Piden que los represores sean condenados a pagar avisos solicitando información sobre delitos de la dictadura.
En el llamado Juicio de los Obreros, que se realiza en San Martín, las querellas plantearon que los condenados paguen avisos en medios de comunicación para recabar información sobre crímenes del terrorismo de Estado.
Por Alejandra Dandan
“Tuvieron que pasar treinta años de no ser tomados en cuenta, de injusticias, de trabajar como el culo, de gente que se desmayaba, de gente que quedaba estéril, estropeada, que se moría... Cuando aparece gente que quiere cambiar todo, y fue verdad.” Carlos Marino es uno de los viejos trabajadores de la ceramista Lozadur, cuyo relato integra el libro llamado La Batalla de los Hornos, de Bernardo Veksler. Y a través de ese libro, llegó al juicio oral de San Martín, donde se llevó adelante la última etapa de alegatos del Juicio de los Obreros, sobre la de- saparición de 33 trabajadores de base de la zona norte del Gran Buenos Aires. Las últimas dos querellas –representantes de las víctimas y de organismos de derechos humanos– pidieron penas de 12 a 25 años de prisión para los ocho acusados y perpetua para Santiago Omar Riveros, jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo. También pidieron una investigación penal sobre los cómplices civiles de los secuestros y, con una novedosa iniciativa de “reparación”, propusieron que los condenados paguen avisos en medios de comunicación a difundir las solicitudes de información sobre crímenes del terrorismo de Estado.
“El concepto jurídico de la reparación viene ampliándose”, explicó el abogado Pablo Llonto, por las querellas particulares. Recordó jurisprudencia de otros escenarios, se detuvo en los principios y directivas sobre “el derecho a las víctimas” de Naciones Unidas que prescribe “el derecho a la reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido”. Y, en ese contexto, les dijo a los jueces del TOF 1: “Por lo tanto, como forma de reparación solicitamos que sean condenados al pago de emisión de avisos por televisión y publicación de avisos en los diarios de mayor circulación en el país, en que se requiera información sobre los hechos ocurridos respecto de las víctimas por las cuales sean condenadas, requiriendo además información a toda persona que conozca detalles o documentos sobre los hechos ocurridos contra las víctimas y el destino de sus restos, mínima forma de reparar el daño de la incertidumbre causada a los familiares”.
Este fue uno de los puntos importantes para familiares y ex trabajadores que siguieron en la sala la hora y media de acusación. Después de Llonto, alegó Pedro Dinani, por Justicia Ya! Entre los acusados hay cuatro prefectos, un policía y cuatro militares, incluidos Riveros y el ex dictador Reynaldo Benito Bignone. La fiscalía había pedido penas de 9 a 25 años de prisión, y también perpetua para Riveros. Y como sucedió en la última audiencia, las acentuaciones de todos los alegatos (fiscales, secretarías de Derechos Humanos de Nación y bonaerense) enfatizaron el carácter de la organización obrera en esta zona y la encrucijada que planteó esa organización en el contexto del terrorismo de Estado, con un escenario opuesto conformado por la burocracia sindical, los directivos de las empresas y las alianzas al poder militar.
“Señora jueza, señores jueces –dijo Llonto en el comienzo–: este juicio se llama el Juicio de los Obreros. Y obreras. Con sus identidades, también políticas y sindicales. Queremos sostener esta denominación. Ustedes han visto muchos ojos frente a ustedes de agradecimiento y de súplica. Ojos con llanto, como pocas veces ha ocurrido en los anteriores juicios por delitos de lesa humanidad”, explicó. “Y esto no tiene que ver con el terrorismo de Estado, no solamente, sino con que las víctimas siguen siendo olvidadas.” Recordó aquello que muchos de ellos dijeron en el juicio: “Destrozaron a nuestras familias.” Y recordó cuando Pablo Ramón Leguizamón habló de su señora, obrera desaparecida de Lozadur: “La llevaron por decir la verdad”. Y: “Me quedé solo con una nena de 2 años, nadie me quería atender”. Y les dijo a los jueces: “Estoy tan feliz de estar acá”.
También recordó otras voces, el abogado Segura “cuyo llanto era el dolor de los trabajadores a los que defendía”. O Graciela Villaba, madre de una de las desaparecidas: “He cumplido 60 años y me doy cuenta de que he pasado 38 años pidiendo justicia. Ya no puedo volver más a los 22”. O Liliana Giovanelli o Gloria Garay...
“En este mismo momento, a esta misma hora exactamente, en alguna casa cómoda de algún barrio con ciertos privilegios, un ex gerente, un ex miembro del directorio deben estar recordando sus buenos tiempos al frente de Astarsa, Mestrina, Cattaneo o Lozadur –dijo Llonto–. Y de ellos son parte de las responsabilidades de la catastrófica represión que están juzgando ustedes. Se trataba de familias de obreros, familias humildes, arrasadas por el accionar de dos brazos ejecutores que se aliaron en el objetivo común de aniquilarlas: el brazo militar-policial-prefectura, el brazo civil de los empresarios. Esos dos brazos. Sería hipócrita tratar de separar uno del otro, es muy difícil sin eso dar un reflejo de lo que ocurrió.”
El mensaje fue directo a los jueces. El juicio se hace para juzgar sólo las responsabilidades militares, de policías y prefectura: no entraron los civiles, entre otras razones por problemas en la instrucción del juicio. Durante todo el debate, sin embargo, como ocurre en buena parte de los juicios por causas de lesa humanidad en todo el país, los testimonios de las víctimas se encargan solos de reponer lo que falta. Hablan sin recortes, ni fragmentaciones. Eso generó un cúmulo de prueba que ahora sostiene el pedido que todas las partes hicieron a los jueces: por un lado, que avance la instrucción de primera instancia con esta suma de pruebas, pero por otro que ellos mismos en los fundamentos dejen claro este contexto.
Sobre los pedidos puntuales de continuar e impulsar nuevas investigaciones en esas direcciones, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue especialmente enfática al poner de relieve: 1) todos los fragmentos de los testimonios, y 2) los documentos que marcaron específicamente esa relación durante el debate. Llonto y los familiares dieron otra vuelta: extrajeron los nombres que cada testigo denunció y armaron una lista con cargos y nombres de jefes de personal, gerentes y directivos de las compañías que ya ahí, al ser pronunciados durante el juicio, en la sala, tomaron el cariz de una condena simbólica. “Los civiles directivos de la empresa, los jefes de personal, gerentes, de las empresas Astarsa, Lozadur y Cattaneo” mencionados son: por Lozadur, Mario Jorge Amoroso Copello, Pedro de Landauer, Blanca Guevara de Amoroso Copello, Héctor L. Amoroso Copello, Enrique J. Stegmasm, Santiago Martinet, Pedro Bouché, Jorge Gostonyi, César González Litardo y Manuel María Arias, José Ramón Penas; por Cattaneo, pidieron investigar al jefe de personal De Robertis, a los directores Alejandro Parravicini, Susana Beatriz Cattáneo, Carlos Alberto Gasparutti, Arnoldo Carlos Andrés Cattaneo, además de los integrantes del expediente de la quiebra.
Otro pedido fue que los detenidos continúen con la prisión en una cárcel común. “No hay razones ni legales ni jurídicas para que todos los aquí imputados gocen de privilegios desiguales al resto de los argentinos en una prisión. Basamos esta petición en el principio de igualdad ante la ley.”
La Noche de los Tubos
Los familiares y compañeros de las víctimas de la represión ilegal en la dictadura de Campana conmemoran hoy un aniversario del secuestro de cuatro trabajadores de la empresa Dálmine-Siderca, en un hecho que se conoce como La Noche de los Tubos. En el acto, reclamarán justicia y castigo a los responsables “de estos crímenes aberrantes, para que cada vez duela menos septiembre”. El 22 de septiembre de 1976 fueron secuestrados y desaparecidos Alberto Bedia, Raúl Moreno, Armando Culzoni y Manuel Martínez, cuatro de los más de cincuenta trabajadores de la empresa que fueron secuestrados durante el terrorismo de Estado. Según el relato de un ex trabajador de la fábrica, que presenció los hechos, una camioneta Estanciera se estacionó en la casa de uno de sus compañeros, Alberto Bedia, quien formaba parte de la Lista Naranja de UOM-Campana, que era considerada cercana al PRT-ERP. Luego se enteró de que lo habían secuestrado a Bedia. Sus padres presenciaron el secuestro –los hicieron tirarse al piso boca abajo mientras buscaban a su hijo– y a los pocos días les llegó un telegrama de la empresa: les informaba del despido de su hijo desaparecido. La mecánica se repitió con los secuestros de otros trabajadores, que fueron acompañados con telegramas de despidos por parte de la empresa, que hizo oídos sordos a los reclamos de los familiares de los desaparecidos
Por Alejandra Dandan
“Tuvieron que pasar treinta años de no ser tomados en cuenta, de injusticias, de trabajar como el culo, de gente que se desmayaba, de gente que quedaba estéril, estropeada, que se moría... Cuando aparece gente que quiere cambiar todo, y fue verdad.” Carlos Marino es uno de los viejos trabajadores de la ceramista Lozadur, cuyo relato integra el libro llamado La Batalla de los Hornos, de Bernardo Veksler. Y a través de ese libro, llegó al juicio oral de San Martín, donde se llevó adelante la última etapa de alegatos del Juicio de los Obreros, sobre la de- saparición de 33 trabajadores de base de la zona norte del Gran Buenos Aires. Las últimas dos querellas –representantes de las víctimas y de organismos de derechos humanos– pidieron penas de 12 a 25 años de prisión para los ocho acusados y perpetua para Santiago Omar Riveros, jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo. También pidieron una investigación penal sobre los cómplices civiles de los secuestros y, con una novedosa iniciativa de “reparación”, propusieron que los condenados paguen avisos en medios de comunicación a difundir las solicitudes de información sobre crímenes del terrorismo de Estado.
“El concepto jurídico de la reparación viene ampliándose”, explicó el abogado Pablo Llonto, por las querellas particulares. Recordó jurisprudencia de otros escenarios, se detuvo en los principios y directivas sobre “el derecho a las víctimas” de Naciones Unidas que prescribe “el derecho a la reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido”. Y, en ese contexto, les dijo a los jueces del TOF 1: “Por lo tanto, como forma de reparación solicitamos que sean condenados al pago de emisión de avisos por televisión y publicación de avisos en los diarios de mayor circulación en el país, en que se requiera información sobre los hechos ocurridos respecto de las víctimas por las cuales sean condenadas, requiriendo además información a toda persona que conozca detalles o documentos sobre los hechos ocurridos contra las víctimas y el destino de sus restos, mínima forma de reparar el daño de la incertidumbre causada a los familiares”.
Este fue uno de los puntos importantes para familiares y ex trabajadores que siguieron en la sala la hora y media de acusación. Después de Llonto, alegó Pedro Dinani, por Justicia Ya! Entre los acusados hay cuatro prefectos, un policía y cuatro militares, incluidos Riveros y el ex dictador Reynaldo Benito Bignone. La fiscalía había pedido penas de 9 a 25 años de prisión, y también perpetua para Riveros. Y como sucedió en la última audiencia, las acentuaciones de todos los alegatos (fiscales, secretarías de Derechos Humanos de Nación y bonaerense) enfatizaron el carácter de la organización obrera en esta zona y la encrucijada que planteó esa organización en el contexto del terrorismo de Estado, con un escenario opuesto conformado por la burocracia sindical, los directivos de las empresas y las alianzas al poder militar.
“Señora jueza, señores jueces –dijo Llonto en el comienzo–: este juicio se llama el Juicio de los Obreros. Y obreras. Con sus identidades, también políticas y sindicales. Queremos sostener esta denominación. Ustedes han visto muchos ojos frente a ustedes de agradecimiento y de súplica. Ojos con llanto, como pocas veces ha ocurrido en los anteriores juicios por delitos de lesa humanidad”, explicó. “Y esto no tiene que ver con el terrorismo de Estado, no solamente, sino con que las víctimas siguen siendo olvidadas.” Recordó aquello que muchos de ellos dijeron en el juicio: “Destrozaron a nuestras familias.” Y recordó cuando Pablo Ramón Leguizamón habló de su señora, obrera desaparecida de Lozadur: “La llevaron por decir la verdad”. Y: “Me quedé solo con una nena de 2 años, nadie me quería atender”. Y les dijo a los jueces: “Estoy tan feliz de estar acá”.
También recordó otras voces, el abogado Segura “cuyo llanto era el dolor de los trabajadores a los que defendía”. O Graciela Villaba, madre de una de las desaparecidas: “He cumplido 60 años y me doy cuenta de que he pasado 38 años pidiendo justicia. Ya no puedo volver más a los 22”. O Liliana Giovanelli o Gloria Garay...
“En este mismo momento, a esta misma hora exactamente, en alguna casa cómoda de algún barrio con ciertos privilegios, un ex gerente, un ex miembro del directorio deben estar recordando sus buenos tiempos al frente de Astarsa, Mestrina, Cattaneo o Lozadur –dijo Llonto–. Y de ellos son parte de las responsabilidades de la catastrófica represión que están juzgando ustedes. Se trataba de familias de obreros, familias humildes, arrasadas por el accionar de dos brazos ejecutores que se aliaron en el objetivo común de aniquilarlas: el brazo militar-policial-prefectura, el brazo civil de los empresarios. Esos dos brazos. Sería hipócrita tratar de separar uno del otro, es muy difícil sin eso dar un reflejo de lo que ocurrió.”
El mensaje fue directo a los jueces. El juicio se hace para juzgar sólo las responsabilidades militares, de policías y prefectura: no entraron los civiles, entre otras razones por problemas en la instrucción del juicio. Durante todo el debate, sin embargo, como ocurre en buena parte de los juicios por causas de lesa humanidad en todo el país, los testimonios de las víctimas se encargan solos de reponer lo que falta. Hablan sin recortes, ni fragmentaciones. Eso generó un cúmulo de prueba que ahora sostiene el pedido que todas las partes hicieron a los jueces: por un lado, que avance la instrucción de primera instancia con esta suma de pruebas, pero por otro que ellos mismos en los fundamentos dejen claro este contexto.
Sobre los pedidos puntuales de continuar e impulsar nuevas investigaciones en esas direcciones, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue especialmente enfática al poner de relieve: 1) todos los fragmentos de los testimonios, y 2) los documentos que marcaron específicamente esa relación durante el debate. Llonto y los familiares dieron otra vuelta: extrajeron los nombres que cada testigo denunció y armaron una lista con cargos y nombres de jefes de personal, gerentes y directivos de las compañías que ya ahí, al ser pronunciados durante el juicio, en la sala, tomaron el cariz de una condena simbólica. “Los civiles directivos de la empresa, los jefes de personal, gerentes, de las empresas Astarsa, Lozadur y Cattaneo” mencionados son: por Lozadur, Mario Jorge Amoroso Copello, Pedro de Landauer, Blanca Guevara de Amoroso Copello, Héctor L. Amoroso Copello, Enrique J. Stegmasm, Santiago Martinet, Pedro Bouché, Jorge Gostonyi, César González Litardo y Manuel María Arias, José Ramón Penas; por Cattaneo, pidieron investigar al jefe de personal De Robertis, a los directores Alejandro Parravicini, Susana Beatriz Cattáneo, Carlos Alberto Gasparutti, Arnoldo Carlos Andrés Cattaneo, además de los integrantes del expediente de la quiebra.
Otro pedido fue que los detenidos continúen con la prisión en una cárcel común. “No hay razones ni legales ni jurídicas para que todos los aquí imputados gocen de privilegios desiguales al resto de los argentinos en una prisión. Basamos esta petición en el principio de igualdad ante la ley.”
La Noche de los Tubos
Los familiares y compañeros de las víctimas de la represión ilegal en la dictadura de Campana conmemoran hoy un aniversario del secuestro de cuatro trabajadores de la empresa Dálmine-Siderca, en un hecho que se conoce como La Noche de los Tubos. En el acto, reclamarán justicia y castigo a los responsables “de estos crímenes aberrantes, para que cada vez duela menos septiembre”. El 22 de septiembre de 1976 fueron secuestrados y desaparecidos Alberto Bedia, Raúl Moreno, Armando Culzoni y Manuel Martínez, cuatro de los más de cincuenta trabajadores de la empresa que fueron secuestrados durante el terrorismo de Estado. Según el relato de un ex trabajador de la fábrica, que presenció los hechos, una camioneta Estanciera se estacionó en la casa de uno de sus compañeros, Alberto Bedia, quien formaba parte de la Lista Naranja de UOM-Campana, que era considerada cercana al PRT-ERP. Luego se enteró de que lo habían secuestrado a Bedia. Sus padres presenciaron el secuestro –los hicieron tirarse al piso boca abajo mientras buscaban a su hijo– y a los pocos días les llegó un telegrama de la empresa: les informaba del despido de su hijo desaparecido. La mecánica se repitió con los secuestros de otros trabajadores, que fueron acompañados con telegramas de despidos por parte de la empresa, que hizo oídos sordos a los reclamos de los familiares de los desaparecidos
