos allí, por más que varios dirigentes oficialistas en un palco armado en la calle lo quisieran ocultar, ese sabor amargo fue imposible de tapar con discursos.

Esa falta de justicia fue el denominador común reflejado en todos los testimonios que recogió La Izquierda Diario: absoluciones, bajas penas y la ausencia de civiles, empresarios y sindicalistas, en el banquillo de los acusados.

Graciela Villalba, hija de Mauricio, obrero del Astillero Astarsa y querellante en esta causa, decía: “Los compañeros declararon que vieron a la gente de Astarsa con las listas de los obreros en la mano, hubo listados hasta con foto de los compañeros, hasta el sindicato entregó gente. Ya pasaron 38 años y no fue citado ni un civil en instrucción por eso empezamos a dar nombres para que los citen”.
Por su parte, Pablo Llonto, abogado de la querella, indicaba que “Ha sido un juicio donde apareció un montón de prueba en la que confirma la participación de los empresarios en los delitos de lesa humanidad pero ninguno de ellos está imputado, porque los juicios orales dependen de lo que se hace en la instrucción y acá lamentablemente el juez Suárez Araujo no imputó a los empresarios”. Y agregó que esto le deja una “sensación rara porque los civiles dieron nombres de trabajadores, las direcciones de las casas, hasta en Cattáneo (cerámica de la zona norte) los secuestros fueron dentro de la planta.”

Como hemos dicho en hace unos días , este es el tramo número once de la Megacausa Campo de Mayo, lo que demuestra la extrema fragmentación de los juicios de lesa humanidad. Pablo Llonto también se refería a este hecho: “Hay miles de imputados, pero sólo 100 han llegado a juicio oral, un número pequeño frente a lo que fue la órbita de Campo de Mayo, que implica toda la Zona Norte, desde General Paz hasta Zárate y Campana, con 5000 desaparecidos estimados, la gran mayoría obreros.” En este juicio quedaron afuera no sólo numerosos casos de obreros navales y ceramistas, sino también los de la Ford y de la metalúrgica Bopavi.

Al igual que Pablo Llonto, Paula Mañueco, abogada querellante que representa a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, debió reconocer esta carencia: “solicitamos que se mande a investigar a los empresarios ya que tuvieron responsabilidad en estos delitos; otra petición que hicimos fue que se pida al juzgado de instrucción que se investigue correctamente los delitos sexuales que muchas veces no se investigan, porque no se quiere mostrar la magnitud que tuvo este tipo de delitos en el marco del terrorismo de estado”.

Al respecto, Gloria Beatriz Enríquez de Garay, secuestrada y con su marido desaparecido, fue una de las que se animó a contar su historia “tuve que relatar que me violaron, la pérdida de un embarazo por culpa de los golpes, no es fácil”, nos dice conmovida, y agrega “lucho por los que todavía no entraron en los juicios, los compañeros que están desaparecidos y nadie está condenado por ellos”.

De esto se trata y eso se se gritaba afuera. Ir por más, “esto no es justicia, mal y tarde no sirve”, “urgente por los civiles y el resto de los milicos genocidas”. Se trata también de terminar con la fragmentación, con la revictimización de los sobrevivientes y familiares que una y otras vez deben relatar el tormento al que fueron y son sometidos. Y de juntar las piezas que sectores de la justicia quiere desperdigar. Y es Estado y el gobierno tienen que jugar un rol: ofrecer prueba abriendo y entregando a la justicia los archivos de la dictadura. El desguace de las causas es funcional a la impunidad: liquida y diluye el plan genocida, como plan sistemático de exterminio. Por eso es fundamental que las causas se unifiquen por circuito represivo, “todos los genocidas por todos los compañeros” como dice la histórica consigna que acuñamos de parte de la Asociación de Ex detenidos desaparecidos. Y cuando hablamos de todos los genocidas, se trata de todos: los civiles empresarios, burócratas sindicales, la cúpula de la iglesia. Sin esto, con juicios tardíos y desmembrados, condenando a un puñado de viejos militares, tomando también un puñado de casos, el sabor amargo para las víctimas y la impunidad para los que no fueron nunca siquiera imputados será una constante.