martes, 19 de junio de 2012

Elevan a juicio causas de la represión en Junín

El juez federal Daniel Rafecas elevará a juicio oral en los próximos días las causas por delitos de lesa humanidad en la localidad bonaerense de Junín contra siete ex policías y militares por secuestro y torturas cometidos contra 30 personas durante la última dictadura. Se trata de dos partes de la causa que concentran los delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado en la zona de Junín y que forman parte del entramado represivo de la megacausa Primer Cuerpo del Ejército

 El juez federal Daniel Rafecas elevará a juicio oral en los próximos días las causas por delitos de lesa humanidad en la localidad bonaerense de Junín contra siete ex policías y militares por secuestro y torturas cometidos contra 30 personas durante la última dictadura. Se trata de dos partes de la causa que concentran los delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado en la zona de Junín y que forman parte del entramado represivo de la megacausa Primer Cuerpo del Ejército.
El expediente, “Almirón y otros sobre privación ilegal de la libertad agravada”, tienen como procesado al coronel retirado Ángel José Gómez Pola, quien se desempeñó como jefe del Área 31 de la Subzona 13, que tenía jurisdicción sobre el circuito represivo que  funcionó en Junín y que integraron cuatro centros clandestinos de detención: la Comisaría 1ª de Junín, la Unidad 13 del Servicio Penitenciario Provincial (conocida como Cárcel de Construcción), el Destacamento Policial Morse y la Unidad VIIIª de Junín. Pola, quien como jefe militar desde el 6 de diciembre de 1976 al 5 de diciembre de 1977 estaba al mando de la policía, está procesado como autor mediato de 24 casos de privaciones ilegales de la libertad y por los tormentos sufridos por 14 de esas personas.
 
Además del ex coronel, está procesado por 16 casos de secuestros y tormentos el comisario inspector retirado Miguel Ángel Almirón, quien le da nombre a la causa y es señalado como la “cara visible” del “Destacamento Morse”, centro clandestino ubicado a unos 25 kilómetros de la ciudad de Junín y que dependía de la Comisaría 1ª.
También formarán parte del juicio el ex comisario inspector Edgardo Antonio Mastrandrea; los ex comisarios Abel Oscar Bracken y Julio Ángel Esterlich; el ex médico policial Aldo Antonio Chiacchietta y el oficial superior retirado Silvio Manzanares.
Las acusaciones contra  ellos y contra Almirón, es por la autoría directos en los 30 casos de secuestros y tormentos en la zona de Junín. “Los reproches están anclados en sus roles de custodios, interrogadores y torturadores de los centros de detención clandestinos”, señaló el requerimiento de elevación a juicio que el fiscal federal Federico Delgado presentó a fines del año pasado.


https://sites.google.com/site/porlamemoriajunin/home 

domingo, 3 de junio de 2012

Infimas penas para dos genocidas y un tercero, impune

Roberto Bustos recibió 19 años de prisión y Jorge Bianchero, nueve. En el juicio se ventiló el secuestro de un grupo de personas que participaba de un taller literario.
Roberto Bustos, ex jefe de informaciones de San Martín, y Jorge Bianchero, de la seccional 3 de Villa Lynch.
 
Dos ex comisarios de la policía bonaerense fueron condenados ayer por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín por delitos de lesa humanidad en 1979. Se trata de Roberto Ramón Bustos, entonces a cargo de la división informaciones de la delegación San Martín, y Jorge Julio Bianchero, ex titular de la seccional 3 de Villa Lynch, que recibieron penas de 19 y 9 años de prisión, respectivamente. El tribunal que integran Lucila Larrandart, Héctor Sagretti y Daniel Petrone dispuso que los condenados cumplan la sentencia en una cárcel común. El juicio fue oral y público, pero se desarrolló en una sala con capacidad para ocho personas. Por un accidente cerebro vascular, luego de permanecer varios años prófugo, quedó fuera de juego antes del inicio del juicio el coronel retirado Nedo Otto Cardarelli, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 201 con responsabilidad en centenares de secuestros de personas desaparecidas en Campo de Mayo.

El sábado 12 de mayo de 1979 a la noche un grupo de tareas irrumpió en un departamento de Ecuador 318, en la ciudad de Buenos Aires, y secuestró a seis personas, todos compañeros de un taller literario que, según testigos del juicio, tenían previsto viajar a España para publicar un libro sobre la represión en la Argentina. Las víctimas fueron Noemí Beitone, Jorge Sznaider, Jorge Pérez Brancatto, Hugo Malozowski (los tres estudiantes del profesorado de Historia en el colegio Mariano Acosta) y el matrimonio de escritores que formaban Mirta Silber y Carlos Pérez. Los seis permanecen desaparecidos y existen indicios de que estuvieron en cautiverio en Campo de Mayo. Dos días antes, la policía de Villa Lynch, por orden del Ejército, había detenido a un hermano de Beitone junto con un amigo en un departamento de esa localidad. Ambos fueron interrogados y liberados.

“Nosotros éramos simples informantes, sólo se hacían informes de inteligencia”, intentó minimizar su responsabilidad Bustos, que se encargaba de recopilar la información sobre la “lucha antisubversiva” en la delegación San Martín. “Nosotros nunca hicimos operaciones y también la pasamos mal en esa época, tuvimos que ponernos muy rígidos con nuestros vecinos”, dijo al ejercer el derecho a pronunciar sus últimas palabras. “Mis manos están limpias”, concluyó. Previendo la condena, pidió que se le concediera el arresto domiciliario y se dispuso a esperar el fallo junto a Bianchero en el jardín de la casona de Olivos donde se realizó el juicio.

Uno de los pocos privilegiados que pudo ingresar a la sala fue León Sznaider, padre de Jorge, que tenía 19 años y cursaba el primer año del profesorado en Historia. Familiares y allegados a las víctimas junto con militantes de Hijos y de la Comisión Campo de Mayo aplaudieron de pie al anciano, que con el abogado Pablo Llonto realizó la presentación que permitió reabrir la causa. Sin micrófono, con decenas de personas amontonadas en una escalera, fuera de la sala, esforzándose para escuchar, Larrandart leyó la sentencia: 19 años de cárcel para Bustos como coautor de dos allanamientos ilegales, ocho secuestros, y de los tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos en los casos de quienes permanecen desaparecidos; nueve años de prisión para Bianchero por un allanamiento ilegal y los dos primeros secuestros.

Los jueces destacaron que se trató de delitos de lesa humanidad, por ende imprescriptibles, y encomendaron a la justicia de primera instancia investigar al resto de los policías y militares que participaron o tuvieron responsabilidad en los mismos hechos. A pedido del fiscal federal Marcelo García Berro y en base a la declaración del dictador Jorge Videla sobre el destino de los desaparecidos, los jueces ordenaron que se investigue la responsabilidad de Bustos en los homicidios de las víctimas.

Antes del comienzo del juicio, que duró tres semanas, los acusados habían pedido la suspensión a cambio de una probation, léase tareas comunitarias. Bianchero ofreció además pagar dos mil pesos a la familia de cada víctima como “resarcimiento” por su responsabilidad. El tribunal rechazó los ofrecimientos y también el pedido de arresto domiciliario con el que insistieron hasta ayer. Los ex comisarios afrontaron el proceso en libertad y tras la sentencia quedaron por primera vez detenidos, a sus 78 años y a un tercio de siglo de los hechos. La propia Larrandart actuará como jueza de ejecución. Los presentes aplaudieron la sentencia, nombraron y gritaron “presente” para recordar a cada una de las víctimas. Los condenados quedaron en la sala a la espera de los penitenciarios que los trasladarían a la cárcel. Nedo Otto Cardarelli morirá impune.

jueves, 31 de mayo de 2012

Dos exiguas condenas en la Causa Campo de Mayo

Policías a la cárcel

Roberto Bustos recibió 19 años de prisión y Jorge Bianchero, nueve. En el juicio se ventiló el secuestro de un grupo de personas que participaba de un taller literario.

Dos ex comisarios de la policía bonaerense fueron condenados ayer por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín por delitos de lesa humanidad en 1979. Se trata de Roberto Ramón Bustos, entonces a cargo de la división informaciones de la delegación San Martín, y Jorge Julio Bianchero, ex titular de la seccional 3 de Villa Lynch, que recibieron penas de 19 y 9 años de prisión, respectivamente. El tribunal que integran Lucila Larrandart, Héctor Sagretti y Daniel Petrone dispuso que los condenados cumplan la sentencia en una cárcel común. El juicio fue oral y público, pero se desarrolló en una sala con capacidad para ocho personas. Por un accidente cerebro vascular, luego de permanecer varios años prófugo, quedó fuera de juego antes del inicio del juicio el coronel retirado Nedo Otto Cardarelli, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 201 con responsabilidad en centenares de secuestros de personas desaparecidas en Campo de Mayo.

El sábado 12 de mayo de 1979 a la noche un grupo de tareas irrumpió en un departamento de Ecuador 318, en la ciudad de Buenos Aires, y secuestró a seis personas, todos compañeros de un taller literario que, según testigos del juicio, tenían previsto viajar a España para publicar un libro sobre la represión en la Argentina. Las víctimas fueron Noemí Beitone, Jorge Sznaider, Jorge Pérez Brancatto, Hugo Malozowski (los tres estudiantes del profesorado de Historia en el colegio Mariano Acosta) y el matrimonio de escritores que formaban Mirta Silber y Carlos Pérez. Los seis permanecen desaparecidos y existen indicios de que estuvieron en cautiverio en Campo de Mayo. Dos días antes, la policía de Villa Lynch, por orden del Ejército, había detenido a un hermano de Beitone junto con un amigo en un departamento de esa localidad. Ambos fueron interrogados y liberados.

“Nosotros éramos simples informantes, sólo se hacían informes de inteligencia”, intentó minimizar su responsabilidad Bustos, que se encargaba de recopilar la información sobre la “lucha antisubversiva” en la delegación San Martín. “Nosotros nunca hicimos operaciones y también la pasamos mal en esa época, tuvimos que ponernos muy rígidos con nuestros vecinos”, dijo al ejercer el derecho a pronunciar sus últimas palabras. “Mis manos están limpias”, concluyó. Previendo la condena, pidió que se le concediera el arresto domiciliario y se dispuso a esperar el fallo junto a Bianchero en el jardín de la casona de Olivos donde se realizó el juicio.

Uno de los pocos privilegiados que pudo ingresar a la sala fue León Sznaider, padre de Jorge, que tenía 19 años y cursaba el primer año del profesorado en Historia. Familiares y allegados a las víctimas junto con militantes de Hijos y de la Comisión Campo de Mayo aplaudieron de pie al anciano, que con el abogado Pablo Llonto realizó la presentación que permitió reabrir la causa. Sin micrófono, con decenas de personas amontonadas en una escalera, fuera de la sala, esforzándose para escuchar, Larrandart leyó la sentencia: 19 años de cárcel para Bustos como coautor de dos allanamientos ilegales, ocho secuestros, y de los tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos en los casos de quienes permanecen desaparecidos; nueve años de prisión para Bianchero por un allanamiento ilegal y los dos primeros secuestros.

Los jueces destacaron que se trató de delitos de lesa humanidad, por ende imprescriptibles, y encomendaron a la justicia de primera instancia investigar al resto de los policías y militares que participaron o tuvieron responsabilidad en los mismos hechos. A pedido del fiscal federal Marcelo García Berro y en base a la declaración del dictador Jorge Videla sobre el destino de los desaparecidos, los jueces ordenaron que se investigue la responsabilidad de Bustos en los homicidios de las víctimas.

Antes del comienzo del juicio, que duró tres semanas, los acusados habían pedido la suspensión a cambio de una probation, léase tareas comunitarias. Bianchero ofreció además pagar dos mil pesos a la familia de cada víctima como “resarcimiento” por su responsabilidad. El tribunal rechazó los ofrecimientos y también el pedido de arresto domiciliario con el que insistieron hasta ayer. Los ex comisarios afrontaron el proceso en libertad y tras la sentencia quedaron por primera vez detenidos, a sus 78 años y a un tercio de siglo de los hechos. La propia Larrandart actuará como jueza de ejecución. Los presentes aplaudieron la sentencia, nombraron y gritaron “presente” para recordar a cada una de las víctimas. Los condenados quedaron en la sala a la espera de los penitenciarios que los trasladarían a la cárcel. Nedo Otto Cardarelli morirá impune.

martes, 1 de mayo de 2012

Jorge R Videla dijo ante el tribunal que las desapariciones evitaban la reacción de la sociedad

"No producían el impacto que tendrían los fusilamientos”

El dictador debió declarar en una causa que busca saber dónde están los restos del ex jefe del ERP Roberto Santucho. Dijo que no había una lista de los desaparecidos, pero que cada jefe de área llevaba la suya.

 Por Alejandra Dandan

El dictador Jorge Rafael Videla declaró el viernes pasado como testigo ante la Justicia y reconoció que el método de las desapariciones les resultó una figura “cómoda”, que “no provocaba el impacto de un fusilamiento público porque la sociedad no lo iba a tolerar”. Mientras le allanaban su casa con motivo de otra causa, Videla fue convocado por la jueza Martina Forns en el marco de un expediente en el que se busca saber dónde están los restos del ex jefe político del ERP, Mario Roberto Santucho. En ese juzgado, Videla declaró tres horas seguidas. Habló de las listas, dijo que cada uno de los jefes de áreas y de zonas tenían las suyas y explicó que nunca se publicaron porque no hubo acuerdo entre las Fuerzas. En uno de los párrafos más sabresalientes, se explayó sobre los “vuelos de la muerte”, una “cosa” que le atribuyó “específicamente a la marina”, pero en la que aceptó tener entendido que allí viajaban los que iban a ser “ejecutadas o sufrir una condena”, en una obvia referencia a los asesinatos. Videla fue convocado a pedido de la querella representada por Pablo Llonto. A 14 años de su primera declaración, en la que dijo no saber nada sobre Santucho, ahora aceptó haber decidido a hablar “tal como lo viene haciendo en sus (recientes) declaraciones”: reconoció haber ordenado el secreto con el que se decidió esconder el cuerpo de Santucho para evitar homenajes. Y el dato informativo más importante es que señaló al ex general Santiago Riveros como quien sabría dónde está su cuerpo.

“Era difícil pensar que tantas personas podían ser juzgadas y la Justicia estaba asustada por la persecución que habían sufrido los jueces de la Cámara Federal en ese momento”, indicó sobre los desaparecidos, según la copia de su testimonio brindado el viernes pasado en la sede del Juzgado Civil en lo Contencioso Administrativo Federal Número 2 de San Martín. La idea de los desaparecidos, dijo, “salió así, espontáneamente. La figura del desaparecido era la que se tenía que usar, era una figura ‘cómoda’, entre comillas, porque no impactaba en la sociedad”. En ese sentido, poco más tarde agregó: “Se puede discutir el procedimiento aplicado en ese momento a personas desaparecidas, que no era el impacto de un fusilamiento público porque la sociedad no lo iba a tolerar”. También dijo que todo esto ahora lo dice “debido a que las circunstancias cambiaron y que hace 14 años él no hubiera manifestado esto”.

Videla fue convocado al juzgado de San Martín en el marco de una causa civil, no penal, abierta en los años ’90 para investigar el destino de los cuerpos de Santucho y de Benito Urteaga. Llonto representa a Blanca Santucho, la hermana de Roby Santucho, que hoy tiene 82 años y está buscando saber dónde pusieron el cuerpo. Videla fue convocado como “testigo” y no imputado porque el expediente funciona en ese sentido como un juicio por la verdad: no busca responsables penales sino saber qué pasó con el cuerpo (ver aparte). Luego de la difusión del libro de Ceferino Reato con veinte horas de entrevista al ex dictador, en el que habla específicamente sobre el caso Santucho, la querella le pidió al juzgado que convocaran a Reato. Reato declaró cuatro días antes de Videla y eso abrió las chances de esta declaración. Quienes estuvieron presentes se quedaron completamente sorprendidos por lo que entendieron como una predisposición de Videla a declarar: habló sin parar durante tres horas y aunque, tal como viene sucediendo, en ningún momento hizo una autocrítica a lo que sigue definiendo como una guerra contra la subversión, expresó su voluntad de “querer colaborar” y señaló creer que “hay que abrir un poco más la información para blanquear la situación” y “así lo he demostrado con las declaraciones”.

Pese cierto tono reflexivo en algunos pasajes, cuando habló de cuestiones como los listados de los desaparecidos, reclamados desde hace años por los organismos de derechos humanos, asumía la descripción con una postura de tipo administrativo con la lógica que pueden imprimirles a los relatos los burócratas.

Las listas

El juzgado de todos modos preguntó por las listas de los desaparecidos: “Usted dijo en la entrevista (con Reato) que en un momento tuvo en su poder unas carpetas que le entregaron y además unas cartas sobre el tema de desaparecidos”. Dijo que el tema era la gran inquietud que tenían los familiares y que “sí conoció carpetas”. Y sobre qué se hizo con esas listas, explicó que no se difundieron por dos razones: por una cuestión de desorden en los datos y porque no hubo acuerdo entre las Fuerzas. En sus palabras: “Hubo un intento de ser publicadas, pero era una lista muy defectuosa porque los datos que daba el Ministerio del Interior eran globales. Estaban los desaparecidos producto de la acción militar y una persona que fallecía en la calle, como por ejemplo un borracho que se moría en la vía pública”. Las “listas se presentaron ante la Junta y se rechazaron y luego, como síntesis, no se publicaron porque hubo un desacuerdo entre las Fuerzas y además porque no era conveniente publicar las listas con errores porque generaba mayor desconcierto”. Y dijo: “Se sabía que las personas que estaban desaparecidas después de dos años era obvio que estaban muertas, pero no (se sabía) el destino de sus restos”.

Cuando el juzgado preguntó si las listas que contenían datos ciertos tenían el destino de los muertos, respondió claramente, pero pareció decir que no. “En las listas de desaparecidos nunca se hablaba del destino, eso es lo que nunca se ha dado a conocer. No es fácil cumplir con esa obligación moral por la forma tabicada en que se procedía y en algunos casos no hay rastros de eso y no puede publicarse a medias.” Dijo que “una lista que mereciera fe por equilibrada es hoy muy difícil (de reconstruir)”.

Pablo Llonto, que estuvo en la declaración, agrega algunos comentarios sobre ese mismo pasaje. Explica que Videla subrayó que en su momento no se difundieron las listas por dos razones: por desorden en los nombres, que podían tener datos de quienes no habían sido asesinados por el accionar militar, como él lo dijo. Y porque no hubo acuerdo entre la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército. Sobre el eje del “desorden”, hay alguna otra precisión que dio el dictador y hoy es importante: Videla dijo claramente que “no había un lugar que centralizara las listas porque cada responsable de cada cuerpo y de cada zona tenía autonomía para dirigir la lucha contra la subversión, entonces había que recopilar la información de cada uno de esos lugares”. Y eso no se habría hecho. Un dato que dejaría en claro que nunca hubo una lista única con todos los nombres.

“Sobre ese famoso sueño de que haya una lista donde estén todos los nombres, creo que nos va quedando claro hace tiempo que no existió nunca –-dice Llonto–. Cada aparato de represión, como Bahía Blanca, Tucumán, Córdoba y demás, por todo lo que va apareciendo, parece indicar que cada uno concentró su propia información, que no hubo nunca una única lista.”

Los vuelos

Videla llegó al juzgado, esposado, desde la guarnición militar de Campo de Mayo. Estaba vestido de traje y corbata. Llegó con una carpeta azul en la mano, que no abrió. Varias veces repitió ese gesto que se observa todavía en las imágenes que lo muestran describiendo la figura de los desaparecidos: las manos moviéndose en el aire. Cuando lo hacía, les decía a los que estaban presentes que no lo malinterpretaran: dice que en esa imagen él no niega al desaparecido.

En un momento, sobre ese tema intenta discutir los números que le dio a Reato. Y la definición que él dio sobre los 7 u 8 mil desaparecidos de los que habló. “El saldo de la guerra no estaba calculado y los 7 u 8 mil desaparecidos no era la gente que había que matar, como menciona el periodista, sino que fue una consecuencia de la guerra”, dice la declaración, como si fueran dos cosas distintas.

El juzgado le preguntó también por los vuelos de la muerte. Si había escuchado hablar de ellos. Aquí es donde mostró una de sus descripciones más crudas: lo que para él son “condenados” son los militantes asesinados. “Personalmente no los ordenó (a los vuelos) –dijo–. Ni los dirigió y le llegaron (los datos) porque se los habían contado. Era una cosa más de la Armada. Supone que en los vuelos iban la tripulación y las personas que iban a ser ejecutadas o a cumplir una condena, no pudiendo asegurar –dijo– si el Ejército en algún momento utilizó sus elementos aéreos para este tipo de procedimientos.”

También explicó que intentó escribir un libro con su biografía. Entre los asuntos sobre los que trabajó mencionó el caso Beagle, un dato que permite entender ahora que parte de los objetos encontrados en el allanamiento a su casa podrían tener que ver con eso. También dijo que había recibido dos tipos de respuestas entre sus camaradas de armas sobre las declaraciones que está dando. Unos que lo criticaron por haber hablado, otros que no. Una de las expectativas más importantes que generan las declaraciones de Videla entre los querellantes son los efectos que podría tener su decisión entre los oficiales de rango inferior para que se abra de esa manera un camino para que hablen.

lunes, 9 de abril de 2012

El asesinato del cura zapatero

El padre Pancho Soares era conocido en Tigre por su opción por los pobres y su compromiso social. Fue una de las primeras víctimas eclesiásticas del terrorismo de Estado. Su caso fue denunciado la semana pasada ante la Justicia Federal.

Era obrero porque no hubiera podido vivir de otra forma, decía el padre Francisco “Pancho” Soares. En los barrios de Tigre lo conocían como el cura zapatero, el de la bicicleta destartalada; por su opción por los pobres, su compromiso social de cambio. Pero molestaban su actividad “traidora a la fe católica, apostólica y romana”, su “peligroso” liderazgo y su discurso revolucionario, al establishment y a las jerarquías del Ejército. Fue una de las primeras víctimas eclesiásticas de los militares, asesinado en el verano del ’76, días después de realizar un responso en el que se señaló con nombre y apellido a los responsables del secuestro, tortura y fusilamiento de tres delegados gremiales peronistas. Su caso fue denunciado la semana pasada ante la Justicia federal en el marco de la megacausa Campo de Mayo por crímenes de lesa humanidad.

El sol despuntaba sobre las casillas de chapa y madera en el barrio de Carupá. J.C.V., un vecino de 30 años, atravesó las calles y el barro que lo separaban de la Capellanía y golpeó la puerta del padre Pancho. Otros testigos contaron que era costumbre que todas las mañanas le convidara unos mates. Pero ese día fue diferente. “A la madrugada se escucharon tiros y al salir vi un auto que se alejaba por el camino de tierra rumbo a la Panamericana”, dijo J.C.V. a la prensa ese 13 de febrero de 1976. La casa del cura, tan humilde como el resto, tenía una ventana abierta de par en par: Soares estaba en el piso, cubierto en un charco de sangre, su cuerpo desfigurado. Arnaldo, el hermano discapacitado del sacerdote, había sido herido también, y pedía ayuda. Moriría meses después en un hospital.

Nadie puso en duda por qué lo habían matado. Algunos medios deslizaron que había sido asesinado en su auto, cuando todo Carupá sabía que su único medio de transporte era la bicicleta desvencijada con la que recorría las villas. Los vecinos venían notando movimientos sospechosos. Militares, policías y gente de civil pasaban a pie o en auto, acechando la capilla. Era vox populi que Soares había sido amenazado de muerte por su compromiso con la justicia. Por eso, el día de su muerte, un grupo de mujeres corrió a la casilla y rescató los sesos del sacerdote, que depositaron en una pequeña caja bajo el altar. Son los únicos restos que quedaron de él.

Los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dipba) son aún más esclarecedores al respecto. Un breve informe de la institución destaca el detonante para que “un comando ‘civil’” lo asesinara: “Dos delegados gremiales de ‘Astilleros de Astarsa’ y la señora de uno de ellos habían sido secuestrados, torturados y asesinados en esos días. Esta chica era catequista (sic) en la capilla de Carupá y fue encontrada muerta por desangramiento, con un pecho arrancado. La misma Policía de la Regional de Tigre se adjudicó el hecho, por supuesto extraoficialmente, a modo de intimidación”.

Los intentos de sembrar terror no funcionaron. “Era evidente –sigue el documento– la agresión a la voz de la Iglesia: Soares denunció en los funerales de la señora este hecho, señalando a sus responsables con nombres y apellidos.” Se desconoce cuál fue el contenido completo de las palabras del padre Pancho ese día, pero una vecina reconoció, años después, que el cura le dijo que temía que, esa vez, hubiera dicho demasiado. Una semana después estaba muerto.

A 36 años, la denuncia se constituyó ante el Juzgado Federal en lo Penal y Correccional Nº 2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence. Graciela Carrel (48) es una de las demandantes. En su trabajo la apodan “la catequista villera”, pero no siempre caminó el barrio de San José y las villas de Tigre llevando la palabra del Evangelio. “Yo era una ama de casa corriente. No sabía nada de Pancho, hasta que empecé a tener un sueño recurrente en que me llamaba. Fue muy perturbador. Lo hablé con psicólogos, familiares y con la gente de la parroquia. Fue recién cuando empecé a averiguar más que descubro que Pancho había sido asesinado de una manera muy vil, producto de su elección por los pobres, y de ahí que se lo llamara tercermundista aunque, de hecho, el no había firmado ese documento. El iba a las casas, agarraba una pala y se ponía a hacer la zanja con la gente del barrio. Los ayudaba a organizarse.”

Nacido en San Pablo, Brasil, había llegado de muy pequeño con su familia al país, donde se nacionalizó argentino. Su inquietud, sin embargo, lo llevó a Chile, donde entró al Seminario Menor de los Asuncionistas, y luego a Francia para estudiar filosofía y teología. Finalmente, vuelto a Buenos Aires, pidió que se le permitiera instalarse en una villa miseria de pleno conurbano. En 1963 lo asignaron a la zona norte del conurbano, donde se hizo conocido en las barriadas pobres de Villa Adalguiza, San Fernando, y de Villa Barragán, Tigre. Desde 1966 fue párroco en Nuestra Señora de Carupá, en Tigre.

“Yo quería una vida de pobreza. No podía vivir ni del Obispado, ni de los ricos, ni de mi familia”, explicó a la revista Panorama en 1965. “No distribuyo caramelos, ni juego al fútbol con ellos. He visto demasiado espectáculo de iglesias.” Lo que había comenzado como la formación de dos vecinos en la producción de plantillas, terminó convertido en una numerosa cooperativa de trabajo. Al apodo de “cura zapatero” le siguieron otros. Fundó la Comunidad Juan XXIII, fábrica comunitaria de baldosas, donde él mismo trabajaba. Además, para ganarse la vida, traducía textos al francés y se empleó en la contaduría de un supermercado local.

Al sacerdote Pancho Soares lo asesinaron un mes antes del golpe militar; al padre Carlos Mugica, el 11 de mayo de 1974; al cura Enrique Angelelli, el 4 de agosto de 1976; y a las monjas francesas,

Léonie Duquet y Alice Dumont, en 1977. Todos fueron representantes de ese sector de la Iglesia “que no claudicó ante las bandas fascistas, ni ante el poder militar o policial o político –dice el texto de la demanda–. Sus conductas y formas de vida fueron todo lo contrario de aquella jerarquía de la Iglesia Católica que brindaba apoyo a los militares. De lo contrario, ¿cómo se puede explicar la tibia reacción episcopal ante crímenes particularmente atroces contra su propia gente? Los propios capellanes militares los habían denunciado (a los curas obispos y monjas llamados “del tercer mundo”) como traidores a la ‘fe católica, apostólica y romana’”.

Adriana Fernández, la otra demandante, abandonó hace algunos años la catequesis, cuando hace más de una década empezó a investigar los crímenes de lesa humanidad. “Comencé a buscar comprender por qué se asesinó a toda esta gente religiosa, y no sólo en la Argentina, que estaba comprometida con la realidad de un pueblo oprimido, casi siempre por alguna dictadura”, explica ahora la referente de la Teología de la Liberación. “En esos tiempos –sigue–, montar cooperativas de trabajo no era algo común como hoy. Muchos de los curas tercermundistas trabajaron en fomentar la creación de comunidades, entre ellos Angelelli en La Rioja. Pero no fue sólo eso. No podemos quedarnos sólo con la imagen del ‘curita bueno’, esa que quieren memorar en la Iglesia. El padre Soares era un cura revolucionario, comprometido tanto en lo social como en lo político. Me contaron, casi en voz baja, que cada vez que mataban a un peronista era él a quien llamaban para dar la misa y que prestaba la capellanía para que Montoneros pudiera hacer sus reuniones.”

En 1974, dos años antes de morir, los archivos de la Dipba recogieron que Soares ofreció una misa en memoria de dos personas, cuyos nombres aparecen tachados, en la Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro “con una asistencia de 600 personas”. El número extrañó a Adriana, ya que la localidad de “Rincón de Milberg era un lugar bastante despoblado y muy inundable, aunque puede que fuera organizada por la Juventud Peronista (JP) y, entonces, asistieran militantes de otros barrios”. Según pudo averiguar por su cuenta, la ceremonia se oficiaba en memoria de los militantes de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) Manuel Belloni (24), padre de la actriz Victoria Onetto y fundador de la JP de San Fernando, y Diego Ruy Frondizi, ayudante de carpintería de 23 años.

En la misa de responso, oficiada a tres años del asesinato de los fusilados presuntamente por la Policía de Buenos Aires el 8 de marzo de 1971, Soares dijo –según la Dipba– que “los dos compañeros (fueron) caídos bajo las balas del imperialismo y el capitalismo”. Además, el escrito policial señala que el cura hizo un llamado a continuar “la lucha siguiendo el ejemplo de Jesús revolucionario, hasta conseguir la liberación argentina y luego de América toda”. Y agrega que “manifestó acto seguido que ‘Argentina es el mejor país para empezar la lucha de la liberación y que se debería recurrir a las armas si fuera preciso’”.

Las dos mujeres tardaron años en desentrañar la historia, oculta tras el terror sembrado por la dictadura. Pablo Llonto, abogado demandante, subrayó que “se responsabiliza a las autoridades del Area 410 del Ejército, encargada de la represión en los partidos de Escobar y Tigre, y a cargo de la Escuela de Ingenieros dependiente del Comando de Institutos Militares, Campo de Mayo”, que desarrollaron el plan sistemático de exterminio planificado y ejecutado desde antes del golpe del 24 de marzo de 1976. “Y también (se acusa) a las comisarías y unidades regionales del lugar por dar la zona liberada.”

El padre Pancho “fue asesinado por su ideología”, reitera Adriana Fernández. “No podemos quedarnos con que fue una buena persona, un ejemplo. Se lo debemos a él y nos lo debemos como sociedad nosotros. Necesitamos reivindicar las vidas de quienes resistieron, diferenciándose de la Iglesia cómplice de la dictadura. El Vaticano nos baja los santos de los que podemos hablar, que nunca son nuestros referentes latinoamericanos, que no tienen nada que ver con nuestra religiosidad popular. No van a entrar nunca, por ejemplo, ni el Gauchito Gil, ni monseñor Angelelli, ni la monja francesa Alice Dumont. Para la cúpula eran marxistas, obispos rojos, que ponían en peligro el catolicismo. El padre Soares era un militante y es necesario que se le haga justicia.”

La revista Panorama reproducía en 1965 lo siguiente:

Pancho cruza una calle de tierra en su bicicleta.

–¡Una monedita, padre!

–No le pidas, Mechi, que el padre es tan pobre como nosotras.

miércoles, 21 de marzo de 2012

El poder económico detrás del poder militar

El estado de las causas judiciales que involucran a empresas y empresarios en crímenes de lesa humanidad. Los expedientes buscan avanzar sobre dos cuestiones: la participación directa de empresarios en crímenes de lesa humanidad y en el modelo económico que buscó implementar el poder económico con apoyo de los militares. El estado de las causas.
 Por Alejandra Dandan

El cartel instalado ayer en la planta Ford Motor Argentina es un nuevo punto de partida en las demandas por los delitos de la última dictadura, definida como cívico-militar. Los organismos de derechos humanos impulsaron las causas por la responsabilidad militar primero y luego de sacerdotes o magistrados que participaron directamente o avalaron lo que sucedía en los centros clandestinos. Ahora empieza a verse el avance sobre el sector de las empresas. O más bien, sobre el poder económico detrás del poder militar.

Ese es el eje de la marcha de este 24 de marzo, impulsada por varios organismos de derechos humanos, entre ellos, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. “Las causas en todo el país avanzan con acusaciones a empresarios”, dice José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. “Hay dos conceptos: por un lado, una dictadura con un poder destructivo en el que están las acciones terroristas brutales, y por otro, el hecho de que la dictadura fue fundacional: intentó construir un nuevo modelo de país y el trabajo ahora es hacer hincapié en la discusión y acusar al terrorismo de Estado de las modificaciones más profundas que hubo en la estructura económica argentina”.

Ese panorama permite ordenar el estado judicial de las causas que avanzan en ese doble sentido en distintos puntos del país. Algunas, pocas, cuestionan ese aspecto fundacional, como los casos emblemáticos de Papel Prensa y Acindar, impulsadas en diciembre de 2010 por la Liga y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Otras denuncian puntualmente torturas, secuestros y asesinatos en los que participaron empresarios. En ese universo, las causas son más y se advierten dos tipos: las que involucran capitales nacionales –como la del ingenio Ledesma por la Noche del Apagón, La Veloz del Norte en Salta o la sentencia que ordenó abrir la semana pasada una investigación sobre el directorio de Loma Negra en un juicio en el que aparecieron datos sobre otras cementeras y empresas del emporio Techint– y las de compañías multinacionales, como la Ford Motor Argentina o Mercedes-Benz, sólo por dar algunos ejemplos. Unas parecen avanzar; las otras, no.

En estas causas, algunos fiscales (y sobre todo las querellas) intentan consolidar las pruebas que les exige la lógica de un juicio pensado para “civiles”: hombres que en principio no actuaron dentro de una cadena de mandos o no fueron funcionarios del Estado. Un obstáculo es que se observa en algunos sectores de la Justicia un “sentido común” que tiende a pensar que si fueron civiles, entonces, no fueron parte del terrorismo de Estado. Una resolución muy reciente del Juzgado Federal de Salta ilustra esa discusión. Se dio en el contexto de la causa de la empresa de transportes La Veloz del Norte, en la que un grupo de trabajadores denunció al propietario de la compañía como partícipe de los operativos de sus secuestros y tormentos. Le atribuyeron a Marcos Levin usar a un grupo de tareas para sacarse de encima a los trabajadores más combativos y afiliados a la UTA. Presentaron las pruebas. El juez federal a cargo de la causa, Leonardo Bavio, llamó a indagatoria a Levin. El empresario se negó y su abogado argumentó, entre otras cosas, que como su defendido era “civil” no podría ser parte del terrorismo de Estado. Fueron interesantes las respuestas del fiscal Domingo Batule y de la querella encabezada por David Leiva, con las que el juez acordó y por lo tanto volvió a citar a Levin para mañana. “El hecho de que Marcos Jacobo Levin no haya sido funcionario público no significa que quede excluido por esa sola circunstancia de ser responsable de cometer delitos de lesa humanidad”, dijo el fiscal Batule. “Aclarando –siguió– que éstos se cometen en un marco en el cual los organismos estatales no sólo se mantuvieron indiferentes ante dicha situación, sino que se utilizó el aparato estatal como instrumento represivo dejando a sus víctimas en orfandad de derechos y garantías, puntualizando que un particular puede colaborar o tener participación en la comisión de esa clase de delitos.”

“Concretamente –reforzó el juez Bavio–, en este proceso debe comprobarse si existieron apremios ilegales como delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado, los cuales son considerados imprescriptibles por el Derecho de Gentes y en su caso, individualizarse a los eventuales autores y demás partícipes.”

Las causas que parecen haber avanzado en los últimos tiempos son aquellas del grupo de las “acciones destructivas” y no las de “fondo”, en términos de Schulman. Y en ese grupo, las que involucran a capitales nacionales. A grandes rasgos, son empresas que elaboraron listas negras, con las que trabajaban los servicios de inteligencia y sobre las que actuaban las fuerzas de seguridad.

Un ejemplo es La Veloz del Norte. Pero también hubo algunas noticias del ingenio Ledesma y Loma Negra.

* La causa del ingenio Ledesma por la llamada Noche del Apagón, de julio de 1976, tiene entre los acusados a Blaquier. Para acercarse a la lógica jurídica, el año pasado algunos querellantes cambiaron la denuncia y en vez de acusar genéricamente “al ingenio Ledesma”, que es una entidad jurídica abstracta en términos de imputación en Argentina, denunciaron con nombres propios al directorio. El fiscal Batule –el mismo de La Veloz del Norte– pidió la indagatoria para Blaquier y otros ex funcionarios de la empresa, pero la rechazó el juez subrogante Carlos Olivera Pastor, que se convirtió en un tapón para el avance de las causas de lesa humanidad en Jujuy. Olivera Pastor se opuso a gran parte de los pedidos de indagatorias de los militares y convirtió a la provincia en una de las únicas –junto a Catamarca– que todavía no tuvieron juicios orales sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

n El otro caso simbólico es Loma Negra. En la sentencia de la semana pasada del juicio oral de Tandil por el secuestro y asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata ordenó una investigación sobre la cementera. Para los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra, el juicio arrojó suficientes “sospechas” de que el directorio de la empresa, entonces encabezado por Amalia Lacroze de Fortabat, “indujo” el crimen. Moreno y su socio habían ganado juicios millonarios a Loma Negra en nombre de los trabajadores que reclamaban por mejores condiciones laborales y por una enfermedad respiratoria que provocaba el proceso de producción. El fallo condenó además, por primera vez, a dos hermanos que no eran funcionarios públicos: uno era gerente del banco Comercial de Tandil y los dos eran dueños de la chacra que funcionó como centro clandestino. En ese caso, el fiscal Daniel Adler dijo durante el alegato algo que da cuenta de las dos facetas de estas causas: aquellos hermanos dieron asistencia y apoyo a la dictadura, pero lo hicieron porque eso les garantizó retener y expandir sus intereses económicos.
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Las dos empresas

Fuera de los avances, hay un enorme paquete de causas que involucran a empresas virtualmente detenidas. Entre otras, las de Ford y Mercedes-Benz. Pero también la de los astilleros Astarsa y todas las que están en la jurisdicción de San Martín.

La Ford y Mercedes-Benz tienen características parecidas: las victimas son trabajadores que eran parte de la comisión interna de las fábricas o delegados de una sección. Las dos causas pasaron del juzgado federal de Daniel Rafecas a San Martín. Ford salió con un pedido del fiscal Federico Delgado de indagatoria para los directivos. En los últimos años, sin embargo, ninguna de las dos avanzó. El juez que las recibió, Juan Manuel Yalj, cuestionó, entre otras cosas, la relación entre civiles, imprescriptibilidad y terrorismo de Estado. En diciembre, las tomó la nueva jueza, Alicia Vence. A la causa original que llevó adelante durante años el abogado Tomás Ojea Quintana, el año pasado se sumó como querellante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Los investigadores hablan de dos tipos de procedimientos de las empresas durante la dictadura. Unos más visibles y desbocados, sobre todo en localidades del interior con compañías que se creían impunes. Otros más camuflados o cuidados, en los centros urbanos. Un ejemplo del primer caso es Ledesma, donde el Ejército usó camiones con el logo del ingenio o había una conexión entre la usina y el apagón que liberó la zona. Para algunos, los casos de Ford y Mercedes-Benz presentan otras dificultades, pese a que la planta de Pacheco de Ford se usó como centro de detención. O que los trabajadores de Mercedes-Benz eran levantados con listas de la empresa.

Hay testimonios de sobrevivientes o de sus mujeres. Arcelia Luján Portillo describió una entrevista con el teniente coronel Juan Molinari, responsable de los secuestros. “Vos me responsabilizás a mí de todo, pero yo te digo y te voy a mostrar algo”, le dijo el militar. Y –describió ella– “sacó de un cajón una lista en un papel con el logotipo de Ford, manifestándome: ‘Acá están todos los nombres que nos dio la empresa con los trabajadores que querían que chupáramos’. Pude ver que la mayoría estaban tachados, y pude ver que el nombre de mi marido aún no estaba tachado y me dijo que me fuera tranquila porque mi marido, antes del 1º de abril, iba a estar en mi casa. Yo le contesté que no le creía, a lo que me refirió que él era un hombre de honor”.

Los casos de Acindar y Papel Prensa tampoco avanzaron mucho. Acindar está en manos de Oyarbide y algo adelantó (ver aparte). Página12publicó una nota sobre La Veloz del Norte en la que la unidad de coordinación de las causas de lesa humanidad del Ministerio Público explicaba cuál era uno de los problemas de estas causas: “La realidad es que las dificultades tienen mucho más que ver con que hay personas cubiertas porque siguen detentando poder, que por las razones jurídicas que elaboran los operadores judiciales adornadas de argumentos jurídicos sofisticados que tratan de explicar en realidad por qué no llaman a los empresarios”.

Algo de eso dice José Schulman: “El Poder Judicial fue creado para defender al poder, no para atacarlo; aun a los más honestos les cuesta mirar al funcionamiento del mismo poder. La Corte Suprema tiene que orientar esta discusión para poder ir al núcleo del bloque que organizó el terrorismo de Estado, porque este poder económico hoy sigue vivo. Esta cuestión redefine la agenda del siglo XXI: pasar del dolor al futuro, para poder gozar de los derechos humanos y eso, inexorablemente, implica poner el eje en el poder económico, que es transnacional”.

La primera señalización de un sitio civil donde se secuestró y torturó

Ford, marcada por la memoria

Frente a la planta automotriz de Ford en General Pacheco, ex delegados y sobrevivientes de la represión ilegal encabezaron el acto en el que se instaló el cartel recordando que ese lugar operó como centro de detención y vejámenes.

 Por Sol Prieto

Un cartel de chapa y madera. Un cartel que dice que en la planta de producción de Ford secuestraron y torturaron a trabajadores durante los primeros meses de la última dictadura militar. Ayer, frente a la planta automotriz Ford, en General Pacheco, los ex delegados de esa empresa que fueron detenidos ilegalmente y sobrevivieron a la tortura y la desaparición levantaron ellos mismos un cartel que señala a la planta como campo clandestino de detención y tortura por el que pasaron 25 trabajadores de esa empresa entre marzo y abril de 1976. El cartel fue colocado junto a otro provisto por la Secretaría de Derechos Humanos, desde donde prevén la construcción de otra marcación más visible. “Siempre va a haber un Falcon en la calle, que quizá nosotros lo pintamos, nosotros lo armamos. Queremos que los jóvenes sepan que en esos mismos lugares donde pintamos y montamos el Ford, nos secuestraron, nos torturaron, nos mataron. Esta es la piedra fundamental”, dijo Adolfo Sánchez, uno de los ex delegados.

Los testimonios de Sánchez, Carlos Propato y Pedro Troiani, tres de los ex delegados, fueron el soporte del acto, al que acudieron unas doscientas personas, en el que por primera vez se marcó un sitio civil como sitio de memoria. En el 2003, varios ex delegados presentaron una denuncia penal por la desaparición de tres de sus compañeros de la junta interna y otros compañeros de trabajo sin activismo gremial. En el 2006 presentaron una demanda civil en Estados Unidos bajo la figura de “acto de reclamo bajo agravio”, contra la firma Ford. Ese mismo año, agregaron a la denuncia penal una presentación contra cuatro directivos de la empresa. Ayer, los delegados consideraron la marcación de la planta Ford como un avance contra la complicidad patronal.

Los tres delegados destacaron el alto nivel de militarización de la empresa. “Vinieron efectivos armados, con tanquetas, y hasta había helicópteros”, explicó Troiani, quien describió, a partir de una anécdota, la relación de la empresa con el Ejército: “El 13 de abril del ’76 fui a fichar la tarjeta. Cuando llegué a mi puesto de trabajo mi capataz me dijo ‘Troiani, no te muevas de acá que te están vigilando’. Me salió el delegado de adentro y le dije ‘¿Quiénes me están vigilando?’, y me fui del sector para ver si me estaban siguiendo. A las 9 de la mañana entró una camioneta con 10 o 12 militares con ametralladoras que avanzaron hasta mi sector. ¿Quién les dijo que yo estaba ahí?” Tres obreros más, uno de los cuales era Propato, fueron secuestrados ese día en la planta y trasladados en camiones que Troiani identificó como “de la empresa” hasta un quincho tapiado ubicado en el campo de deportes. Ese día, los cuatro fueron torturados durante diez horas y luego trasladados a la comisaría de Tigre. Sánchez contó otra anécdota sobre el vínculo entre el Ejército y la conducción de la empresa. En la última reunión que tuvieron algunos integrantes del cuerpo de delegados con el gerente de Relaciones Industriales, Guillermo Galárraga, él les advirtió: “Ustedes le van a mandar saludos a un amigo mío”. “¿A quién?”, preguntó Sánchez. “A Camps”, le contestó Galárraga. “¿Quién era Camps? Nos enteramos cuando estuvimos detenidos en la comisaría”, recordó Sánchez, quien dos días después fue secuestrado en su casa. Los militares tenían, al momento de identificarlo, su credencial de la empresa.

Para los delegados, las conquistas obtenidas en los últimos años antes del golpe explican su secuestro. La jornada de seis horas para los trabajadores que manipulaban estaño; el plus 100 horas que se les pagaban en las vacaciones; el convenio de trabajo de 1975 –“el mejor del país”, según Troiani–; la pelea con el sindicato de mecánicos (Smata) para que el uno por ciento del precio de cada auto otorgado a un fondo extraordinario “para la erradicación de elementos negativos” fuera dirigido a la obra social; la resistencia a subir la producción de 230 a 250 unidades sin incorporar más personal a la línea de montaje; el comedor. Esas políticas gremiales son las que, según Sánchez, fueron reprimidas por la empresa a través de las Fuerzas Armadas. Según los delegados, la medida fue efectiva: luego de la desaparición de esos 25 trabajadores, los conflictos gremiales se redujeron drásticamente y la línea de producción subió de 230 a 300 unidades, con mil trabajadores menos.

Esa idea fue rescatada por el presidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, quien aseguró que “este 24 de marzo empieza la lucha para poner al poder económico en el banquillo de los acusados”. La coordinadora de la red de sitios de Memoria, Judith Said, por su parte, rescató el “derecho a la organización gremial” como un derecho humano.