miércoles, 13 de marzo de 2013

Once represores condenados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo

"Esto fue como volver un poco a la vida”

El juicio se realizó por 23 víctimas, entre ellas siete mujeres embarazadas. También se juzgó a los apropiadores de la nieta Catalina de Sanctis Ovando. Recibieron perpetua cinco de los once imputados, entre ellos Santiago Omar Riveros y Reynaldo Bignone.

 Por Alejandra Dandan

En la sala entró el ex teniente Carlos Macedra, el hombre que estuvo a cargo del Batallón Esteban de Luca de Boulogne en 1976. Cuando se sentó, desde las primeras filas, entre las fotos de los desaparecidos levantadas por familiares y militantes, alguien dijo, como para presentarlo: “¡Es el asesino de mi tía!”. Santiago Omar Riveros, el señor todopoderoso de los crímenes de Campo de Mayo, y Reynaldo Bignone, segundo señor, decidieron no entrar a la sala de audiencias de San Martín. Junto a los otro acusados, permanecieron en un protegido espacio vecino, fuera del alcance de las fotos con los ojos de las víctimas. A las dos de la tarde, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, integrado por Daniel Cisnero, Daniel Petrone y presidido por Héctor Sagretti, leyó la sentencia del juicio que se llevó a cabo desde agosto del año pasado por 23 víctimas, entre las cuales había siete mujeres embarazadas. El tribunal condenó a prisión perpetua a cinco de los once imputados: Riveros, Bignone y los máximos responsables de la zona, en juicio por primera vez; Luis Sadi Pepa y Eduardo Corrado, directores de la Escuela de Comunicaciones del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, y el ex teniente Carlos Macedra, uno de los represores más simbólicos de este juicio, autor del disparo que mató por la espalda a María Florencia “Kitty” Villagra, de la UES. Los otros cuatro acusados recibieron penas de entre 16 y 25 años. Los apropiadores de la nieta Catalina de Sanctis Ovando, Carlos del Señor Hildalgo Garzón, oficial de Inteligencia del Batallón 601, y María Francisca Morillo fueron condenados a 15 y 12 años respectivamente.

Entre los condenados hay varios con prisión domiciliaria, entre ellos el torturador del Campito Carlos Eduardo José Somoza, alias el “Gordo 2”, sobre quien la fiscalía volvió a pedir la revocación del beneficio porque violó el código de salidas. Los jueces le revocaron ese estado, pero como sucede en varios juicios, la cárcel efectiva será efectiva sólo cuando las condenas queden firmes.

Las dos salas de los tribunales de San Martín inauguradas para este juicio estaban repletas. Cuando Sagretti leyó la condena a prisión perpetua de Macedra, la sala estalló en un aplauso. “Tengo muchas ganas de hablar con mi otra hermana que está en Bariloche para contarle la noticia”, dijo a la salida Julia Elena Villagra, la hermana más grande de Kitty. “Todo esto fue como volver un poco a la vida, yo no podía ni leer el diario, no le creía nada a nadie, no podía volver a vivir. Algo empezó a cambiar a partir de que me contaron que Macedra estaba en la cárcel, por ahí soy muy puntual con esto, pero no me cerraba el dolor. Yo la crié conmigo a mi hermana, para mí era también una hija, quizá si ella no estuviera muerta, yo no estaría con vida, porque la hubiese ido a buscar como Daniel (Cabezas) buscó a su hermano Gustavo”, dijo sobre el compañero de volanteada de Kitty, con el que ella estaba el 10 de mayo de 1976 cuando le pegaron el tiro por la espada y sigue desaparecido. “Ahora a creer en este proceso de justicia –dijo ella–, porque se puede, lo hemos podido hacer.”

Una radio abierta de Sutecba trasmitió durante todo el día desde la vereda. Por esa mesa, instalada en el centro de la calle, pasó temprano Catalina de Sanctis. Allí contó su historia, la de su apropiación y la restitución de 2008. “Decidí en este juicio asumir este rol y ser querella en la causa de mi apropiación”, dijo. Arriba, sobre una bandera colgada en las paredes, se leía: “Como a los nazis los iremos a buscar”. En la calle, se iban concentrando las organizaciones políticas y sociales de la zona que sostuvieron este juicio a lo largo del año con la convocatoria a estudiantes y maestros de la zona. Por la radio habló el compañero de Catalina, Rodrigo, otro de los testigos del juicio. “Yo la vi a Catalina y la veo hoy día y veo realmente quién es, tiene mucho más vida, es mucho más alegre: es Catalina, el nombre que le pusieron sus padres.” Ese escenario, que sacaba el juicio al medio de la calle, terminó a las dos de la tarde transmitiendo lo que iba ocurriendo desde adentro del edificio.

Las condenas

Las condenas coincidieron con los pedidos de la fiscalía a cargo de Marcelo García Berro y en líneas generales con las querellas. Riveros y Bignone, los jefes máximos del área, recibieron perpetuas por allanamiento ilegal, robo agravado, privación ilegal de la libertad, tormentos y por los homicidios de Kitty Villagra y Domingo García, el esposo de Beatriz Recchia, la madre de Juliana y embarazada cuando la secuestraron.

En jerarquía, les siguió Eugenio Guañabens Perelló, director de la Escuela de Apoyo para el Combate General Lemos de Institutos Militares en 1977, en juicio por la desaparición de María Eva Duarte y Alberto Aranda. Fue condenado a 16 años de prisión.

Sadi Pepa y Oscar Corrado, los directores de la Escuela de Comunicaciones del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, que también llegaron a juicio por primera vez, fueron condenados a perpetua. Sadi Pepa fue juzgado por el caso de Beatriz Recchia y Domingo García. Lo condenaron por el allanamiento ilegal a la casa de los dos, secuestro y tormentos de ambos y el homicidio de Domingo. Corrado, en cambio, llegó a juicio, como Macedra, por el secuestro y desaparición de Gustavo Cabezas y el homicidio de Kitty Villagra. Fue otro de los casos emblemáticos del juicio. Diseñó una estrategia para intentar demostrar que para el 10 mayo de 1976 ya había sido trasladado y se desempeñaba como administrador general en ENTel, la vieja compañía de teléfonos del Estado. Para sostener esa teoría declararon muchos de sus compañeros de fuerza. Los testimonios de Stella Segado, actual directora del área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, y de la perito Claudia Belingeri, de la Comisión Provincial por la Memoria, permitieron demostrar que el 10 de mayo de 1976 seguía en Comunicaciones y que cambió de área el 21 de junio de 1976. Los jueces lo condenaron a perpetua.

Macedra llegó al juicio identificado por los colimbas que participaron del operativo del 10 de mayo en la plaza de Martínez. Lo condenaron a perpetua por el secuestro y tormentos de Gustavo y el homicidio de Kitty.

Otro de los grupos de represores condenados por primera vez y como autores directos fueron quienes actuaron dentro del centro clandestino El Campito de Campo de Mayo. Entre ellos, dos gendarmes: Julio San Román, alias “Cacho”, y Hugo Miguel Castagno Monge, alias “Yaya”, los de la custodia. Con ellos fue condenado Carlos Eduardo José Somoza, alias el “Gordo 2”, oficial de inteligencia del Ejército, uno de los interrogadores-torturadores más violentos del centro clandestino. El tribunal condenó a los gendarmes a 20 años de prisión y a Somoza a 25 años por la condición de torturador. Los tres fueron juzgados por los siete casos de mujeres embarazadas, secuestradas con sus compañeros, que dieron a luz en cautiverio y permanecen desaparecidas. Entre ellas, Ana María Lanzillotto, cuya historia dio entrada durante el juicio a lo que fue la caída de la dirección del PRT-ERP en julio de 1976, con la causa madre aún en instrucción.
ANTIAGO OMAR RIVEROS Y REYNALDO BIGNONE ENCABEZAN LA LISTA

martes, 12 de marzo de 2013

Perpetua para Riveros y Bignone por Campo de Mayo

El ex comandante de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros, y el ex dictador Reynaldo Benito Bignone (segundo en ese entonces de Riveros) fueron condenados a prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 23 víctimas, entre ellas siete mujeres embarazadas que dieron a luz en maternidades clandestinas. La misma pena recayó sobre otros tres represores, mientras los apropiadores Carlos del Señor Garzón y María Francisca Morillo recibieron condenas a 15 y 12 años de prisión respectivamente.

Además de Riveros y Bignone, recibieron la pena máxima los represores Luis Sadi Pepa, Eduardo Corrado y Carlos Macedra. Para Carlos José Somoza la condena fue a 25 años de prisión, mientras que para Hugo Miguel Castagno Monge Julio San Román fue de 20 años. El represor Eugenio Guarañabens Perelló recibió una pena de 16 años de cárcel. La lectura de los fundamentos se hará el próximo 14 de mayo.

En tanto, los apropiadores de Laura Catalina de Sanctis Ovando, Carlos del Señor Garzón y María Francisca Morillo, fueron condenados a 15 y 12 años de prisión respectivamente. Antes del veredicto, Sanctis Ovando, nieta recuperada querellante en la megacausa, afirmó que la sentencia sería "reparadora" y serviría para "honrar la memoria" de sus padres, quienes fueron secuestrados y desaparecidos.

miércoles, 13 de febrero de 2013

Citan para el ex secretario de agricultura de la dictadura

Piden que Jorge Zorreguieta sea citado como testigo en la causa de Campo de Mayo
Cita para el papá de Máxima


El abogado Pablo Llonto solicitó que fuera citado el ex secretario de Agricultura de la dictadura Jorge Zorreguieta. Es para que explique supuestas gestiones que habría hecho para averiguar el paradero de desaparecidos.

 Por Adriana Meyer

No asistirá a la ceremonia real en Holanda, como tampoco estuvo presente en la boda de su hija, la futura reina de ese país. Sin embargo, es probable que el ex secretario de Agricultura de la dictadura Jorge Zorreguieta se vea obligado a presentarse como testigo si la Justicia decide citarlo en la causa por los crímenes cometidos en Campo de Mayo. Los querellantes solicitaron al Juzgado Federal 2 de San Martín que lo convoque para que explique las gestiones que habría realizado para la liberación de un secuestrado en ese campo de exterminio, en el marco de un expediente en el que están siendo buscados y convocados nuevos sobrevivientes y ex conscriptos que ya están prestando testimonio. El objetivo es dar con nuevas víctimas y profundizar la investigación de esta megacausa. El pedido fue realizado por el abogado Pablo Llonto, en nombre de los querellantes nucleados en la Comisión Campo de Mayo, y la jueza Alicia Vence se expediría al respecto en los próximos días.

La comisión viene haciendo un relevamiento para dar con posibles sobrevivientes, de los pocos que hubo en ese circuito de centros clandestinos. Ellos podrían dar su testimonio por primera vez, como sucedió el año pasado con el ex juez Hernán Bernasconi, cuyo relato está permitiendo la identificación de nuevas víctimas, según explicó Llonto a Página/12. Lo mismo estaría sucediendo a partir de los datos aportados en declaración testimonial por algunos de los centenares de soldados que hicieron su conscripción durante los años de la dictadura en el Batallón 601 de Aviación Militar del Ejército, en Campo de Mayo.

Esa investigación de la comisión incluye el análisis de artículos periodísticos y, en tal sentido, a partir del anuncio de que la reina Beatriz de Holanda abdicó al trono en favor de su hijo, el marido de Máxima Zorreguieta, algunos medios reflotaron distintas investigaciones sobre el padre de la futura monarca, ex miembro del equipo económico de José Alfredo Martínez de Hoz en el sector de Agricultura. El pedido de citación a Zorreguieta fue avalado por un reportaje publicado por Página/12 hace poco más de diez años al periodista Jan Thielen, el único que logró entrevistar al padre de la princesa Máxima. “Mintió al decir que no sabía nada”, fue su título, y allí relató que “sabía dónde encontrar a los desaparecidos”. Además de adjuntar una copia de la nota en la solicitud que presentó en el juzgado, Llonto precisó que ante Thielen Zorreguieta admitió que había hecho gestiones para lograr la “liberación” de un funcionario de la Bolsa de Cereales, de apellido Domínguez, que había estado secuestrado en Campo de Mayo. En el mismo artículo consta otra gestión personal para liberar a otra secuestrada en ese centro clandestino, “la prima del banquero Julio Werthein”. De esa tarea se habría ocupado Mario Cadenas Madariaga, jefe de Zorreguieta, junto con el condenado genocida Santiago Omar Riveros.

“Todos estos elementos son de enorme importancia en la búsqueda de testigos que han estado secuestrados en Campo de Mayo, que han sido víctimas de delitos de lesa humanidad, pero que además pueden aportar importantes datos para la investigación de la causa, tales como nombres de otros desaparecidos, víctimas, represores, entre otros elementos”, precisó Llonto en su escrito.

sábado, 22 de diciembre de 2012

Finalizado el juicio al genocida Héctor Pedro Vergez

Con una condena a 23 años de prisión

Es uno de los represores que actuó en el centro clandestino La Perla y el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. Fue condenado por el secuestro y los tormentos contra cuatro personas, tres de las cuales permanecen desaparecidas.

Héctor Pedro Vergez, torturador del centro clandestino La Perla y del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército durante la última dictadura, fue condenado ayer a 23 años de prisión. El Tribunal Oral Federal 5 responsabilizó al capitán retirado por el secuestro y los tormentos contra cuatro personas, tres de las cuales permanecen desaparecidas, y calificó como los delitos como “crímenes de lesa humanidad”. El represor que durante el menemismo prestó servicios en la Secretaría de Inteligencia y que se ufanaba de sus trabajos sucios mientras gozaba de impunidad, se mantuvo en silencio durante todo el juicio y tampoco ayer hizo uso de sus últimas palabras antes de la sentencia. Vergez estuvo preso durante el proceso en la cárcel de Marcos Paz y en los próximos días será trasladado a Córdoba, donde se lo juzga junto a otros 43 represores por su actuación desde fines de 1974 en el Comando Libertadores de América y luego como interrogador del Destacamento de Inteligencia 141.

Nacido en La Pampa hace 69 años, Vergez recibió su primera condena por crímenes de lesa humanidad luego de más de media vida de plena impunidad. Los delitos por los que lo responsabilizaron los jueces Angel Nardiello, José Martínez Sobrino y Néstor Costabel ocurrieron en 1977. Javier Ramón Coccoz, alias Pancho, jefe de inteligencia del PRT-ERP, fue secuestrado el 11 de mayo de aquel año. El Ejército apeló para quebrar a uno de sus más eficientes torturadores: el “capitán Rodolfo”, “Vargas” o “Gastón”, los nombres de cobertura que le asignó la inteligencia militar a Vergez. Entre mediados de junio y julio, luego de un mes de cautiverio y torturas a Coccoz, se produjeron los secuestros de María Cristina Zamponi, pareja y compañera de militancia del dirigente del ERP, y de dos supuestos informantes de la organización: Juan Carlos Casariego del Bel, que era funcionario del Ministerio de Economía, y el abogado Julio Gallego Soto. La mujer logró exiliarse en Europa y declaró como testigo en el juicio, en tanto Casariego del Bel y Gallego Soto siguen desaparecidos.

Los fiscales federales Alejandro Alagia, Gabriela Sosti y César Guaragna habían pedido una condena de 30 años de prisión para Vergez. Los abogados querellantes que representaron a familiares de víctimas y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidieron penas de entre 21 y 25 años de cárcel. El TOF-5 resolvió finalmente condenarlo a 23 años de prisión como coautor de las cuatro privaciones ilegales de la libertad, agravadas por violencia y por la duración de más de un mes, y de tormentos agravados porque se aplicaron contra perseguidos políticos. Los jueces también ordenaron en su fallo poner a disposición del Ministerio Público Fiscal las pruebas para que se investiguen las responsabilidades de Guillermo Walter Klein, ex secretario de Programación y Coordinación Económica de la dictadura, y de Federico Dumas, superior inmediato de Casariego del Bel.

El tribunal también tomó nota de la violación del militar a la mujer de su enemigo, a quien mantenía secuestrada junto a sus padres y a su hijo de dos años y ocho meses, aunque por tratarse de un delito de instancia privada corresponde a la víctima promover la acción penal. Zamponi, que también integraba la estructura de inteligencia del PRT y que el mes pasado declaró por videoconferencia desde el consulado argentino en Barcelona, contó que el 11 de junio de 1977 fue secuestrada y encerrada en la casa de sus padres. “Capitán Rodolfo”, se identificó Vergez cuando la capturó, y agregó que era “el interrogador de Javier”. Mientras su compañero, consciente de su destino irreversible, negociaba para que Cristina y su hijo pudieran salir del país, Vergez aparecía por la casa cada dos días. Fue en ese contexto que la llevó a un hotel y la violó. Días después fue expulsada del país.

jueves, 13 de diciembre de 2012

La Fiscalía pidió 30 años de prisión para el espía Héctor Vergez

El represor que guardó pruebas

El agente del Batallón 601 está siendo juzgado por la desaparición de cuatro personas que colaboraban con el ERP.

 Por Alejandra Dandan

“Lo que hicieron los genocidas al llegar la democracia fue implementar el famoso pacto de silencio que los llevó a hacer desaparecer la documentación o a negarse a cal y canto a darla. Pero así como los restos de aquellos asesinados cuando se recuperan vienen a darnos testimonio de la masacre, restos de aquel registro burocrático de la infamia, robados a la historia, vienen también a ser testigos de lo sucedido: porque esa documentación no fue totalmente destruida. Tal vez algún uniformado o afín sintió que era ‘un trofeo de guerra’ de esa matanza, además de ser una buena fuente de rédito económico: Héctor Vergez fue uno de ellos, que retuvo parte de esa documentación.”

El viernes pasado los fiscales Gabriela Sosti y Alejandro Alagia pidieron 30 años de prisión efectiva para el espía y experto en Inteligencia del Batallón 601 Héctor Vergez, juzgado en Buenos Aires por el secuestro de cuatro personas una de ellas es el jefe de Inteligencia del PRT-ERP, “Pancho” Javier Coccoz, entregado por el Ejército a Vergez llegado especialmente de Córdoba para “doblarlo”. En la redada fueron secuestrados Juan Carlos Casariego de Bel, Rafael Perro-tta (que no es “caso” de esta causa) y Julio Gallego Soto, tres hombres del mundo de los negocios o altos funcionarios del Estado, informantes clandestinos del PRT y con un compromiso político con las organizaciones revolucionarias. También cayó la compañera de Coccoz, María Cristina Zamponi, militante del PRT. Los fiscales pidieron la pena como vienen haciéndolo en cada juicio: por el delito de genocidio. Y pidieron abrir una investigación aparte para juzgar a Vergez por los casos de violación denunciados por Zamponi durante el juicio. El Tribunal Oral Federal 5 ahora debe evaluar a su vez pedidos del resto de las querellas: Marcelo Parrilli, que representa a la familia Zamponi-Coccoz, pidió 21 años de prisión y los abogados Pedro Dinani y Liliana Mazea, desde la Liga por Casariego también pidieron 21 años. La sentencia se conocerá el viernes 21 de diciembre. El alegato fiscal de 120 páginas es una especie de pieza arqueológica. Una de las pruebas principales de este juicio eran tres “documentos”, uno de los cuales sólo se dejó ver en algún momento pero luego desapareció. Los “documentos” son nada menos que parte de la prueba que reclaman los fiscales: transcripciones completas de interrogatorios tomados bajo tortura a los detenidos-desaparecidos, registros que eran mecanografiados o grabados, luego pasados a máquina y almacenados en microfilms. El organismo que centralizaba toda la información fue el Batallón 601. Para poder probar la serie de hechos del juicio, los fiscales tuvieron que reconstruir el tercer interrogatorio a través de testigos que habían visto una parte y de los indicios de los otros dos documentos. Rastrearon, por ejemplo: apodos, nombres de guerra y el nombre de algún bar a partir de los cuales se infiere que eran datos presentes en el documento que falta. Así, probaron la existencia de ese tercer interrogatorio, que es el interrogatorio de Casariego de Bel. Los otros dos que están en el expediente desde el inicio son los de Gallego Soto y Perrotta.

Más allá de las pruebas, el tema de qué pasó con esa documentación que forma parte de los “archivos de la represión”, cómo circuló y cómo y por quién llegó a ser comercializada después de la dictadura fue uno de los temas del debate. Del cúmulo de testimonios y de pruebas, se supone a esta altura que Vergez diseñó y organizó el operativo de secuestros y desapariciones en esta sucesión de hechos. Y aunque no se sabe si estos interrogatorios en particular pasaron por sus manos o fueron ofrecidos por él a terceros, lo que la causa probó a criterio de la acusación es que manipuló y tuvo (¿tiene?) acceso a parte de los archivos. En esa línea, de nombres que rodean la historia siempre fantasmal de los archivos de la represión, la fiscalía ubicó también al propio Juan Bautista “el Tata” Yofre, ex jefe de la SIDE, que declaró como testigo del juicio y que cuando le preguntaron por esta información, una parte de la cual usó para escribir alguno de sus libros, respondió que “caía del cielo”. “De cada persona secuestrada se dejaba registro”, dijeron los fiscales. “De cada interrogatorio bajo tormento se dejaba registro.”

Durante el juicio, declararon varios periodistas. Que aportaron datos en esa dirección. Ricardo Ragendorfer contó que durante una entrevista a Vergez en 2004 le ofreció archivos. También declararon Ricardo Kirschbaum, Rogelio García Lupo y María Seoane. Kirschbaum contó que en los pasillos se decía que los archivos de la represión se vendían a medio millón de dólares. Y declaró además un productor de Mauro Viale, Fabián Doman, porque los interrogatorios aparecieron como figura de fondo con la forma de una ficción en dos de los programas. Doman mostró los interrogatorios a los familiares de cada uno de los secuestrados para convocarlos a un programa: al hijo de Gallego Soto, a la familia de Perrotta y la hija de Casariego de Bel, la única que no se quedó con ninguna copia pero pudo observar parte de los datos que estuvieron reconstruyéndose en estas audiencias. En su declaración, Doman complicó al Tata Yofre. “Doman vio los interrogatorios de Perrotta, de Casariego y de Gallego Soto, pero a la Justicia presentó el interrogatorio de Perrotta, el de Gallego y un informe donde consta la existencia del de Casariego”, dijeron los fiscales. “Pero además, Doman vio –y eso lo dijo por primera vez en la audiencia– (una copia) del listado de casos que tenía Yofre en la baulera de su casa y que fue acompañado ocultamente a la causa. Esto es importante porque prueba la vinculación de todo el material: el listado no está desarticulado, es parte de la documentación total que estaba a la venta. El listado no se lo vendieron a Doman, lo reservó Yofre en su baulera. Doman lo vio y describió minuciosamente cada parte que fue leyendo y anotando en sus apuntes para luego verificar que todo fuera cierto. Estaba en el mismo paquete que los interrogatorios. Se los muestra la misma persona (que se los dio)”.

“Quienes presenciamos este juicio, en especial la declaración del ex jefe de la SIDE no podemos aventar las sospechas. Pero nos queda la inquietante incertidumbre –dijeron– sobre quién o quiénes continúan manipulando y especulando con esos archivos aún a sabiendas del incomparable valor que tiene para nuestra historia y para estos juicios de lesa humanidad.”

Vergez, por él mismo

Vergez publicó un libro con su nombre de guerra, y sus actividades represivas en clave de aventura cuando se obturó la Justicia. En su afán de dar cuenta del peso de su formación, “sin duda de excelencia”, dijeron los fiscales, el hombre develó que tuvo como instructor a “un oficial francés, que nos narraba sus experiencias en Argelia...”. De sus inicios, cuenta que como jefe de un grupo del Batallón de Inteligencia 601 tenía el Centro de Operaciones montado con la cobertura de un local, en un sótano próximo a Riobamba y Corrientes. Allí instaló una disquería adecuada a los gustos de la “juventud contestataria”. Habla también del pase al Destacamento de Inteligencia en Córdoba, en diciembre de 1974 y los múltiples casos en que intervino, como el de Horacio Mendizábal y Marcos Osatinsky. Menciona su relación con el general Telleldín de la Inteligencia Policial de Córdoba y sus operaciones “importantes” en La Rivera, parte de los hechos por los que está siendo juzgado en este momento en la ciudad de Córdoba.

domingo, 2 de diciembre de 2012

La familia de Javier Coccoz pide 21 años de prisión para Vergez

La detención de Javier Coccoz dio inició a la "Operación Redondo"
La familia del ex jefe de inteligencia del ERP pidió 21 años de prisión para el capitán (R) Vergez

La querella de la familia del desaparecido responsable de la inteligencia del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Javier Coccoz, reclamó hoy una condena de 21 años de prisión para el capitán (R) Héctor Pedro Vergez, y pidió también que se lo investigue por el delito de violación en perjuicio de la esposa de la víctima, Cristina Zamponi. Al iniciarse la etapa de alegatos en el juicio que se le sigue a Vergez por secuestros y tormentos cometidos en 1977 en dominios del Primer Cuerpo de Ejército, el abogado Marcelo Parrilli, pidió al Tribunal Oral Federal 5 que en su veredicto haga "expresa mención" a que los juzgados fueron "delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar genocida".

Parrilli abrió la etapa de alegatos en representación de la familia de Coccoz y de su esposa, Cristina Zamponi, sobreviviente exiliada en Europa y querellante en la causa en el juicio que se le sigue a Vergez por el secuestro y desaparición de Coccoz, que dirigía la inteligencia del ERP como "teniente Pancho" y de sus presuntas fuentes, el abogado y economista Julio Gallego Soto -quien había  sido un hombre de estrecha confianza de Juan Perón- y de un alto funcionario del Ministerio de Economía, Julio Casariego de Bel.

Investigaciones periodísticas aseguran que también fue secuestrado en la misma redada  (llamada por los represores "Operación Redondo")  el director y accionista mayoritario del diario  "El Cronista", Rafael Perrota, pero ello no es materia de este juicio.

Vergez, de 69 años, escuchó las acusaciones en su contra luego de haber permanecido en silencio a lo largo de todo el juicio, ya que nunca accedió a prestar declaración indagatoria.

Parrilli recordó que Vergez fue trasladado desde Córdoba, donde comandaba el centro clandestino de detención La Perla- para ocuparse especialmente de Coccoz a fines de mayo de 1977, porque sus captores no lograban que les proporcionara información a pesar de veinte días de intensos "interrogatorios".

Fue entonces cuando Vergez comenzó a ir a la casa de los padres de la esposa de Coccoz, a dónde ésta se había mudado llevando consigo al pequeño hijo de ambos, dónde se presentó como "capitñan Rodolfo" y le informó a Cristina que estaba en tratativas con su marido con miras a llevarlos a ambos a Europa y que les quedaba prohibido salir de esa vivienda.

En algunas de sus visitas, siguió recordando Parrilli, "Rodolfo" sacaba a la mujer de la vivienda "y la llevaba a hoteles para violarla", por lo cual se pidió también que se lo investigue por este delito.
Zamponi y el niño fueron enviados a Europa con pasaportes confeccionados por el servicio de inteligencia del Ejército.  Coccoz desapareció. 

Parrilli recordó que en un libro publicado por Vergez a fines de 1995, "Yo fui Vargas", describió en detalle lo ocurrido con Coccoz y su esposa, algo que sólo sabían los protagonistas de los hechos, por lo cual dio por probada su responsabilidad.

"Considero probada la materialidad del hecho y la privación ilegítima de la libertad doblemente agravada de Javier Coccoz", concluyó Parrilli al entender que Vergez cometió los delitos con "violencia y amenazas" y fue responsable de los "tormentos agravados" a la víctima tanto físicas como psíquicas, ya que "la negociación no era una propuesta, en realidad, sino una amenaza: la de matar a su esposa y su hijo en caso de que no aportara nombres".

"Él (Javier Coccoz) sabía que era hombre muerto" desde el momento de su secuestro, dedujo Parrilli, y concluyó que no dio nombres de compañeros de militancia, quienes declararon en el juicio que no les pasó nada tras el secuestro de Coccoz, ni siquiera cambiaron sus domicilios, pero sí suministró "contactos que consideró que por la posición social que tenían iban a poder sobrevivir" en relación a quienes luego fueron secuestrados y desaparecidos.

El juicio, a cargo de los jueces Angel Nardiello, José Martínez Sobrino y Néstor Costabel, entró en su etapa final y se dará a conocer el veredicto el 21 de diciembre.

lunes, 12 de noviembre de 2012

Un testimonio para exorcizar el pasado

Cristina Zamponi, lamujer de Javier "Pancho" Coccoz, jefe de inteligencia del PRT.

Habla de su esposo y de la militancia de ambos. Cuenta que después del secuestro de Coccoz estuvo bajo la vigilancia de Vergéz en su propia casa hasta que pudo partir a Francia. Revela por primera vez que el represor la violó.

 Por Alejandra Dandan
La foto de Javier Coccoz con su hijo de meses que Cristina Zamponi mostró en la audiencia.

“La carga es muy pesada porque hay una parte que es como que quiere olvidarse, decir: esto no pasó. No me pasó, porque es abrir la puerta a la atrocidad. Yo no lo pude hablar durante mucho tiempo: no lo podía mirar porque tenía la sensación de que me iba a quedar enganchada ahí.” Cristina Zamponi declaró en uno de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Es la única sobreviviente de un grupo de cuatro víctimas, entre las que estaba su esposo, Javier “Pancho” Coccoz, jefe del aparato de Inteligencia del Partido Revolucionario de los Trabajadores, al que ella mencionó como dirección política del Ejército Revolucionario del Pueblo. Ella declaró desde el Consulado de Barcelona, vía Internet. A días de la audiencia, cuando todavía se le llenan los ojos de lágrimas cuando piensa en qué significó poder poner en palabras eso que demoró 36 años en decir; mientras invoca cierta idea de liberación, cuenta que cuando volvió de tribunales llenó su casa de velas y brindó convencida de que ahora sí, algo nuevo estaba empezando.

Cristina es muchas cosas en este juicio en el que se mezclan historias de informantes y contrainteligencia. Pero es sobre todo la única testigo viva que podía contar lo que sucedió. Ella fue secuestrada un mes después que su compañero, pero encerrada en su propia casa, con su hijo y sus padres, en un cerco controlado por el represor Hector Vergéz, que fue quien le puso las reglas.

En la audiencia habló de Pancho. Tradujo como pudo, con el alma, los términos de sus militancias como para hacer entender la densidad de ese pasado en este presente y soltó muy lentamente hasta sacárselas de encima las formas del peso oscuro de Vergéz. Habló en pasado pero también en presente, como si todo todavía estuviera aquí. Pero antes de hacer todo eso sacó de algún lado una foto de Pancho y de su hijo, como si necesitara empezar por ahí. “Me gustaría que la imagen que se viera fuese la de mi compañero Javier Co-ccoz con su hijo de meses –dijo ella–: hijo que tiene en este momento 38 años, diez años más de los que tenía su papá cuando él nació, quiero que esta foto presida esta sesión.”

–No hay inconveniente de que usted la deje ahí arriba –le dijo el presidente del Tribunal, Angel Nardiello—: ahora le tomo el juramento de verdad.

–Juro decir la verdad –dijo ella y apretó los ojos antes de arrancar.
Coccoz

Cada cual en la sala cerró la boca y entró como en un viaje hacia otro lugar. La fiscal Gabriela Sosti tomó el micrófono para empezar las preguntas frente a las cuales Cristina buscó generar respuestas en diálogo con sus propios recorridos.

“Necesito hacer un pequeño relato que tiene que ver con Javier y conmigo y con que en los años ’70 éramos manifiestos militantes del PRT, que era la dirección política del ERP”, dijo. Empezaron a militar en el año ’70. En Semana Santa de 1971 detuvieron a Javier en Rosario, lo torturaron ferozmente y en noviembre la detuvieron a ella. Tras varias prisiones llegaron los dos a Rawson. “Fuimos actores de la fuga del 16 de agosto de 1972. Salimos en libertad con el indulto del 25 de mayo del ’73 para continuar en la militancia. Por análisis de la organización se ve que no conviene que la gente que salió de la cárcel funcione de forma legal, así que pasamos a la clandestinidad.”

En ese contexto, la organización planteó “la necesidad de crear un servicio de inteligencia”, un frente que respondía al ERP dirigido por el Estado Mayor. “Tanto Javier como yo formamos parte de esa estructura. El Servicio de lnteligencia estaba estructurado como la mayoría de los servicios de Inteligencia: una parte de los militantes se ocupaban de una tarea concreta. Unos estaban en Análisis de Información pública y semipública y ese análisis se reforzaba con información que venía del otro frente de inteligencia: Operaciones. Operaciones se encargaba de contactar con posibles fuentes de información que eran valoradas y analizadas, y luego la información se pasaba a un estándar de fiabilidad. Esa es la tarea en la que empezamos a participar.”

Los fiscales le preguntaron por las personas que como “fuentes” Javier podía conocer. Una de las hipótesis de esta causa es que las otras dos víctimas, cuyos casos se investigan en este juicio, que fueron Juan Carlos Casariego del Bell y Julio Gallego Soto –dos personas del mundo de los negocios y las finanzas– fueron secuestradas y están desaparecidas porque eran informantes del PRT.

–¿Usted y Javier tenían los mismos roles? –le preguntó la fiscal.

–¡Para nada! –manifestó Cristina–. Yo estaba en Análisis de la Información y Javier en Operaciones. El responsable de Inteligencia era el Capitán Pepe (Juan Santiago) Mangini. Pepe cae en el ’76 detenido en una redada al Comité Central. Era un frente muy estructurado, muy compartimentado a tal punto que dentro de la propia organización durante mucho tiempo no se dijo que existía este frente. (Los informes que hacían) Servían para conocer el estado de la cuestión en lo que hacía a las Fuerzas Armadas, a sectores económicos y partidos políticos: es decir, lo que se analizaba no era lo que se llamaba “el campo del pueblo” porque eso venía de los frentes de masas.

–¿Qué cargo tenía Javier en el ’77?

–Era el responsable de Inteligencia. Es decir, el cargo de mayor responsabilidad dentro de la estructura de Inteligencia.
Los secuestros

Para mayo de 1977 ellos vivían en Lanús Este, sobre la calle Máximo Paz, aunque Cristina solía recordar siempre como José C. Paz. “Los militantes teníamos un deber que era olvidar”, dijo. “Olvidar direcciones, olvidar nombres, olvidar caras: rearmar que la calle no era José C. Paz sino Máximo Paz lo logré porque fui y las caminé. El nombre no lo tenía en la cabeza, pero andando llegué a mi casa y pasé por el lugar donde fue detenido Javier.”

El 11 de mayo, Javier tenía una cita con un compañero. Cristina tenía hora en el hospital. Salieron juntos. En la casa quedó otro compañero que había entrado la noche anterior porque se preparaba una reunión de la Dirección. Con Javier, Cristina había quedado que a su regreso él compraba leches y facturas en una panadería que estaba enfrente. “Vuelvo a la casa y Javier no había llegado todavía”, dijo ella. “Valoramos con el compañero que es muy raro y como la cita era muy cerca de la casa, en Pavón y Máximo Paz, voy a ver qué pasa.”

Cristina dio una vuelta. Encontró la huella de un tiro en la calle. Entró en un kiosco. Se dejó caer en un asiento y simuló una historia para sacarle algún dato a la vendedora, que le dijo que esa mañana había habido un tiroteo.

“No sé si se puede hacer una idea de lo que significa esa información para mí: ha caído mi compañero, ha caído mi responsable, y yo como militante lo que tengo que hacer inmediatamente es salir para la casa, sacar a ese compañero, explicarle y levantar esa casa”, dijo. “Eso es lo que hago. Llego a la casa, aviso a ese compañero que Javier está detenido y del tiroteo. Le digo que yo me voy a ir aunque tenía absoluta confianza, pero las medidas de seguridad había que cumplirlas. Me voy con mi hijo a la casa de mis padres. Si bien Javier conocía dónde vivían mis padres, me voy porque la casa de Máximo Paz estaba muy próxima a la cita y podía haber un operativo. Al día siguiente, con una excusa de una separación con mi pareja, veo a los vecinos y vuelvo a la casa con un señor con un carro: a sacar todos los muebles y llevarlos a un guardamuebles. El análisis que se hace es que se va a seguir funcionando a pesar de las dificultades, que eran muchísimas. Entonces yo sigo teniendo citas con compañeros.”
Mi nombre es Cristina Zamponi

Cristina habla y cada una de las cosas parecen cada vez más terribles. El silencio es uno solo. Es así, no tiene palabras. Pero cuando al silencio se le va quitando cada vez más respiración, lo que aparece, además, es algo seco. Esa cosa sin aire es lo que se sentía en el lugar. Raúl, aquel niño que ahora tiene 38 años, la oía desde la sala.

–No tengo los datos precisos –dijo—, pero hay un momento en que nos llega una información: nos dicen que Javier ha sido identificado como jefe de Inteligencia. Es información que llega a través del partido. Es decir: yo tenía clarísimo qué significaba eso.

–¿Qué?

—¡Que lo iban a reventar! Lo iban a reventar...

Transcurrido un momento, tomó agua y la fiscalía le preguntó si supo qué fuerza se había llevado a Coccoz. “Puedo hacer una especulación –dijo ella–, en tanto y en cuanto nosotros éramos los irrecuperables, que Ejército se hizo cargo. Eso sí lo podría decir. Pero hay un tema generacional”, se quedó pensando. “No sé cuánta conciencia puede haber en la sala de lo que significaba el ’77, el horror, la represión. Los coches en la calle rodando a paso humano, con las ametralladoras apoyadas en las ventanas, mirando de arriba a abajo a todo el mundo. Las caídas. Era tal el nivel de secuestros que teníamos una consigna: al que iban a secuestrar tenía que buscar una ventana y gritar su nombre para que por lo menos alguien se enterara... ¡Estamos hablando del horror!”, dijo llena de lágrimas. “¡No sé qué otra palabra existe en el diccionario!”

En los ’90, Vergéz escribió un libro donde relata los crímenes con tono de saga. En la tapa y contratapa puso su cara. Cristina vio ese libro en forma de fotocopias en Barcelona y gritó cuando vio las fotos: a Coccoz lo secuestraron en mayo de 1977, en junio de ese mismo año ella vio por primera vez a Vergéz.

“El 11 junio había una huelga de lecheros. O de trasporte. Lo que recuerdo con absoluta claridad es que me tenía que levantar muy temprano para buscar leche porque si no me quedaba sin leche para Raúl”, dijo. “Voy al supermercado, compro la leche, vuelvo a casa. Mis padres eran muy mayores. Dejo la leche en la cocina y voy al cuarto de baño. Mientras estoy ahí siento unos ruidos muy fuertes: timbre y ruido. Timbre y ruido. Golpes secos. Salgo y veo una patota de ocho, seis, diez tipos de civil adentro de la casa. Salgo corriendo a la ventana del comedor que daba a la calle a gritar mi nombre. A gritar: mi nombre es Cristina Zamponi, me están secuestrando.”

Ese fue un momento de pánico absoluto: “Mi madre se pone a llorar a los gritos, mi padre se queda sin aire, Raúl gritando y llorando. Yo no sé sinceramente si se puede explicar con palabras ese momento... Cuando estoy queriendo gritar mi nombre, alguien me agarra de atrás y me dice que no vienen a secuestrar a nadie. Y que en una hora me va a llamar Javier”.

–¿Esta “patota” se identificó de alguna manera? –le preguntaron—: ¿Con credenciales?

—¡¡¿¿Credenciales??!! –se rió Cristina—. ¡El horror era la credencial! La muerte, la tortura, la desaparición: ésas eran las credenciales, la vejación, la violación. Esa es la credencial. El que me agarró de atrás se presentó como “Capitán Rodolfo”. Dijo que estaba al mando, que era el interrogador de Javier.

–¿Eso le dijo él? –preguntaron, para reforzar prueba entre Vergéz y Coccoz.

–Sí –dijo ella–: se vanagloriaba. Mostraba su poder, mostraba que tenía todo el poder, el poder de la vida y de la muerte sobre mi compañero, sobre mi madre, mi padre, mi hijo y sobre mí.

Cristina dejaba de hablar cada tanto. A veces buscando palabras, otras para contener la emoción. Un ida y vuelta a veces con dudas, como si necesitara que los que estábamos ahí, del otro lado, nos diésemos cuenta: “Lo que pasa es que hay una mezcla explosiva de furia, dolor, tristeza, una conciencia muy clara de la impunidad con la que se movieron él y todos los que estaban con él. Da igual quién fuera: eran los dueños de la vida y de la muerte. Cabrea mucho, indigna mucho”, explicó. “Estoy mirando en este momento la foto de Javier”, y se puso a mirar esa imagen hablando un poco con él. “Tenía una linda sonrisa, quería mucho a su hijo, era un excelente compañero personal y de militancia. Es un orgullo haber sido su compañera.”

Un rato después volvió a la escena con Vergéz. A cuando sonó el teléfono: “Y era Javier: me dice que lo hirieron en una pierna, no me cuenta lo que le pasó en el medio, no me cuenta nada desde que le metieron el tiro hasta que me llama. ¡Qué cojones! ¡Qué hicieron con él! Me dice que ha caído todo. Y me dice que me van a sacar del país”.

–¿Quiénes? –le preguntaron.

–Los que estaban en mi casa.

Javier llegó a decirle que había una negociación para que ella y Raúl salieran del país, un plan al que luego se uniría él, pero Cristina sabía que eso no era así: “Los dos sabíamos que eso era imposible, él estaba cumpliendo lo que le hacen decir: no iban a soltarlo, jamás lo iban a dejar con vida, eso está clarísimo para mí desde el primer momento: para mí era imposible que salga”.

Javier era muy parco. De muy pocas palabras. Sólo dijo poco más, que iba a volver a llamarla, pero no hubo más contactos entre ellos. A Cristina le costó durante un buen rato ir encontrando los modos de seguir hablando de Vergéz, dudó, dijo que no sabía cómo llamarlo. Pereció cómoda cuando pudo empezar a decirle: “el imputado”.
El imputado

“Este individuo queda a cargo de mi custodia: de mi secuestro en mi casa, del secuestro de mi hijo, de mi madre y de mi padre. Nos deja custodia y se va. No sé si es posible imaginar las cosas que pasaban por mi cabeza y mi corazón. Veía claramente que no me podía escapar y me doy cuenta de que es una situación límite y que para mí hay dos opciones: que me chupen o que realmente me saquen del país, no había tercera.”

Una cosa todavía la vuelve “loca” y la sueña cada tanto: “Es cuando... no sé cómo llamarlo –dijo en ese momento—... el imputado, en esa hora que pasa hasta la llamada de Javier, se acerca a Raúl y le acaricia la cabeza, con esas manos, que seguro estaban sucias de sangre y me dice: ‘Cabezón como su papá’. A mí me provoca horror. Que toque a Raúl, que toque a un niño de dos años y ocho meses”.

Nadie habla. Alguien se ha llevado de acá todos los sonidos, ahora hasta los latidos. Se la ve buscar algo, un papel, tal vez esperase. La negociación que iba a durar diez días finalmente se extendió.

“El imputado viene cada dos días, aparece seguido. Y más seguido. Un día me saca a dar un paseo. Las visitas se hacen más frecuentes. Y un día me lleva a un hotel”, se detuvo. “Esto no lo he podido decir hasta ahora: es la primera vez que lo digo, el horror, la suciedad, la muerte, todo está presente. Evidentemente eso pasa por dentro porque yo no lo digo, eso se produce porque ¡es una violación, joder! La correlación de fuerzas es que no éramos dos iguales. Tenía en su poder la vida de todos los míos.”
La salida

Cristina partió a Francia el 9 de julio. Voló con Raúl. Con los pasaportes, Vergéz le dio 200 dólares. Raúl no paró de llorar durante todo el viaje. Llegó a París con su hijo y dos valijas, tomó un taxi, todavía no se acuerda cómo, pero terminó en un hotel cualquiera a donde se metió y no salió durante dos días. “A mí me expulsan del país, no es que salgo al exilio. Llego a París, me quedo dos días y vengo a Barcelona, a la casa de una hermana de Javier, es un momento muy duro, muy difícil, vengo de una realidad que se sale de lo normal, de lo ordinario, con pesadillas por las noches, un mes después me voy a vivir por mi cuenta. Alquilé un pisito chiquito.”

Cuando el testimonio terminó, volvió a hablarles a los jueces.

–¿Puedo decir algo más? –les dijo. Y miró la foto.

–Por supuesto.

–Sólo una cosa: “¡Va por vos, Javier!”.