El represor que guardó pruebas
El agente del Batallón 601 está siendo juzgado por la desaparición de cuatro personas que colaboraban con el ERP.
Por Alejandra Dandan
“Lo que hicieron los genocidas al llegar la democracia fue implementar el famoso pacto de silencio que los llevó a hacer desaparecer la documentación o a negarse a cal y canto a darla. Pero así como los restos de aquellos asesinados cuando se recuperan vienen a darnos testimonio de la masacre, restos de aquel registro burocrático de la infamia, robados a la historia, vienen también a ser testigos de lo sucedido: porque esa documentación no fue totalmente destruida. Tal vez algún uniformado o afín sintió que era ‘un trofeo de guerra’ de esa matanza, además de ser una buena fuente de rédito económico: Héctor Vergez fue uno de ellos, que retuvo parte de esa documentación.”
El viernes pasado los fiscales Gabriela Sosti y Alejandro Alagia pidieron 30 años de prisión efectiva para el espía y experto en Inteligencia del Batallón 601 Héctor Vergez, juzgado en Buenos Aires por el secuestro de cuatro personas una de ellas es el jefe de Inteligencia del PRT-ERP, “Pancho” Javier Coccoz, entregado por el Ejército a Vergez llegado especialmente de Córdoba para “doblarlo”. En la redada fueron secuestrados Juan Carlos Casariego de Bel, Rafael Perro-tta (que no es “caso” de esta causa) y Julio Gallego Soto, tres hombres del mundo de los negocios o altos funcionarios del Estado, informantes clandestinos del PRT y con un compromiso político con las organizaciones revolucionarias. También cayó la compañera de Coccoz, María Cristina Zamponi, militante del PRT. Los fiscales pidieron la pena como vienen haciéndolo en cada juicio: por el delito de genocidio. Y pidieron abrir una investigación aparte para juzgar a Vergez por los casos de violación denunciados por Zamponi durante el juicio. El Tribunal Oral Federal 5 ahora debe evaluar a su vez pedidos del resto de las querellas: Marcelo Parrilli, que representa a la familia Zamponi-Coccoz, pidió 21 años de prisión y los abogados Pedro Dinani y Liliana Mazea, desde la Liga por Casariego también pidieron 21 años. La sentencia se conocerá el viernes 21 de diciembre. El alegato fiscal de 120 páginas es una especie de pieza arqueológica. Una de las pruebas principales de este juicio eran tres “documentos”, uno de los cuales sólo se dejó ver en algún momento pero luego desapareció. Los “documentos” son nada menos que parte de la prueba que reclaman los fiscales: transcripciones completas de interrogatorios tomados bajo tortura a los detenidos-desaparecidos, registros que eran mecanografiados o grabados, luego pasados a máquina y almacenados en microfilms. El organismo que centralizaba toda la información fue el Batallón 601. Para poder probar la serie de hechos del juicio, los fiscales tuvieron que reconstruir el tercer interrogatorio a través de testigos que habían visto una parte y de los indicios de los otros dos documentos. Rastrearon, por ejemplo: apodos, nombres de guerra y el nombre de algún bar a partir de los cuales se infiere que eran datos presentes en el documento que falta. Así, probaron la existencia de ese tercer interrogatorio, que es el interrogatorio de Casariego de Bel. Los otros dos que están en el expediente desde el inicio son los de Gallego Soto y Perrotta.
Más allá de las pruebas, el tema de qué pasó con esa documentación que forma parte de los “archivos de la represión”, cómo circuló y cómo y por quién llegó a ser comercializada después de la dictadura fue uno de los temas del debate. Del cúmulo de testimonios y de pruebas, se supone a esta altura que Vergez diseñó y organizó el operativo de secuestros y desapariciones en esta sucesión de hechos. Y aunque no se sabe si estos interrogatorios en particular pasaron por sus manos o fueron ofrecidos por él a terceros, lo que la causa probó a criterio de la acusación es que manipuló y tuvo (¿tiene?) acceso a parte de los archivos. En esa línea, de nombres que rodean la historia siempre fantasmal de los archivos de la represión, la fiscalía ubicó también al propio Juan Bautista “el Tata” Yofre, ex jefe de la SIDE, que declaró como testigo del juicio y que cuando le preguntaron por esta información, una parte de la cual usó para escribir alguno de sus libros, respondió que “caía del cielo”. “De cada persona secuestrada se dejaba registro”, dijeron los fiscales. “De cada interrogatorio bajo tormento se dejaba registro.”
Durante el juicio, declararon varios periodistas. Que aportaron datos en esa dirección. Ricardo Ragendorfer contó que durante una entrevista a Vergez en 2004 le ofreció archivos. También declararon Ricardo Kirschbaum, Rogelio García Lupo y María Seoane. Kirschbaum contó que en los pasillos se decía que los archivos de la represión se vendían a medio millón de dólares. Y declaró además un productor de Mauro Viale, Fabián Doman, porque los interrogatorios aparecieron como figura de fondo con la forma de una ficción en dos de los programas. Doman mostró los interrogatorios a los familiares de cada uno de los secuestrados para convocarlos a un programa: al hijo de Gallego Soto, a la familia de Perrotta y la hija de Casariego de Bel, la única que no se quedó con ninguna copia pero pudo observar parte de los datos que estuvieron reconstruyéndose en estas audiencias. En su declaración, Doman complicó al Tata Yofre. “Doman vio los interrogatorios de Perrotta, de Casariego y de Gallego Soto, pero a la Justicia presentó el interrogatorio de Perrotta, el de Gallego y un informe donde consta la existencia del de Casariego”, dijeron los fiscales. “Pero además, Doman vio –y eso lo dijo por primera vez en la audiencia– (una copia) del listado de casos que tenía Yofre en la baulera de su casa y que fue acompañado ocultamente a la causa. Esto es importante porque prueba la vinculación de todo el material: el listado no está desarticulado, es parte de la documentación total que estaba a la venta. El listado no se lo vendieron a Doman, lo reservó Yofre en su baulera. Doman lo vio y describió minuciosamente cada parte que fue leyendo y anotando en sus apuntes para luego verificar que todo fuera cierto. Estaba en el mismo paquete que los interrogatorios. Se los muestra la misma persona (que se los dio)”.
“Quienes presenciamos este juicio, en especial la declaración del ex jefe de la SIDE no podemos aventar las sospechas. Pero nos queda la inquietante incertidumbre –dijeron– sobre quién o quiénes continúan manipulando y especulando con esos archivos aún a sabiendas del incomparable valor que tiene para nuestra historia y para estos juicios de lesa humanidad.”
Vergez, por él mismo
Vergez publicó un libro con su nombre de guerra, y sus actividades represivas en clave de aventura cuando se obturó la Justicia. En su afán de dar cuenta del peso de su formación, “sin duda de excelencia”, dijeron los fiscales, el hombre develó que tuvo como instructor a “un oficial francés, que nos narraba sus experiencias en Argelia...”. De sus inicios, cuenta que como jefe de un grupo del Batallón de Inteligencia 601 tenía el Centro de Operaciones montado con la cobertura de un local, en un sótano próximo a Riobamba y Corrientes. Allí instaló una disquería adecuada a los gustos de la “juventud contestataria”. Habla también del pase al Destacamento de Inteligencia en Córdoba, en diciembre de 1974 y los múltiples casos en que intervino, como el de Horacio Mendizábal y Marcos Osatinsky. Menciona su relación con el general Telleldín de la Inteligencia Policial de Córdoba y sus operaciones “importantes” en La Rivera, parte de los hechos por los que está siendo juzgado en este momento en la ciudad de Córdoba.
El agente del Batallón 601 está siendo juzgado por la desaparición de cuatro personas que colaboraban con el ERP.
Por Alejandra Dandan
“Lo que hicieron los genocidas al llegar la democracia fue implementar el famoso pacto de silencio que los llevó a hacer desaparecer la documentación o a negarse a cal y canto a darla. Pero así como los restos de aquellos asesinados cuando se recuperan vienen a darnos testimonio de la masacre, restos de aquel registro burocrático de la infamia, robados a la historia, vienen también a ser testigos de lo sucedido: porque esa documentación no fue totalmente destruida. Tal vez algún uniformado o afín sintió que era ‘un trofeo de guerra’ de esa matanza, además de ser una buena fuente de rédito económico: Héctor Vergez fue uno de ellos, que retuvo parte de esa documentación.”
El viernes pasado los fiscales Gabriela Sosti y Alejandro Alagia pidieron 30 años de prisión efectiva para el espía y experto en Inteligencia del Batallón 601 Héctor Vergez, juzgado en Buenos Aires por el secuestro de cuatro personas una de ellas es el jefe de Inteligencia del PRT-ERP, “Pancho” Javier Coccoz, entregado por el Ejército a Vergez llegado especialmente de Córdoba para “doblarlo”. En la redada fueron secuestrados Juan Carlos Casariego de Bel, Rafael Perro-tta (que no es “caso” de esta causa) y Julio Gallego Soto, tres hombres del mundo de los negocios o altos funcionarios del Estado, informantes clandestinos del PRT y con un compromiso político con las organizaciones revolucionarias. También cayó la compañera de Coccoz, María Cristina Zamponi, militante del PRT. Los fiscales pidieron la pena como vienen haciéndolo en cada juicio: por el delito de genocidio. Y pidieron abrir una investigación aparte para juzgar a Vergez por los casos de violación denunciados por Zamponi durante el juicio. El Tribunal Oral Federal 5 ahora debe evaluar a su vez pedidos del resto de las querellas: Marcelo Parrilli, que representa a la familia Zamponi-Coccoz, pidió 21 años de prisión y los abogados Pedro Dinani y Liliana Mazea, desde la Liga por Casariego también pidieron 21 años. La sentencia se conocerá el viernes 21 de diciembre. El alegato fiscal de 120 páginas es una especie de pieza arqueológica. Una de las pruebas principales de este juicio eran tres “documentos”, uno de los cuales sólo se dejó ver en algún momento pero luego desapareció. Los “documentos” son nada menos que parte de la prueba que reclaman los fiscales: transcripciones completas de interrogatorios tomados bajo tortura a los detenidos-desaparecidos, registros que eran mecanografiados o grabados, luego pasados a máquina y almacenados en microfilms. El organismo que centralizaba toda la información fue el Batallón 601. Para poder probar la serie de hechos del juicio, los fiscales tuvieron que reconstruir el tercer interrogatorio a través de testigos que habían visto una parte y de los indicios de los otros dos documentos. Rastrearon, por ejemplo: apodos, nombres de guerra y el nombre de algún bar a partir de los cuales se infiere que eran datos presentes en el documento que falta. Así, probaron la existencia de ese tercer interrogatorio, que es el interrogatorio de Casariego de Bel. Los otros dos que están en el expediente desde el inicio son los de Gallego Soto y Perrotta.
Más allá de las pruebas, el tema de qué pasó con esa documentación que forma parte de los “archivos de la represión”, cómo circuló y cómo y por quién llegó a ser comercializada después de la dictadura fue uno de los temas del debate. Del cúmulo de testimonios y de pruebas, se supone a esta altura que Vergez diseñó y organizó el operativo de secuestros y desapariciones en esta sucesión de hechos. Y aunque no se sabe si estos interrogatorios en particular pasaron por sus manos o fueron ofrecidos por él a terceros, lo que la causa probó a criterio de la acusación es que manipuló y tuvo (¿tiene?) acceso a parte de los archivos. En esa línea, de nombres que rodean la historia siempre fantasmal de los archivos de la represión, la fiscalía ubicó también al propio Juan Bautista “el Tata” Yofre, ex jefe de la SIDE, que declaró como testigo del juicio y que cuando le preguntaron por esta información, una parte de la cual usó para escribir alguno de sus libros, respondió que “caía del cielo”. “De cada persona secuestrada se dejaba registro”, dijeron los fiscales. “De cada interrogatorio bajo tormento se dejaba registro.”
Durante el juicio, declararon varios periodistas. Que aportaron datos en esa dirección. Ricardo Ragendorfer contó que durante una entrevista a Vergez en 2004 le ofreció archivos. También declararon Ricardo Kirschbaum, Rogelio García Lupo y María Seoane. Kirschbaum contó que en los pasillos se decía que los archivos de la represión se vendían a medio millón de dólares. Y declaró además un productor de Mauro Viale, Fabián Doman, porque los interrogatorios aparecieron como figura de fondo con la forma de una ficción en dos de los programas. Doman mostró los interrogatorios a los familiares de cada uno de los secuestrados para convocarlos a un programa: al hijo de Gallego Soto, a la familia de Perrotta y la hija de Casariego de Bel, la única que no se quedó con ninguna copia pero pudo observar parte de los datos que estuvieron reconstruyéndose en estas audiencias. En su declaración, Doman complicó al Tata Yofre. “Doman vio los interrogatorios de Perrotta, de Casariego y de Gallego Soto, pero a la Justicia presentó el interrogatorio de Perrotta, el de Gallego y un informe donde consta la existencia del de Casariego”, dijeron los fiscales. “Pero además, Doman vio –y eso lo dijo por primera vez en la audiencia– (una copia) del listado de casos que tenía Yofre en la baulera de su casa y que fue acompañado ocultamente a la causa. Esto es importante porque prueba la vinculación de todo el material: el listado no está desarticulado, es parte de la documentación total que estaba a la venta. El listado no se lo vendieron a Doman, lo reservó Yofre en su baulera. Doman lo vio y describió minuciosamente cada parte que fue leyendo y anotando en sus apuntes para luego verificar que todo fuera cierto. Estaba en el mismo paquete que los interrogatorios. Se los muestra la misma persona (que se los dio)”.
“Quienes presenciamos este juicio, en especial la declaración del ex jefe de la SIDE no podemos aventar las sospechas. Pero nos queda la inquietante incertidumbre –dijeron– sobre quién o quiénes continúan manipulando y especulando con esos archivos aún a sabiendas del incomparable valor que tiene para nuestra historia y para estos juicios de lesa humanidad.”
Vergez, por él mismo
Vergez publicó un libro con su nombre de guerra, y sus actividades represivas en clave de aventura cuando se obturó la Justicia. En su afán de dar cuenta del peso de su formación, “sin duda de excelencia”, dijeron los fiscales, el hombre develó que tuvo como instructor a “un oficial francés, que nos narraba sus experiencias en Argelia...”. De sus inicios, cuenta que como jefe de un grupo del Batallón de Inteligencia 601 tenía el Centro de Operaciones montado con la cobertura de un local, en un sótano próximo a Riobamba y Corrientes. Allí instaló una disquería adecuada a los gustos de la “juventud contestataria”. Habla también del pase al Destacamento de Inteligencia en Córdoba, en diciembre de 1974 y los múltiples casos en que intervino, como el de Horacio Mendizábal y Marcos Osatinsky. Menciona su relación con el general Telleldín de la Inteligencia Policial de Córdoba y sus operaciones “importantes” en La Rivera, parte de los hechos por los que está siendo juzgado en este momento en la ciudad de Córdoba.
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